Resumen: Se plantea demanda de conflicto, contra Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sobre el alcance de previsiones convencionales en materia de movilidad funcional, en particular, se discute si cabe que la empresa acuda, en determinadas circunstancias, a pactos de movilidad funcional individual o si ello colisiona con las previsiones tanto de la Ley y del convenio colectivo. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda. Para ello reitera doctrina consolidada relativa al alcance de la interpretación de los convenios o acuerdos colectivos. Considera que los preceptos convencionales invocados no prohíben los acuerdos individuales al respecto. El artículo 22.1.3 del convenio colectivo lleva como rúbrica “movilidad funcional unilateral” y en el presente supuesto, la movilidad se produce de mutuo acuerdo sin que conste ni se haya alegado que en la formalización de los acuerdos individuales se estuviera ocultando la conculcación de lo regulado en otras normas como los convenios colectivos de aplicación. Aplicando las habituales reglas interpretativas no se desprende de los Convenios Colectivos aplicables la prohibición que el recurrente sostiene. En conclusión, ni lo acordado, ni las normas estatales (ET, EBEP) se oponen a la movilidad individual pactada.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia que estima la demanda de conflicto colectivo, declarando que el personal de conducción (Jefes de Maquinistas, Maquinistas Jefes de Tren, Maquinistas Principales, Maquinistas y Maquinistas de Entrada) que realicen funciones docentes en la formación, teórica y/o práctica, del personal becario tiene derecho a percibir la gratificación docente prevista en el convenio colectivo del grupo de empresa en las cuantías que se indican. Reitera que no habilita el recurso de casación ordinaria la denuncia de infracción de cláusulas o acuerdos entre las partes, como son las normas internas de los sindicatos, que no son normas del ordenamiento jurídico sino meras regulaciones asociativas. La empresa justifica que no abonen al personal de conducción, que realiza funciones docentes en la formación teórica y práctica del personal becario, la gratificación docente, en el hecho de que el personal becario es Personal Ferroviario. Sin embargo, la Sala con remisión a pronunciamiento previo sostiene que el personal becario no tiene relación laboral con el GRUPO RENFE y, por lo tanto, no es personal ferroviario en aplicación del artículo 3.2 de la regulación de la prima variable del marco regulador de conducción. La sentencia de instancia consigna que dicha formación puede impartirse con anterioridad a la relación laboral y dicho hecho probado no ha sido combatido eficazmente por la demandada.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que desestima la demanda de conflicto colectivo en la que se solicitaba se reconociera que a efectos del cálculo del complemento ASTIP, debía ser tenida en cuenta la cantidad incluida en las nóminas como cheques comida, por ser parte del salario. La cuestión consiste en determinar la forma de cálculo de dicho complemento salarial de retribución variable, no previsto en convenio, establecido por la autonomía individual que mejora las previsiones convencionales, y que consiste en un porcentaje sobre el salario anual que varía en función de la categoría y nivel profesional de cada trabajador, que se viene cobrando históricamente en la empresa. La configuración del complemento depende de lo establecido en su creación, con independencia de que integre o no todas las partidas salariales o extrasalariales que componen el total de la retribución. Y de la misma se desprende que los cheques comida no se incluyen para el cálculo del complemento discutido. De esta forma, el incentivo discutido puede construirse sobre el salario base o, además, sobre todas o algunos de los complementos salariales.
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo rectora de las actuaciones se reclama por el comité de empresa de la región de Murcia frente a la demandada Cajamar la declaración de que es contraria a derecho la práctica empresarial de no establecer un sistema de registro de control de la jornada laboral de los trabajadores y de no facilitar el resumen mensual de la jornada diaria a trabajadores y el comité. La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia estima la excepción de incompetencia objetiva para conocer de la pretensión. Recurrida por la parte demandante en casación ordinaria, la Sala IV desestima la denuncia de infracción del art. 7.a de la LRJS. Se razona en la sentencia comentada que el ámbito del conflicto excede del territorio de la comunidad de Murcia puesto que afectaría, por lo menos y también, a la comunidad de Andalucía, según consta acreditado. En consecuencia, la competencia para conocer del conflicto colectivo correspondería a la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Por tanto, se desestima el recurso.
Resumen: Tras presentarse demanda de conflicto colectivo con la pretensión de que se declare que todos los trabajadores de BBVA que prestan servicios como gestores comerciales y realizan funciones de gestión comercial especializada conforme a lo dispuesto en el art. 14.2.4 del Convenio colectivo, tiene derecho a ostentan como mínimo el nivel salarial 8 cuando se cumplen los requisitos fijados en la norma convencional, la AN estima la excepción de inadecuación de procedimiento y no entra a conocer del fondo de la cuestión, por entender que para conocer de la misma sería necesario analizar el concreto contenido desarrollado por cada trabajador en cada puesto de trabajo, lo que queda extramuros de dicho procedimiento. La Sala 4ª del TS revoca dicha sentencia por entender que el proceso de conflicto colectivo es el adecuado, teniendo en cuenta que lo que se pretende es una declaración genérica que afecta a un grupo homogéneo de trabajadores, sin que sea necesario descender a las circunstancias de cada trabajador.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, versa sobre un litigio referido al sistema de retribución variable en la empresa Ericsson España SA, y en el que se discute si los trabajadores adscritos al sistema de retribución variable tienen derecho a percibir el incentivo con independencia de la calificación personal que hayan obtenido en su evaluación de desempeño, cuestión a la que la sentencia recurrida dio una respuesta negativa. Para la mejor inteligencia del asunto, el TS recuerda el régimen aplicable al sistema de retribución de incentivos a corto plazo [STV], que tiene tres niveles según el grado de consecución de los objetivos, y que la empresa en 2009 procedió a modificar unilateralmente, planteándose diversas demandas colectivas que dieron lugar a las sentencias de la Sala IV que allí se detallan. En el Acuerdo de 24-12-2013 ambas parten fijan el sistema de retribución variable, y el 27-6-2016 la empresa comunica los objetivos a aplicar al sistema STV en 2016. El TS tras una minuciosa argumentación, confirma el fallo combatido, declarando que los acuerdos colectivos y la práctica empresarial muestran que el bono correspondiente está sujeto tanto al logro de objetivos colectivos cuanto al resultado individual sobre evaluación del desempeño. Esta fue la solución alcanzada asimismo en previos pronunciamientos colectivos sobre pretensiones análogas.
Resumen: La sentencia comentada aprecia la existencia de condición más beneficiosa del art. 3.1.c) ET, en la entrega por parte de la empresa demandada a sus trabajadores de la cesta de Navidad, al apreciar los requisitos exigidos por la jurisprudencia de regularidad en la concesión de la mejora cuestionada durante más de 17 años ininterrumpidos, y la voluntariedad empresarial de atribuir a sus trabajadores una ventaja o beneficio social que supera los establecidos en las fuentes legales o convencionales de regulación de la relación contractual de trabajo, en el momento y con motivo de la celebración de dicha fiesta (mes de diciembre de cada año), y que se deduce de la prueba practicada, además de no ser negado dicho beneficio por la parte empresarial durante las negociaciones del primer convenio.
Resumen: RCO: El TS confirma la SAN, que desestimó la demanda de conflicto colectivo presentada por el sindicato recurrente contra ADIF; en ella se pretendía se declarase el derecho de los trabajadores que ostentan la categoría de Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad con Especialización, Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad y Encargado de Línea Electrificada a percibir el Plus de Peligrosidad. Parte la Sala IV de los preceptos debatidos del X Convenio Colectivo RENFE, arts. 158, 160 y 163, y tras recordar su doctrina sobre la interpretación de los convenios colectivos, concluye que, como señala el art. 158, los diferentes pluses, entre ellos el de peligrosidad, son inherentes a la realización de los cometidos específicos de las categorías a las que se otorgan, lo que impide su extensión a categorías diferentes; así lo reitera el art. 160 cuando reconoce el plus de peligrosidad a quienes "desempeñen funciones propias y características de las categorías" que enumera, y no incluye a aquellas a las que se pretende extender con la demanda, recordando que estamos ante un complemento de puesto de trabajo que retribuye las condiciones en que el mismo se realiza y no otras parecidas; y tampoco cabe la aplicación del art. 163 porque no se ha probado la realización de actividades para las que está previsto el plus de productividad, por los afectados por el conflicto, quienes, según los casos, deben cobrar los pluses de los arts. 166 a 168 del Convenio.
Resumen: La sentencia desestima el RCUD interpuesto en que se planteaba la cuestión relativa a si produce efecto positivo de cosa juzgada una sentencia firme e conflicto colectivo en que se ordena que en la concreción de las retribuciones básicas de los actores que habiendo sido contratados temporalmente se convirtieron en fijos, se tengan presentes los servicios prestados antes de adquirir la condición de fijos de plantilla, por no apreciar, como ya se afirmó en sentencias anteriores, la existencia de contradicción con las sentencias invocadas de contraste respecto de los dos motivos de casación unificadora: 1) Respecto del primero, en que plantea que no debe aplicarse el efectivo positivo de cosa juzgada, por cuanto en la recurrida se opone la cosa juzgada por la existencia de un cambio normativo a través de un cambio jurisprudencial, planteamiento rechazado por la Sala de suplicación, y en la de contraste se declara el derecho a ostentar 6 años de permanencia en la empresa y abono de cantidades en concepto de antigüedad, siendo distintas las sentencias precedentes respecto de las que se pretende la aplicación de la cosa juzgada; 2) Respecto del segundo motivo en que se alega vulneración del principio de igualdad de trato, por no existir identidad en los hechos probados de ambas sentencias, ya que en la de contraste consta que otra trabajadora de la empresa con idéntica pretensión fue incluida entre los trabajadores a los que la sentencia del TS les regularizó el nivel retributivo
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que con estimación de la demanda, declaró el derecho de los jubilados de la demandada [Logista], a percibir íntegramente el llamado complemento de compensación económica por la obligación de entrega de tabaco, o "complemento de regalía", condenando a la empresa a pagar el importe de ese complemento, incluso el pago de las cantidades no abonadas a raíz de la unilateral supresión de ese pago. La Sala IV hace suyas las argumentaciones vertidas en TS 19-4-18 [rec. 61/2017] donde se interpretaban los mismos preceptos en aquel caso en relación a los jubilados parciales, y reitera el derecho a percibir el "complemento de compensación económica por la extinción del tabaco de regalía" ya que aparece contemplado en los sucesivos Acuerdos y Convenios Colectivos de la demandada, concluyendo que no procede que la empresa descuente cantidad alguna en los salarios, ya que no cabe compensación por no ser una deuda vencida, líquida y exigible.