Resumen: Se pretende el reconocimiento del permiso retribuido por nacimiento regulado en convenio colectivo tras la modificación legal del RDL 6/2019 por considerar que sigue vigente en caso de que esté contemplado en el convenio. Se plantea la fecha de su disfrute porque el convenio establece "desde la fecha del hecho causante " lo que colisiona con el apartado 4 del artículo 48 del E.T relativo al permiso por nacimiento de hijo que necesariamente ,en parte,se tiene que disfrutar después del parto.Se solicita el reconocimiento del derecho a disfrutarlo, tras la finalización del permiso por nacimiento del ar. 48.4 ET y,en todo caso ,antes de que el niño cumpla doce meses.Se estima la excepción de falta de acción,pues solo consta la falta de acuerdo de la comisión paritaria sobre la vigencia del derecho, sin que la empresa haya denegado el derecho, como lo demuestra el hecho de que está pidiendo su supresión en la plataforma de negociación del nuevo convenio.
Resumen: Corresponde al orden social, y no al contencioso administrativo, conocer de la demanda para la protección de derechos fundamentales de reunión y de libertad sindical de los recurrentes, concretamente, porque dicho Sindicato había cesado a los demandantes (policías locales) en los cargos sindicales que ocupaban y había cursado su baja como afiliados mediante acuerdo del Sindicato. La interpretación de la Exposición de Motivos y artículo 1 a 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, atrae al orden social, por su mayor especialidad, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse como sociales, incluso cuando esté implicada la administración pública. Las pretensiones de la demanda tienen por objeto obtener un pronunciamiento judicial favorable a los intereses legítimos de los demandantes en relación con el acuerdo adoptado por el Sindicato profesional de Policías Municipales.
Resumen: La parte actora reclama en las presentes actuaciones la mejora voluntaria prevista en el convenio colectivo para el fallecimiento derivado de accidente de trabajo. La sentencia que se examina analiza el convenio colectivo aplicable. En el presente caso, lo que ocurre es que la empresa demandada realiza diversas actividades económicas, de suerte que habrá de estarse a la actividad preponderante y, en ese sentido, la doctrina jurisprudencial tiene establecido que, para determinar el convenio colectivo aplicable en aquellos supuestos en que la empresa se dedica a más de una actividad, no ha de atenderse solo al objeto social estipulado en los estatutos de la sociedad, puesto que bastaría al empleador cambiar el objeto social escriturado e inscrito en el Registro Mercantil, para hacer variar, unilateralmente, el convenio aplicable. Ha de estarse a la actividad real preponderante, a cuyo efecto habrá de valorarse, principalmente, la actividad organizativa, productiva y económica de la empresa y, en la que intervienen los empleados con motivo de la prestación de sus servicios. Se concluye que no tiene derecho la parte actora a la mejora reclamada porque el convenio correspondiente a la actividad principal de la empresa, no contempla mejora alguna para esta contingencia.
Resumen: Recogiendo la evolución de nuestra jurisprudencia la Sala Cuarta recuerda que las normas jurídicas en debate deben ser interpretadas en el sentido más favorable posible para el reconocimiento de derecho fundamental. El sindicato puede organizar libremente su estructura representativa en la empresa, conjunta o fraccionada por centros de trabajo, en ejercicio del derecho de libertad sindical. No se ha vuelto a la anterior doctrina que fue revisada por la STS de 18 de julio de 2014. La libertad del sindicato no está mediatizada por la estructura que haya adoptado la configuración de los Comités de empresa, que el sindicato puede tomar como referencia, pero no tiene por qué ser iguale en su configuración. Al Sindicato le basta con acreditar que con tal criterio de agrupación puede obtener la constitución de la Sección Sindical al alcanzar los requisitos legalmente establecidos. No es exigible al sindicato tener presencia en todos y cada uno de los centros agrupados. La sentencia aplica los criterios que marca la LISOS para las infracciones que afecten a derechos fundamentales. La fijación del quantum indemnizatorio se presenta como suficiente. El criterio de instancia, al señalar el importe y tratándose de daños morales, goza de cierta discrecionalidad a la hora de cuantificar, si bien puede ser revisado en vía de recurso de forma excepcional cuando se presente como desorbitado, injusto o desproporcionado. La Sala Cuarta no encuentra razón alguna para alterar la cuantía.
Resumen: La entidad gestora del desempleo revisó de oficio el reconocimiento a la actora de las rentas activas de inserción y del subsidio por desempleo, dejándolos sin efecto. Declara l a sentencia que se examina las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo suponen una excepción a la prohibición de revisión de oficio de los actos declarativos de derechos en perjuicio de los beneficiarios, pero sólo se pueden llevar a cabo dentro del plazo máximo de un año desde que se dictó la resolución administrativa que se vaya a revisar. En el presente caso, se sobrepasó en exceso el plazo de un año para que se pudiese actuar de oficio por la entidad demandada, lo que desvirtúa necesariamente la efectividad de la misma, determinando su necesaria anulación. La entidad gestora, transcurrido el plazo de un año, sólo podrá revisar estos actos administrativos, ejercitando la correspondiente acción ante los órganos de la jurisdicción social.
Resumen: Conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra. El auto que acordó la extinción colectiva no incluyó al trabajador aquí demandante, por lo que, respecto del mismo, aquel auto no puede tener efectos de cosa juzgada. En la actualidad, en el seno del concurso, ni hay ni puede haber extinción colectiva; y lo que, a la postre, se discute en el procedimiento de las demandas interpuestas por el trabajador es si su relación laboral sigue o no vigente y, en éste último caso, si hubo dimisión o despido tácito con las consecuencias que correspondan en cada caso; cuestiones todas ellas que, con claridad, no están incluidas entre las que competen al conocimiento del Juez del Concurso y que, por tanto, corresponden al Juzgado de lo Social. Como consecuencia de lo expuesto, tal como informa el Ministerio Fiscal, debe resolverse el conflicto negativo de competencia afirmando la competencia de la jurisdicción social; y, por tanto, del Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada.
Resumen: La sentencia, tras recordar lo dispuesto en el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2015, en relación a cómo debe apreciarse la existencia de contradicción en supuestos en que se alegan infracciones procesales, aprecia la inexistencia de contradicción con la sentencia de contraste, en un supuesto en que se alegaba incongruencia por cuanto el actor había solicitado el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total, se le reconoció por sentencia de instancia y en suplicación se le denegó por tratarse de una revisión por agravación y las dolencias carecen de gravedad. Considera la Sala que en la sentencia recurrida se aclara que las dolencias del trabajador carecen de gravedad como para declarar al actor afecto de una incapacidad permanente absoluta, mientras que en la sentencia de contraste, se reconoce al actor en situación de incapacidad permanente absoluta, a pesar de que se había solicitado solo una incapacidad permanente total, incurriendo en incongruencia.
Resumen: La cuestión objeto del conflicto negativo de competencia planteado radica en decidir cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda/incidente concursal en materia laboral planteado por el actor por despido y reclamación de cantidad acumulada, al haber rechazado tanto el Juzgado de lo Social, como el Juzgado de lo Mercantil, la competencia para conocer del asunto. Consta asimismo que la sociedad demandada fue declarada en situación de concurso voluntario, y el Juzgado de lo Mercantil acordó la extinción de los contratos de trabajo por despido colectivo, entre los cuales, no estaba el del actor. Y la Sala Especial del TS declara la competencia del Juzgado Social para el conocimiento de las cuestiones planteadas, pues de conformidad con el art. 64.1 y 10 de la LC, si bien, con carácter general, la demanda de rescisión de contrato formulada después de la declaración del concurso quedará suspendida y a resultas de lo que decide el Juez del Concurso, en el caso, el Juez del Concurso no acordó ni comunicó la suspensión del procedimiento individual, a lo que se anuda que el auto que autorizó la extinción colectiva no incluyó al demandante, por lo que no puede desplegar frente a él los efectos de cosa juzgada. Por lo tanto, lo que ahora se ventila es si la relación laboral sigue o no viva, y si hubo despido tácito; cuestiones todas ellas cuyo conocimiento no compete al Juez del Concurso, y sí corresponden al Juzgado de lo Social.
Resumen: El trabajador demandante venia prestando sus servicios con un contrato de trabajo celebrado con la Embajada de Turquía en España , habiendo sido cesado presenta demanda por despido y reclamación de cantidad; por el Juzgado de lo Social se dicta Auto apreciando la fata de competencia jurisdiccional al apreciar la inmunidad jurisdiccional se interpone recurso de Suplicación que es estimado por la Sala y entiende que son competentes los Tribunales Españoles para conocer de la reclamación, revocando el Auto de instancia. Y ello por considerar que se deben de aplicar las reglas ordinarias del tráfico privado pues no estamos ante actos de Estado Extranjero que afecte a la seguridad nacional o de las misiones diplomáticas
Resumen: Se pretende en el presente proceso que se dicte sentencia en la que se reconozca el "derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a que su jornada de trabajo anual sea de 1612 horas a jornada completa y el porcentaje correspondiente sobre dichas horas para el tiempo parcial y en cómputo de 7,5 horas días y promedio semanal de treinta y siete horas y media" y ello por aplicación de la Disposición Adicional 144ª de la LPGE de 2018 .A raíz de dicha norma al personal que presta servicios en las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF AV se ha fijado en 1.642 horas anuales a través del Acuerdo de fecha 13-6-2019, del II Convenio colectivo de 31-5-2019 y de las Resoluciones de presidencia de fecha 18-7-2019. Y partiendo de estos datos, resulta que la pretensión de carácter mero declarativa que formula el sindicato actor, sin impugnar aquellos actos que contradicen su tesis, es una mera solicitud de informen o dictamen del órgano jurisdiccional efectuado con carácter preventivo, por lo que se aprecia, de oficio, la excepción de falta de acción.