Resumen: Reitera su jurisprudencia anterior la sentencia en relación a la forma de determinación del periodo a tomar en cuenta para fijar las ausencias laborales computables requeridas en el despido por causas objetivas por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas del art. 52 d) ET. Falla en el sentido de que el dies ad quem para el computo del plazo de 12 meses será la fecha del despido que es la que determina la normativa de aplicación, y cumpliéndose en dicho periodo las ausencias que exige el precepto, procede incoar éste y declarar la procedencia del despido. En el supuesto, en el periodo de 12 meses computados siguiendo la regla anterior, las ausencias alcanzaban el 5% de jornada hábiles, e incluso el 20% en dos meses consecutivos. Sigue argumentando la Sala sobre lo dispuesto en el RD-Ley 4/2020 de 18 de febrero por el que se deroga el art. 52 d) ET, señalando que entró en vigor el 19-02-2020, habiéndose declarado por STC 16-10-2019 la constitucionalidad de dicho precepto por no suponer discriminación por razón de discapacidad en aplicación de jurisprudencia comunitaria, por lo que no acreditándose que las dolencias por las que el trabajador inició los procesos de IT que derivaron en su despido son discapacitantes, casa y anula la sentencia de suplicación para, desestimando la demanda, declarar la procedencia del despido.
Resumen: La cuestión planteada consiste en determinar cuál es el procedimiento adecuado para reclamar la indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo como consecuencia de un despido colectivo justificado, cuando existen discrepancias sobre la antigüedad del demandante: si es el procedimiento de despido o el ordinario. La sentencia aplica la doctrina de la Sala y declara la inadecuación de procedimiento porque, acreditado que la discrepancia en el cálculo de la indemnización por despido de la demandante es debida a la disconformidad con su antigüedad, y siendo patente que la antigüedad es un factor determinante para el cálculo de la indemnización por despido, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 53.5 y 56.1 ET, declarando que el procedimiento adecuado no es el ordinario, sino el procedimiento especial de despido, regulado en los arts. 120 y ss LRJS.
Resumen: La sentencia no entra a conocer de los RCUD presentados por las dos empresas condenadas solidariamente a abonar las cantidades reclamadas a las trabajadoras por cuanto: A) Respecto del RCUD de Qualiconsult SAS: 1) No existir contradicción con las STEDH y STC invocadas de contraste para los motivos primero y segundo por ser distintas las cuestiones planteadas; 2) No existir contradicción con la sentencia de contraste del motivo 3 por ser distintas las premisas fácticas en relación a la aplicación del efecto de cosa juzgada; 3) No ser idónea la SAN invocada para el motivo 4 de contraste por ser sentencia dictada en instancia, 4) No existir contradicción con sentencia contraste 5º motivo en que se cuestionaba existencia grupo de empresas, por ser distintos los hechos probados en relación a funcionamiento unitario y confusión patrimonial; y 5) No existir contradicción con sentencia contraste 6º motivo, en que se cuestionaba obligación pago deuda, por no existir identidad en pretensiones; B) Respecto del RCUD de Qualigroup SAS: 1) No existir contradicción con sentencias contraste motivos 1 y 2 por ser distintos hechos probados y no tener pronunciamiento contradictorio la 2; y 2) No existir contradicción con sentencia contraste motivo 3 por ser la misma que la invocada en motivo 6 de la otra empresa.
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida y en su lugar desestima la demanda en la que se reclama el mantenimiento del derecho a la percepción del complemento de antigüedad consolidado y su persistencia tras la entrada en vigor de la normativa de la Junta de Andalucía sobre la reducción de la masa salarial del personal laboral de las entidades públicas, con abono de las diferencias devengadas. Para ello se remite a pronunciamientos previos puesto que las normas legales aplicables afectan por igual al régimen de antigüedad existente en los convenios colectivos aplicables a las Agencias Públicas de Andalucía. Con análisis del art 18.1 del Decreto- Ley 1/2012 y de la Ley 3/2012, así como de la Instrucción 2/2012, de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública) concluye que la reducción del complemento de antigüedad ya consolidado era legítima, en tanto que está amparada en las disposiciones legales citadas. La dicción literal del precepto es clara al tratar el complemento de antigüedad como una globalidad, como un todo en su conjunto, sobre el que debe operar la minoración de su cuantía. No introduce distinción alguna sobre el momento en el que se hubiere generado cada uno de los trienios que lo integran, sino que impone su reducción, en importe y número, a la cuantía aplicable para el mismo grupo profesional prevista en el convenio colectivo del personal de la Junta de Andalucía.
Resumen: La sentencia no aprecia afectación general para el reconocimiento del derecho de una trabajadora auxiliar de ayuda a domicilio de CLECE, del disfrute del descanso semanal de día y medio real y efectivo, sin que se solapen, así como a percibir una indemnización por daños y perjuicios derivada del solapamiento sufrido entre el descanso diario y el semanal por importe de 1.064,34 €, o subsidiariamente, la de 532,17 €. Porque la reclamación presenta signos particulares que la individualizan y apartan del concepto de generalidad, propio de la afectación que permite el acceso al recurso de suplicación, en tanto que tan solo alcanza a su concreta situación horaria y los daños y perjuicios que le ha irrogado la decisión empresarial que impugna, lo que determina la desestimación del recurso por falta de contenido casacional al ser la sentencia recurrida acorde con la doctrina de la Sala. La sentencia tampoco se pronuncia sobre la condena en costas igualmente cuestionada, al no apreciar en ese punto la necesaria contradicción.
Resumen: En relación con un litigio plural sobre reclamación de cantidad, se discute si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación, dada la cuantía de lo reclamado finalmente por los actores. La Sala IV, reitera doctrina, y declara que, en conflicto plural, el momento procesal adecuado para establecer el importe de la suma litigiosa es el de las conclusiones formuladas en el acto del juicio, no el de la demanda ni en el ulterior recurso. Dado que lo solicitado en el trámite de conclusiones superaba el importe de 3.000 € para algunos demandantes, el recurso de suplicación era procedente. Respecto al tema de fondo, se cuestiona si el acuerdo entre la anterior empresa y los representantes de los trabajadores (que cuando la jornada de trabajo fuese partida, tenían derecho a percibir media dieta) debe respetarse por la nueva, la Sala IV no entra a conocer del mismo por falta de contradicción. Son diferentes las circunstancias fácticas, las infracciones denunciadas en suplicación y por tanto, los términos del debate y la razón de decidir de las sentencias comparadas.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la determinar si constituye despido improcedente --con las consecuencias inherentes a tal declaración-- el cese de la actora, con contrato de interinidad por vacante en la CAM, que se produce al cubrirse reglamentariamente la plaza que venía ocupando. La improcedencia del despido se sustenta en el carácter indefinido de la relación al haberse producido fraude en la contratación. La sentencia de suplicación reconoce a la trabajadora el carácter de indefinida no fija, y entiende ajustado a derecho el cese acordado por la CAM y fija indemnización. Pero, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso. Así, son dispares las cuestiones debatidas, ya que en la sentencia de contraste no se debate si la relación ha devenido en indefinida no fija, por haber sido así declarado en proceso anterior. En el segundo, porque en la sentencia referencial, al contrario de lo que sucede en la recurrida, no se cuestiona el derecho a indemnización alguna, debatiéndose exclusivamente la validez de la extinción contractual y la posible vulneración de derechos fundamentales.. Además, concurre como causa de inadmisión la falta de contenido casacional del recurso pues la sala IV ya ha declarado que en supuestos de extinción de contratos indefinidos no fijos, es aplicable la indemnización de 20 días de salario por año de servicio prestado.
Resumen: La sentencia no entra a conocer del RCUD presentado por la empresa, respecto de la que se pronuncia que aunque haya sido absuelta en instancia tiene interés legítimo en el pleito por lo que puede interponer RCUD, y en relación con la cuestión de que debía ser condenada la empresa entrante que asumió el servicio de limpieza, porque la trabajadora en situación de IT cumplía las exigencias de antigüedad establecidas en la norma convencional, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste, en la que se acredita que la trabajadora sí prestaba servicios en el centro subrogado, y poseía la antigüedad suficiente, lo que no se acredita en la recurrida. Respecto del recurso presentado por la trabajadora, en que alegaba incongruencia omisiva al no pronunciarse la sentencia de suplicación sobre la empresa responsable de las consecuencias derivadas de la calificación del despido como improcedente, sigue lo ya resuelto en abundante jurisprudencia anterior en que se examinó cuándo podía apreciarse la existencia de incongruencia omisiva, y aprecia que ésta existe, pero no declara la nulidad de lo actuado, sino que resuelve sobre el fondo condenando a la empresa saliente de las consecuencias de la declaración de improcedencia del despido
Resumen: La mercantil para la que trabajaba la actora le comunicó el cambio del edificio donde prestaba sus servicios en la jornada de tarde pasando desde el día 1-10-2014 a otra sede de la Consejería, argumentando que con ese cambio esperaba que mejorara sustancialmente la situación actual de la empresa respecto al servicio de limpieza en los centros de su cliente Consejería de Economía y Hacienda de Madrid». En el juzgado se siguió el cauce del proceso ordinario y en suplicación se concluyó que contra la sentencia del Juzgado sobre movilidad geográfica no procedería ulterior recurso. No estamos ante una modificación sustancial de las condiciones del contrato del art 41 del ET. La sala acoge la tesis de la parte recurrente. El procedimiento ordinario seguido por la sentencia del juzgado de lo social era el adecuado para encauzar la demanda formulada, que, aunque articulada por traslado, no resultaba incardinable en un supuesto de movilidad geográfica que hubiera de tramitarse por la modalidad especial. Así, el fallo dictado en aquel procedimiento era susceptible del pertinente recurso de suplicación sin que de la dicción de la norma pactada resulte una interpretación diferente en orden a que la situación goce de una consideración material cualificada. Procede anular todas las actuaciones y retrotraerlas para que la Sala de segundo grado dicte nueva sentencia que, partiendo de la recurribilidad de la pronunciada por el Juzgado de lo Social.
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo rectora de las actuaciones reclama el sindicato actor la declaración de nulidad de los pactos de permanencia suscritos por los candidatos a piloto de la compañía aérea demandada Aeronova, así como el reintegro de las cantidades descontadas de la nómina por la empresa para el reintegro del curso de formación. Consta que, con carácter previo a la contratación, Aeronova ofrecía a los candidatos la financiación del curso de habilitación para pilotar determinado tipo de aviones. En el documento firmado por los candidatos se contenía pacto de permanencia de 2 años de duración. Asimismo, en los contratos de trabajo posteriormente suscritos se contiene pacto de devolución a Aeronova del importe del curso en caso de resolución del mismo por voluntad del trabajador dentro del plazo de 2 meses después de finalizar el curso. La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda anulando el pacto de permanencia reflejado en los acuerdos iniciales. Recurre en casación el sindicato actor. La sala comienza por recordar la doctrina relativa a los requisitos para la revisión fáctica en el recurso de casación y desestima el motivo planteado a tal efecto. Y, en cuanto al fondo de la cuestión, declara que los pactos precontractuales, en los que la empresa anticipaba, pero no pagaba, los cursos de formación son válidos y ajustados a derecho. Todo lo cual conduce a desestimar el recurso formulado.