• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2578/2017
  • Fecha: 29/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar el "dies a quo" para el cómputo del plazo de ejercicio de la acción de despido, cuando la empresa notifica la carta de despido a través de burofax y este no puede ser entregado al trabajador, si es la fecha en la que Correos deja el aviso para la retirada del burofax o la fecha en la que efectivamente el trabajador retira dicho burofax, dentro del plazo de treinta días desde que Correos dejó el aviso. La Sala IV se inclina por esta última opción concluyendo que el "dies a quo" para el plazo de caducidad de la acción de despido se fija en la fecha en la que el trabajador recogió el burofax en la oficina postal, fecha en la que tuvo conocimiento de la carta de despido. Se argumenta que la empresa ha de notificar al trabajador la carta de despido y le incumbe la carga de hacer llegar al trabajador la misma, utilizando en el caso el burofax. El trabajador no impide con su conducta la recepción de la carta de despido, por el contrario fue debidamente notificada al actor, él ha acudido a las dependencias de Correos a retirar la carta de despido, dentro del plazo establecido en el Real Decreto 1829/1999, regulador de la notificación por burofax. Esto es, no se negó a recibir la carta de despido, ni realizó maniobras dilatorias, ni actuó con mala fe, simplemente ante un aviso de que tenía una comunicación de la empresa, cuyo contenido desconocía, pasó a recogerlo dentro del plazo de que disponía.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: ALICIA CANO MURILLO
  • Nº Recurso: 645/2019
  • Fecha: 29/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador demandante fue contratado con un contrato para obra o servicio determinado , habiéndose pactado un periodo de prueba , el Ayuntamiento empleador tenia conocimiento así se lo hizo saber el trabajador, que tenia un grado de discapacidad del 48%. Durante el periodo de prueba por el empleador se desistió de la relación labora por no haber superado el trabajador el periodo de prueba , cuando se lo comunicó el actor estaba en situación de Incapacidad Temporal había sufrido un accidente de trabajo. Por el Juzgado de lo Social se declaró el despido nulo , se interpone recurso de Suplicación por el Ayuntamiento demandad y en el recurso se plantea que habiendo finalizado el contrato de trabajo y ser se optaba por la indemnización. La Sala entiende que esta es una cuestión nueva que se ha introducido en el recurso y que no puede admitirse. En cuanto al fondo confirma el criterio de instancia y confirma la declaración de nulidad entendiendo que la decisión de desistir del contrato supone una discriminación por razón de discapacidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JESUS CARLOS GALAN PARADA
  • Nº Recurso: 1742/2019
  • Fecha: 29/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Frente a la sentencia desestimatoria de la demanda interpuesta en reclamación de incapacidad permanente total o, subsidiariamente, parcial, se alza en suplicación la parte actora, destinando su recurso tanto a la revisión de los hechos declarados probados como a la censura jurídica. De conformidad con el inalterado relato factico de la sentencia de instancia, la demandante, limpiadora de profesión, sufre discoartrosis C5-C6, C6-C7, L4-L5 y L5-S1, fascitis plantar y espolón calcáneo izquierdo, siendo su única limitación orgánica y funcional, artralgias con funcionalidad conservada. Rechazada la existencia de error en la valoración de la prueba, como se señala en la sentencia, el cuadro descrito se circunscribe a la presencia de dolor articular sin que ello suponga afectación funcional en ninguno de los niveles de movilidad implicados en el desempeño de la profesión habitual antes citada. La trabajadora conserva, por tanto, plena capacidad para un ejercicio habitual y eficaz del mismo, con el rendimiento adecuado, respecto del que no hay datos que permitan considerar que la presencia de dolor (cuya intensidad, en todo caso, no consta) dé lugar a una disminución no inferior al 33% en su capacidad laboral. El recurso, por tanto, es rechazado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
  • Nº Recurso: 2914/2017
  • Fecha: 29/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia anotada se plantean tres cuestiones: determinación del salario regulador para el cálculo de la indemnización por despido, obligación de subrogarse la nueva contratista en el personal de la anterior y posible infracción del art. 44 ET. Y el TS en lo que atañe al salario regulador no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción. En relación al Convenio Colectivo aplicable, la Sala IV declara que no puede estimarse que la contratista estuviese sometida al Convenio de la Construcción, porque no realizaba las actividades propias del ámbito de aplicación del mismo, sino otras ajenas a él, como las de explotación de sistemas de seguridad y controles de vigilancia y al mantenimiento de esos sistemas, pero no a tareas de reparación o construcción de túneles y otras calzadas. Por lo tanto, no es exigible a la UTE Túneles Aena recurrente subrogarse en el personal empleado por la saliente. Finalmente, a propósito de la sucesión de plantillas, tampoco puede declararse existente porque la nueva contratista se hizo cargo de 17 trabajadores de los 26 que empleaba la anterior, e hizo una inversión en medios materiales, informáticos y vehículos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3598/2017
  • Fecha: 29/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si para el ejercicio de la actividad de redactor en una televisión pública la exigencia de que el trabajador cuente con una titulación específica ha de ser entendida o no como una titulación académica exigida por norma de origen estatal y preceptiva. En instancia se estimó la demanda, y en suplicación se revocó la sentencia al considerar que para tener derecho a las retribuciones superiores no basta con el desempeño de la actividad correspondiente sino que el trabajador debe hallarse en posesión del título legal que habilita para su realización; lo que no sucede en este caso, siguiendo de esta forma el criterio sentado por la Sala en asuntos anteriores. Cuando no estamos en presencia de titulación legalmente exigible, sino que la exigencia es meramente convencional o deriva de exigencias unilateralmente impuestas por el empresario, las diferencias salariales sí resultan procedentes. Así se ha pronunciado la Sala en diversas sentencias, tanto cuando la exigencia de titulación es convencional o cuando deriva de imposiciones empresariales. Como ya estableció la Sala Cuarta en sentencia de 3 de noviembre de 2005, Rcud 1516/2003. En este caso no estamos en presencia de una exigencia legal de orden público respecto de la necesaria titulación por lo que no constando esta exigencia, rige el criterio de que las meras exigencias de Convenio o de la empresa no impiden la percepción de los salarios correspondientes a las funciones desarrolladas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 852/2019
  • Fecha: 28/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Debiendo ser adecuada la indemnización y proporcionada o suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales), derivados del accidente sufrido, en las esferas personal, laboral, familiar y social. Acudiendo, analógicamente, al sistema para la valoración de daños y perjuicios ocasionados a las personas en accidentes de circulación que propone el recurrente.Estamos ante una conducta, imputable al propio empleado que también contribuye a los daños sufridos. Pero, siempre, en concurrencia con la empresa; y, por ello, se estima parcialmente el recurso. En menor proporción imputable al empleado, en el marco de un deber genérico y específico de evaluación y prevención del concreto riesgo, que debería haber llevado la empresa, con obligación de control y vigilancia de tales hechos en la forma adecuada y correcta. Imprudencia profesional, no temeraria del empleado, que impide, también, atender a la pretensión de responsabilidad exclusiva de la empresa de los daños causados y acreditados del recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
  • Nº Recurso: 1922/2017
  • Fecha: 28/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El beneficiario se ausentó del territorio español desde el 5 de abril hasta el 3 de junio de 2014, sin comunicarlo al SPEE. Incoación de un procedimiento sancionador y reclamo de reintegro de 2.863'22 €. Cuestión ya resuelta por la Sala que, en sentencia de 27 de septiembre de 2017 (Rec. 2242/2016) y 4 de octubre de 2017 (R. 3995/2016) siendo la doctrina correcta la fijada en la resolución de contraste. El período de estancia bajo la vigencia de la nueva regulación. De los art. 212.1.e) y 213.1.e) LGSS se deduce que en los supuestos de estancia en el extranjero por un período superior a 15 días naturales, el incumplimiento del deber de comunicar al SPEE la salida del territorio español acarrea la extinción de la prestación de desempleo. En los supuestos de salida ocasional al extranjero por un período máximo de 15 días naturales dentro de un año natural, se conserva la condición de beneficiario y se incorpora como supuestos de suspensión de la prestación por desempleo la estancia en el extranjero hasta un período de 90 días, debiéndose comunicar previamente la salida que deberá ser autorizada. La decisión adoptada por el SPEE se ajustó a lo previsto en las disposiciones citadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1294/2018
  • Fecha: 28/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar el convenio colectivo aplicable a la reclamación de cantidad y si la pérdida de vigencia de un convenio determina o no la aplicación del convenio colectivo superior, estando en liza el Convenio provincial de Bizkaia de Oficinas y Despachos y el Convenio Estatal de empresas de consultoría. Por sentencia de conflicto colectivo se dispuso que el convenio aplicable es el provincial de Oficinas y Despachos. Dicho convenio había sido denunciado el 15/12/12, estando en ultractividad hasta el 22/12/13 por acuerdo de la comisión negociadora. Las partes negociadoras del Convenio Colectivo Estatal suscribieron el 4/07/2013, y en diversas ocasiones hasta el 10/04/2017, el mantenimiento del actual proceso de negociación del Convenio Sectorial y la aplicación de su contenido normativo. La Sala IV desestima la demanda, reiterando doctrina al respecto. Existiendo convenio de ámbito superior, extremo no discutido, el mismo resulta de aplicación, de manera que las condiciones laborales de un Convenio Colectivo fenecido, cuando ha transcurrido un año desde la terminación y no se ha acordado un nuevo convenio, no continúan rigiendo las relaciones laborales de los incluidos en su ámbito de aplicación, -y, por ende, quedaba sin sustento la demanda formulada-. Se impone el cumplimiento de la norma legal en su plenitud, art 86.3 ET, sin que resulte procedente la aplicación de técnicas extrañas al precepto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 2851/2017
  • Fecha: 28/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: La SJS estimó la demanda de las actoras en reclamación de diferencias ocasionadas por la realización de trabajos de superior categoría, al apreciarse el efecto positivo de la cosa juzgada por cuanto había recaído sentencia firme estimatoria en relación con un periodo anterior. El TSJ revoca la indicada resolución de instancia porque con posterioridad a la sentencia firme, la parte demandada (Servicio Madrileño de Salud) dio instrucciones a la dirección del Hospital para que las trabajadoras cesaran en el desempeño de las funciones de superior categoría, lo cual, a su juicio, altera el sustrato fáctico e impide apreciar la identidad necesaria para que se desplieguen los efectos de la cosa juzgada. La Sala IV remite a una sentencia anterior, de 9-5-2018 (R. 2841/2016), en la que, al analizar la mencionada decisión empresarial, se concluye que la misma, no solo resulta exclusivamente formal y claramente preordenada a soslayar la aplicación del art. 39. 3 ET, sino que, además, no constituye un obstáculo a la aplicación del efecto positivo de cosa juzgada, porque lo cierto es que las actoras han seguido llevando a cabo funciones de categoría distinta a las que tienen asignadas y que, por consiguiente, habrán de ser retribuidas por la efectiva prestación de servicios, sin que quepa dudar de su derecho a tales emolumentos dado que, para las partes, quedó ya definitivamente zanjada tal cuestión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 606/2018
  • Fecha: 28/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador, contratado por el Ayuntamiento de Monachil para realización de trabajos de construcción conforme al Programa de empleo joven 2014 aprobado por Decreto Ley 6/2014, de 28 de abril de la Junta de Andalucía, no percibió indemnización por finalización de contrato temporal ni pagas extraordinarias. Tras solicitar el abono de salarios establecidos en el convenio colectivo sectorial provincial de la construcción, en instancia se estimó parcialmente la demanda y sólo se condenó a abonar la indemnización del art. 49.1 c) ET, sentencia confirmada en suplicación. Ante la cuestión de si corresponde aplicar, a efectos del cobro de salario, el CC de la Construcción de la Provincia de Granada, ya que el Ayuntamiento carece de convenio propio, la sentencia anotada, reiterando doctrina, señala que cuando una Administración Pública no tiene convenio colectivo propio u otro aplicable, no puede quedar afectada por lo dispuesto en un convenio sectorial del que no ha formado parte ni está representada por las asociaciones firmantes del mismo. En definitiva, no se pueden aplicar los convenios sectoriales en el ámbito de las administraciones públicas cuando el ente público afectado no ha participado en la negociación del convenio colectivo.

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