Resumen: En octubre de 2002 CESPA SA y los representantes de los trabajadores alcanzaron un acuerdo por el cual la empresa entregará a los trabajadores cada mes, 3 billetes de metro de 10 viajes cada uno para poder entrar a su puesto de trabajo en el servicio de limpieza de Metro. FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA que se ha subrogado desde 12.17 no ha hecho entrega a los trabajadores de los billetes de metro. Desde el 1-1-18 no se pueden utilizar los billetes de 10 viajes que se venían utilizando, siendo sustituidos por una tarjeta recargable. La Sala señala que el acuerdo del 2002 tenía por objeto que los trabajadores pudieran acceder a su centro de trabajo, no que tuvieran un título de transporte facilitado por la empresa y en la actualidad ese acceso les posible porque así lo permite Metro de Madrid facilitando los medios necesarios en aplicación del pliego de prescripciones técnicas, pero no porque los trabajadores de Ferroser adscritos a la contrata presenten su propio título válido de acceso comprando los billetes, de modo que la empresa demandada cumple escrupulosamente con el Acuerdo alcanzado en 2002 según el que si por Metro de Madrid se permitiera el acceso libre a todos los trabajadores de la plantilla dentro de las horas de trabajo a dicho medio de transporte, se anulará en ese momento la entrega de dichos billetes, volviéndose a entregar estos en caso de anulación del acceso por Metro.
Resumen: El recurrente considera arbitraria y caprichosa la falta de autorización y que el no abono del importe en concepto de promoción por méritos comporta un estancamiento en la carrera profesional. La promoción por méritos se regula en el art. 34 del Convenio Colectivo y la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, estableció que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podían experimentar ningún incremento. Lo resuelto en la sentencia recurrida es conforme a derecho porque a la demandada no le era exigible el reconocimiento de lo que se demanda, relativo a la promoción por méritos en los años 2015 y 2016, en las cuantías reclamadas. La Comisión Paritaria del Convenio acordó revisar para 2015 y 2016 la masa salarial pero aquella decisión estaba supeditada a la autorización por el Ministerio de Hacienda, y dicho Ministerio no autoriza lo solicitado por la Comisión Paritaria en relación con la masa salarial por el concepto ?carrera profesional? para 2015 y 2016 de forma que esa falta de aprobación en aquellos términos implica dejar sin efecto el Acuerdo de aquella Comisión, por lo que los demandantes no pueden exigir a la demandada que cumpla con lo acordado por la Comisión Paritaria. En este caso no se ha obtenido la autorización preceptiva, lo que no consta que sucediera en los anteriores por lo que no puede decirse que se esté en similares condiciones para poder apreciar el trato desigual que se invoca.
Resumen: La sentencia confirma la de la Audiencia Nacional que determinó que los trabajadores puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal tienen derecho a que se les apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria. Alcanza la conclusión en interpretación del art. 11.1 LETT en redacción dada por RDL 10/2010, de 16 de junio, al considerar que el mismo tiene por objeto garantizar el principio de igualdad de trato entre trabajadores cedidos por las ETT y trabajadores de empresas usuarias que realicen el mismo trabajo, para evitar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores puestos a disposición, y aunque la norma no contiene una referencia expresa a los planes de igualdad, la misma deja claro que los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a la igualdad de trato y a que se les apliquen las mismas disposiciones con vistas a combatir discriminaciones basadas en el sexo, de lo que se deduce que contemplan las medidas que se contengan en el plan de igualdad de la empresa usuaria. Añade que dicha conclusión se avala por el principio general del art. 4 LOI y por lo dispuesto en el RDL 6/2019, de 1 de marzo, que tiene como finalidad establecer las garantías necesarias para hacer efectiva la igualdad real entre personas con independencia de su sexo. Por último, concluye que la solución no es contraria a lo dispuesto en la Directiva 2008/104/CE, sino acorde con el derecho de la UE
Resumen: Declarada en la instancia la nulidad de la modificación horaria de carácter colectivo notificada por la empresa a sus trabajadores, recurre aquella en suplicación. La Sala rechaza, en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para ello; en segundo lugar, la excepción de caducidad opuesta, ya que el ejercicio de la acción de impugnación de una modificación sustancial de condiciones de trabajo a través del procedimiento de conflicto colectivo, está sujeta a un plazo de caducidad de 20 días hábiles, que empiezan a contarse desde la notificación de la decisión empresarial a la representación de los trabajadores, habiéndose ejercitado la acción en plazo; la recurrente confunde dicho instituto con el de la falta de agotamiento de las vías previas al proceso, innecesaria para formular demanda de conflicto colectivo en materia de impugnación de MSCT; en tercer lugar, confirma que no se ha cumplido el requisito de forma impuesto por el Convenio de sumisión del conflicto a mediación o arbitraje ante la Comisión Mixta del Convenio; y, por último, la decisión empresarial ha alterado el horario, al cambiar la hora diaria de inicio y finalización de la jornada, y también la duración del tiempo diario de trabajo efectivo, así como el número de días laborables de prestación de servicios, no habiendo quedado demostrada la concurrencia de causa económicas, organizativas y de producción que lo justifique.
Resumen: En el conflicto colectivo planteado se cuestiona la forma de devengo de las pagas extraordinarias reconocidas en convenio. La Sala, en el recurso de suplicación interpuesto por el Comité de Empresa demandante, rechaza en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma; y en segundo lugar, desestima el recurso al no haberse infringido el Convenio Colectivo de aplicación, el de establecimientos sanitarios, hospitalización, asistencia, consulta, y laboratorios de análisis clínicos para los años 2016-2017, pues si bien es cierto que tras su entrada en vigor el devengo de las pagas pasa de ser semestral a ser anual, dicha merma económica retributiva en cómputo anual es consecuencia del cambio de convenio, y no afecta a la relación laboral globalmente considerada. La recurrente lo que pretende es que se aplique el nuevo convenio, pero no el cálculo que le corresponde, conforme al devengo anual de la paga extra de junio, lo que no es sino una utilización por su parte de la técnica del "espigueo".
Resumen: La Sala IV reitera que es procedente la compensación y absorción de lo percibido en concepto de "complemento personal convenido" con los incrementos salariales devengados por los conceptos de "promoción profesional" y "antigüedad", de acuerdo con el XVI Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, que rige las condiciones laborales de la empresa demandada ( Atos It Solutions And Services Iberia SL). Y ello porque es posible que la compensación o absorción operen sobre conceptos heterogéneos, cuando así está previsto en el convenio colectivo o cuando ese complemento personal fue reconocido con esa condición. En el caso, existe un marco convencional pactado que excluye el requisito de homogeneidad y habilita la compensación y absorción con las mejoras de cualquier tipo que vinieren satisfaciendo las empresas, lo que impide considerar que pudiere haberse ganado por los trabajadores una condición más beneficiosa inmune a la aplicación de este mecanismo. Por otra parte, resulta que esta cuestión está unificada por reiterada doctrina de la Sala que impide prosperar la excepción de cosa juzgada aunque por anteriores sentencias se haya resuelto otra cosa que contradiga la doctrina unificada, aunque hayan recaído en proceso de conflicto colectivo
Resumen: La sección sindical demandante recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que desestima el conflicto colectivo planteado con la pretensión de que se declare que los créditos horarios y permisos sindicales concedidos por la empresa del sector público demandada, a las diferentes secciones sindicales, deben ajustarse al art. 10 del RD Ley 20/2012 de estabilidad presupuestaria. La Sala estima el recurso, aplicando el principio de jerarquía normativa, dado que la reducción horaria establecida en el citado RD Ley, deviene de obligatoria aplicación, tiene primacía sobre el Convenio Colectivo y afecta a la reducción del crédito sindical, sin que ello suponga una vulneración del derecho de libertad sindical. Finalmente, con respecto a la concreción del número de horas sindicales que deben reducirse por aplicación de la norma, se debe estar al número de horas fijado en la demanda y que no se ha desvirtuado.
Resumen: El Convenio para el sector de contratas ferroviarias señala que con la entrada en vigor de la Ley 39/2003 se entiende por contrata de servicios ferroviarios -incluidos adicionales, auxiliares y complementarios-, el vínculo que surge de la concesión de servicios entre las entidades públicas empresariales, para mediante contrato por tiempo determinado, ejecutar el concesionario unos servicios, que las entidades ferroviarias no quieran realizar directamente. En este caso ADIF adjudicó una obra a SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES Y FERROVIARIOS, consistente en trabajos en materia de control de la vegetación en márgenes e instalaciones de red convencional, por lo que le es aplicable el referido Convenio, no habiéndose probado que la actividad principal realizada sea agraria o forestal y sea aplicable el Convenio del Sector del Campo de la CAM o el Acuerdo Marco estatal para el sector de actividades forestales y por ello según aquel convenio se debe computar como hora efectiva de trabajo los desplazamientos que por causa del trabajo que realizó el actor durante la jornada normal ordinaria -4 horas extras diarias-, rechazando como tiempo efectivo de trabajo el trayecto desde la residencia hasta el lugar de trabajo no previsto en el convenio y que se acreditara una jornada de 12 horas diarias. Costas. La papeleta de conciliación se presentó en Córdoba, que no es el del domicilio la empresa ni donde se trabajaba, estando justificada la ausencia de la empresa al acto de conciliación.
Resumen: La empresa despidió de forma objetiva al demandante, alegando causas económicas y productivas. Planteada la demanda por despido, no comparece la empresa despidiente a juicio, constando que no tiene actividad. el Juzgado declara improcedente ese despido y extingue la relación laboral en la sentencia que así lo declara, fijando las correspondientes indemnizaciones, pero sin condena al abono de los salarios de tramitación desde el despido y hasta juicio. El demandante principalmente pretende que se anule la sentencia, por considerar que existe insuficiencia de hechos y que, además, no contiene pronunciamiento alguno sobre los salarios de tramitación indicados. La Sala, tras diversa cita de la normativa relativa a los requisitos necesarios para la nulidad de actuaciones, la insuficiencia de hechos y la incongruencia de la sentencia, desestima tal petición, pues entiende que existen datos fácticos suficientes en la sentencia recurrida y que esa falta de pronunciamiento expreso lleva a considerar que se ha denegado la procedencia de su abono. Subsidiariamente, en el recurso se pretende que se amplíe la condena, incluyendo esos salarios de tramitación, lo que la Sala acepta, citando al efecto diversas sentencias y explicando las razones por las que, interpretando la normativa procesal en juego, llega a tal conclusión.
Resumen: El conflicto colectivo versa sobre la forma de determinar el importe del Complemento Variable del grupo profesional de responsables y técnicos. Este concepto se ha regulado en los convenios colectivos, disponiendo que se fija anualmente por la Dirección de la Empresa en función de objetivos cumplidos o resultados obtenidos y de la contribución individual a resultados. La empresa para calcular la retribución variable asignó un importe a tanto alzado como referencia salarial, que modificó en 2015, aplicado una reducción del 3% de la referencia salarial a los técnicos titulados -no a los técnicos no titulados cualificados y mandos intermedios-. La Sala señala que no existe una condición más beneficiosa consistente en un importe concreto de referencia salarial que sirva de base para calcular ese complemento del grupo reseñado, y que ni siquiera el que se haya podido mantener el criterio establecido en 2016 en períodos posteriores resultaría vinculante en lo sucesivo para la empresa, pues la utilización de esa forma no se hizo con una finalidad vinculante, previendo solo que en la Comisión de Seguimiento y Desarrollo se abordarán las posibles modificaciones en el Complemento Variable, a fin de conseguir una fórmula más equitativa y transparente que la actual, lo que pone de manifiesto que la empresa no asumió nunca un criterio vinculante "ad futurum", sino que se lo ha atribuido a si misma en los sucesivos convenios mediante criterios de valoración subjetiva.