Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones solicita el sindicato actor que se declare la nulidad del acuerdo de constitución de la comisión negociadora del despido colectivo anunciado en Iberia por haber sido excluido de la misma. La sentencia impugnada desestimó la demanda al apreciar la excepción de falta de acción, dado que se alcanzó acuerdo en el periodo de consultas y el despido colectivo fue ejecutado por Iberia. Recurre la parte actora en casación ordinaria. La Sala iV desestima la revisión de los hechos probados solicitada, por no darse los requisitos jurisprudencialmente establecidos en relación con tal motivo de recurso. Y se declara que no concurre la falta de acción apreciada en la instancia, por existir un interés real y actual digno de protección. Y ello porque la demanda se presentó seis días antes de que se alcanzara el acuerdo en el periodo de consultas. Por ello, se estima el recurso, con reposición de las actuaciones al momento anterior a dictarse la sentencia impugnada, para que AN se pronuncie sobre la denuncia del derecho fundamental invocada.
Resumen: Se plantean dos cuestiones en casación unificadora: la primera, sobre la virtualidad del silencio administrativo positivo respecto de la acción protectora del FOGASA; y, la segunda, relativa a si las cantidades a cargo de dicha entidad se obtienen sobre unas deudas empresariales en bruto o sobre cantidades netas, encontrándose en concurso la empresa deudora. La Sala IV declara la falta de contenido casacional del primer motivo al haber resuelto la sentencia recurrida de conformidad con jurisprudencia reiterada. El silencio administrativo, en los supuestos en que es positivo, constituye una resolución administrativa tácita que despliega plenos efectos e impide que una resolución expresa posterior deje sin efecto lo reconocido por aquélla por lo que no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto. El hecho de que lo solicitado y reconocido por silencio exceda de lo previsto legalmente, puede dar lugar a que el FOGASA proceda a la revisión de oficio de conformidad con la normativa aplicable (art 146. LRJS). En cuanto a la segunda cuestión, se reitera que las cantidades a cargo de dicho organismo se obtienen sobre unas deudas empresariales en bruto, no sobre el neto, proyectándose el mismo silencio positivo.
Resumen: Tras presentarse demanda de conflicto colectivo con la pretensión de que se declare que todos los trabajadores de BBVA que prestan servicios como gestores comerciales y realizan funciones de gestión comercial especializada conforme a lo dispuesto en el art. 14.2.4 del Convenio colectivo, tiene derecho a ostentan como mínimo el nivel salarial 8 cuando se cumplen los requisitos fijados en la norma convencional, la AN estima la excepción de inadecuación de procedimiento y no entra a conocer del fondo de la cuestión, por entender que para conocer de la misma sería necesario analizar el concreto contenido desarrollado por cada trabajador en cada puesto de trabajo, lo que queda extramuros de dicho procedimiento. La Sala 4ª del TS revoca dicha sentencia por entender que el proceso de conflicto colectivo es el adecuado, teniendo en cuenta que lo que se pretende es una declaración genérica que afecta a un grupo homogéneo de trabajadores, sin que sea necesario descender a las circunstancias de cada trabajador.
Resumen: RCO: Por Orden del Gobierno de Aragón se ampliaban los servicios de tratamientos silvícolas prestados por la empresa SARGA; ante la necesidad de adaptaciones, la empresa y el Comité Intercentros, con asistencia de las Secciones Sindicales (SS) de CSIF; UGT, CGT y OSTA, tuvieron una reunión, alcanzándose finalmente un Acuerdo con las SS de CISF y UGT, siendo firmado el Anexo al contrato de trabajo prolongando su prestación de servicios por 370 trabajadores de los 445 afectados. El TS confirma la STSJ, dictada en proceso de tutela de derechos fundamentales promovido por las SS de CGT, CCOO, OSTA y SCS alegando preterición. Señala el TS que la actora considera vulnerado el derecho de libertad sindical porque el Acuerdo alcanzado no se ha obtenido con el Comité Intercentros, sin que se haya señalado en qué términos el mismo infringe lo dispuesto en el Convenio Colectivo. Pero no se estima. Tras referir doctrina, razona que la empresa puede alcanzar acuerdos de eficacia limitada tras el fracaso de la negociación, sin que se infrinja el derecho de libertad sindical de quienes se ausentaron de la mesa de negociación. Y reitera que los acuerdos de carácter extraestatutario obligan únicamente a los firmantes, a sus afiliados y a quienes se adhieran libremente, tratándose de una manifestación propia de la negociación colectiva, y por ello no puede lesionar el derecho de libertad sindical, en su vertiente de negociación colectiva de los sindicatos recurrentes.
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo rectora de las actuaciones se reclama por el comité de empresa de la región de Murcia frente a la demandada Cajamar la declaración de que es contraria a derecho la práctica empresarial de no establecer un sistema de registro de control de la jornada laboral de los trabajadores y de no facilitar el resumen mensual de la jornada diaria a trabajadores y el comité. La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia estima la excepción de incompetencia objetiva para conocer de la pretensión. Recurrida por la parte demandante en casación ordinaria, la Sala IV desestima la denuncia de infracción del art. 7.a de la LRJS. Se razona en la sentencia comentada que el ámbito del conflicto excede del territorio de la comunidad de Murcia puesto que afectaría, por lo menos y también, a la comunidad de Andalucía, según consta acreditado. En consecuencia, la competencia para conocer del conflicto colectivo correspondería a la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Por tanto, se desestima el recurso.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si existe en la estructura salarial de la empresa ENCE una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, establecida como consecuencia de la fecha de ingreso en la empresa y proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que conllevaría diferencias salariales con repercusión, entre otros extremos, en la indemnización por despido individual procedente de despido colectivo. La Sala IV, reitera doctrina y confirma la existencia de la doble escala salarial ilícita. Se trata de un complemento de antigüedad vinculado a la fecha de ingreso en la empresa. No se trata de un complemento con una cuantía estable y consolidada, sino que el plus que solo percibe un grupo de trabajadores, se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras de la acción protectora de la seguridad social pactadas en los convenios colectivos, sin que por parte de la empleadora se aporten ni siquiera indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa. Por otra parte, constituye cuestión nueva la alegación de inadecuación de procedimiento y no se aprecia la concurrencia del requisito de contradicción en este extremo.
Resumen: La cuestión que resuelve la sentencia comentada consiste en determinar si existe en la estructura salarial de la empresa una doble escala salarial ilícita establecida como consecuencia de su fecha de ingreso en la empresa y proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que ocasionaría diferencias salariales con repercusión, entre otros extremos, en la indemnización por despido. La sentencia confirma su existencia y desestima el recurso de la empresa, porque no se trata de un complemento con una cuantía estable y consolidada, sino que el complemento que solo percibe un grupo de trabajadores, se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras de la acción protectora de la seguridad social pactadas en los convenios colectivos, sin que por parte de la empleadora se aporten ni siquiera indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que a su vez desestimó demanda sobre complemento a mínimos de pensión de jubilación pues, pretendiéndose la nulidad de actuaciones para que sea completado el expediente administrativo con la solicitud que en el año 1989 efectúo el causante de las actoras al INSS, en reclamación de la pensión de jubilación con complemento a mínimos, lo que evidenciaría un error material en el cálculo de la pensión que desde entonces le viene siendo abonada, en demanda nada se dijo de la petición inicial de pensión formulada en 1989, sino que se hace referencia a la solicitud formulada en 2016, en la que reclamaba los incrementos por mínimos correspondientes a los años 2011 y ss, sin ninguna referencia a la solicitud inicial de la pensión o a cálculo erróneo de la misma; el expediente aportado por la gestora se tramitó a raíz de esta petición, por ello la falta de aportación de lo que ahora se reclama resulta únicamente imputable a las actoras, que pretenden acreditar un hecho anterior a la demanda no alegado en la misma, que fue objeto de un procedimiento administrativo anterior al que dio lugar a las presentes actuaciones.
Resumen: Desestima el TS la demanda de revisión planteada por el actor frente al Decreto del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social, que le tuvo por desistido de su demanda de reclamación de cantidad por incomparecencia al acto de juicio. La Sala IV recuerda su doctrina sobre el carácter extraordinario y excepcional de la revisión, así como doctrina constitucional, para concluir que la demanda debe ser desestimada. En primer término, por su deficiente formulación, pues incurre en la causa de inadmisión consistente en el incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 510.1.1 LEC., ya que no se identifica cuál es el documento decisivo que justificaría la revisión que se insta. Y, en segundo lugar, porque se cuestiona una resolución inatacable, toda vez que se se interpone contra un Decreto dictado por un Letrado de la Administración de Justicia, siendo esta una resolución no susceptible de demanda de revisión.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si existe en la estructura salarial de la empresa ENCE una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, establecida como consecuencia de la fecha de ingreso en la empresa y proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que conllevaría diferencias salariales con repercusión, entre otros extremos, en la indemnización por despido individual procedente de despido colectivo. La Sala IV, reitera doctrina y confirma la existencia de la doble escala salarial ilícita. Se trata de un complemento de antigüedad vinculado a la fecha de ingreso en la empresa. No se trata de un complemento con una cuantía estable y consolidada, sino que el plus que solo percibe un grupo de trabajadores, se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras de la acción protectora de la seguridad social pactadas en los convenios colectivos, sin que por parte de la empleadora se aporten ni siquiera indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa. Por otra parte, constituye cuestión nueva la alegación de inadecuación de procedimiento y no se aprecia la concurrencia del requisito de contradicción en este extremo.