• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 4037/2019
  • Fecha: 05/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En primer lugar, la Sala considera, respecto a la aplicación retroactiva del art 6.1 Reglamento UE 2016/679 y art 72.1.b) Ley Orgánica 3/2018, que no cabe duda de que el Reglamento y la Ley Orgánica han cambiado de manera sustancial la regulación de forma que es es posible el tratamiento de datos personales sin contar con el consentimiento, estableciéndose supuestos habilitantes. Sin embargo, la Sala, recordando la jurisprudencia en la materia, concluye que la apreciación de norma más favorable debe ser mediante una consideración global y sistemática y no a través de una interpretación parcial. En 2º lugar, se alega que la Agencia ha incoado 15 procedimientos sancionadores con un total de 830.000 euros en sanciones, sin embargo, la Sala rechaza la consideración de infracción continuada, pues no concurre que la actuación del responsable se haya llevado a cabo con dolo unitario, en ejecución de un plan previamente concebido, que se refleja en todas las acciones que se ejecutan, o con dolo continuado, que se proyecta en cada uno de los actos ejecutados, pues trata de campañas distintas, aunque el modus operandi es el mismo. En 3º lugar, se alega el uso fraudulento de las potestades de investigación previa que se reconocen a la Administración, por haberse prolongado de forma injustificada. Pero estas afirmaciones no están avaladas por pruebas que acrediten que los actos de investigación no estuvieran justificados o se realizasen con intención fraudulenta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 3507/2020
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite el recurso de casación precisando que la cuestión que se entiende que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la naturaleza jurídica de la resolución por la que se fija el coste del agua en supuestos de extracción ilegal y determinación de la competencia jurisdiccional para su impugnación, así como los criterios a tomar en consideración para determinar su cuantía. A tal efecto, se identifican como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación en relación con la cuestión debatida, las siguientes: arts. 27.2 en relación con el 14.1 y 2 de la LJCA, 24 CE y 33.2 LJCA, 51 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 2.2 del Código Civil , 97 CE; 23 de la Ley 50/1997, del Gobierno; y 12.2.a) y 52 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. La cuestión aquí planteada, ha motivado la admisión de los RCA 3647/2018 y 1640/2019. Habiendo recaído sentencia estimatoria del RCA 3647/2018, de 18 de mayo de 2020.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 2602/2020
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala admite el recurso. Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación, la disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y el artículo 611 del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 4173/2020
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado por su disconformidad con la sentencia recurrida, que considera que nos encontramos ante una reclamación de responsabilidad inserta o derivada de una "concesión administrativa" otorgada a amparo del RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Martina Mercante; y que, según el art. 101.10 se rige en primer lugar por lo establecido en el citado precepto, y, en su defecto, por la legislación reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Por ello, la cuestión casacional a determinar consistirá en establecer cuál ha de ser el régimen jurídico aplicable ante una reclamación de responsabilidad formulada por un concesionario de dominio público portuario, a los efectos de determinar el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción ejercitada, como para dilucidar la procedencia o no de la indemnización reclamada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 3030/2020
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sección de Admisión admite el recurso de casación estatal nº 3030/2020, precisando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar, atendidas las circunstancias del caso y la vista de la normativa estatal reseñada como infringida, el contenido, alcance y en su caso, exigibilidad del ejercicio de la protección diplomática por parte del Estado, y el posible derecho subjetivo de los particulares a la misma, ante hechos susceptibles de ser calificados como ilícitos internacionales, que pudieran generar a su favor, como perjudicados, un derecho a ser indemnizados con fundamento en la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión de la protección diplomática, en supuestos de no haberse posibilitado que hubiera sido lograda por los propios interesados. Se identifican como normas que, en principio, serán objeto de interpretación: 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, (actual artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras, si así lo exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 3319/2020
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso preparado por la Abogacía del Estado en tanto que las cuestiones suscitadas por la sentencia de instancia tienen una importancia muy sustantiva en la explotación portuaria y en el desarrollo de las actividades caracterizadas como comerciales en todos los puertos de interés general, teniendo asimismo la doctrina que se desprende del tribunal a quo una fuerza expansiva que podría perjudicar el interés público al poner en riesgo la seguridad de los puertos, resultando aplicable no sólo a los transitorios, sino a todas las actividades a que el referido artículo 139.2 se dirige. Por esta causa, la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si resulta aplicable, y en qué términos, lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (especialmente, en sus artículos 5, 7, 9, 16 y 17) a la prestación de servicios comerciales y al desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios - y en concreto, de las actividades de transporte- en los puertos de titularidad estatal, a los efectos de precisar, en caso afirmativo, si ello supone algún tipo de cortapisa a la Autoridad Portuaria a la hora de establecer la exigencia de la autorización referida en el artículo 139.2 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 3966/2020
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sección de Admisión considera que el escrito de preparación cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA, habiéndose justificado suficientemente y con singular referencia al caso la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.3.a), razón por la que entiende que procede admitir el recurso de casación, precisando que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Siendo la DA 2ª de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y el artículo 611 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario, las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, ello sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado (art. 90.4 LJCA). Reseña que, sobre cuestión análoga, se ha pronunciado la Sala en sentencias de 13 de mayo (RCA 1237/18) y 14 de mayo de 2020 (RCA 8079/18 y 2297/19), declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 2727/2019
  • Fecha: 03/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consiste el objeto del debate en determinar si la fijación de estos valores mínimos de emisión que pueden imponerse en una autorización ambiental integrada, deben estar previstos expresamente en alguna norma aplicable a la actividad para que se pide la autorización, o pueden ser establecidos directamente por la Administración al resolver la autorización y atendiendo a los criterios que resulten de las circunstancias de las sustancias y la actividad desarrollada, la Sala responde declarando que la autorizaciones ambientales integrales han de fijar, preceptivamente, los valores mínimos de emisión y que para ese cometido ha de estarse a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (49) (en la actualidad de su Texto Refundido), tomando en consideración todas las circunstancias que se contemplan en su párrafo primero, sin que pueda dejar de fijarse el límite mínimo de emisión por la no existencia de norma, legal o reglamentaria, estatal, autonómica o europea, que establezca dichos límites; debiendo acudirse a los criterios establecidos en el precepto y, en particular, a las mejores técnicas disponibles. No cabe concluir que ante la inexistencia de fijación normativa no puedan imponerse condición alguna respecto de los valores mínimos de emisión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 6866/2019
  • Fecha: 03/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sobre esta misma cuestión de interés casacional planteada en este recurso por la Sección de Admisión, la Sección 5ª ha dictado Sentencias, por lo que por el principio de unidad de doctrina, y conforme a la seguridad jurídica, se razonaba que hacer posible cursar el Máster de acceso a la Abogacía sin que se posea la titulación u homologación de Grado hasta el momento del examen o evaluación final del Máster, y permitiendo que se simultanee con el Máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de Grado en Derecho u Homologado no resulta conforme a la Ley 34/2006, artículo 2, y Real Decreto 775/2011, cuyos artículos 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional del abogado son "cursos de formación para abogados"; de forma que, si no se está en presencia de un título de Licenciado o Graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en "cursos de formación para abogados". Así, la respuesta a la cuestión interpretativa planteada es: A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, en el marco del Real Decreto 1393/2007, es exigible haber obtenido previamente la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 4661/2019
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción de multa en materia de defensa de la competencia. Desestimación del recurso de casación. La posibilidad de suspender el plazo para resolver el expediente, prevista en el art. 37.1.a) de la LDC ("Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios..."), procede cuando se precise la aportación de documentos y otros elementos de juicio que resulten "necesarios" para dictar la resolución oportuna. Lo determinante no es la posibilidad de que los elementos probatorios pudieran haberse recabado antes sino que la información solicitada sea necesaria para dictar la resolución de fondo, y que la Administración no haya provocado esta situación de forma artificial persiguiendo una finalidad defraudatoria. En cuanto a si la complejidad o falta de complejidad del expediente se comunica a todas las partes intervinientes, en principio, la complejidad de un expediente se proyecta sobre todas las partes intervinientes por lo que no puede sostenerse, con carácter general, que lo que es complejo para la Administración instructora no lo es para las empresas investigadas, y, en principio la ampliación de los plazos por razón de la complejidad debe operar también cuando las empresas investigadas lo solicitan. En este caso no se invoca indefensión por la decisión de la CNMC de no ampliar el plazo para alegaciones, por lo que se ratifica la decisión de la Sala de instancia.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.