Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, se ciñe a resolver el problema procesal referido a si la jurisdicción social resulta competente para conocer de las pretensiones formuladas por diversas Asociaciones Judiciales, frente al CGPJ, Ministerio de Justicia y las CCAA que tienen transferidas y atribuidas competencias en materia de Administración de Justicia en relación al cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales en los amplios términos que allí se detallan. La Sala de lo Social de la AN, acogió la excepción de incompetencia de jurisdicción, al corresponder el conocimiento de la pretensión a la Sala Especial de lo Contencioso-Administrativo del TS. Sin embargo tal parecer no es compartido por la Sala IV. Razona al respecto en una elaborada decisión, que tras la LRJS de 2011 estamos ante una jurisdicción especializada en riesgos laborales con atribución plena en este tipo de litigios y sin que a ello se oponga el art. 638.2 LOPJ cuando interviene la Comisión Permanente del CGPJ. Por lo tanto, la actuación del CGPJ en materia de prevención de riesgos laborales cuestionada en la demanda la realiza a modo de empresario en alegado cumplimiento de la LPRL: lo que determina la competencia del orden social. No se combaten actuaciones del CGPJ efectuadas en el ejercicio de sus potestades y funciones que tengan la naturaleza de disposiciones de carácter general. Votos Particulares.
Resumen: La Sala IV aclara con carácter previo el contenido y alcance del escrito de impugnación del recurso y la posible inadecuación de procedimiento. Se estima el recurso dado que la modalidad procesal de procesal de conflicto colectivo es la adecuada para pretender la nulidad del Acuerdo cuestionado y la declaración, en su caso, sobre efectos derivados de posible nulidad.-. Tras la entrada en vigor de la LRJS la modalidad de impugnación de convenios colectivos está reservada exclusivamente a la impugnación de los convenios colectivos de eficacia general y a los laudos sustitutivos de éstos. En el caso el Acuerdo litigioso tiene exclusivamente valor de convenio extraestatutario sin eficacia general. En cuanto al fondo del asunto, se estima, tras una profusa labora argumental, que en el cuestionado Acuerdo vinculado directamente con el Convenio colectivo se establece una ilegal doble escala salarial que debe ser anulada con la consecuencia de equiparación retributiva. Se declara la inaplicación de la doctrina STJUE 14-02-2019 (C-154/18), porque nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria, en interpretación del principio de igualdad y de la obligación empresarial de pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, prohíbe la existencia de doble escala salarial fundada exclusivamente en la fecha de ingreso en la empresa constituyendo una norma más favorable.
Resumen: En la demanda formulada por un sindicato se pretendía el amparo judicial alegando que, en un concreto día de huelga (Día de la Mujer Trabajadora) una corporación municipal había atacado el derecho fundamental a la huelga de la demandante, convocante de tal huelga, en razón de que aplicó la labor de dos trabajadores de una empresa, con la que tenía contratado concreto servicio de mantenimiento, a cubrir la actividad de los trabajadores en huelga. Tal demanda se planteó por la modalidad procesal especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas y fue desestimada por el Juzgado, al entender, básicamente, que esos dos empleados no hicieron tal tipo de actividad, sino aquella otra para la que suscribió la contrata en la que trabajaban, labores que habían hecho ya con anterioridad. El recurso sindical se plantea sólo para revisar el Derecho aplicado en la sentencia recurrida y la Sala, tras explicar los fundamentos que determinan la proscripción del esquirolaje, en cuanto que supone un ataque al derecho fundamental a la huelga, considera que, de los hechos probados no se deduce otra cosa que aquella convicción a la que ha llegado la Juzgadora, sin que, por tanto, quepa hablar que se haya atacado de alguna forma aquel derecho fundamental, confirmando la sentencia recurrida.
Resumen: Nos hallamos ante una decisión empresarial de evidente importancia para el conjunto de los trabajadores, que se enfrentan a un fenómeno de transmisión de la empresa en la que prestan servicios. En la consulta e información tanto el empresario como el comité de empresa deben actuar con espíritu de cooperación, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas.Esta es la tesitura en la que se halla la empresa demandada, y en la misma ha de encuadrarse el período de negociación que entabló con el comité de empresa para alcanzar un "acuerdo social y laboral" previo a la venta de la empresa, en aras a otorgar garantías a toda la plantilla ante el futuro nuevo empleador/comprador.El examen de la buena fe explicando que "la expresión legal ofrece innegable generalidad, al no hacerse referencia alguna a las obligaciones que el deber comporta y -menos aún- a las conductas que pudieran vulnerarlo. Pero de todas formas, en la configuración del mismo no cabe olvidar: a) que la previsión legal no parece sino una mera especificación del deber general de buena fe que corresponde al contrato de trabajo. El periodo de consultas es un verdadero proceso de negociación en donde se exige que exista una actuación tendente a procurar el acercamiento de posiciones
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido en el que con estimación parcial de la demanda de conflicto colectivo deducida por diversas organizaciones sindicales contra Liberbank, SA, y BCCM SA, se declara la nulidad radical de los acuerdos individuales suscritos entre las empresas demandadas y sus directivos, porque vulneraron el derecho de libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva de los sindicatos demandantes, reponiendo a los trabajadores afectados a la situación previa a la suscripción de los acuerdos. El TS hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen, y confirma el rechazo de la alegada excepción de inadecuación de procedimiento, al hallarnos ante una modificación sustancial colectiva que afecta a la remuneración y salario de 650 directivos, de los cuales aceptaron 554, siendo la vía procesal a seguir, el proceso colectivo, tal y como dispone el art. 41.1 ET, y art. 153.1 LRJS. Sentado lo anterior, y partiendo de que los acuerdos en masa no pueden eludir la negociación colectiva, se ratifica la vulneración de la libertad sindical, al no acudirse a la vía del art. 41 ET para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo. Finalmente, se confirma la indemnización del daño moral fijada en la instancia de conformidad con la LISOS, y resultar adecuada, razonable y proporcional a las circunstancias del caso.
Resumen: Se reclama que, se declare como contraria a derecho la práctica empresarial consistente en descontar directamente de las nóminas mensuales de los trabajadores los retrasos en el fichaje de entrada, y, en consecuencia, el derecho de los trabajadores a que les sean abonadas las diferencias retributivas que en su perjuicio les haya podido ocasionar esta práctica, por cuanto que considera que el retraso injustificado en la incorporación del puesto de trabajo no genera un derecho del trabajador a que su jornada sea redistribuida, y sin que tal práctica constituya una multa de haber, ya que el carácter bilateral y sinalagmático del contrato de trabajo implica que el derecho al percibo del salario se genera por la efectiva prestación de servicios.
Resumen: Asignación de servicio obligatorio los festivos, abonándolo según convenio y no con arreglo a la práctica habitual. Se parte de la existencia de diferenciada de dos colectivos, el AGM y el resto de los trabajadores, y unas prestaciones de servicios diferenciadas para AGM y la compensación de los mismos, incurriendo el recurso en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida. Inadecuación del procedimiento, en relación con el número mínimo de trabajadores para demandar en Conflicto Colectivo, cuando se alega una modificación de las condiciones de trabajo impugnación del recurso-. Se reitera el argumento referido al mismo vicio procesal que el cometido en el recurso y se añade que de acuerdo con la doctrina del TS en el escrito de impugnación únicamente procede interesar la inadmisibilidad del recurso o la confirmación de la sentencia recurrida, y, por tanto, no procede solicitar la nulidad de la misma, ni su revocación total o parcial.
Resumen: KONECTA BTO SL ha suscrito los contratos de trabajo temporal con los concretos trabajadores que se designan en el ordinal segundo del relato fáctico, con una jornada laboral que no es una de las comprendidas en el II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center aplicable a las partes, sin que conste acuerdo escrito con los representantes legales de los trabajadores. La Sala sostiene que el procedimiento de conflicto colectivo no es el adecuado, pues la empresa demandada es una gran empresa que tiene suscritas numerosas contratas distintas con otras mercantiles y se está atacando una práctica que se dice irregular por parte de la empresa sin circunscribirla a ninguna concreta contrata, lo que permite afirmar que esa práctica irregular no está generalizada en todas las contratas y tampoco en una concreta y determinada y se constata porque los contratos de trabajo que en ordinal segundo se mencionan, que serían los afectados por la práctica irregular, no se corresponden con una misma contrata sino con varias contratas.
Resumen: La actora trabajó para el HOSPITAL DEL SURESTE que se integró en el SERMAS -Ley 9/2015-, firmando una adenda al contrato que fijaba un complemento personal por las diferencias entre la anterior retribución -tablas salariales del Convenio del Hospital de Fuenlabrada- y la actual, respecto a los conceptos consolidados. Efecto positivo de la cosa juzgada. La Sala sostiene que la SJS de 14-09-17 -conflicto colectivo- recogía el derecho del personal afectado por la extinción de la empresa a percibir un complemento personal transitorio -CPT- que incluía los conceptos consolidables, pero no los no consolidables, que se percibirían en función del convenio para el personal laboral de la CAM -la misma cuestión-, pero como el propio SERMAS precisó que las diferencias lo eran en concepto de incentivos fijos -ese concreto concepto-, no se da el efecto positivo al no resolver la SJS si estos eran consolidables. CPT. El anterior convenio define el incentivo como concepto salarial complementario que retribuye el cumplimiento de objetivos de la organización, la participación en programas y actuaciones concretas, el especial rendimiento, interés y la iniciativa del titular del puesto, afirmando la Sala que es discrecional decidir si concurren esas condiciones, y que no existe un derecho consolidado porque su anterior empresa lo abonara, pues es un complemento de cantidad o calidad del trabajo, que depende de las condiciones del puesto que tenga en el SERMAS y de su reconocimiento por este.
Resumen: Como mejora de SS, el banco paga el 100%, y al descontar en concepto de prestaciones de SS en ocasiones el importe resultante es superior al 100% del salario real ordinario al incluir la prorrata de conceptos de devengo superior al mes. En Conflicto Colectivo se reclaman las diferencias descontadas. La recurrida acogió parcialmente la caducidad de la acción. El TS desestima la excepción de inadecuación del procedimiento; el proceso de Conflicto C. es adecuado al afectar a un grupo indiferenciado de trabajadores. Desestima la excepción de falta de acción, al reclamarse diferencias estando la mejora de SS en la base del conflicto, al haberse producido una disfunción de la que se beneficiaba la empresa al aplicar el descuento. Se trata de mejora voluntaria de SS a la que le es aplicable el régimen jurídico de las prestaciones, porque en lo no expresamente previsto, debe atenderse a las propias normas del sistema de SS. El plazo de ejercicio de la acción no es de 5 años, del art. 53 LGSS, porque el derecho al complemento estaba reconocido desde el 2010 y la situación es subsumible en el supuesto que regula el art. 54 LGSS, tratándose de una prestación de naturaleza periódica cuya acción debe ejercitarse en plazo de un año desde el vencimiento de cada mensualidad impagada; plazo de prescripción, referido a la pérdida del derecho a percibir las cantidades no reclamadas, y cuyo transcurso puede ser interrumpido por los medios legales del art. 1973 del CC.