Resumen: La cuestión se centra en determinar el derecho del trabajador a ser repuesto en el anterior puesto y categoría ostentado antes de la recolocación como medidas adoptadas en expediente de despido colectivo que fue declarado nulo cuando existe una sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, con alcance de cosa juzgada. Se denuncia la infracción de los arts. 160.5 de la LRJS y 222 de la LEC y la doctrina de esta Sala, relativa a la eficacia de la cosa juzgada. La cuestión objeto de debate ha sido ya resuelta por esta Sala. Los procesos individuales que vengan referidos a la misma cuestión están afectados por lo que en el proceso de conflicto colectivo se haya resuelto y desestimándose la cuestión de fondo, lo mismo debe decidirse en aquéllos. La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa nos lleva a casar la sentencia recurrida al encontrarnos ante un trabajador afectado por las medidas alternativas de referencia, objeto del proceso de despido colectivo y del posterior conflicto colectivo en la que se impugnaron.La AN no declaró la nulidad de las medidas alternativas en el proceso de conflicto colectivo sino que entendió que la valoración jurídica de las mismas fueron examinadas en el proceso de despido colectivo con el resultado que indica y aquí hemos recogido y por ello consideró que el debate que traía el conflicto colectivo ya estaba resuelto en el proceso de despido. Y ese alcance es el que, por la vía de cosa juzgada excluyente, confirmó la Sala.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía, mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2008, sin que en el momento de presentar la demanda rectora de las actuaciones la plaza ocupada haya sido cubierta reglamentariamente. La sentencia de suplicación confirmó la sentencia de instancia que estimó la demanda, y declara el carácter indefinido no fijo de la relación que une a las partes. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS entiende que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático ni implica la novación de los contratos de interinidad por vacante en indefinidos no fijo. La Sala estima el recurso, no apreciándose irregularidad alguna en el proceder de la Administración. Declara que las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo quedaron paralizadas por la grave crisis económica que sufrió España en esa época y que dio lugar a numerosas disposiciones limitando los gastos públicos, que tuvieron incidencia directa en el gasto de personal y convocatorias de empleo público, por cuanto prohibieron la incorporación de personal nuevo, aunque fuese temporal y las convocatorias de procesos selectivos para cubrir plazas vacantes, aunque fuese de puestos ocupados interinamente y en proceso de consolidación de empleo.
Resumen: La Sala precisa que se dilucida la competencia de del TSJ para conocer de la pretensión del sindicato articulada en escrito de 31-03-20 sobre medidas cautelarísimas inaudita parte y que dicha pretensión se articula antes de presentar demanda, por lo que se desconoce el contenido pueda llegar a tener, limitándose la resolución a lo que es su estricto objeto procesal, que es la competencia para resolver sobre la solicitud previa de estas medidas. Seguidamente exhaustivamente examina el escrito de solicitud de las medidas, detallando las deficiencias y contradicciones que impedían un pronunciamiento sobre la cuestión las alegaciones realizadas ante la Sala concluyeron con el auto recurrido El recurso por el MF se rechaza porque se entiende que decisión procesal tan relevante como la de elección del procedimiento de conflicto colectivo corresponde solamente a la parte y no puede ser adoptada de oficio. El recurso del sindicato CSIF se rechaza porque no se puede entender que el hecho de que se marcara la casilla de Lexnet correspondiente a conflicto colectivo, tenga alguna eficacia porque se trata de un documento de gestión administrativo sin valor procesal y afirma que CSIF se intenta prevaler de no haber presentado la demanda todavía cundo se trata de medidas cautelares excepcionales, obligando la LEC a presentar la demanda en los 20 días siguientes a su adopción, lo que no ha sucedido y que esa la falta de presentación transcurrido ese plazo dejad a la medida sin objeto.
Resumen: La trabajadora que viene trabajado en turno de tarde, solicita una reducción de jornada por cuidado de hijo con discapacidad física y concreción horaria en el turno de mañana, alga discriminación por razón de sexo y una indemnización por daños de 3500€. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación también se desestima por la Sala. Se argumenta por la Sala que el derecho a la concrección horaria lo es dentro del horario habitual y en su caso como se regule convencionalmente y en este supuesto la concreción horaria, en el convenio de aplicación lo es dentro del horario habitual, por lo que la trabajadora demandante solo tendrá derecho a la concreción horaria en su horario habitual , que es el turno de mañana, sin que la decisión empresarial impugnada vulnere el derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo.
Resumen: Recurre UTE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA CENTRO LEY mediante dos motivos la sentencia que desestimó el recurso de suplicación frente al auto, dictado tras el incidente de readmisión, que declaró extinguida la relación laboral entre el trabajador ejecutante, y la UTE ejecutada, con efectos de dicha resolución, 8/04/2016. El 20/04/2016 por se solicita por la UTE aclaración del Auto que fue denegada el 12/05/216. El primer motivo tiene por objeto determinar el "dies a quo" para el cómputo de los plazos cuando ha recaído auto de aclaración de la sentencia, resolviendo si ha de ser el día de notificación de la sentencia o el de dicho auto de aclaración, cuestión que ya ha sido resuelto por la Sala 4ª en varios autos de queja 12-09-2018 (Rec. 18/2018), 21/01/2020 (Rec. 34/2019), que concluyen que los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de ésta. En el segundo motivo de contradicción, que tiene por objeto resolver si en el incidente de no readmisión ha de figurar, además de la empleadora del trabajador, la empresa que ha sucedido a ésta en la contrata de mantenimiento, la Sala no aprecia la existencia de contradicción ya que las sentencias parten de diferentes hechos y aplican distintos convenios colectivos.
Resumen: La cuestión que se plantea se ciñe a determinar si ha de ser calificado como nulo el despido de una trabajadora indefinida no fija a la que su empleador cesa por finalización del contrato, cuando en esa misma fecha se han extinguido treinta contratos computables, a efectos de determinar si estamos en presencia de un despido colectivo. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto al no concurrir las identidades exigidas por el art 219 LRJS. En la sentencia recurrida consta que el número de contratos extinguidos en el periodo de noventa días, computables a estos efectos, superan los treinta, en la de contraste figura que no consta como probado que los trabajadores cesados en la misma fecha que el actor, en total nueve, lo fueran sin causa lícita, partiendo de tales datos la sentencia recurrida declara la nulidad del despido, por no haberse seguido los trámites del despido colectivo, en tanto la de contraste resuelve que no procede declarar la nulidad del despido.
Resumen: El actor fue despedido por causas económicas. Se debate si la situación económica de la empresa le impedía poner a disposición del trabajador despedido la indemnización de veinte días de salario por año de servicio prevista en el art. 53 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa alegó falta de liquidez. El empleado interpuso demanda de despido contra esta empresa. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda de despido. El actor interpuso recurso de suplicación, que fue desestimado. No concurre la contradicción exigida porque en la recurrida se declaró probado que la fundación contaba con 58.492,87 euros en la cuenta en el momento de la comunicación, y comunicó el mismo día el despido a otros ocho trabajadores de la fundación, con un importe indemnizatorio global sin incluir al actor superior a 150.000 euros. En la recurrida el empleador carecía de liquidez para abonar la indemnización por despido y en la de contraste no se considera probado que la empresa tuviera falta de liquidez. Así, aunque ambos pleitos enjuician extinciones laborales acordadas en el seno del mismo despido colectivo, el Tribunal Superior de Justicia está vinculado por los hechos probados de instancia junto con las revisiones fácticas en suplicación, por lo que en este caso existe una discrepancia esencial entre el sustrato fáctico de la sentencia recurrida y el de la sentencia referencial que impide concluir que concurra el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 LRJS.
Resumen: Para que pueda equipararse la situación de incapacidad temporal a la discapacidad a efectos discriminatorios es necesario que la primera reúna la característica de duradera, concurriendo circunstancias que puedan impedir la participación de la trabajadora en la vida profesional y en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores.
Resumen: En el caso de autos, el recurrente no ha atacado el relato de hechos probados de la sentencia, en que consta que el actor ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa como operario obra civil, instalador de fibra óptica. El 05.09.2018, cuando se encontraba en una nave-almacén recogiendo material para comenzar la jornada laboral, se cayó de frente desde una escalera a una altura aproximada de 2 metros sufrió dolor en muñeca y rodilla derechas, quemaduras por fricción en nariz y frente sin desviación de tabique nasal, iniciando un proceso de incapacidad temporal por accidente de trabajo, con el diagnóstico de "contusión rodilla quemaduras faciales", del que fue dado de alta por curación el 10.10.2018. El 11.10.2018 el Servicio Público de Salud le dio de baja por incapacidad temporal, por enfermedad común, con el diagnóstico de "vértigo periférico". No se ha acreditado la conexión causal entre la patología contusión rodilla y vértigo periférico, más allá de las suposiciones del INSS que lo achaca a un golpe en la cabeza y que, sin otra base, en modo alguno puede desvirtuar la convicción soberana del juzgador de instancia.
Resumen: No deben confundirse las meras sospechas con la constatación cierta e inequívoca de la comisión de los hechos susceptibles de ser sancionados, siendo esta ultima la que determina el inicio del computo del plazo.