Resumen: La sentencia comentada desestima la demanda de revisión por la falta de agotamiento de los recursos legalmente establecidos (subsidiariedad) y por caducidad de la acción. Así, no consta que la parte interpusiera recurso alguno frente a la sentencia del Juzgado de lo Social cuya revisión se pretende, cuando dicha sentencia era susceptible de recurso de suplicación. Por otra parte, dicha sentencia se dictó en fecha 10-6-14; y los documentos en que la demandante pretende sustentar la revisión fueron peticionados por la propia parte en esa misma anualidad y obtenidos en noviembre y diciembre de ese año 2014, mientras que la demanda de revisión se articula cuatro años más tarde, sin que de las alegaciones ofrecidas pueda inferirse el sustento o la justificación de esta tardía presentación, ni tampoco la imposibilidad de efectuarlo. A lo que habría que añadir la imprecisión acerca del momento en que la parte actora tiene conocimiento de la eventual testifical que refiere, amén de la carencia absoluta acerca de las razones que pudieran haber imposibilitado su obtención con anterioridad, cuando el hecho al que alude está datado en 2009.
Resumen: El actor que es Controlador Aéreo el 10-11-17 comunicó a la empresa que el 26-04-18 cumpliría 65 años pero que no deseaba jubilarse. El 21-11-17 se acuerda su cese por jubilación obligatoria, con efectos de 26-10-18. Nulidad de la SJS por denegar prueba documental referida a las altas y bajas en la Seguridad Social en 2018 de empleados de su categoría. Se rechaza por no incidir en el resultado del pleito. Jubilación forzosa. La Sala entiende que la edad de jubilación de los controladores aéreos a los 65 años que figura en el Convenio colectivo de AENA y en la Ley 9/2010 está justificada, porque tiene relevancia en el desempeño de la profesión de controladores de tránsito aéreo, hasta el punto que el legislador ha considerado preciso establecer que, por razones de seguridad, que constituye un bien jurídico protegible, se jubilen al alcanzar los 65 años, añadiendo que el hecho que desempeñe un puesto no operativo es intrascendente porque la norma no distingue entre puestos de trabajo dado que la exigencia de jubilación forzosa se fija respecto de todos los controladores de tránsito aéreo y el hecho que no desempeñe un puesto de trabajo operativo al momento de su jubilación forzosa no significa que no esté sometido a los elementos objetivos esenciales que deterioran las funciones cognitivas del ser humano y que no suponga un riesgo para la seguridad aérea, estando justificada objetiva y razonablemente en términos de seguridad aérea la fijación de esa edad de jubilación.
Resumen: El Juzgado de lo Social desestima la demanda sobre despidos disciplinaria, declarando el mismo procedente, entendiendo que los hechos imputados al actor en la carta de despido constituían una conducta que podía calificarse de acoso sexual a una compañera de trabajo. Se interpone recurso de Suplicación por el trabajador , que es desestimado por la Sala. La Sala que desestima la revisión de hechos probados solicita, analiza la conducta del actor partiendo de los hechos declarados probados llegando a la conclusión que los mismos constituyen un acoso sexual a una compañera de trabajo que atentan contra su dignidad.Y que tal conducta reviste la suficiente gravedad como para ser merecedora de la sanción de despido siendo esta proporcionada sin que proceda su graduación.
Resumen: La empresa procedió a despedir al trabajador demandante , junto a otros ocho trabajadores de la misma sección, por causas objetivas ( técnicas y organizativas) argumentando que se habían adquirido dos máquinas nuevas con una mayor productividad y que no seria necesario el trabajo del actor. Por el Juzgado de los Social se estima la demanda y se declara el despido improcedente. Interpuesto recurso de Suplicación por la empresa es desestimado por la Sala. Por la Sala se hace una amplia referencia a la doctrina del Tribunal Supremo sobre despido por causas objetivas ( económicas, técnicas, organizativas y de producción), así como el juicio de razonabilidad que le corresponde realizar a los jueces. LLegando a la conclusión quedado probado que la adquisición de nueva maquinaria conlleve la necesidad de suprimir y despedir a nueve trabajadores no habiendo quedado que la medida sea razonable y proporcional, teniendo en cuenta que en la empresa se realizan horas extraordinarias y la contratación de personal a través de una empresa de Trabajo Temporal
Resumen: El Tribunal desestima el recurso del demandante contra la sentencia que declara despido improcedente el fin del contrato temporal por obra o servicio determinado que le unía con la demandada. Con el recurso, se pretende la nulidad del despido, considerando que el mismo es una represalia al hecho de que el demandante sea delegado sindical en la empresa, lo que la Sala rechaza. Da por reproducida la jurisprudencia expuesta en la sentencia recurrida en la resolución impugnada sobre la garantía de indemnidad que protege esa libertad pública, el especial juego de las reglas sobre la carga de la prueba y la exigencia de panorama indiciario suficiente para imponer a la empresa la carga de probar móvil ajeno al represor, para seguidamente confirmar aquel fallo, pues entiende que queda relativizada tal alegación por el hecho de que, a la vez, fuesen cesados otros 13 de los 24 temporales que existían, el demandante todavía fue llamado tres días mas al mes siguiente y al final de ese mes, terminaron todos los contratos, menos cinco, siendo tres de ellos puestos de ingeniero, debiendo considerarse que ya se había pasado la temporada de incendios sobre la que se centraba la actividad de la contrata. Desecha el argumento de que el demandante sea el único fijo discontinuo en la empresa, lo que vincula a la falta de éxito de una reforma fáctica, basada en un documento que se aporta con el recurso y que la Sala rechaza, por ser hecho posterior,examinando el resto de reformas fácticas.
Resumen: La trabajadora demandante solicita una reducción de jornada por cuidado de hijo menor y concreción horaria para realizar la jornada de trabajo en turno de mañana, venia prestando sus servicios en turno de mañana y tarde , alega también discriminación y solicita indemnización por daños mas de 3000€. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación es estimado parcialmente por la Sala. Le reconoce la Sala el derecho a la reducción de jornada y concreción horaria solicitada para que preste sus servicios en turnos de mañana, argumentándose por la Sala que la empresa no habría probado la imposibilidad de acceder a la lo solicita ni que hubiera causas organizativas que lo impidieran. En cuanto a la cuantía por indemnización por daños morales los cuantifica la Sala aplicando como referencia la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Resumen: RCUD: Se plantea el efecto jurídico que despliega el silencio administrativo positivo en orden al reconocimiento y pago de las prestaciones de garantía salarial por el FOGASA cuando lo postulado excede los límites establecidos en el art. 33 ET. La Sala IV indica que la cuestión ya la ha resuelto en numerosas sentencias, cuyo criterio debe de reproducir por elementales razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley [SSTS 18-5-2018 (R. 2618/2017), entre otras muchas, con base en la doctrina del Pleno de 20-4-2017 (R. 701/2016 y 669/2016)]. Y de acuerdo con el mismo, se viene a concluir que el FOGASA está obligado a resolver en el plazo previsto en su propia norma de funcionamiento (RD 505/1985). Si no lo hace, es la propia ley (LRJPAC) la que establece que la solicitud del interesado ha sido estimada por silencio administrativo (resolución tácita equiparada legalmente a resolución expresa) y es también la ley la que prevé que, posteriormente, tal resolución presunta no puede dejarse sin efecto por la propia Administración al establecer que "en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo". En consecuencia, se estima el recurso del trabajador.
Resumen: Los empleados de PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL del centro de TELEFÓNICA LAS TABLAS percibían un complemento salarial mensual fijo de 100 € -ya lo abonaba la anterior adjudicataria- que se dejó de abonar en mayo de 2018, al llevar a cabo la empresa el incremento salarial previsto en el nuevo Convenio Estatal de Empresas de Seguridad. Falta de agotamiento del trámite previo ante la Comisión Paritaria del Convenio. Rechaza la pretensión: porque se celebró acto de conciliación ante el Instituto Laboral de la CAM -sin avenencia-, lo que, junto a la postura de oposición de la empresa en el juicio, se desprende su inutilidad, tratándose de una mera duplicidad de trámites preprocesales innecesaria; el requisito carece de contenido casacional, y la discrepancia no afecta a la interpretación, vigilancia o aplicación del convenio, sino que es una alteración de las condiciones de trabajo ajena al Convenio. Compensación y absorción. Se rechaza, es un complemento salarial de puesto de trabajo ligado a la prestación de servicios en el centro de Telefónica-Las Tablas, por lo que no existe la homogeneidad entre el complemento que compensa el desplazamiento al lugar de trabajo y los conceptos retributivos puestos en comparación para que opere la compensación y absorción, máxime cuando se trata de un complemento establecido por la empresa principal, que ésta sufraga y abona directamente a la adjudicataria, circunstancias que no se niegan ni intentan desvirtuar.
Resumen: La actora tiene una relación laboral fija desde el 01-09-93 y hasta el presente proceso no ha accionado reclamando una categoría superior. La prescripción de la acción basada en el indebido encuadramiento inicial de la actora. La Sala señala que el ET dispone que las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado un plazo especial prescribirán al año y que en este caso el plazo debe computarse a partir del encuadramiento de los trabajadores en las respectivas categorías previstas en el Convenio Colectivo, a su entrada en vigor, porque el reconocimiento de una categoría mediante el encuadramiento inicial es de tracto único, al igual que el reconocimiento mediante un nuevo sistema de clasificación profesional y por ello la acción de clasificación profesional debe entenderse prescrita y añade que la reclasificación con base en el indebido encuadramiento inicial no es de aplicación en la Administración porque supondría la vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva, además de conculcar la norma presupuestaria, sin que proceda el reconocimiento de una categoría profesional sin superar los procesos marcados por la ley. Diferencias salariales por realizar tareas de categoría superior. La carga de la prueba recayó en la actora y la SJS afirma que ha realizado las funciones esenciales de la categoría de oficial administrativo y no puede prevalecer en un recurso extraordinario el criterio del recurrente sobre el del Juez de instancia.
Resumen: Procede revocar en parte la sanción impuesta, pues la falta cometida no ha sido adecuadamente calificada, constituyendo los hechos falta leve conforme a las normas del convenio aplicable. Sin embargo, dado que las conductas imputadas se cometieron los días 5 y 6 de junio de 2017 y que la carta de comunicación de la imposición de la sanción es de fecha 26 de junio de 2017, es visto que la falta ha prescrito y ya no puede ser objeto de sanción, razón por la que procede la condena a la empresa al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción indebidamente impuesta.