Resumen: Las recurrentes reclaman el Incentivo económico por jubilación previsto en el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el capítulo referido a “Previsión social complementaria”, por estimar que es compatible con el Plan de Pensiones que regulaba el art. 31 del Convenio de su anterior empleadora. Estiman las recurrentes que con la negativa empresarial se está produciendo una indebida compensación y absorción, por tratarse de prestaciones heterogéneas. Ha de estarse a la literalidad de la norma convencional aplicable en tanto que los preceptos son de carácter dispositivo, por lo que las partes tienen la posibilidad de establecer otros sistemas de previsión social que sustituyan o complementen el vigente. A falta de acuerdo habrá de estarse a lo pactado en la norma convencional, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición final primera del Acuerdo de 19/11/2002, que mantiene para el colectivo afectado en tanto no exista un nuevo acuerdo, las medidas de previsión social en materia de jubilación de su normativa de origen. La claridad de la Disposición conduce a la inaplicación al caso de la normativa sectorial, sin que por ello pueda estimarse que nos encontremos ante un supuesto de compensación y/o absorción, pues la propia normativa aplicable resuelve el conflicto de normas a favor del acuerdo de empresa.
Resumen: La cuestión se centra en determinar el derecho del trabajador a ser repuesto en el anterior puesto y categoría ostentado antes de la recolocación como medidas adoptadas en expediente de despido colectivo que fue declarado nulo cuando existe una sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, con alcance de cosa juzgada. Se denuncia la infracción de los arts. 160.5 de la LRJS y 222 de la LEC y la doctrina de esta Sala, relativa a la eficacia de la cosa juzgada. La cuestión objeto de debate ha sido ya resuelta por esta Sala. Los procesos individuales que vengan referidos a la misma cuestión están afectados por lo que en el proceso de conflicto colectivo se haya resuelto y desestimándose la cuestión de fondo, lo mismo debe decidirse en aquéllos. La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa nos lleva a casar la sentencia recurrida al encontrarnos ante un trabajador afectado por las medidas alternativas de referencia, objeto del proceso de despido colectivo y del posterior conflicto colectivo en la que se impugnaron.La AN no declaró la nulidad de las medidas alternativas en el proceso de conflicto colectivo sino que entendió que la valoración jurídica de las mismas fueron examinadas en el proceso de despido colectivo con el resultado que indica y aquí hemos recogido y por ello consideró que el debate que traía el conflicto colectivo ya estaba resuelto en el proceso de despido. Y ese alcance es el que, por la vía de cosa juzgada excluyente, confirmó la Sala.
Resumen: La Sala precisa que se dilucida la competencia de del TSJ para conocer de la pretensión del sindicato articulada en escrito de 31-03-20 sobre medidas cautelarísimas inaudita parte y que dicha pretensión se articula antes de presentar demanda, por lo que se desconoce el contenido pueda llegar a tener, limitándose la resolución a lo que es su estricto objeto procesal, que es la competencia para resolver sobre la solicitud previa de estas medidas. Seguidamente exhaustivamente examina el escrito de solicitud de las medidas, detallando las deficiencias y contradicciones que impedían un pronunciamiento sobre la cuestión las alegaciones realizadas ante la Sala concluyeron con el auto recurrido El recurso por el MF se rechaza porque se entiende que decisión procesal tan relevante como la de elección del procedimiento de conflicto colectivo corresponde solamente a la parte y no puede ser adoptada de oficio. El recurso del sindicato CSIF se rechaza porque no se puede entender que el hecho de que se marcara la casilla de Lexnet correspondiente a conflicto colectivo, tenga alguna eficacia porque se trata de un documento de gestión administrativo sin valor procesal y afirma que CSIF se intenta prevaler de no haber presentado la demanda todavía cundo se trata de medidas cautelares excepcionales, obligando la LEC a presentar la demanda en los 20 días siguientes a su adopción, lo que no ha sucedido y que esa la falta de presentación transcurrido ese plazo dejad a la medida sin objeto.
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida y con estimación parcial de la demanda declara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial afectados por el conflicto a que en la retribución de sus vacaciones se tengan en cuenta las ampliaciones de jornada que se realicen a lo largo del año, aunque no subsistan en la fecha del disfrute vacacional, de forma que se promedie el salario percibido en los 11 meses correspondientes a la anualidad de cada período vacacional retribuido. Para resolver la cuestión planteada- incidencia sobre la retribución de las vacaciones de las diversas ampliaciones de jornada efectuadas a lo largo del año, a los trabajadores a tiempo parcial- se reitera doctrina elaborada a propósito de la inclusión en la retribución vacacional de determinados complementos salariales, en función o no de su carácter ordinario. Se declara que el trabajador debe percibir en vacaciones la retribución ordinaria y comparable a los períodos de trabajo, lo cual debe ser interpretado cuando, se trata de salario en cuantía variable –en función de la duración de la jornada del contrato a tiempo parcial debido a las aludidas ampliaciones- como derecho a devengar, para el período vacacional la media que hubiera percibido el trabajador durante los 11 meses de la anualidad correspondiente al período vacacional retribuido. Esto es, la retribución de las vacaciones debe integrar la parte proporcional correspondiente a las ampliaciones de jornada efectuadas a lo largo del año
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo rectora de las actuaciones reclama el sindicato actor la declaración de nulidad de los pactos de permanencia suscritos por los candidatos a piloto de la compañía aérea demandada Aeronova, así como el reintegro de las cantidades descontadas de la nómina por la empresa para el reintegro del curso de formación. Consta que, con carácter previo a la contratación, Aeronova ofrecía a los candidatos la financiación del curso de habilitación para pilotar determinado tipo de aviones. En el documento firmado por los candidatos se contenía pacto de permanencia de 2 años de duración. Asimismo, en los contratos de trabajo posteriormente suscritos se contiene pacto de devolución a Aeronova del importe del curso en caso de resolución del mismo por voluntad del trabajador dentro del plazo de 2 meses después de finalizar el curso. La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda anulando el pacto de permanencia reflejado en los acuerdos iniciales. Recurre en casación el sindicato actor. La sala comienza por recordar la doctrina relativa a los requisitos para la revisión fáctica en el recurso de casación y desestima el motivo planteado a tal efecto. Y, en cuanto al fondo de la cuestión, declara que los pactos precontractuales, en los que la empresa anticipaba, pero no pagaba, los cursos de formación son válidos y ajustados a derecho. Todo lo cual conduce a desestimar el recurso formulado.
Resumen: La sentencia confirma la de suplicación que devolvió las actuaciones para que le juzgado de instancia se pronunciara sobre el fondo de la demanda de conflicto colectivo por no tratarse de una impugnación del art. 40 CC Provincial de la Industria, los Servicios y las Tecnologías del Sector del Metal 2013-2016, sino de una reclamación de trabajadores sin centros de trabajo, desplazados diariamente desde sus domicilios a la central de la empresa donde les recoge un vehículo empresarial que les lleva a su lugar de trabajo y los devuelve a la central, de que se compute como jornada de trabajo el tiempo de desplazamiento, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que no existe identidad en los hechos probados, puesto que en la sentencia de contraste ese desplazan con sus propios medios al domicilio del cliente y vuelven desde éste a sus domicilios, ni hay coincidencia en los convenios colectivos aplicables ni en las pretensiones, puesto que en la de contraste se reclama se compute como tiempo de trabajo desde la salida del núcleo urbano de la población de residencia, ni en las causas de pedir.
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo por modificación sustancial de condiciones de trabajo rectora de las actuaciones solicitan el comité de empresa de Madrid de la empresa SPPAL y las secciones sindicales de CC.OO, UGT y USO que se volviera a aplicar a los trabajadores el convenio colectivo de Siemens. La sentencia recurrida, de la AN, desestimó la demanda. A un conjunto de trabajadores de la empresa Siemens se les notificó que, con efectos de 1/10/13, se integrarían en la nueva empresa SPPAL. La sentencia comentada aprecia la falta de legitimación para recurrir del comité de Madrid, con aplicación del principio de correspondencia y teniendo en cuenta que el ámbito del conflicto es más amplio que el de actuación del comité. Añade que dicha cuestión ya fue resuelta en sentencia firme de la AN de 12/7/16 (150/16), por lo que esta cuestión es cosa juzgada. Tras rechazar la modificación del relato fáctico propuesta, y con remisión a lo establecido en el art. 44 ET y a la doctrina jurisprudencial, concluye que se han respetado las previsiones de la norma estatutaria. Tras la sucesión empresarial, los trabajadores siguieron rigiéndose por el convenio de su empresa de origen. Pero, tras la publicación del convenio provincial del metal, es correcta la aplicación de éste a los trabajadores de Madrid. En definitiva, la empresa no ha modificado sustancialmente las condiciones de trabajo, sino que ha aplicado correctamente lo previsto en el art. 44.4 ET. Se desestima el recurso.
Resumen: La sentencia casa y anula la de instancia la de instancia para desestimar la excepción de cosa juzgada, devolviendo actuaciones al órgano de instancia para que se pronuncie sobre el fondo, teniendo en cuenta que se planteó demanda de conflicto colectivo en que se pretendía la inaplicación por ilegalidad de los arts. 29, 141 bis, 123 y 124 del II Convenio Colectivo Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo. Argumenta la Sala 4ª, que no se acredita implantación suficiente del sindicato en el ámbito del conflicto, sin que sirva como medio de acreditación un acta de protocolización ante notario. Añade al respecto que para acreditar la implantación puede valer tanto el nivel de afiliación como la constatación del número de miembros de que dispone en los órganos de representación unitaria y sistematiza la jurisprudencia sobre la cuestión. En cuanto a la existencia de cosa juzgada, respecto de lo resuelto por SAN 12-01-2018 (autos 310/2017), que no puede apreciarse cuando dicha sentencia no entró a conocer sobre el fondo, señalando que la pretensión debería formularse con sometimiento al art. 163.4 LRJS, que es lo que se hace ahora, sin que quepa acoger la solución de la sentencia de instancia que aplicó el efecto de cosa juzgada entendiendo que no había hechos ni fundamentos jurídicos nuevos, y aunque las sentencias sobre cuestiones procesales que ponen fin al proceso también producen efecto de cosa juzgada, sólo lo hacen respecto de la cuestión procesal y no sobre el fondo
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida y con ello estima la demanda y declara el derecho de los trabajadores del Banco de Sabadell que deben obtener el certificado EFPA, niveles EIA, EIP y EFA, en comercialización de productos de inversión y el certificado en asesoramiento financiero a que el tiempo de formación para su obtención se considere tiempo de trabajo efectivo con todas las consecuencias legales. La cuestión a resolver en este caso estriba en determinar si la formación que la empresa implanta, dentro del programa tendente a obtener las acreditaciones exigidas por el art. 25 de la Directiva 2014/65, puede entenderse incluida en el supuesto al que se refiere el precepto legal transcrito. Dicha formación debe correr a cargo de la empresa y ser considerada tiempo de trabajo efectivo, puesto que se trate de una formación necesaria que trae causa de la existencia de modificaciones en el puesto de trabajo, de suerte que la empresa debe proveer al trabajador destinado a dicho puesto las herramientas formativas que le permitan seguir manteniendo su desempeño en el puesto modificado. La formación queda claramente impuesta a los trabajadores con carácter obligatorio en la medida en que su puesto de trabajo requiera de esa formación para la cual se impone la realización de una prueba en un determinado plazo máximo. Este supuesto es diferente al resuelto en las STS 20/2/19 (rec. 210/17) y 6/3/19 (rec. 23/2018), dictadas en relación con otras dos entidades bancarias.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo en la que se solicitaba se declare el derecho de todo el personal en plantilla al 31/12/2016 a percibir 6/4 de paga según el nivel profesional y antigüedades que ostentara a esa fecha, así como la parte proporcional de su permanencia en la empresa si fuese inferior a 1 año, tal y como viene establecido en el artículo 23 del XXIII Convenio Colectivo de Banca, con condena al abono a los trabajadores afectados de la diferencia entre el importe abonado en la nómina de abril de 2017 y los seis cuartos de paga. Se rechaza la modificación del relato fáctico ya que los documentos invocados no acreditan el hecho que la parte pretende adicionar. En cuanto al fondo del asunto, se declara, en interpretación de aquel precepto, que para tener derecho a dicha parte de paga es preciso que el Resultado de Actividad de Explotación (RAE-empresa), referido a la actividad bancaria en España, considerando su perímetro homogéneo de comparación, según el dato que conste en los informes financieros oficiales, sea superior al 30%, en comparación con el dato RAE empresa del ejercicio precedente. En el caso no consta cual es la variación interanual del RAE en España entre 2015 y 2016 ya que aparece plasmado junto con los resultados del Banco en sus sucursales del extranjero, por lo que no se han cumplido los requisitos establecidos en el art 23 del Convenio. La demandante no ha acreditado los hechos en los que apoya su demanda.