Resumen: Se trata de discernir si, pese a la aplicación del silencio administrativo positivo, las obligaciones de FOGASA se hallan limitadas por los parámetros cuantitativos del art. 33 ET cuando en la solicitud no se pedía una cantidad concreta. La cuestión ha dado lugar a múltiples pronunciamientos de la Sala Cuarta TS; de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud. 2323/2015), confirmado profusamente en las STS/4ª/Pleno de 21 abril 2017 (rcud. 669/2016 y 701/2016). En ellas se sostuvo que la imposibilidad de revisión de la legalidad ordinaria está consagrada por la norma legal que aplica el juego del silencio. Así, FOGASA está obligado a resolver en el plazo previsto en su propia norma de funcionamiento, art. 28.7 del RD 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial. Si no lo hace, es la propia ley (LRJPAC) la que establece que la solicitud del interesado ha sido estimada por silencio administrativo ?resolución tácita equiparada legalmente a resolución expresa- y es la propia ley la que prevé que, posteriormente, tal resolución presunta no puede dejarse sin efecto por la propia Administración. Lo único que puede impedir el juego del silencio positivo por el transcurso del plazo máximo para resolver, en los procedimientos iniciados de instancia o de parte, es que exista norma con rango de Ley o norma de Derecho de la Unión Europea que prevea para el caso el efecto negativo del silencio, lo cual no ocurre en estos casos.
Resumen: Se reclaman diferencias salariales por vigilantes de seguridad del aeropuerto de Gran Canaria, en cuantía inferior a 3.000 €, en concepto de plus de radioscopia aeroportuaria, siendo la cuestión si procede su abono en razón de todas las horas trabajadas en el filtro de acceso o únicamente por del tiempo de permanencia frente al escáner. La sentencia reitera la doctrina de la Sala establecida en supuestos anteriores y declara la falta de competencia funcional porque ni la cuantía litigiosa alcanza la exigida en el art. 191.2.g) LRJS, ni cabe tampoco apreciar afectación general, al no concurrir los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ello conforme al art. 191.3.b) LRJS.
Resumen: Tras presentarse demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba se declarara que las condiciones de los trabajadores contratados entre el 1 de enero y el 29 de noviembre de 2016, eran las establecidas en el II CC Renfe Operadora, la misma fue desestimada por la AN. La Sala 4ª confirma dicha sentencia tras desestimar los motivos dedicados a la pretensión de revisión de hechos probados. En cuanto a la cuestión de que la norma convencional se extendió más allá del año de ultraactividad puesto que denunciado en tiempo y forma perdió sus efectos por mor de lo dispuesto en el art. 86.3 ET, manteniendo la Comisión de conflictos laborales del convenio diversas reuniones, lo que supone que mantuvieron su vigencia entre el 1 de enero y 20 de noviembre de 2016, resuelve la Sala 4ª del TS que las previsiones convencionales eran de aplicación ultraactiva al personal con relación vigente a fecha 31 de diciembre de 2015, pero no así para el personal de nuevo ingreso que carecía de convenio aplicable, existiendo negociación del nuevo convenio, lo que necesariamente ha de entenderse como previa denuncia del anterior, siendo además voluntad de las partes el dejar de aplicar el convenio a partir de 2016 y aplicar el preacuerdo de 9 de abril de 2015 a partir del 1 de enero de 2016 a las nuevas contrataciones.
Resumen: La sentencia desestima el RCUD presentado contra la sentencia de suplicación que confirmando la de instancia dejó sin efecto la resolución del INSS que declaró incompatible la percepción de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de consultor de informática con el ejercicio de cargo retribuido de teniente de alcalde de un ayuntamiento con dedicación exclusiva, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia de contraste. La razón de la falta de contradicción es que en la sentencia recurrida se trata de una incapacidad permanente total mientras que en la de contraste se trata de una incapacidad permanente absoluta, lo que determina que los supuestos de compatibilidad con el ejercicio de cargos electivos deban ser analizados de forma diferente.
Resumen: Tras presentarse demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba la declaración de nulidad de la convocatoria de ingreso de personal fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y tasa de reposición y constitución de bolsas de reserva en Renfe, por sentencia de instancia se declaró la inadecuación de procedimiento, por considerar que a la fecha de celebración del juicio ya había concluido el proceso selectivo y se habían publicado las listas de los candidatos seleccionados. La Sala 4ª dicha sentencia, por considerar que el art. 151 LRJS no atiende a las reclamaciones frente a decisiones de quien ostenta la condición de empleadora porque no es una actuación administrativa, debiendo ventilarse tales cuestione por la modalidad procesal que corresponda, y como se afirmó en STS de 9 de abril de 2018, dictada en el mismo procedimiento, la convocatoria es un acto de una empresa pública y no de un poder público, debiendo tramitarse la cuestión por la vía de conflicto colectivo. Aclara que la impugnación del concurso se canaliza por vía de conflicto colectivo, no así cuando se ha producido el proceso de adjudicación de las plazas, cuyo proceso es el ordinario. Añade que para aplicar dicha doctrina hay que estar al momento de la presentación de la demanda, y como en el supuesto en dicho momento todavía no se han adjudicado las plazas, el proceso de conflicto es adecuado.
Resumen: Se cuestiona la negativa a autorizar la acumulación del crédito horario de los representantes sindicales en el seguimiento de una huelga. Se argumenta que la empresa se ha apartado de lo pactado, lo que incide en el ejercicio de la actividad sindical. Del contenido de los acuerdos, se infiere la existencia de pactos sucesivos, admitiendo finalmente las empresas la cesión, acumulación y compensación voluntaria. A lo anterior se suma la conciliación entre el sindicato actor y la empresa en el seno de un conflicto colectivo, centrado en la acumulación de crédito horario derivado del ejercicio del derecho de huelga y paros parciales por los representantes del sindicato. Se evidencia el desajuste temporal en orden al momento de comunicación de la asignación de horas a unos concretos representes con motivo de secundar otros la huelga. La sentencia concluye que la actuación empresarial imputando al crédito sindical aquellos lapsos que el sindicato pretendía calificar como ejercicio efectivo del derecho de huelga de sus representantes, y la correlativa negativa a la acumulación de las horas correspondientes en favor de otros, recayeron indefectiblemente en el desempeño del derecho fundamental a la libertad sindical, al quebrantar la vertiente de autorregulación de la actividad sindical consagrada en el art. 28.1 de la CE (STS 40/2003). Se condena a la empresa al abono de una indemnización de 3.000 euros en favor del sindicato actor por la vulneración declarada.
Resumen: La cuestión planteada en la sentencia examinada consiste en determinar el ámbito de aplicación del art. 1 Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, referido a la incompatibilidad de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares previstas con ocasión del cese "en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público", y en concreto, en decidir si se aplica sólo a los altos cargos o debe incluirse a todo aquel que desempeñe un puesto o actividad en el sector público, cualquiera que este sea. La sentencia considera que el mencionado precepto debe aplicarse a todo empleado del sector público, con independencia de lo que diga la Exposición de Motivos de la ley, porque así se deduce de la voluntad del legislador manifestada expresamente en la redacción del precepto, así como también de la interpretación sistemática del repetido precepto con la disposición transitoria segunda y con el art. 16 de la misma ley, frente a lo cual no puede prevalecer la regulación contenida en convenio colectivo, que está sometido a las normas de superior rango en virtud del principio de jerarquía normativa.
Resumen: La sentencia desestima el RCUD presentado contra la sentencia de suplicación que confirmando la de instancia consideró nulo el despido de la trabajadora acontecido el mismo día que presentó reclamación verbal manifestando discrepancia sobre la fecha de disfrute de las vacaciones, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste. La razón de la falta de contradicción es que los indicios presentados en ambas sentencias para apreciar o no vulneración de la garantía de indemnidad no son los mismos, ya que en la sentencia recurrida se imputa en la carta una genérica y abstracta disminución del rendimiento, mientras que en la de contraste consta que el trabajador se negó a efectuar el servicio que la empresa le encargó, aunque la negativa estuviera justificada. Además, en la sentencia de contraste el despido se produce un año después de la remisión de un burofax por parte del trabajador, sin que éste presentara queja contra la empresa en reclamación de un determinado derecho, sino una simple manifestación de voluntad de no realizar horas extra
Resumen: Se examina una vez más la cuestión consistente en decidir si procede la indemnización de 20 días por año de servicio del art, 53 ET, por la extinción del contrato de interinidad por vacante con arreglo a derecho. La sentencia reitera la doctrina de la Sala en el sentido de que los contratos de interinidad válidamente extinguidos no dan derecho a indemnización alguna, porque la STJUE de 14 de diciembre de 1996 (C-596/14, de Diego Porras) ha sido rectificada por las SSTJUE 5 de junio 2018 (Grupo Norte Facility C-574/16 y Montero Mateos C-677/16), y más recientemente por la STJUE 21 noviembre 2018 (Asunto Diego Porras II), esta última dictada en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Auto de la Sala IV de 25 octubre 2017, habiendo sido definitivamente zanjado el tema por la STS del Pleno de la Sala, de 13 marzo 2019 (R. 3970/16), que en aplicación de todo ello concluye señalando que en nuestro ordenamiento jurídico la finalización de los contratos temporales conlleva la indemnización que en cada caso haya previsto el legislador, y que por esa razón en modo alguno puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos, como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET.
Resumen: Se debate en la sentencia analizada el derecho de la actora, divorciada del causante, a percibir la pensión de viudedad que reclama. La sentencia de suplicación reconoce tal derecho por entender que, si bien en el convenio regulador del divorcio no se fijó pensión compensatoria, lo cierto es que la actora ha venido percibiendo periódicamente de su ex marido determinadas cantidades de dinero. Recurre el INSS en casación unificadora. La sala IV aprecia en primer lugar la inexistencia de contradicción entre las sentencias comparadas. Y ello porque, por una parte, es distinto el contenido de los respectivos convenios reguladores y, por otro, en el caso de autos la actora viene percibiendo cantidades de su exmarido desde antes del divorcio y no existen obligaciones de alimentos para los hijos, mientras que en el supuesto de contraste los pagos comienzan con el divorcio y existe obligación de alimentos para hijos. En segundo lugar, se concluye que el recurso adolece de falta de contenido casacional, pues la solución de la sentencia recurrida es coincidente con la doctrina de la Sala IV relativa al concepto de pensión compensatoria plasmada en la STS de 23/2/2016 (R. 2311/2014), y las que en ella se citan.