Resumen: Se presenta demanda de error judicial para que se deje sin efecto la sentencia del Juzgado de lo Social en materia de despido, así como la de suplicación, habiéndose agotado el recurso para la unificación de doctrina; según el recurrente, ante la incomparecencia de las demandadas se debió declarar que la carga de la prueba de la temporalidad de los contratos correspondía a la demandada. La demanda está dentro del plazo legal de caducidad. La ficta confesio quedó al margen de la unificación de doctrina por lo que lo argumentado apoyado en la incomparecencia de la parte demanda queda totalmente al margen del presente debate. Lo que el demandante califica como error judicial es una clara discrepa con la valoración de la prueba que la juzgadora de instancia realizó en orden a las pretensiones articuladas en la demanda, al negar que se hubiera acreditado o constatado que el contrato temporal fuera fraudulento cuando no era controvertida la realidad de la causa que figuraba en el mismo cuyas formalidades estaban cubiertas. No se puede decir que el órgano judicial haya incurrido en una equivocación "manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos y lo mismo sucede con la sentencia de suplicación.
Resumen: La sentencia anotada confirma el fallo de instancias anteriores que declaran el derecho del demandante a la pensión de jubilación solicitada, en porcentaje del 100% sobre la base reguladora establecida. El debate se centra en determinar si, a efectos de la pensión de jubilación en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, para la aplicación de los coeficientes reductores, debe tomarse en cuenta todo el tiempo en que el actor estuvo prestando servicios para la Empresa "Ceferino Nogueira, S.A." (desde el 5.03.1980), con períodos en los que estuvo afiliado al Régimen General, o solo desde la fecha de la sentencia judicial que determinó su inclusión en el RETM. La Sala IV traslada al presente supuesto, por razones de seguridad jurídica, la solución alcanzada en STS de 4.11.2014, rcud 3326/2013, viene a resolver análoga pretensión de otro trabajador de la misma empresa de estiba y desestiba que igualmente lo había encuadrado en el Régimen General. Reconoce el derecho a la pensión de jubilación del RETM computando el encuadramiento desde el ingreso en la empresa que le mantuvo incorrectamente encuadrado. Concluye confirmando el derecho del actor a percibir el 100% de su pensión de jubilación, con base en que debía reconocerse los COE desde el inicio de la relación laboral con la empresa -parámetro no impugnado en cuando a su concreta y matemática traducción-, con independencia de que hubiera estado dado de alta (incorrectamente) en el Régimen General.
Resumen: Se cuestiona si la condición del personal laboral que presta sus servicios en AENA es de indefinido no-fijo, o fijo de plantilla por fraude de ley en la contratación temporal. Centrado el núcleo debatido en si la condición laboral de personal indefinido-no fijo es aplicable al personal laboral de las sociedades estatales, como sí lo es en general en las Administraciones Públicas. En cuanto a la ubicación o encuadramiento de AENA dentro del sector público estatal, cabe mencionar el art. 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, intitulado: «Sector público estatal». En cuanto a las condiciones de acceso al empleo en tales sociedades, el EBEP en su Disposición adicional primera, relativa al «Ámbito específico de aplicación», indica que al referirse a las «entidades del sector público estatal» no se limita a las «entidades de derecho público» mencionadas en el art. 2. Esta última dicción faculta la afirmación de que, también en el sector societario en que nos encontramos, opera la necesaria concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público tal y como dispone el art. 55 EBEP. Voto Particular, discrepante.
Resumen: Recurre AENA la sentencia del TSJ de Cataluña que declaró la condición de fijas de plantilla de las trabajadoras porque fueron contratados en fraude de ley y considera que AENA, SA es una sociedad mercantil pública, encuadrada en el sector público, no es una Administración Pública, sino una sociedad mercantil pública sometida a las normas de derecho privado, tanto en su organización como en su actividad, incluida la contratación. La Sala IV reconoce que no ha habido pronunciamientos uniformes de este Tribunal acerca de la controversia litigiosa, y tras un extenso análisis de la normativa aplicable, de la doctrina de la Sala IV y del TC, cita varias sentencias que afectan a Correos y Telégrafos SAE, Televisión Española SA o a Radio Nacional de España SA, Eusko Irratia SA y a la misma AENA. Razona que, partiendo de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derecho público, y que con carácter general la condición de trabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las sociedades mercantiles estatales, y concluye que procede estimar el recurso y declarar que la relación laboral, que une a las partes, es indefinida no fija. Voto particular.
Resumen: El debate se centra en determinar si la condición de «trabajador indefinido no fijo» es aplicable a las sociedades mercantiles estatales. La Sala IV, en Pleno, reitera doctrina, en relación también con trabajadores de AENA, dando una respuesta positiva. Tras poner de relieve que no ha habido pronunciamientos uniformes, parte de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la DA 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP. Estos principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 del EBEP. El concepto jurídico «entidad del sector público estatal» incluye entidades privadas que, de conformidad con el art. 2 del EBEP, integran el sector público institucional. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público y debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios indicados. Se trata de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades. Por todo ello, el demandante tiene la condición de indefinido no fijo.
Resumen: La Sala IV desestima la demanda de revisión al no concurrir los requisitos exigidos. El carácter excepcional de este recurso supone que solo sea viable por la concurrencia de alguna de las causas que de manera taxativa establece la ley, cuya interpretación no puede ser extensiva, y por la confluencia inexcusable de los requisitos exigidos. En el caso, la demanda de revisión formulada se basa en que la sentencia se ha ganado por una maquinación fraudulenta. En esencia, por mor de notificaciones incorrectas y sin haberse agotado todas vías posibles para su efectividad, llegando a la notificación por edictos, y por la mala fe de la contraparte. En las presentes actuaciones es precisamente el plazo denominado de caducidad corta, 3 meses, el que no se ha cumplido. El 25/11/2015, el demandante suplica del juzgado copia de las actuaciones, tanto en su fase declarativa como ejecutiva, manifestando que había tenido conocimiento de la existencia de «unos Autos de ejecución», y el 2 de diciembre testimonio de los particulares que señala, lo cual es cumplimentado por el órgano judicial. Por ello, y aunque se tomare en consideración este último hito procesal, a los efectos de fijar la fecha de conocimiento de lo actuado, de los hechos en los que se sustenta la causa revisoria, habría trascurrido en exceso el referido plazo de caducidad hasta la interposición de la presente demanda, lo que necesariamente ha de malograr el éxito de la misma.
Resumen: La cuestión suscitada versa sobre las consecuencias del allanamiento por parte de la entidad empleadora del trabajador recurrente. Dicho allanamiento se produce cuando el recurso de casación unificadora ya ha sido interpuesto, e incluso remitido al Ministerio Fiscal para su Informe. En el mismo, el Ayuntamiento acepta en su totalidad lo pedido por el recurso de casación; El escrito presentado por la entidad recurrida no solo es claro en su manifestación, sino que fundamenta la razón de ello; La sentencia referencial aportada por el recurso, en su segundo motivo, acoge la petición del trabajador del caso en términos idénticos a la formulada por el ahora recurrente y el propio escrito interesando el allanamiento interesa que dictemos sentencia acogiendo la pretensión del recurrente. La Sala IV analiza el alcance del allanamiento tanto en el proceso civil como en el social, para concluir que se viene admitiendo, el juego del allanamiento (tanto total como parcial) en el ámbito del proceso laboral. Se exige que la manifestación de conformidad con la demanda ha de ser clara; su existencia juega en contra del carácter controvertido de lo reclamado y aceptado; cabe el allanamiento parcial; cuando acaece, ha de tenerse presente en las sucesivas fases procesales. Cumpliéndose estas exigencias en el caso analizado, se dicta sentencia estimando el recurso de casación unificadora, sin que ello comporte en esta ocasión fijar una determinada doctrina sobre el fondo de lo debatido.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que estima la demanda presentada por la Asociación de Empresas de Producción Independiente del País Vasco (Ibaia) y declara carente de eficacia general por no ser estatuario el acuerdo sobre materia concreta de la comunidad autónoma del País Vasco en el ámbito de la producción audiovisual, suscrito el 27/2/2018, dada la insuficiente representatividad de la asociación patronal firmante. En casación, se denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia, que no prospera, al entender que la misma ha dado respuesta, negativa, a la pretensión, sin que se haya generado indefensión. Tampoco prospera la revisión de hechos instada por los tres recurrentes, por no cumplirse las exigencias establecidas en la LRJS ni en la doctrina de la Sala. Seguidamente y tras efectuar diversas precisiones sobre la finalidad y alcance de los recursos de casación, desestima los motivos de denuncia jurídica por ausencia de las infracciones jurisprudenciales o legales invocadas, por presuponer supuestos diversos al concurrente o referirse a temas intrascendentes para el fallo de la sentencia recurrida. En definitiva, el Acuerdo fue suscrito por asociación que no cumple con las exigencias de los arts 87.3.c y 88.2 ET y ha quedado acreditado que existe, tanto falta de legitimación para negociar de AVESAT, como una falta de proporción de la necesaria representatividad de AVESAT para constituir la mesa negociadora,
Resumen: En la sentencia examinada se formulaba demanda revisoria al amparo del art. 510 LEC frente a la sentencia del juzgado de lo social que desestimó la demanda empresarial de impugnación del acto de conciliación judicial. La sentencia desestima la demanda, tras recordar la doctrina que declara el carácter excepcional del proceso de revisión de sentencias, en primer lugar, porque no se cumple en el caso el requisito de subsidiariedad que exige el agotamiento previo de todos los recursos judiciales previstos por la ley a fin de que la sentencia pueda considerarse firme, pues cabía interponer recurso de suplicación frente a la sentencia cuya revisión se pretende. En segundo lugar, no determina la demandante con claridad el «dies a quo» para el cómputo del plazo de 3 meses –caducidad corta- y así acreditar que el recurso se ha interpuesto en tiempo hábil. Sólo indica que en ese plazo tuvo conocimiento de determinados hechos relativos a una falsedad documental que dieron lugar al inicio de un proceso penal; proceso que no ha terminado y que no dio lugar a la suspensión del proceso laboral por mor de lo establecido en el art. 86.2 LRJS. Por ambos motivos, se desestima la demanda.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina que reconoce el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio cuando se extingue una relación laboral indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza, en atención a la especial naturaleza de este tipo de relación laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas. Tal derecho a la indemnización no surge de lo declarado en la STJUE de 14 septiembre 2016, cuya dificultosa y problemática interpretación ha sido corregida, tanto por las STJUE de 5 junio 2018 (Montero Mateos -C-677/16 - y Grupo Norte Facility - C-574/16 -), como, de manera específica, por la STJUE de 21 noviembre de 2018 (C-619/17 ) -segunda de las dictadas por el Tribunal de la Unión en ese mismo caso-. La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a derecho, y que en este supuesto, lleva aparejado el derecho indemnizatorio que debe ser de 20 días por año de servicio, teniendo en consideración que la declarada relación laboral indefinida no fija, por irregularidades y fraude de ley, arranca del contrato suscrito el 1/12/ 2008.