• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 1021/2018
  • Fecha: 08/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El problema suscitado se centra en decidir si la trabajadora tiene derecho al plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad reclamado, que solicitó el 21/12/2001 ante la comisión del convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía competente para ello, emitiendo resolución denegatoria la comisión el 22/6/2006. La actora tiene reconocido judicialmente el derecho a la percepción del plus correspondiente a anualidades anteriores. La sentencia comentada, declara en primer lugar que es clara la existencia de afectación general, por lo que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación. A continuación, aprecia la existencia de la contradicción del art. 219 LRJS y reconoce la competencia de la citada comisión para reconocer ese derecho, pero señala que no cabe que el procedimiento se detenga o dilate durante años, sino que ha de resolverse en un plazo razonable, acorde con lo pactado en el Acuerdo de fecha 11/12/97, por el que se establecen los criterios y el procedimiento para el reconocimiento o revisión de los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad que desarrolló el art. 50 del anterior convenio colectivo, de contenido semejante al actual art. 58.14 que regula los referidos pluses. A lo que se suma que la actora tiene reconocido judicialmente el derecho a percibir el plus ahora reclamado en anteriores ejercicios, sin que hayan variado las circunstancias fácticas, por lo que resulta de aplicación el efecto positivo de cosa juzgada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 1392/2019
  • Fecha: 07/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclaman los actores el reconocimiento del derecho a percibir, desde julio de 2014, las retribuciones correspondientes a la categoría profesional que les había sido reconocida en el proceso selectivo como mando intermedio y cuadro, y la condena a la empresa al pago de las mismas. Tal pretensión fue desestimada en la instancia y en suplicación. La Sala IV del TS estima el recurso de los actores y revoca la sentencia recurrida, declarando que el mero reconocimiento de una categoría profesional superior conlleva la adecuación del salario a la nueva clasificación que el trabajador pasa a ostentar. Sin que a ello obste el que la promoción lleve o no aparejado un traslado de centro o de residencia y que, a su vez, esa movilidad deba ser compensada con arreglo a lo que establezcan las normas convencionales. Y tampoco impide el reconocimiento de la pretensión el que los trabajadores tengan derecho a otras compensaciones, como las fijadas para el caso de demora en la efectividad del traslado. La demora en la toma de posesión por causa a ellos no imputable no impide que los actores deban ser retribuidos con arreglo a la categoría obtenida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 5121/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se decide en la sentencia comentada si la relación que une a los técnicos municipales con el Ayuntamiento demandado es de naturaleza laboral o administrativa. La sentencia de suplicación, con revocación de la de instancia, desestima la demanda de oficio formulada por la TGSS. La sentencia comentada, con remisión a la doctrina jurisprudencial que establece los criterios para calificar -o no- de laboral una relación, considera que se dan en el caso enjuiciado las notas de ajenidad y dependencia propias de la relación laboral. Y ello porque los actores realizan personal y habitualmente los informes que les indica el Ayuntamiento, están obligados a acudir al mismo una vez por semana para atender a los ciudadanos, no corren con el riesgo de la operación ya que cobran una cantidad fija al mes, no asumen los gastos de la operación, disfrutan de vacaciones anuales retribuidas y entregan copias de informes al Ayuntamiento. No obsta a tal conclusión el que los contratos de los actores con el Ayuntamiento se suscribieran en el marco de un convenio de colaboración del Ayuntamiento con la diputación de Valencia ni tampoco que los actores prestaran otros servicios para el Ayuntamiento, dado que éstos se facturaban aparte.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 247/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida en casación desestimó la demanda formulada por el sindicato UGT frente a la empresa Caprabo SA en la que se instaba el reconocimiento del derecho de todos los trabajadores de la empresa de la provincia de Gerona a percibir los incrementos salariales de los ejercicios 2016 y 2017, como consecuencia de la aplicación del II convenio de supermercados y autoservicios de alimentación de Cataluña. Recurre en casación el sindicato demandante reproduciendo los argumentos del voto particular incorporado a la sentencia recurrida. La sala IV, tras recordar los requisitos legal y jurisprudencialmente establecidos para la interposición del recurso de casación común, resalta las graves deficiencias de fundamentación jurídica del ahora formulado. También se remite la sala a los criterios sobre la interpretación de convenios, concluyendo que el recurrente discrepa de la interpretación dada en la sentencia recurrida al acuerdo de mayo de 2018 y sobre el alcance de los convenios concurrentes, pero no aporta argumentos que sustenten el recurso. Por todo ello, se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3412/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante ha venido prestando servicios para la Universidad con categoría profesional Ayudante, en virtud de diferentes contratos. El demandante obtuvo el título de Doctor el 2 de diciembre de 2011 y el 4 de mayo de 2012 suscribió un contrato laboral docente como Ayudante, a tiempo completo, que fue prorrogado al amparo de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad sin que, a fecha 3 de mayo de 2017, hubiera obtenido de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación la correspondiente acreditación como Profesor Ayudante Doctor. el actor ha impartido las asignaturas con plena autonomía y responsabilidad, efectuando tareas de corrección y revisión de exámenes, firma de actas, y atención de tutorías. Solicita que se declare que la extinción de su contrato de trabajo constituye despido improcedente y, subsidiariamente, que se le reconozca el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicios por finalización del contrato. La sentencia de suplicación confirma la improcedencia del despido y considera fraudulento el contrato suscrito en 2012 porque no concurría el requisito subjetivo (doctorandos) ni la función propia de colaboración, en tareas docentes de índole práctica. Entre las sentencias no existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3586/2018
  • Fecha: 01/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea se ciñe a determinar la naturaleza de la relación que une a una arquitecta y a una ingeniera técnica agrícola con un Ayuntamiento, habiendo sido contratadas mediante un contrato civil de arrendamiento de servicios al amparo del Convenio suscrito entre la Diputación de Valencia y la Demarcación Provincial del correspondiente Colegio Profesional. La Inspección levantó acta por falta de alta o afiliación contra dicho Ayuntamiento. La Sala IV tras analizar las notas características de "ajenidad" y "dependencia" que determinan que una relación deba configurarse como laboral, art. 1 ET, y también respecto de las profesiones liberales, concluye que la relación de servicios que une a las partes debe calificarse de laboral, al darse en la misma las notas de dependencia, ajenidad e inclusión en el círculo organicista y rector del empresario. En el segundo de los motivos planteados se estima que no concurre la contradicción entre las sentencias comparadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2883/2018
  • Fecha: 01/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre la sentencia que declara que la extinción del contrato laboral de un Ayudante de Universidad que ha obtenido el título de doctor es un despido improcedente y ello sobre la base de entender que los diversos contratos suscritos lo fueron en fraude de ley, puesto que la contratación de la actora no solo responde a necesidades ordinarias y estructurales de la docencia universitaria, sino que no ha quedado acreditado que se hayan cumplido los particulares fines que por exigencia legal han de ir anudados a cada una de las particulares modalidades contractuales escogidas, lo que lleva a la declaración de improcedencia del despido. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas en cuanto que existe un factor diferencial esencial derivado de que se ostente o no dicho título de doctor. La falta de identidad entre las resoluciones contrastadas, especialmente deriva de la distinta situación del profesor ayudante sin tesis doctoral, o profesor asociado, y la de doctor, además de las prórrogas acaecidas en el actual y la valoración de la acreditación por parte de ANECA, que no constan en la referencial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4337/2017
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se interponen dos recursos de casación para la unificación de doctrina: por el trabajador que interesa que se declare cesión ilegal por entender que la empleadora real es el Servicio Andaluz de Salud; y por Ayesa Advanced Technologies SA respecto a la responsabilidad solidaria en el despido del trabajador, y respecto al fraude de ley apreciado. Respecto del recurso del trabajador, entre la sentencia recurrida y la de contraste no concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS, tal y como pone de relieve la STS de 16 de enero de 2020, recurso 2913/2017, al ser diferentes los datos que concurren en las sentencias enfrentadas y aunque han llegado a resultados distintos no son contradictorias. Respecto de la sentencia de contraste invocada por Ayesa para el primer motivo el elemento que desdibuja el cumplimiento de la exigencia de la igualdad esencial reside en que en la sentencia recurrida se confirma el carácter fraudulento del concierto empresarial; y ese dato no figura en la de contraste. En cuanto a la segunda sentencia de contraste tampoco existe contradicción ya que ambas aplican la misma doctrina de la responsabilidad de las empresas intervinientes en el fraude, si bien la sentencia referencial concede el derecho de opción entre indemnización y readmisión a una tercera empresa que no intervino en el fraude.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3380/2017
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia recurrida se apreció cesión ilegal, y se declaró a la trabajadora personal laboral indefinido de la Consejería de Educación. La prestación de servicios se realiza en el marco de un contrato de servicio de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales concertado entre las diversas entidades empleadoras y la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. El Ministerio Fiscal considera que deben desestimarse los recursos: El de la Junta de Andalucía por no ser firme la sentencia esgrimida de contraste. El de Celemín Formación, por falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste. Y el de Clece por suscitar una cuestión nueva no examinada en suplicación. La sala acuerda la desestimación de los recursos. de casación para la unificación de doctrina.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 2778/2017
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta que el actor venía prestando servicios para el Ayuntamiento demandado en virtud de diversos contratos temporales para obra o servicio determinado, el último de los cuales se extinguió el 3/7/2015. Consta asimismo que el actor presentó el 25/6/2015 reclamación previa frente al Ayuntamiento demandado solicitando el reconocimiento de relación laboral indefinida. La Sala IV confirma la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido. En el recurso de casación unificador planteado por el trabajador se pretende la declaración de nulidad del despido por resultar vulnerador de la garantía de indemnidad. La sala IV, tras recordar la doctrina relativa a la distribución de la carga de la prueba cuando se alega la vulneración de derechos fundamentales, concluye que, aunque el cese del actor tras la presentación de la reclamación previa frente al Ayuntamiento demandado constituye indicio suficiente de vulneración de la garantía de indemnidad, lo cierto es que la demandada actuó conforme a lo que era previsible, dada la duración pactada en contrato, pues éste contenía una fecha de finalización a la que se atuvo el Ayuntamiento, sin anticipar tal decisión ni variar su conducta habitual. Se desestima el recurso del demandante

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