Resumen: RCO: El Comité de empresa de los Consorcios de UTEDLT prov. de Jaén, incorporados al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), reclaman los incentivos de los años 2015, 16 y 17 previstos en el CC UTEDLT. El TS remite a su STS de 26-2-2019 (R. 185/17), relativo a la prov. de Granada, donde se dijo que el SAE se subrogó completamente en la posición contractual de cada Consorcio UTEDLT, lo que implica que asumió sus obligaciones, incluidas las previstas en el CC, cuya vigencia no ha sido puesta en duda; y se aplica el efecto positivo de la cosa juzgada al apreciar la Sala las identidades requeridas por el artículo 222.4 LEC porque la STS 18 de febrero de 2014 (R. 228/13) abordó el derecho al percibo de los incentivos que ahora se reclaman, por anualidades diferentes. El hecho de que las funciones que realizan los trabajadores en el SAE sean distintas de las que realizaban en los Consorcios no es más que una afirmación genérica, a la que le falta un adecuado reflejo en los hechos probados, que por sí misma no excluye de la obligación de cumplir el CC. Estima el recurso del Comité de Empresa, y estima parcialmente la demanda, limitando el percibo de los incentivos al período en el que el CC haya estado vigente.
Resumen: Se plantea si la empresa no ha activado el protocolo de actuación frente al acoso laboral y incumpliendo con ello las normas de prevención de riesgos laborales solicitando una indemnización por daños. Por el Juzgado de lo Social se estima en parte la demanda, pues aminora la indemnización solicitada, entendiendo que se ha incumplido las normas de prevención al no haber activado el protocolo sobre acoso. Se interpone recurso por la empresa que es desestimado y por la trabajadora que solicita una mayor indemnización. La Sala de lo Social desestima ambos. En cuanto al recurso de la empresa , partiendo de los hechos declarado probados considera la Sala que la empresa, que tenia conocimiento de los hecho por las denuncias efectuadas por la trabajadora no activó el protocolo sobre acoso. Y en cuanto al recurso de la trabajadora entiende que que la indemnización fijada en la sentencia es ajustada a derecho, sin que sea de obligado aplicar el Baremos sobre indemnización por accidentes de tráfico.
Resumen: A la actora que trabajó para ENDESA SA desde el 01-11-88 le fue concedida una excedencia especial con efectos de 12-04-93 para trabajar en ELCOGAS. El contrato con ELCOGAS se extinguió en virtud de un ERE con efectos de 15-03-16, reingresando en ENDESA con efectos de 03-05-16. La Sala sostiene que los Acuerdos complementarios sobre los procesos de reordenación societaria y reorganización empresarial del grupo Endesa -BOE de 22.02.00 y de 14.06.02- establecen que se aplicarán al personal que preste o hubiere prestado servicios en cualquiera de las empresas del grupo, detallando las empresas del grupo a que resultarían aplicables, no incluyendo a ELCOGÁS, que no consta formase parte de las empresas del grupo Endesa y además que en los sucesivos Acuerdos sobre reordenación societaria, la previsión relativa al deber de respetar las condiciones más favorables del convenio de origen estaba condicionada a que existiesen compromisos -por parte de las empresas del grupo afectadas por la reordenación- sobre mantenimiento de complementos personales u otros compromisos de pago o prestación y tampoco ocurriría en el caso de la actora, en que el único compromiso de ENDESA fue el de reincorporarla inmediatamente a un puesto de trabajo de su actual categoría en el centro de trabajo de Madrid y no a mantener sus complementos personales u otros abonos que tuviera en el momento de dicha excedencia, por lo que le sería aplicable el IV Convenio Marco del grupo Endesa.
Resumen: La trabajadora demandante que había sido contratada como becaria acciona frente a la decisión de la empresa de dar pro finalizada la prestación de servicios por entender que realmente no no prestado sus servicios como becaria sino como una relación ordinaria y que la finalización en la prestación de servicios debe calificarse de despido. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación por la demandante se estima. Se argumenta por la Sala que partiendo de la realidad de los hechos la actora no ha recibido formación alguna como becaria sino que por el contrario su actividad en la empresa ha sido como la de cualquier trabajador de la empresa realizando cometidos normales y habituales de la empresa sin recibir formación alguna y supliendo la activada de otro trabajador de la empresa, por lo que entiende que estamos ante una relación laboral común y el cese de la trabajadora debe calificarse como despido improcedente.
Resumen: KONECTA BTO tiene contratada la prestación de servicio con JAZZTEL de la campaña de la campaña ONO FACTURA ÚNICA -2 servicios- uno, de recuperación de impagados y otro desactivación/desastivación, que se desarrolló desde el inicio de lunes a viernes. A partir de 06-17 procede al "dimensionamiento" de la campaña y se pasa a trabajar 1 de cada 3 fines de semana. Inadecuación de procedimiento. En la campaña trabajan 37 empleados, -de los cuales 27 trabajadores ya han trabajado fines de semana- ocupando el centro de la CAM más de 300 trabajadores: se rechaza se parte de datos contradictorios con los del relato fáctico. Existencia de una condición más beneficiosa. La Sala siguiendo la doctrina del TS y el criterio sostenido en otra STSJ en la que también todos los empleados tenían pactada la distribución irregular de su jornada de lunes a domingo -cuya posibilidad preveía el mismo convenio de contact center- considera que no puede considerarse que exista una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ni que por tanto se haya de declarar la nulidad de la decisión empresarial por no haberse cumplido los requisitos formales legalmente exigidos, o la improcedencia de dicha decisión porque no consta la voluntad inequívoca de concesión que exige una condición más beneficiosa, siendo relevante el contenido de los contratos individuales y la previsión que recoge el convenio colectivo.
Resumen: El trabajador demandante impugna el despido por causas objetivas, organizativas y productivas que ha sido objeto, alegando que habiéndose sobrepasado los umbrales numéricos del despido colectivo se debería declarar el despido nulo. Cuestiona también la concurrencia de la causa asi como que su despido supone una discriminación y una represalia por sus reclamaciones. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda, interpuesto recurso de Suplicación es desestimado por la Sala. Se argumenta por esta que partiendo de la fecha del despido para calcular el periodo de los 90 días y con ello el número de trabajadores despedidos no estaríamos ante un despido colectivo. Entiende también la Sala que concurría la causa pues así fue en su día pactado por la empresa y los representantes de los trabajadores . También entiende la Sala que no se ha vulnerado el derecho a la garantía de indemnidad ni discriminación alguna en cuanto en la elección del trabajador.
Resumen: Corresponde al trabajador aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental. Sólo una vez cubierto este presupuesto, recae sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión. Dentro del contenido del derecho de libertad sindical reconocido en el artículo 28.1 CE se encuadra el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina según la cual la resolución expresa - desestimatoria de la pretensión- dictada por el FOGASA en plazo superior a los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo. El silencio administrativo positivo constituye una resolución administrativa tácita que despliega plenos efectos e impide que una resolución expresa posterior deje sin efecto lo reconocido por aquélla y que el hecho de que lo solicitado y reconocido por silencio exceda de lo previsto legalmente, puede dar lugar a que el Fogasa pueda proceder a la revisión de oficio de conformidad con la normativa aplicable ( art. 146 LRJS). Por tanto, la pretensión deducida en el recurso no puede prosperar, por falta de contenido casacional pues la función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De esta forma la causa de inadmisión (ausencia de contenido casacional, por ser la doctrina de la sentencia recurrida acorde con la fijada por esta Sala), se transforma en causa de desestimación en el momento presente.
Resumen: Los demandantes reclamaron las correspondientes cantidades por el concepto de indemnización y salarios del Fondo de Garantía Salarial, reconociéndoles a cada uno de ellos determinadas cantidades. Interpuesta demanda para que FOGASA abonara los intereses legales de las cantidades reconocidas el Juzgado, después de rechazar la excepción de falta de jurisdicción, estimó la demanda. En suplicación se acogió la excepción y se declaró la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la reclamación de los intereses por mora, advirtiendo de la posibilidad de acudir al orden contencioso-administrativo. Los recurrentes sostienen la competencia del orden jurisdiccional social. La cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala en diversas sentencias, en las que se argumentó que los intereses dientes a una deuda reconocida constituyen los frutos civiles del importe principal adeudado (art. 354, 3º del Código Civil), que participan de la misma naturaleza y, como accesorios, siguen al principal. Derivar la reclamación de los intereses al conocimiento de otro orden jurisdiccional resultaría una interpretación formalista contraria a la finalidad de la norma, y excesiva, con solo tener en cuenta que la responsabilidad patrimonial de la Administración tiene su propio procedimiento administrativo previo al judicial. Se declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer las reclamaciones por intereses de demora contra el FGS.
Resumen: El TS estima la demanda de revisión formulada por la representación de la empresa por maquinación fraudulenta. Tras referir la doctrina aplicable, la Sala IV concluye que en el caso concurre negligencia en la ocultación por la demandante del domicilio real de la demandada a sabiendas. En un principio, la conducta de la trabajadora no era maliciosa ni incurría en defecto alguno cuando proporcionó en demanda el domicilio que en los registros públicos constaba. Y con base en ese conocimiento y tras las infructuosas localizaciones de la parte demandada, el órgano judicial, sin más requerimiento, citó a la demandada por edictos. Ahora bien, a lo largo del proceso se ha generado una conducta por la parte actora que se aleja del ordinario y exigible deber de buena fe procesal para llegar a calificarse de maquinación fraudulenta, porque una vez fue conocedora del nuevo domicilio no lo puso en conocimiento del juzgado, impidiendo con ello que la parte demandada hubiera sido citada para la fecha prevista para el acto de juicio, y tampoco hizo manifestación en ese sentido el día que asistió al acto de juicio y ante la incomparecencia de la parte demandada. A ello no obsta que la empresa no diera exacto cumplimiento de las exigencias que en materia de identificación del domicilio social se establecen en los registros públicos y oficiales.