Resumen: La gestión recaudatoria comprende no solo las controversias sobre recaudación en sentido estricto, sino también aquellas que tienen por objeto declarar la obligación de cotizar o determinar el importe y alcance de las cotizaciones. Pero el concepto viene limitado a los asuntos que persigan el cobro de los recursos o que se refieran al ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Sin embargo, se está ante un pleito relativo a prestaciones de Seguridad Social cuando se pretende dilucidar, en una controversia surgida entre las partes del contrato de trabajo, si la empresa cotizó adecuadamente por el trabajador en atención a las circunstancias concurrentes en la prestación de sus servicios, ya que se trata de determinar si concurren o no los requisitos de acceso por este a las prestaciones de la Seguridad Social, lo que exige fijar previamente las condiciones de la relación laboral existente entre las partes para, luego, analizar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de cotización. En el caso, el objeto del litigio está motivado por la falta de cotización por parte del empleador, aunque fuera parcial, por lo que lo que se persigue en él, en esencia, es que se reconozcan las condiciones de la relación laboral mantenida entre las partes, en concreto, las horas trabajadas, cuestión propia del conocimiento de los órganos del orden social, al amparo de lo dispuesto en el art. 2.a) LRJS.
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si procede calificar como despido la conducta empresarial que ante el agotamiento de la situación de incapacidad temporal se limita a dar de baja en la Seguridad Social a la trabajadora, entendiendo suspendido el contrato porque la resolución del INSS en que se declaraba la incapacidad permanente total lo era con revisión únicamente por previsible mejoría antes de dos años, conforme al art. 48.2 ET, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que en la sentencia recurrida la declaración de incapacidad permanente total se hizo únicamente desde la previsión de mejoría que permitiese la reincorporación de la trabajadora al puesto de trabajo antes de dos años, de conformidad con lo previsto en el art. 7 RD 1300/1995, mientras que en la sentencia de contraste la declaración se llevó a cabo en los términos genéricos establecidos en el art. 6 de dicho RD en relación con el art. 143 LGSS, con la relevante diferencia que la única situación en la que se produce la suspensión del contrato prevista en el art. 48.2 ET, es la que contempló la sentencia recurrida y no la de contraste. Añade la Sala que la solución es acorde a lo dispuesto en la STS (Pleno), 28-01-2013 (Rec. 149/2012)
Resumen: La extinción de los contratos de trabajo corresponde a los órganos del orden social y, solo como excepción, al juez del concurso, al que únicamente corresponde conocer de las extinciones colectivas. Los actores no pretenden la resolución de sus contratos de trabajo como consecuencia de la situación de insolvencia de la entidad concursada al amparo de lo dispuesto en el art. 50 ET -lo que permitiría considerar como colectiva la extinción solicitada tras la iniciación del expediente del art. 64 LC-, sino que ejercitan acciones individuales para que se declare improcedente el despido acordado por razones objetivas. Se está, en consecuencia, ante un despido que, aunque se notificara por el administrador concursal y alcanzara a la totalidad de la plantilla con cese total de la actividad de la empresa, no tiene consideración de colectivo, al no constar que hubiera otros despidos en los 90 días previos ni superar el número de 5 trabajadores establecido en el art. 51 ET para entender como colectivo el despido que afecta a la totalidad de los trabajadores de la empresa. Además, no consta que en el concurso de la entidad se tramitara el expediente de extinción colectiva de los contratos de trabajo contemplado en el art. 64 LC ni que se dictara el auto contemplado en su apartado 7 frente al que, en su caso, pudieran alzarse los trabajadores a través del incidente concursal en materia laboral. Corresponde conocer del asunto, en consecuencia, a los órganos del orden social.
Resumen: En el caso que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía, mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2003, sin que en el momento de presentar la demanda rectora de las actuaciones la plaza ocupada haya sido cubierta reglamentariamente. La sentencia de suplicación estimó el recurso frente la sentencia de instancia que desestimó la demanda, y declara que la actora tiene una relación laboral indefinida vinculada al puesto de trabajo. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS entiende que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático ni implica la novación de los contratos de interinidad por vacante en indefinidos no fijo. La Sala estima el recurso, no apreciándose irregularidad alguna en el proceder de la Administración. Declara que las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo quedaron paralizadas por la grave crisis económica que sufrió España en esa época y que dio lugar a numerosas disposiciones limitando los gastos públicos, que tuvieron incidencia directa en el gasto de personal y convocatorias de empleo público, por cuanto prohibieron la incorporación de personal nuevo, aunque fuese temporal y las convocatorias de procesos selectivos para cubrir plazas vacantes, aunque fuese de puestos ocupados interinamente.
Resumen: Se ha interpuesto este recurso de casación ordinaria contra la resolución dictada en procedimiento de conflicto colectivo, cuyo fallo, tras desestimar la excepción de incompetencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estima las de falta de legitimación pasiva del Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) y de su Sección sindical en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la de inadecuación del procedimiento, y correlativamente su demanda. Deficiente articulación del recurso. No obstante, en aras de otorgar la máxima y efectiva tutela judicial, daremos respuesta al motivo que puede inferirse de su contenido. El suplico de la demanda de conflicto colectivo postula derechos de los trabajadores de la campaña de incendios forestales de Madrid 2017 (INFOMA): cantidades resultantes del periodo de seis días de vacaciones retribuidas y no disfrutadas, y que se cotice en la Seguridad Social por los seis días. Tratándose de un sumatorio de reclamaciones individuales resultaba inadecuada la modalidad procesal elegida por la parte actora, y plenamente ajustada a derecho la estimación de la excepción que realiza la sentencia impugnada.
Resumen: Ante la cuestión de si la trabajadora tiene derecho a percibir 49,50 euros por un exceso de jornada de 3.05 horas en la anualidad de 2015, pretensión que fue desestimada en instancia, sentencia que entendió procedía recurso de suplicación por existir afectación general, y que fue revocada en suplicación para condenar a la empresa a la suma de 49,50 euros más el 10% del interés legal por mora, la Sala IV anula la sentencia de suplicación apreciando de oficio incompetencia funcional, cuestión que es apreciable de oficio por la Sala. Argumenta la Sala que la sentencia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, sin que tampoco pueda apreciarse la existencia de afectación general, ya que la mera conformidad de las partes sobre su existencia no permite apreciarla cuando no se cumplen las exigencias jurisprudenciales de elevada litigiosidad y notoriedad de la cuestión. Añade que aunque existe un número muy elevado de potenciales afectados, no implica, en sí misma, afectación general
Resumen: La sentencia de instancia desestimó la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato demandante, cuyo objeto era la declaración del derecho del personal laboral de la Agencia madrileña de atención social al disfrute como permiso retribuido y no recuperable de 6 días correspondientes al año 2016. Recurre la parte actora en casación unificadora articulando un único motivo en el que alega que las sentencias firmes previas sobre pretensiones sustancialmente iguales referidas a los años anteriores deben producir efectos de cosa juzgada sobre la actual reclamación. La sentencia comentada, tras recordar la doctrina relativa al instituto de la cosa juzgada en reclamaciones de conflicto colectivo y aplicando flexiblemente las exigencias para la interposición del recurso, concluye que no es posible apreciar la existencia de cosa juzgada porque las materias objeto de debate en los respectivos conflictos son distintas, así como los periodos de referencia, a lo que se suma que ni siquiera las razones de decidir de la sentencia previa avalan las tesis del sindicato recurrente, por lo que, de operar la cosa juzgada, lo haría en sentido contrario al pretendido por la parte. Se desestima el recurso.
Resumen: La sentencia confirma la de instancia que desestimó la demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba disfrutar de festivos intersemanales que coincidieran con su turno de trabajo, y elegir entre percibir el plus festivo y compensar en tiempo libre el mismo número de horas trabajadas en festivo, o alternativamente, percibir el importe de las guardias/festivos intersemanales establecido en el acuerdo de empresa de julio de 2006, o subsidiariamente el importe que corresponda por horas trabajadas en festivo incrementadas en un 75%, por cuanto conforme al art. 47 RD 2001/1983, si se tiene que trabajar en festivo, o bien se concede un descanso compensatorio equivalente o se retribuyen las horas trabajadas con un complemento de al menos el 75% de su valor ordinario, y como en el supuesto los trabajadores del turno de noche trabajan menos días y menos horas a la semana de las exigidas legal o convencionalmente, esa diferencia cubre las horas de festivos trabajadas, percibiendo los trabajadores del turno de noche el complemento de plus festivo que se abona en cuantía superior a la que perciben los trabajadores de turno de mañana y tarde precisamente por prestar servicios en turno de noche, y ello tras rechazar la alegación de inadecuación de procedimiento por cuanto no se puede vía impugnación de recurso introducir motivos de inadmisión de la demanda rechazadas por la sentencia de instancia y no impugnadas por la parte procesal y la revisión de hechos probados.
Resumen: La cuestión se centra en determinar el derecho del trabajador a ser repuesto en el anterior puesto y categoría ostentado antes de la recolocación como medidas adoptadas en expediente de despido colectivo que fue declarado nulo cuando existe una sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, con alcance de cosa juzgada. Se denuncia la infracción de los arts. 160.5 de la LRJS y 222 de la LEC y la doctrina de esta Sala, relativa a la eficacia de la cosa juzgada. La cuestión objeto de debate ha sido ya resuelta por esta Sala. Los procesos individuales que vengan referidos a la misma cuestión están afectados por lo que en el proceso de conflicto colectivo se haya resuelto y desestimándose la cuestión de fondo, lo mismo debe decidirse en aquéllos. La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa nos lleva a casar la sentencia recurrida al encontrarnos ante un trabajador afectado por las medidas alternativas de referencia, objeto del proceso de despido colectivo y del posterior conflicto colectivo en la que se impugnaron.La AN no declaró la nulidad de las medidas alternativas en el proceso de conflicto colectivo sino que entendió que la valoración jurídica de las mismas fueron examinadas en el proceso de despido colectivo con el resultado que indica y aquí hemos recogido y por ello consideró que el debate que traía el conflicto colectivo ya estaba resuelto en el proceso de despido. Y ese alcance es el que, por la vía de cosa juzgada excluyente, confirmó la Sala.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía, mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2008, sin que en el momento de presentar la demanda rectora de las actuaciones la plaza ocupada haya sido cubierta reglamentariamente. La sentencia de suplicación confirmó la sentencia de instancia que estimó la demanda, y declara el carácter indefinido no fijo de la relación que une a las partes. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS entiende que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático ni implica la novación de los contratos de interinidad por vacante en indefinidos no fijo. La Sala estima el recurso, no apreciándose irregularidad alguna en el proceder de la Administración. Declara que las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo quedaron paralizadas por la grave crisis económica que sufrió España en esa época y que dio lugar a numerosas disposiciones limitando los gastos públicos, que tuvieron incidencia directa en el gasto de personal y convocatorias de empleo público, por cuanto prohibieron la incorporación de personal nuevo, aunque fuese temporal y las convocatorias de procesos selectivos para cubrir plazas vacantes, aunque fuese de puestos ocupados interinamente y en proceso de consolidación de empleo.