Resumen: Se cuestiona cuál haya de ser la composición de la Comisión Sindical existente en la empresa codemandada, y si el puesto que ocupa un sindicato entre los 7 miembros titulares de la misma, debe pasar al sindicato demandante. La sentencia de instancia acoge la demanda de conflicto colectivo y atribuye al sindicato demandante el puesto en litigio. El sindicato accionante pretende la aplicación de determinadas normas de legalidad ordinaria que, a su juicio, obligan modificar la composición de la Comisión Sindical conforme a lo establecido en el art. 71 del Convenio Colectivo de empresa, así como en el laudo arbitral incorporado al reglamento interno de funcionamiento de dicha comisión. La Comisión ha sido creada y se rige por lo dispuesto en el propio Convenio Colectivo, que condiciona su composición a la representatividad alcanzada por cada uno de los sindicatos según los resultados electorales. Las dudas sobre si la composición de la Comisión debe quedar inalterada entre los diferentes periodos de elecciones sindicales quedó definitivamente resuelta con aquel Laudo de lo que resulta que debe modificarse la composición de la Comisión cuando se produzca una variación en el número de representantes unitarios de los que disponga cada uno de los sindicatos a nivel de empresa.
Resumen: El problema que se suscita en la sentencia anotada es el de determinar el periodo de prescripción aplicable a la solicitud de indemnización por incumplimiento de promesa de contrato, si el previsto en el art. 59 ET, o el del art. 1964 CC. Y el TS en sintonía con el fallo combatido declara que no cabe duda de la naturaleza jurídica laboral del pacto suscrito por las partes que se califica como precontrato o promesa de contrato, por lo que cualquier cuestión planteada sobre el mismo ha de someterse a la jurisdicción social, por lo que el plazo de prescripción es el previsto en el art. 59 ET, lo que en el caso determinar que la acción del demandante estaba prescrita.
Resumen: Cuestiona si una empresa que adquiere la unidad productiva de una concursada, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que se encuentran pendientes de cumplimiento. Los demandantes fueron despedidos y la empresa declarada en concurso voluntario. El Juzgado Mercantil acordó la adjudicación de la unidad productiva pero exclusivamente respecto a los trabajadores subrogados con la relación laboral vigente, y disponía la exención de las deudas pendientes con los trabajadores con contratos extinguidos previamente. La sociedad recurrente adquirió la titularidad de la unidad productiva; y se cuestiona si la adjudicataria debe asumir las obligaciones laborales pendientes respecto a los trabajadores con contratos extinguidos con anterioridad a la adjudicación (en el caso de autos derivadas de la declaración de nulidad del despido de la actora). La cuestión ha sido resuelta por la Sala que consideró aplicable el art. 44 ET, concluyéndose que la adquirente debía hacerse cargo de la responsabilidad derivada del despido, cuando el auto de adjudicación del Juez Mercantil hizo constar que no existía sucesión de empresa. Se consideró que con la adjudicación se había producido el cambio de titularidad de una entidad económica que mantenía su identidad lo que acarreaba las consecuencias del art. 44.3 ET en orden a la responsabilidad de cedente y cesionario respecto a las obligaciones laborales anteriores a la cesión y porque el art. 148.4 LC no excluye la sucesión de empresa.
Resumen: La cuestión suscitada en proceso de conflicto colectivo se limita a decidir si la administración demandada debe abonar a los trabajadores afectados (personal laboral adscrito al Departamento de Seguridad y a la Academia Vasca de Policía y Emergencias), los atrasos en las aportaciones al plan de pensiones con arreglo a lo resuelto en sentencia colectiva previa (de 2016), que obligó a revalorar los puestos de trabajo y a satisfacer las consecuencias retributivas que de ello pudieran derivar. La administración cumplió en parte la condena y abonó los salarios correspondientes, pero no las aportaciones al plan de pensiones porque al ser salario diferido suponía un incremento de la masa salarial prohibido por las leyes presupuestarias. La sentencia comentada desestima el recurso de la administración demandada frente a la sentencia que estimó la demanda, porque el hecho de que las aportaciones a los planes de pensiones integren la masa salarial - lo que nadie ha negado -, no implica necesariamente que el pago de los atrasos derivados de los efectos de la sentencia de 2016 suponga un incremento de dicha masa, y esa circunstancia que ha sido alegada no se ha demostrado, ni tampoco se ha intentado la revisión de hechos probados con ese fin.
Resumen: Se confirma la sentencia de suplicación que, revocando la de instancia, declaró el derecho de la actora a desarrollar la prestación de servicios de lunes a viernes de 7 a 14 horas y 1 de cada 3 fines de semana de 7 a 14 horas, descansando viernes y lunes, por razones de guarda legal, e indemnización por daño moral por importe de 6000 euros, por existir un defecto en la interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina, consistente en que no se denuncia la infracción legal, ya que sólo se citan los arts. 24 y 14 CE y 37.6 ET, pero no se justifican las razones por las que entiende infringidos dichos preceptos
Resumen: Se debate en la sentencia analizada el derecho de la actora a percibir la indemnización de 20 días por año de servicio a la finalización del contrato de interinidad concertados con la Consejería de políticas sociales de la Comunidad de Madrid. No se discute la validez de dicha extinción contractual. La demandada recurre en casación unificadora planteando una única materia de contradicción en el que se invoca por la recurrente la doctrina del TS que descarta el derecho a indemnización alguna para los trabajadores interinos cuando el contrato se ha extinguido válidamente. La Sala IV considera que no concurre la necesaria contradicción en ninguno de los motivos planteados. Y ello porque en la sentencia referencial, al contrario de lo que sucede en la recurrida, no se cuestiona el derecho a indemnización alguna, debatiéndose exclusivamente la validez de la extinción contractual.
Resumen: El recurso de la Agencia Sanitaria del Bajo Guadalquivir, cuestiona si puede ser condenada en costas y denuncia la infracción del art. 235.1 LRJS, en relación con el art. 2. b) de la Ley 1/1996, de enero de asistencia gratuita y aduce que forma parte del Sistema Sanitario público Andaluz y depende de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. La cuestión controvertida ha sido resuelta por la Sala en STS (Pleno) 20 de septiembre de 2018, rcud. 56/2017 que entendió que no son entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justifica gratuita del art. 2-b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, las entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por las Comunidades Autónomas para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al SNS les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria que les impone la Ley 16/2003, de 18 de mayo, por cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta y en la materia, costas por actuaciones en procesos judiciales, les resultan de aplicación las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades públicas. En cuanto a la pretendida nulidad del despido, por vulneración del derecho a la indemnidad, no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas y el segundo motivo de casación del trabajador es claramente subsidiario del anterior, y la Sala entiende que tampoco concurren aquí los requisitos de contradicción, exigidos por el art. 219.1 LRJS.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido en el que se desestima la demanda deducida por el Sindicato CC.OO interesando que se declarase que la utilización del vehículo de empresa como medio de transporte por los trabajadores en comisión de servicio no se ajusta a derecho. En efecto, el TS comparte la interpretación que la Sala de origen efectúa del convenio de aplicación, y declara que la argumentación de la sentencia recurrida descansa en la consideración de que al artículo 103.c) del Convenio de Empresa no configura un listado cerrado de medios de transporte que quepa utilizar cuando un trabajador se desplaza en comisión de servicios, ya que, por un lado, nada se infiere del tenor literal de la norma convencional en el sentido de que estemos ante una lista cerrada; y, por otro, los actos de las partes negociadoras (art. 1282 CC) abonan que tal es la interpretación correcta del referido precepto dado que, al menos desde 2011, se viene utilizando el vehículo de empresa como medio de transporte en las circunstancias que se analizan; sin que la determinación de que tal sea el medio preferente cuando exista tal posibilidad resulte contrario a la norma convencional.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que desestima la demandada de conflicto colectivo en la que se solicita se avenga la empresa a: -Aplicar en la nómina la jornada real trabajada por los trabajadores y trabajadoras en el mes en curso y se retribuya en función de ello. -Recalcular las nóminas del último año de trabajo (hasta diciembre de 2016). -Abonar las cantidades resultantes de dicho recálculo. Tras desestimar la pretendida revisión del relato fáctico, en denuncia jurídica se cuestiona que la empresa no abona a los trabajadores a tiempo parcial la retribución que realmente les correspondería, según el salario que fija el convenio colectivo. Sin embargo, de los datos obrantes no es posible acceder a la pretensión. Si la jornada anual que fija el convenio colectivo en su art. 32 es de trabajo efectivo lo que no puede hacerse es tomar ese número de horas y aplicarla al importe que figura como salario anual cuando éste comprende la retribución de vacaciones. El salario día de trabajo realizado o efectivo solo puede obtenerse excluyendo del salario anual lo que sería el importe equivalente al periodo de vacaciones, con lo que se dejaría un salario anual correspondiente a tiempo de trabajo realizado del que se obtendría el importe del día trabajado, sin perjuicio de que la empresa proceda posteriormente a esa regularización que realiza para ajustar finalmente lo abonado a los trabajadores afectados por el conflicto con el salario anual.
Resumen: Se cuestiona el derecho a percibir la pensión de viudedad de una persona que en su día presentó demanda de separación en la que manifestó que su esposo había incurrido en una conducta injuriosa y vejatoria que en ocasiones llegó a la violencia física. En la demanda reclama la pensión de viudedad por haber sido víctima de violencia de género y por constituir una pareja de hecho. La demanda se desestimó en la instancia y el TSJ estimó el recurso de suplicación reconociendo el derecho a percibir la pensión de viudedad argumentando que la actora no estaba separada porque convivía con su cónyuge en la fecha del óbito ya que su separación había sido dejada sin efecto. En la presente litis la sentencia recurrida únicamente examina la cuestión atinente a si la reanudación de la convivencia no comunicada al Juzgado tiene relevancia a efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad y omite pronunciarse acerca de la existencia de violencia de género. El Tribunal debe limitarse al objeto del recurso que es la reanudación convivencial no comunicada formalmente. El tribunal recuerda la doctrina establecida en sus sentencias de 15 de diciembre de 2004 y de 2 de febrero de 2005 y se concluye que al no haberse producido la comunicación judicial que exige el artículo 84 del Código Civil, la actora no tiene derecho a la pensión de viudedad, no siendo dable examinar otras cuestiones que no fueron abordadas por la sentencia recurrida.