Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones se reclama por el sindicato actor que se declarara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial de la empresa demandada que ven ampliada su jornada a percibir el salario correspondiente al mes completo. La sentencia de instancia desestimó la demanda. Recurre en casación unificadora el sindicato demandante denunciando incongruencia de la sentencia recurrida. La sala IV desestima tal motivo de recurso porque la sentencia no resuelve cuestión litigiosa no planteada por las partes sino que desestima la pretensión por considerar que en el caso los trabajadores afectados por el conflicto no realizan jornada parcial, al constar que se ha novado el contrato, pactándose que los trabajadores pasen a realizar jornada completa. En consecuencia, no se produce incongruencia alguna, sino que la sala de instancia resuelve a la luz de un panorama fáctico concreto, pero sin apartarse de lo alegado por las partes procesales.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que, en interpretación del art. 58 a) del III Convenio colectivo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, desestimó la demanda de conflicto colectivo origen de autos señalando que la voluntad de los negociadores fue la de circunscribir el permiso retribuido de 15 días naturales a los supuestos derivados de la celebración de matrimonio y no a aquellos derivados de la constitución de parejas de hecho u otros modelos diferentes de convivencia continuada. Dicho parecer es compartido por el TS, que en aplicación de las reglas hermenéuticas contenidas en el art. 3.1 del CC señala que la dicción literal del precepto es clara al hablar de permiso por "matrimonio" y de la fecha de la "boda", de ahí que si el precepto hubiese querido ampliar el permiso a otras uniones diferentes de la matrimonial, le hubiera bastado con expresarlo. Tampoco se produce la infracción del art. 14 CE, porque los matrimonios y las parejas de hecho no son situaciones iguales, ni en el plano constitucional, ni en el legal. Finamente, descarta que el recurso se puede sustentar en la doctrina jurisprudencial con fundamentos de sentencias de otros TSJ. La sentencia cuenta con un Voto Particular.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, ha confirmado el fallo combatido en el que se desestima la demandada deducida por UNT interesando la nulidad de la decisión empresarial de fijar el calendario vacacional anual de 2018, con declaración del derecho de cada uno de los trabajadores a fijar, de común acuerdo con la empresa, los turnos que se mencionan en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad y fechas de disfrute de las vacaciones anuales. Para resolver la cuestión, parte el TS de recordar la necesidad de distinguir entre el periodo de disfrute de vacaciones que a cada trabajador le puede corresponder y respecto del cual la empresa debe alcanzar un acuerdo con el trabajador individual, y la elaboración del calendario de vacaciones que cada empresa debe fijar, en donde no se exige acuerdo. Así las cosas, considera correcto el proceder empresarial que no ha impuesto el calendario de vacaciones, sino que ha sido aceptado por el 80% de los trabajadores, y sin que ello contravenga lo dispuesto en el convenio que en orden a establecer la configuración de los turnos remite al acuerdo con los representación de los trabajadores, pues la mismo no existe en la empresa. En todo caso, señala la posibilidad que tienen los trabajadores que discrepan de la mayoría, para plantear la acción destinada a impugnar los turnos que les hubieran podido corresponder. Se desestima en consecuencia el recurso.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia que estima la demanda de conflicto colectivo, declarando que el personal de conducción (Jefes de Maquinistas, Maquinistas Jefes de Tren, Maquinistas Principales, Maquinistas y Maquinistas de Entrada) que realicen funciones docentes en la formación, teórica y/o práctica, del personal becario tiene derecho a percibir la gratificación docente prevista en el convenio colectivo del grupo de empresa en las cuantías que se indican. Reitera que no habilita el recurso de casación ordinaria la denuncia de infracción de cláusulas o acuerdos entre las partes, como son las normas internas de los sindicatos, que no son normas del ordenamiento jurídico sino meras regulaciones asociativas. La empresa justifica que no abonen al personal de conducción, que realiza funciones docentes en la formación teórica y práctica del personal becario, la gratificación docente, en el hecho de que el personal becario es Personal Ferroviario. Sin embargo, la Sala con remisión a pronunciamiento previo sostiene que el personal becario no tiene relación laboral con el GRUPO RENFE y, por lo tanto, no es personal ferroviario en aplicación del artículo 3.2 de la regulación de la prima variable del marco regulador de conducción. La sentencia de instancia consigna que dicha formación puede impartirse con anterioridad a la relación laboral y dicho hecho probado no ha sido combatido eficazmente por la demandada.
Resumen: Se plantea demanda de conflicto, contra Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sobre el alcance de previsiones convencionales en materia de movilidad funcional, en particular, se discute si cabe que la empresa acuda, en determinadas circunstancias, a pactos de movilidad funcional individual o si ello colisiona con las previsiones tanto de la Ley y del convenio colectivo. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda. Para ello reitera doctrina consolidada relativa al alcance de la interpretación de los convenios o acuerdos colectivos. Considera que los preceptos convencionales invocados no prohíben los acuerdos individuales al respecto. El artículo 22.1.3 del convenio colectivo lleva como rúbrica “movilidad funcional unilateral” y en el presente supuesto, la movilidad se produce de mutuo acuerdo sin que conste ni se haya alegado que en la formalización de los acuerdos individuales se estuviera ocultando la conculcación de lo regulado en otras normas como los convenios colectivos de aplicación. Aplicando las habituales reglas interpretativas no se desprende de los Convenios Colectivos aplicables la prohibición que el recurrente sostiene. En conclusión, ni lo acordado, ni las normas estatales (ET, EBEP) se oponen a la movilidad individual pactada.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que desestima la demanda de conflicto colectivo en la que se solicitaba se reconociera que a efectos del cálculo del complemento ASTIP, debía ser tenida en cuenta la cantidad incluida en las nóminas como cheques comida, por ser parte del salario. La cuestión consiste en determinar la forma de cálculo de dicho complemento salarial de retribución variable, no previsto en convenio, establecido por la autonomía individual que mejora las previsiones convencionales, y que consiste en un porcentaje sobre el salario anual que varía en función de la categoría y nivel profesional de cada trabajador, que se viene cobrando históricamente en la empresa. La configuración del complemento depende de lo establecido en su creación, con independencia de que integre o no todas las partidas salariales o extrasalariales que componen el total de la retribución. Y de la misma se desprende que los cheques comida no se incluyen para el cálculo del complemento discutido. De esta forma, el incentivo discutido puede construirse sobre el salario base o, además, sobre todas o algunos de los complementos salariales.
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo rectora de las actuaciones se reclama por el comité de empresa de la región de Murcia frente a la demandada Cajamar la declaración de que es contraria a derecho la práctica empresarial de no establecer un sistema de registro de control de la jornada laboral de los trabajadores y de no facilitar el resumen mensual de la jornada diaria a trabajadores y el comité. La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia estima la excepción de incompetencia objetiva para conocer de la pretensión. Recurrida por la parte demandante en casación ordinaria, la Sala IV desestima la denuncia de infracción del art. 7.a de la LRJS. Se razona en la sentencia comentada que el ámbito del conflicto excede del territorio de la comunidad de Murcia puesto que afectaría, por lo menos y también, a la comunidad de Andalucía, según consta acreditado. En consecuencia, la competencia para conocer del conflicto colectivo correspondería a la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Por tanto, se desestima el recurso.
Resumen: Los empleados de PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL del centro de TELEFÓNICA LAS TABLAS percibían un complemento salarial mensual fijo de 100 € -ya lo abonaba la anterior adjudicataria- que se dejó de abonar en mayo de 2018, al llevar a cabo la empresa el incremento salarial previsto en el nuevo Convenio Estatal de Empresas de Seguridad. Falta de agotamiento del trámite previo ante la Comisión Paritaria del Convenio. Rechaza la pretensión: porque se celebró acto de conciliación ante el Instituto Laboral de la CAM -sin avenencia-, lo que, junto a la postura de oposición de la empresa en el juicio, se desprende su inutilidad, tratándose de una mera duplicidad de trámites preprocesales innecesaria; el requisito carece de contenido casacional, y; la discrepancia no afecta a la interpretación, vigilancia o aplicación del convenio, sino que es una alteración de las condiciones de trabajo ajena al Convenio. Compensación y absorción. Se rechaza, es un complemento salarial de puesto de trabajo ligado a la prestación de servicios en el centro de Telefónica-Las Tablas, por lo que no existe la homogeneidad entre el complemento que compensa el desplazamiento al lugar de trabajo y los conceptos retributivos puestos en comparación para que opere la compensación y absorción, máxime cuando se trata de un complemento establecido por la empresa principal, que ésta sufraga y abona directamente a la adjudicataria, circunstancias que no se niegan ni intentan desvirtuar.
Resumen: En la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de la zona no consta como riesgo el atropello por los trabajos realizados en carril bici. Convenio Colectivo Estatal de Jardinería. Dispone que se devenga el plus de peligrosidad por los trabajos que se realicen en medianas, rotondas y bordes viarios, sitos en calles, carreteras, autovías y autopistas abiertas al uso público y al tráfico rodado. La Sala señala que los trabajos se realizan en carriles bici en parques alejados de la calzada por donde circulan vehículos de motor por lo que la zona de trabajo no entra en la descripción del convenio que se refiere a medianas, rotondas y bordes viarios, ni aunque se entendiera que el carril bici se asemeja a un borde viario, pues no se encuentra en calles, carreteras, autovías y autopistas abiertas al uso público y al tráfico rodado, y sí dentro de parques. Condición más beneficiosa. El plus se abonó atendiendo a los partes de trabajo incorrectos: porque no se confeccionaban por los encargados sino por los oficiales -irregularidad que no podría perjudicar si la actividad se desarrollara en zonas de peligro- y; porque en los partes no figura que la actividad de limpieza se hacía en el carril bici, limitándose a reflejar las horas de peligrosidad y que se hacían trabajos de limpieza, ignorando la empresa que la concreta zona que se calificaba como peligrosa era el carril bici, por lo que no existe una voluntad empresarial de conceder un beneficio por encima de la ley o convenio.
Resumen: Lo que se trata de indemnizar es el hecho de haber laborado un día más a la semana, pero cumpliendo la jornada semanal y obteniendo la retribución de todo el tiempo trabajado como no podía ser menos. Como bien afirma el juez a quo la indemnización es esencialmente por el daño moral que se produce indudablemente por la imposibilidad de descansar un día más a la semana con lo que ello conlleva, y en los términos en que se plantea la indemnización coincide esta Sala en que resulta apropiado tener en cuenta las horas laboradas los días en cuestión, eligiendo como módulo de abono el salario ordinario, pues ni las horas consta se realizaron en día festivo ni se superó la jornada ordinaria, con lo que esta Sala coincide plenamente con el juez a quo en este extremo.La tramitación de un proceso de conflicto colectivo no sólo paraliza el trámite de los individuales ya iniciados que tengan el mismo objeto, sino que sirve para interrumpir la prescripción de las acciones pendientes de ejercitar, y ello aunque sea la parte empresarial la que formule la demanda