Resumen: Lo que se trata de indemnizar es el hecho de haber laborado un día más a la semana, pero cumpliendo la jornada semanal y obteniendo la retribución de todo el tiempo trabajado como no podía ser menos. Como bien afirma el juez a quo la indemnización es esencialmente por el daño moral que se produce indudablemente por la imposibilidad de descansar un día más a la semana con lo que ello conlleva, y en los términos en que se plantea la indemnización coincide esta Sala en que resulta apropiado tener en cuenta las horas laboradas los días en cuestión, eligiendo como módulo de abono el salario ordinario, pues ni las horas consta se realizaron en día festivo ni se superó la jornada ordinaria, con lo que esta Sala coincide plenamente con el juez a quo en este extremo. La tramitación de un proceso de conflicto colectivo no sólo paraliza el trámite de los individuales ya iniciados que tengan el mismo objeto, sino que sirve para interrumpir la prescripción de las acciones pendientes de ejercitar, y ello aunque sea la parte empresarial la que formule la demanda.
Resumen: La trabajadora demandante, que venía disfrutando de una reducción de jornada por cuidado de hijo, es cambiada de puesto de trabajo y de funciones, acciona por modificación sustancial de las condiciones de trabajo acumulando acción por vulneración de derechos fundamentales al entender que ha venido sufriendo acoso y discriminación por razón de sexo. La demanda de la trabajadora es estimada e interpuesto recurso de Suplicación por la empresa es desestimado por la Sala. En primer lugar la Sala desestima los motivos de nulidad y entrando en fondo ademas de argumentar que el recurso se asemeja mas a aun apelación que a un recurso de Suplicación al mezclar valoraciones de prueba , revisiones de hecho sin hacer ni argumentar una denuncia expresa de normas infringidas.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la de determinar los efectos que ha de tener sobre la prestación familiar por hijo a cargo que percibe la madre del causante, un hijo mayor de edad discapacitado en más de un 89%, el hecho de que éste haya percibido durante más de un año en concepto de rendimientos de trabajo una cantidad que supera el 100% del salario mínimo en ese tiempo. También se plantean los efectos temporales que ese hecho produce, en su caso, en la prestación y en la eventual devolución de cantidades indebidamente percibidas. Y en lo que a la primera cuestión importa, el TS considera que el discapacitado perdió la condición de hijo a cargo en aplicación de lo dispuesto en el art. 181.a) LGSS, lo cual a su vez determinó que la beneficiaria dejase de reunir la condición básica para el percibo de la prestación sin que resulte aplicable la excepción del art. 182.c) LGSS, toda vez que una cosa son los requisitos que ha de reunir el causante, y otra, las que deben concurrir en el beneficiario. Tampoco cabe acudir a la legislación tributaria a los efectos de limitar los ingresos a los rendimientos netos del trabajo. Suerte distinta corrió el recurso del INSS en relación a la determinación de los efectos temporales de la suspensión/extinción del derecho, y que en aplicación del RD 1335/2005 (art. 17.3), se fijan en el día 1 de enero de enero del año siguiente a aquél en que se tuvieron esos ingresos. La sentencia cuenta con un Voto Particular.
Resumen: El JM nº 4 de Madrid dictó auto de extinción colectiva el 12-03-15 al alcanzarse acuerdo colectivo el 28-1-15. Nulidad del auto de extinción colectiva y del acuerdo colectivo. La Sala afirma que la demanda individual en el incidente concursal solo puede incluir pretensiones referidas a la relación jurídica individual -antigüedad, salario, indemnización o análogas-, conforme al art. 64.8 LC y que no se puede solicitar la nulidad del auto de extinción colectiva ni del acuerdo entre la representación de los trabajadores -RLT- y la empresa. Solo pueden recurrir en suplicación la administración concursal, el concursado, la RLT y el FOGASA y por ello se rechaza las peticiones de nulidad porque: el acuerdo colectivo fue elaborado en fraude de ley. No se respetaron las garantías del procedimiento ni existió verdadera negociación. La cuestión referida a la elección de la RLT, y por no concurrir las causas extintivas y concluye señalando que la LC impone al Juez del concurso la adopción de la decisión de extinción colectiva de los contratos de trabajo si hay acuerdo entre la empresa y la RLT y añade que las alegaciones no reúnen los requisitos que exige el recurso de suplicación. Importe de la indemnización. La STSJ de Madrid de 24-03-17 reconoció a los empleados el derecho al plus de peligrosidad del art. 38 del convenio de la Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de Madrid -concepto salarial-, que se debió computar para calcular la indemnización y no se hizo.
Resumen: Recurre la empresa TRAGSA su condena por despido improcedente desde la dimensión que ofrece un relato fáctico cuya revisión se rechaza al no adecuarse a los requisitos exibles al carácter extraordinario del recurso. Frente a lo argumentado de contrario en el sentido de que la relación laboral era de carácter temporal (por lo que fue válidamente extinguida) advierte la Sala que a diferencia del supuesto de hecho examinado por la STS que cita en el litigioso la encomienda objeto del contrato no había finalizado; habiendo realizado el trabajador tareas que excedían del objeto de la misma. De lo que se deriva la aplicación al caso de una también consolidada doctrina jurisprudencial que vincula la regularidad de la contratación temporal de la clase examinada al cumplimiento de una condiciones de ejecución insatisfechas en la analizada. Se estima en parte el recurso de la empresa al deducirse la de indemnización fijada en sentencia la ya percibida por extinción del contrato temporal.
Resumen: Se desestima el RCUD interpuesto frente a la sentencia de suplicación que entendió que existía una doble escala salarial prohibida por el ordenamiento jurídico respecto de trabajadores de la empresa ENCE Energía y Celulosa SA, fundada en el momento de ingreso en la empresa. La sentencia no entra a conocer del primer motivo de recurso en que se plantea la inadecuación de procedimiento, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste a pesar de invocarse una infracción procesal, ya que en la sentencia recurrida se planteó demanda de despido en reclamación de indemnización superior, siendo el órgano judicial el que derivó la pretensión al procedimiento ordinario, estando el órgano judicial a aplicar el procedimiento adecuado de oficio, circunstancias que no constan en la sentencia de contraste. Respecto de la existencia de doble escala salarial, la Sala reitera lo dispuesto en otras sentencias sobre el mismo tema y en relación con la misma empresa, señalando que la empresa no aportó justificación de la diferencia de trato no tratándose de un complemento con una cuantía estable y consolidada, sino que sólo lo perciben un grupo de trabajadores y se va revalorizando anualmente en caso de ascensos con repercusión en la cuantía salarial y a efectos de prestaciones.
Resumen: La cuestión que resuelve la sentencia comentada consiste en determinar si existe en la estructura salarial de la empresa una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, establecida como consecuencia de su fecha de ingreso en la empresa y proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que conllevaría diferencias salariales con repercusión, entre otros extremos, en la indemnización por despido. La sentencia confirma su existencia y desestima el recurso de la empresa, porque no se trata de un complemento con una cuantía estable y consolidada, sino que el complemento que solo percibe un grupo de trabajadores, se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras de la acción protectora de la seguridad social pactadas en los convenios colectivos, sin que por parte de la empleadora se aporten ni siquiera indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa.
Resumen: Presenta el INSS demanda de revisión de sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que reconoce en favor de la demandada el derecho a percibir pensión de viudedad, firme al no haber sido recurrida. En la solicitud de la pensión la interesada contestó que SI a la pregunta de si se había vuelto a casar tras su relación con el fallecido. En fase de ejecución de sentencia se le requiere la aportación del certificado literal de nacimiento, que fue presentado, y en el que consta que contrajo nuevo matrimonio. Ante el TS sostiene el INSS que dicho certificado es un documento decisivo al que no ha tenido acceso durante la tramitación del procedimiento, y que, siendo de fecha anterior, no ha llegado a su conocimiento hasta después de haber quedado firme la sentencia. La Sala IV refiere doctrina sobre la revisión y, en concreto, sobre los criterios para que un documento pueda servir a tal fin, y concluye que en el caso no concurren porque lo decisivo no es el certificado, sino el hecho de que la beneficiaria hubiera contraído un segundo matrimonio tras divorciarse del causante, y esa información ya obraba en poder de la Entidad Gestora desde la fecha misma de presentación del impreso de solicitud.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia del Juzgado, desestimando el recurso del demandante contra la sentencia que declara el despido procedente de su despido disciplinario, basado en que, siendo el encargado en una empresa de sacrificio de animales y debiendo de usar la pistola que aturde a los animales ante de su sacrificio, requisito impuesto por la normativa europea, procedía a apuntar al suelo y no al animal cuando pasaba por su puesto, contabilizándose automáticamente tales disparos. El Juzgado consideró que existía una denuncia en los medios de comunicación sobre tal irregularidad y que se le causó grave perjuicio. En el recurso se pretende la nulidad de actuaciones por dos motivos. Uno, por considerar ilegal la grabación de vídeo que difundió un medio de comunicación con respecto de la actividad del demandante y ello porque el Juzgado no se basa en tal prueba, sino en testifical y un dictamen, aparte de que la recurrente invoca la doctrina López Ripalda que no era firme (luego la sentencia de instancia fue revocada por la Gran Sala). Otro, alegando que se ha atacado la inmediación, lo que no es del caso, pues el Juzgador se basó en los tipos de prueba ya explicados. Seguidamente examina las reformas fácticas que también se proponen en el recurso, desestimándolas. Y finalmente considera lo imputado al trabajador debidamente probado, siendo un incumplimiento lo suficientemente grave y culpable como para justificar un despido disciplinario.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia confirma el pronunciamiento judicial de despido disciplinario nulo que se contiene en la sentencia recurrida, impugnada por la empresa. Tras examinar la diversa reforma fáctica que se propone en recurso, estimando una parte de la misma, considera que el Juzgador indebidamente apreció la existencia de un panorama suficiente de que el despido obedecía a represalia empresarial por ejercer acciones judiciales contra la misma, pues es insuficiente, por lejano o único, el indicio de que dos años antes del despido la demandante hubiese sido despedida, si bien se llegó a acuerdo conciliatorio readmisorio. En consecuencia, no procedía invertir la carga de la prueba, imponiendo al empresario la carga de probar móvil ajeno al de ataque a la garantía de indemnidad que protege el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la demandante. Ahora bien, la demandante fue despedida antes del año en que terminó su licencia por lactancia, tras ser madre y entendiendo la Sala que el despido estaba injustificado, considera que se ha de mantener aquella calificación dado que así está previsto legalmente en tal caso, salvo que se declare procedente. La empresa la despidió por hacer actividades incompatibles en proceso de incapacidad temporal, basándose en un informe de detectives que encargó una mutua, pues se le repuso judicialmente en la prestación suspendida por la mutua y no se aprecia que haya realizado ese tipo de actividades durante su baja