Resumen: El Tribunal estima en parte la petición de medidas cautelarísimas sin audiencia a la otra parte. Son relativas al test adecuados para la comprobación de infección por el coronavirus COVID 19, equipos de protección individual (gafas, mascarillas, guantes y ropa de protección) y limpieza de la ropa de trabajo usada en los términos que prevé el oportuno protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad en relación con el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales y en relación a cuatro empresas de transporte de personas en ambulancias. La petición se dirige también contra el Gobierno Vasco y varias mutuas de trabajo que el auto considera que no han de responder de implantar esas medidas y si las empresas que han de garantizar la salud de sus trabajadores aún y en caso de estado de alarma. La Sala recuerda varios precedentes que ya hicieron ver la pervivencia de esa obligación en tal caso e incluso en relación a alguna de esas empresas. Resalta que no proceden todas las medidas en términos generales y para todos los trabajadores, sino considerando las diversas clasificaciones de tal personal, según su grado de exposición al agente provocador de la infección, que, a su vez, determina la adopción de una serie de medidas distintas según los casos, fijando un plazo de 24 horas para que se cumpla con aquello, al entender que existen indicios de incumplimiento. La medida durará un máximo de 20 días si no se presenta demanda complementaria.
Resumen: Para acreditar que se reúne la condición de víctima de violencia de género en el momento de la separación o el divorcio, a los efectos de percibir la pensión de viudedad, es necesario que concurran los siguientes elementos: elemento instrumental, que consiste en que debe acreditarse la realidad a través de medios probatorios jurídicamente válidos; el elemento material, a saber, ser víctima de violencia de su ex pareja; y, el elemento cronológico, es decir, que exista violencia de género en el momento de producirse la separación o el divorcio. La controversia suscitada en autos se centra en determinar si, habiendo recaído sentencia absolutoria en la jurisdicción penal sobre la invocada violencia de género, se puede acreditar la existencia de la misma por otros medios. Y declara la sentencia que se examina que tiene derecho la actora a percibir la pensión de viudedad, con base en los informes técnicos de diversa naturaleza, que se adjuntaron en el proceso penal, tales como las pruebas periciales psicológicas y los informes forenses, de los que se derivaba la existencia de un estrés postraumático en la interesada compatible con un maltrato físico y psíquico. En efecto, una cosa es que en el proceso penal se entendiese que no constaban ciertos hechos, o que constando no constituían delito y, otra muy distinta que otras evidencias coetáneas no puedan considerarse a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad.
Resumen: Para la delimitación entre el arrendamiento de servicios y la relación laboral, debe tenerse en cuenta que, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo, nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. En sentido contrario, para la declaración de existencia de arrendamiento de servicios y no de una relación laboral, se exige que la prestación del demandante se limite a la práctica de actos profesionales concretos, sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, órdenes o, instrucciones, practicando su trabajo con entera libertad; esto es, realizando su trabajo con independencia y asunción del riesgo empresarial inherente a toda actividad de esta naturaleza.- Las actas de la inspección de trabajo tienen presunción de certeza, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas.
Resumen: La juez "a quo" con análisis de los padecimientos: Nefropatía IgA. Clasificación de Oxford: M1 S0 E1 T0. Dolores articulares. Y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes: Nefropatía IgA. Ingreso de 19-06 a30-06-2017 debido a proteinuria en rango nefrótico. Probable glomerulopatía en paciente con leve deterioro de función renal y hematuria microscópica de larga evolución. Estudio inmunológico dentro de la normalidad. Revisiones periódicas nefrológicas, octubre 2018 Fr. 47 ml/min. No edemas. Coxalgia y gonalgias. Osteoporosis. Limitación para esfuerzos moderados/intensos, estima que está incapacitado para su trabajo de fontanero como se acogió en la resolución administrativa, dadas las exigencias de demanda física y prolongada jornada que tal profesión tiene pues está limitado para esfuerzos moderados u- intensos, pero no para tareas livianas sin gran demanda física ni posturas forzadas. Así las cosas, tiene que coincidir la Sala con el parecer mantenido en la sentencia de instancia si el beneficiario conserva aptitudes físicas suficientes para el desempeño de una actividad laboral, con demanda física leve. En la situación a fecha del proceso se ha de concluir que la sentencia recurrida no incurre en la infracción legal denunciada sin que quepa atender a las argumentaciones que en el recurso se contienen sobre el contenido del informe del EVI aunque se hubiera recogido la pretensión de revisión fáctica pues los dolores pueden resolverse con analgésicos.
Resumen: La duración de 12 meses legalmente contemplada resulta indisponible para la autonomía colectiva, encuentra justificación razonable y resulta proporcionada a la finalidad legítima perseguida por el legislador, vinculada a objetivos de la política de empleo.
Resumen: Un sindicato presenta demanda contra la Administración sanitaria autonómica (Osakidetza-Servicio Vasco de Salud) por la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en la que pretende que se le condene a la demandada por conculcar el derecho fundamental a la vida e integridad física de su personal en razón de imponer la personal administrativo no sanitario la función de de las llamadas funciones de "screaning" o cribado en los diversos centros al recibir a personas que maniifiestan dudas o síntomas de estar infectados con el coronavirus COVID C-19, instando en la misma demanda que se dicte una medida cautelar sin ser oída la demandada y de forma inmediata por razones de urgencia por la que se le imponga a la demandada de inmediato que no haga ese cribado y además se le hagan los correspondientes test de determinación de tal infección al personal indicado que haya tenido que realizar tales medidas. La Sala considera su competencia, aún y no distinguirse entre los empleados de la demandada que sean laborales, estatutarios o funcionarios y asumiendo que si que existe urgencia en la adopción de la medida (periculum in mora) en razón de las circunstancias concurrentes y los riesgos derivados de una eventual exposición al indicado agente patógeno, deniega la medida, al entender que no concure el requisito de apariencia de buen derecho, puesto que no está claro que, entre las funciones de tal personal, no deba realizar las indicadas.
Resumen: Contra la sentencia de instancia, que desestimó la demanda en solicitud de reintegro de gastos por tratamiento médico de la demandante fuera del sistema de la Sanidad Pública, recurre aquella en suplicación en un único motivo al amparo del artículo 193 c) de la LRJS. tras la alegación de vulneración de normas sin efectuar mayor razonamiento y fundamentación en relación a cómo han podido ser infringidas dichas normas y preceptos por la sentencia recurrida, lo que debería llevar a la desestimación del recurso sin más por motivos formales. La recurrente no indica en el recurso cuál de los apartados del artículo 43 de la Constitución española se han vulnerado, estableciendo sólo una referencia al " derecho a la salud ", lo que tiene sin lugar a dudas un carácter genérico y programático que no puede fundamentar el recurso de suplicación. En cuanto a la vulneración del artículo 94.1 de la ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, mal se ha podido hacer por la sentencia de instancia si estaba derogada expresamente por el Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio. En cuanto a la inaplicación por la sentencia de instancia del artículo 10. 14 de la ley General de Sanidad, se trata de una norma en " blanco" que deben integrarse por las disposiciones reglamentarias que al respecto se dicten, no estableciéndose en el recurso cuál de estas pudieran haber sido las infringidas.
Resumen: El trabajador demandante fue despedido imputándole desobediencia asi como amenazas e insultos a su encargado. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda y se declara el despido procedente. Se interpone recurso de Suplicación por el trabajador que es desestimado. Desestima la Sala en primer lugar la revisión de hechos solicita y entrados a conocer sobre el fondo y partiendo de los hechos declarados probados no solo de los actos de desobediencia sino de las amanenzas que el trabajador realizó a su encargado además de forma reinterada, considera que reviste la suficiente gravedad como para que sea merecedor de la sanción de despido.
Resumen: Un ayuntamiento adjudica a una empresa la atención padronal al ciudadano hasta entonces llevada a cabo por funcionarios municipales.El Ayuntamiento fijó horario, cedió lugar de trabajo en las dependencias municipales y el mobiliario correspondiente así como los elementos informáticos necesarios. Un único funcionario del Ayuntamiento supervisaba el servicio que desempeñaban en exclusiva los trabajadores d ela empresa subcontratada. La Inspección de Trabajo apreció cesión ilegal y levanto acta de infracción adquiriendo firmeza la sanción impuesta.La empresa extinguió el contrato de la demandanmte por no haberse renovado el contrato municipal. En la sentencia se calificó el acto de despido nulo con readmisión de la demandante en el Ayuntamiento con el carácter de indefinida no fija. La trabajadora recurre solicitando se aprecie nulidad por infracción de derechos fundamentales a la igualdad y tutela judicial efectiva por vulneración del derecho de indemnidad, que la Sala rechaza por falta de término de comparación adecuado el primero y en cuanto al segundo por derivar el despido no como reacción a la reclamación de la trabajadora de su condición de indefinida no fija del Ayuntamiento sino por la no renovación del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa en la que prestaba servicios. La Sala estima sin embargo el recurso del Ayuntamiento al no apreciar la existencia de cesión ilegal, por lo que la Corporación Municipal debe ser absuelta de las pretensiones formuladas.
Resumen: El trabajador demandante es despedido imputándosele una transgresión de la buena fe contractual. Es vigilante de seguridad y permaneció dormido durante el periodo que prestaba servicios. Impugna el trabajador su despido y alega también vulneración de Derechos Fundamentales, vulneración del derecho a la integridad y dignidad asi como libertad sindical. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda y se declara el despido procedente. Se interpone recurso de Suplicación por el trabajador que es desestimado por la Sala. La Sala desestima los motivos de nulidad y revisión de hechos y entrando a conocer sobre el fondo desestima el recurso . ASi se entiende por la Sala que los hechos imputados al trabajador revisten la suficiente gravedad y culpabilidad para ser merecedores del despido y que no se ha aportado indicio alguno de la vulneración de los derechos fundamentales alegados.