• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 11/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: trabajadora y declaró la nulidad de la actuación empresarial consistente en alterar el
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 31/2016
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV desestima la demanda de revisión al no concurrir los requisitos exigidos. El carácter excepcional de este recurso supone que solo sea viable por la concurrencia de alguna de las causas que de manera taxativa establece la ley, cuya interpretación no puede ser extensiva, y por la confluencia inexcusable de los requisitos exigidos. En el caso, la demanda de revisión formulada se basa en que la sentencia se ha ganado por una maquinación fraudulenta. En esencia, por mor de notificaciones incorrectas y sin haberse agotado todas vías posibles para su efectividad, llegando a la notificación por edictos, y por la mala fe de la contraparte. En las presentes actuaciones es precisamente el plazo denominado de caducidad corta, 3 meses, el que no se ha cumplido. El 25/11/2015, el demandante suplica del juzgado copia de las actuaciones, tanto en su fase declarativa como ejecutiva, manifestando que había tenido conocimiento de la existencia de «unos Autos de ejecución», y el 2 de diciembre testimonio de los particulares que señala, lo cual es cumplimentado por el órgano judicial. Por ello, y aunque se tomare en consideración este último hito procesal, a los efectos de fijar la fecha de conocimiento de lo actuado, de los hechos en los que se sustenta la causa revisoria, habría trascurrido en exceso el referido plazo de caducidad hasta la interposición de la presente demanda, lo que necesariamente ha de malograr el éxito de la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3621/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV reitera doctrina que reconoce el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio cuando se extingue una relación laboral indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza, en atención a la especial naturaleza de este tipo de relación laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas. Tal derecho a la indemnización no surge de lo declarado en la STJUE de 14 septiembre 2016, cuya dificultosa y problemática interpretación ha sido corregida, tanto por las STJUE de 5 junio 2018 (Montero Mateos -C-677/16 - y Grupo Norte Facility - C-574/16 -), como, de manera específica, por la STJUE de 21 noviembre de 2018 (C-619/17 ) -segunda de las dictadas por el Tribunal de la Unión en ese mismo caso-. La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a derecho, y que en este supuesto, lleva aparejado el derecho indemnizatorio que debe ser de 20 días por año de servicio, teniendo en consideración que la declarada relación laboral indefinida no fija, por irregularidades y fraude de ley, arranca del contrato suscrito el 1/12/ 2008.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 28/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante fue despedido por transgresión de la buena fe contractual, e impugnó su cese que fue calificado como procedente. Confirmada la calificación por el TSJ, mediante demanda de revisión se pretende la nulidad de la sentencia Social, con base en autos de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que acordaron el sobreseimiento y archivo provisional de actuaciones penales y sentencia en apelación civil. Pretende deducir de los documentos el error de lo acreditado ante el Juzgado de lo Social y que probaría que no hubo transgresión de la buena fe contractual que fundamentó su despido. El proceso de revisión tiene naturaleza extraordinaria y excepcional por lo que no es posible reenjuiciar la situación fáctica que contempló la resolución atacada, ni pretender un nuevo análisis de la cuestión ya resuelta y que ha cobrado firmeza. La valoración de la prueba por el Juez Penal no impide que el Juez del Orden Social considere suficientemente acreditado el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido. La jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta, siendo que la presunción de inocencia es de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal y la consideración por los Tribunales Laborales de que una conducta implica incumplimiento contractual, no incluye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 117/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV declara la irrecurribilidad de la sentencia recurrida, del TSJ, que desestimó la demanda de impugnación de la resolución administrativa de la Dirección General del SEPE -confirmada en alzada- por la que se reclamaba a dicha parte el ingreso de 53.061,62 €, en concepto de aportación económica por las prestaciones de desempleo (correspondientes al 2015) generadas por el despido colectivo (BARCLAYS/CAIXABANK). Los arts. 7 b) y 8.2 LRJS atribuyen a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y a la de la Audiencia Nacional la competencia para conocer en instancia de procesos de impugnación de los actos administrativos atribuidos al orden jurisdiccional social de las letras n) y s) del art. 2 LRJS, según sea el rango del órgano de la Administración del que dimanan. Estas sentencias pueden ser impugnadas ante la Sala IV mediante el recurso de casación. Ahora bien, la regla general de recurribilidad de las sentencias de instancia de los órganos colegiados posee una excepción que afecta, precisamente, a los procesos de impugnación de actos administrativos. Señala el art. 206.1 LRJS que se exceptúan del recurso de casación tales procesos cuando, siendo susceptibles de valoración económica, su cuantía litigiosa no excede de 150.000 €. En el presente caso, la cuantía litigiosa es de 53.061,62 €. Por ello se estima la no recurribilidad de la sentencia y la firmeza de la misma por ser la reclamación inferior a 150.000 €.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 2225/2018
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV, reitera STS 13-03-2019 (Rec. 3970/2016), declarando que la indemnización de 20 días del art 53 ET ni ninguna otra es aplicable a validas extinciones de contratos de interinidad por sustitución. La STJUE de 14/12/2016 (de Diego Porras I) fue rectificada por las SSTJUE 5/6/2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y por la de 21/11/18, De Diego Porras II. En ellas se concluye que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, no se opone a una normativa nacional según la cual la indemnización abonada a los trabajadores con contratos temporales es inferior a la concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva. Partiendo de que nuestro ordenamiento no ha previsto ningún tipo de indemnización por finalización del contrato temporal de interinidad, se concluye que lo dispuesto en el art. 49.1.c) ET no resulta contrario a la normativa europea en materia de igualdad de trato entre trabajadores indefinidos y temporales. En nuestro ordenamiento, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada supuesto, esté prevista normativamente si así lo ha establecido el legislador; y, en modo alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 159/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia desestimó la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato demandante, en la que se instaba la aplicación a los trabajadores del servicio de limpieza y de recogida y transporte de residuos de los puertos dependientes de la zona centro de la entidad pública Portos de Galicia las retribuciones salariales previstas en el Convenio Colectivo para el servicio de limpieza de puertos de Galicia. Recurre la parte actora en casación denunciando errónea interpretación del pliego de cláusulas administrativas y del cuadro de características del contrato suscrito por la adjudicataria con la entidad pública contratante. La sala IV rechaza las denuncias de falta de legitimación activa del sindicato e inadecuación de procedimiento, al entender que lo solicitado excede los límites de la impugnación de recurso de casación. También se desestima la denuncia de falta de fundamentación del recurso. En cuanto al fondo de la cuestión planteada y recordando la doctrina relativa a la interpretación de los convenios, se concluye que la interpretación realizada por la sentencia de instancia es correcta, pues del contenido del cuadro de características del contrato no se desprende que los trabajadores subrogados por la demandada deban regirse por el convenio colectivo del centro de trabajo de la empresa ASCAN, que no está incluido en el ámbito funcional del contrato suscrito para la limpieza de la zona centro, sino en la zona norte. Se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 23/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El personal que presta servicio en los Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes depende del ayuntamiento respectivo, sin que esté contemplado sobre quién ha de recaer el nombramiento de la persona que el ayuntamiento considere «idónea» para desempeñar su Secretaría, persona que no es un funcionario público, sino un particular al que se encomienda el ejercicio de funciones públicas. No existe normativa reguladora de las condiciones de provisión de estas Secretarías ni en lo que atañe a las exigencias o requisitos para proveer las plazas ni en cuanto a la clase de régimen o vínculo jurídico que la persona elegida ha de mantener con el ayuntamiento respectivo, que tiene plena libertad para designar a personas que con las que ya mantiene un vínculo funcionarial -así, el secretario del ayuntamiento o un funcionario de la plantilla municipal-, para concertar un contrato laboral con retribución salarial y alta en la Seguridad Social de la persona elegida o para designar a una persona sin vínculo funcionarial ni laboral, sin alta en la Seguridad Social, limitándose a retribuirla mediante una indemnización. Por ello, es a la clase de vínculo jurídico existente entre las partes a la que ha de atenderse para resolver el conflicto. El análisis de las concretas circunstancias a través de las que la demandante desempeñó sus funciones pone de manifiesto que su relación con el ayuntamiento demandado es laboral, por lo que la competencia corresponde a los órganos del orden social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 2737/2018
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, el trabajador está vinculado con la Junta de Andalucía, mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2012, sin que en el momento de presentar la demanda rectora de las actuaciones la plaza ocupada haya sido cubierta reglamentariamente. La sentencia de suplicación estimó el recurso formulado por la demandante y, con revocación de la sentencia de instancia que desestimó la demanda, declara el carácter indefinido no fijo de la relación que une a las partes. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS estima el recurso de la Junta de Andalucía, al entender que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático ni implica la novación de los contratos de interinidad por vacante en indefinidos no fijo. Debe atenderse a las circunstancias concurrentes y, en el caso, no se aprecia irregularidad alguna en la actuación de la Administración, pues la falta de convocatorias de empleo público se debió a la grave crisis económica que sufrió España y que dio lugar a la promulgación de normas para la limitación del gasto público.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 15/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conforme a la doctrina mantenida por la Sala Especial de Conflictos de Competencia, así como por las Salas Tercera y Cuarta TS, cuando se está ante la impugnación de la resolución de una convocatoria de plazas laborales de la Administración pública, el criterio para la atribución de competencia a favor de uno u otro orden jurisdiccional se basa en la distinción entre convocatorias por las que se accede al vínculo laboral con la Administración: cuando se puede acceder desde el exterior, el enjuiciamiento corresponde al orden contencioso-administrativo; en aquellas otras de carácter restringido, a las que solo tienen acceso quienes ya tuviesen un vínculo laboral con la Administración, la competencia corresponde al orden social. Pero, es más, como ha señalado recientemente la Sala Cuarta TS, es voluntad del legislador de 2011 a través de la LRJS atraer al orden social, por su mayor especialidad, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por especial conexión, puedan calificarse como sociales, incluso cuando esté implicada la Administración pública. En el caso, la parte actora es personal laboral fijo de la Administración General del Estado desde 2010, destinada como trabajadora social en un centro penitenciario, e impugna la resolución de un concurso de traslado en el que únicamente podía participar personal laboral ya vinculado con la Administración. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto corresponde a los órganos del orden social.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.