Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior, se resuelve la cuestión relativa a cuál es la legislación aplicable, si la vigente antes de la entrada en vigor del RD-Ley 20/2012, que fijaba el módulo salarial para el cálculo de la indemnización en el triple del SMI, o la posterior, aplicando el límite del doble del SMI, cuando el concurso se declaró con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma, pero el despido colectivo se produjo con posterioridad a la misma, en el sentido de que debe aplicarse el límite establecido en el RD-Ley 20/2012. Argumenta la Sala que en supuestos en que la empresa se halla en situación de concurso con anterioridad a la extinción de las relaciones laborales, la fecha de declaración del concurso no puede ser la determinante para fijar el momento del nacimiento de la obligación del Fogasa, porque, en tales casos, la extinción del contrato sobreviene después de dicha declaración, de ahí que en el momento de constatación de insolvencia no había nacido todavía el derecho a la indemnización frente a la empresa y tampoco frente al Fogasa. En definitiva, cuando se dicta el auto de extinción de los contratos cuando puede exigirse responsabilidad al Fogasa, siendo la norma vigente en ese momento la que determine el alcance de dicha responsabilidad.
Resumen: Se cuestiona si debe acogerse la demanda formulada por el FOGASA, al amparo del art 146 LRJS en la que solicita la revisión el acto presunto que, por silencio positivo, al no haber resuelto el citado organismo, en el plazo de tres meses, la petición de prestaciones formulada, ha generado el derecho a la percepción de determinadas prestaciones en favor de la trabajadora demandada, en los términos en que le fue reconocida en una anterior sentencia judicial firme. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda, reiterando doctrina previa. Sostiene que no cabe apreciar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, ex art 222.1 LEC. Resuelve en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada, ex art 224.4 LEC, al considerar que lo resuelto en el primer proceso, en el que se discute sobre la validez del acto administrativo presunto que se produjo porque el organismo demandado dejó transcurrir el plazo previsto normativamente para dar contestación a la petición formulada por un trabajador, aparece "como antecedente lógico" de lo que es objeto del pleito actual, siendo los mismos los litigantes. Por ello no se trata de una prestación indebida, pues es una prestación reconocida por una sentencia firme y, por lo tanto, intangible, salvo los limitados supuestos de la LEC. Lo contrario supondría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina que niega que la superación del plazo de 3 años del art. 70 del EBEP lleve inexcusablemente a tener por indefinida no fija la relación laboral, así como, por otro lado, que el pase del titular de la plaza que haya resultado seleccionado en el proceso correspondiente, a la situación de excedencia por incompatibilidad no mantiene viva la contratación de interinidad por vacante de quien se encontraba ocupando la misma. La mera superación del plazo de 3 años no comporta la conversión del contrato en uno de carácter indefinido no fijo. El precepto impone obligaciones a las administraciones públicas, pero no establece que la superación del plazo de tres años suponga la novación de los contratos de interinidad por vacante, ni tampoco que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres años, plazo que viene referido sólo a la ejecución de la oferta de empleo público. Este plazo no puede entenderse como una garantía inamovible, pues la conducta de la empleadora puede abocar a que antes de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal (supuestos de fraude o abuso). Asimismo, se declara extinguido válidamente el contrato al haber sido adjudicada la plaza que ocupaba por quien resulto adjudicatario de la misma en un proceso extraordinario de consolidación de empleo, sin que la situación de excedencia por incompatibilidad que haya obtenido su titular impida dar por extinguido el contrato de quien atendía la vacante.
Resumen: La Sala IV declara la irrecurribilidad de la sentencia recurrida, del TSJ de Madrid, que estimó la demanda de impugnación de la resolución administrativa de la Dirección General del SPEE -confirmada en alzada- por la que se reclamaba a dicha parte el ingreso de 79.315,66 €, en concepto de aportación económica correspondientes a los años 2012 y 2013 generadas por el despido colectivo en la empresa Leisure Parks SA que afectó a trabajadores de 50 o mas años. Los arts. 7 b) y 8.2 LRJS atribuyen a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y a la de la Audiencia Nacional la competencia para conocer en instancia de procesos de impugnación de los actos administrativos atribuidos al orden jurisdiccional social de las letras n) y s) del art. 2 LRJS, según sea el rango del órgano de la Administración del que dimanan. Estas sentencias pueden ser recurridas en casación ante la Sala IV. Ahora bien, la regla general de recurribilidad de las sentencias de instancia de los órganos colegiados posee una excepción que afecta, precisamente, a los procesos de impugnación de actos administrativos. Señala el art. 206.1 LRJS que se exceptúan del recurso de casación tales procesos cuando, siendo susceptibles de valoración económica, su cuantía litigiosa no excede de 150.000 €. En el presente caso, la cuantía litigiosa es de 79.315,66 €. Por ello, se estima la no recurribilidad de la sentencia y la firmeza de la misma por ser la reclamación inferior a 150.000
Resumen: La cuestión que se debate en este recurso consiste en determinar las consecuencias de que finalice una externalización de actividad accesoria (limpieza) y la empresa principal (una Administración Pública) acabe asumiéndola con personal y medios propios. La sentencia de instancia declaró el derecho de las actoras a ser subrogadas a la Consejería de Agricultura y Pesca, y en concreto al IPFP Marítimo Pesquero de Canarias, sentencia confirmada por el TSJ. La Sala IV estima el recurso del Gobierno de Canarias y declara que una Administración Pública no puede quedar afectada por lo dispuesto en un convenio sectorial del que no ha formado parte ni está representada por las Asociaciones empresariales firmantes del mismo. Añade que las vías generales para que opere la subrogación empresarial (asunción de plantilla en sectores donde la mano de obra sea fundamental; aprovechamiento de medios materiales relevantes que ya estuvieran adscritos a la contrata) no permiten sostener que debiera operar la subrogación en los contratos de trabajo. Concluye la Sala que no cabe acudir a la subrogación convencional porque la entidad que desarrolla la actividad queda fuera del campo aplicativo del convenio que la impone y ni siquiera concurre ausencia de convenio colectivo aplicable a la Administración demandada.
Resumen: La actora, que presta servicios como ayudante en ambulancia para transporte ordinario de pacientes, reclama en demanda la prestación por riesgo durante la lactancia natural. Tal pretensión fue desestimada en la instancia, confirmando tal pronunciamiento la sala de suplicación. Recurre en casación unificadora. La sala IV desestima el recurso por entender que no concurre el requisito de la comparación entre las sentencias comparadas. Así, a pesar de que ambas trabajadores prestan servicios en una ambulancia, las condiciones de trabajo y actividad desempeñada no son comparables. La actora realiza desempeña funciones de portaliteras en ambulancia para el transporte regular de enfermos, sin estar sujeta a condiciones de turnicidad, nocturnidad y disponibilidad; mientras que la trabajadora de la sentencia referencial es una enfermera del servicio de urgencias del 112, sometida a todas esas variables, e incluso a una muy superior exposición a otros riesgos adiciones por agentes químicos o biológicos, derivados de los mayores peligros que surgen de la difícil previsibilidad de su actuación, y de la necesidad de enfrentarse a inopinadas situaciones de emergencias de más difícil control. Finalmente, en la sentencia recurrida constan informes sobre evaluación de riesgos del puesto de trabajo, y tal dato no consta en la sentencia de contraste.
Resumen: El actor ha venido prestando servicios, ininterrumpidamente, para las sucesivas empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento informático en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en particular las UTE que constan y Novasoft. Es despedido por causas organizativas y de producción, al igual que el resto de la plantilla, invocando la empresa la finalización del contrato administrativo que tenía concertado con el SAS, que era su único cliente. La sentencia de instancia declara el despido nulo por haberse superado los umbrales del art. 51.1 ET y por vulneración de la garantía de indemnidad, tras apreciar la existencia de cesión ilegal. La STSJ confirma tal decisión y la condena al SAS a las consecuencias inherentes a la nulidad del despido y a la UTE Fujitsu y al SAS de manera solidaria al abono de los salarios de tramitación. Ante el TS recurren el SAS y una empresa integrante de las UTE (Ayesa), la primera desiste del recurso, y el segundo cuestiona la existencia de cesión ilegal. Pero el recurso es finalmente desestimado por el TS al apreciar falta de contradicción.
Resumen: La actora prestaba servicios como agente administrativo para Iberia, solicitando su pase voluntario a Swissport Handling, firmando la empresa y los representantes de los trabajadores acuerdo por el que la empresa se comprometía a aplicar el CC Swissport Spain SA, habiendo percibido la actora en los 12 meses anteriores, de Iberia el plus de transporte. Por sentencia de instancia se estimó parcialmente la demanda no incluyendo en el complemento ad personam el plus de transporte, sentencia confirmada en suplicación. La Sala 4ª casa y anula parcialmente la sentencia para determinar la cuantía del derecho del complemento ad personam, resolviendo la cuestión de si la garantía ad personam del art. 37 CC General Sector Servicios Asistencia en Tierra en Aeropuertos debe estar configurada con el plus de transporte, o dicho de otro modo, si el plus de transporte percibido en Iberia debe ser incluido en el cálculo del salario bruto anual que configura la garantía ad personam, en sentido positivo. Argumenta la Sala 4ª que la finalidad de la norma es que afectados por el cambio de empresario no se vean perjudicados por derechos económicos de la empresa anterior, por lo que no cabe entender que el plus de transporte percibido en Iberia deba excluirse cuando nada dice el precepto que tan sólo impone obligación a la cesionaria del deber de respetar derechos como el de “percepción económica bruta anual”, siendo irrelevante el carácter salarial o extrasalarial del plus.
Resumen: La cuestión debatida se centra en determinar si existe o no en la estructura salarial de la empresa una doble escala salarial ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que conllevaría diferencias salariales con repercusión, entre otros extremos, en la indemnización por despido individual procedente de despido colectivo entre trabajadores a consecuencia de su fecha de ingreso en la empresa. La sentencia analizada declara la existencia de doble escala salarial porque no se trata de un complemento con una cuantía estable y consolidada, sino que el complemento que solo percibe un grupo de trabajadores se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras de la acción protectora de la seguridad social pactadas en los convenios colectivos, sin que por parte de la empleadora se aporten ni siquiera indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa. Reitera y refuerza doctrina de SSTS 167/2019 de 5 marzo (rec. 1468/2018), 169/2019 de 5 marzo (rec. 2174/2018) y 224/2019 de 18 marzo (rec. 1393/2018).
Resumen: La empresa CAFET MAELCAS, S.L. presenta demanda sobre error judicial y alega que la sentencia del Juzgado cometió un error al manifestar en el Fundamento de Derecho Primero que el legal representante de la empresa había manifestado que la actora solo había trabajado a jornada completa en el mes de julio y agosto de 2016, en vez de lo que realmente dijo que fue que había trabajado a jornada completa en los meses de julio y agosto de 2012. El TSJ desestima el motivo de revisión de hechos probados en el que la mercantil pretendía modificar el hecho probado ofreciendo una redacción alternativa en la que especificaba los períodos en los que la trabajadora había prestado servicios a tiempo parcial y los que lo había hecho a tiempo completo, al entender que no puede prevalecer la documental aducida por la recurrente respecto a la prueba testifical de la que extrae sus conclusiones fácticas la Juez "a quo" que es a la que corresponde fijar los hechos de la sentencia. Concluye la Sala IV que la denegación de la revisión fáctica por parte de la Sala de Suplicación, debidamente fundada, no implica la existencia del pretendido error judicial.
