• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se presenta demanda de error judicial para que se deje sin efecto la sentencia del Juzgado de lo Social en materia de despido, así como la de suplicación, habiéndose agotado el recurso para la unificación de doctrina; según el recurrente, ante la incomparecencia de las demandadas se debió declarar que la carga de la prueba de la temporalidad de los contratos correspondía a la demandada. La demanda está dentro del plazo legal de caducidad. La ficta confesio quedó al margen de la unificación de doctrina por lo que lo argumentado apoyado en la incomparecencia de la parte demanda queda totalmente al margen del presente debate. Lo que el demandante califica como error judicial es una clara discrepa con la valoración de la prueba que la juzgadora de instancia realizó en orden a las pretensiones articuladas en la demanda, al negar que se hubiera acreditado o constatado que el contrato temporal fuera fraudulento cuando no era controvertida la realidad de la causa que figuraba en el mismo cuyas formalidades estaban cubiertas. No se puede decir que el órgano judicial haya incurrido en una equivocación "manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos y lo mismo sucede con la sentencia de suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 1911/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El debate se centra en determinar si la condición de «trabajador indefinido no fijo» es aplicable a las sociedades mercantiles estatales. La Sala IV, en Pleno, reitera doctrina, en relación también con trabajadores de AENA, dando una respuesta positiva. Tras poner de relieve que no ha habido pronunciamientos uniformes, parte de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la DA 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP. Estos principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 del EBEP. El concepto jurídico «entidad del sector público estatal» incluye entidades privadas que, de conformidad con el art. 2 del EBEP, integran el sector público institucional. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público y debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios indicados. Se trata de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades. Por todo ello, el demandante tiene la condición de indefinido no fijo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 2005/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la condición del personal laboral que presta sus servicios en AENA es de indefinido no-fijo, o fijo de plantilla por fraude de ley en la contratación temporal. Centrado el núcleo debatido en si la condición laboral de personal indefinido-no fijo es aplicable al personal laboral de las sociedades estatales, como sí lo es en general en las Administraciones Públicas. En cuanto a la ubicación o encuadramiento de AENA dentro del sector público estatal, cabe mencionar el art. 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, intitulado: «Sector público estatal». En cuanto a las condiciones de acceso al empleo en tales sociedades, el EBEP en su Disposición adicional primera, relativa al «Ámbito específico de aplicación», indica que al referirse a las «entidades del sector público estatal» no se limita a las «entidades de derecho público» mencionadas en el art. 2. Esta última dicción faculta la afirmación de que, también en el sector societario en que nos encontramos, opera la necesaria concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público tal y como dispone el art. 55 EBEP. Voto Particular, discrepante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 22/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda de la que trae causa la sentencia anotada, se solicita la revisión de una sentencia que condenó a los demandantes ahora en revisión por despido improcedente, no obstante obrar otras sentencias que en suplicación habían dejado sin efecto dicha condena en relación a las demandas deducidas por otros trabajadores, lo que a su entender ha provocado un trato discriminatorio, y ha eludido la aplicación de la cosa juzgada material. Pero, el TS rechaza la revisión pretendida por el demandante de acuerdo a reiterado criterio jurisprudencial, porque la demanda resulta extemporánea, dado que los demandantes formalizan la revisión transcurridos más de tres meses previstos en el art. 512.2 LEC, Además, tampoco se apoya en ninguno de los motivos del art. 510 de la LEC, al que se remite el art. 536.1 de la LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 3689/2017
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona el alcance del silencio administrativo positivo. Tras demanda por despido; en conciliación ante el juzgado se aceptó la cantidad y el trabajador solicitó la prestación al Fondo. La falta de fijación de suma concreta supone remitirse a la solicitud en la que se cumplimentó el apartado relativo a la documentación mencionando el acta de conciliación del Juzgado, certificación del administrador concursal informando del crédito, copia del auto declarando el concurso de la mercantil y copia del acta de conciliación ante el Juzgado de lo Social. FOGASA dictó tres resoluciones reconociendo el derecho a percibir diversas cantidades y el trabajador interpuso demanda contra el Fondo. La sentencia estimó en parte y recurrió en suplicación el demandante, postulando la aplicación del silencio administrativo positivo y reclamando la estimación íntegra de la demanda. El TSJ confirmó la sentencia de instancia, negando el efecto positivo del silencio. La sentencia TS de 18/12/2018, R. 4005/2017 compendia la doctrina de la sala. Aunque al cumplimentar el impreso de solicitud no se haya concretado la cantidad, si aparece con claridad cuál era la cantidad reclamada al Fondo, constando en el expediente administrativo un certificado de un administrador concursal cuantificando los importes adeudados y los documentos procesales acreditativos lo que no puede erigirse en obstáculo insalvable para su reclamación, debiendo desplegar sus efectos el silencio administrativo positivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 23/2019
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia estima la revisión solicitada, al haber resultado la trabajadora y la testigo traída a juicio condenadas en sentencia penal por falso testimonio, prestado en el proceso seguido en reclamación de indemnización derivada de accidente de trabajo, y haber sido su declaración decisiva para la condena a la demandada por la falta de observancia en el cumplimiento y ejecución del protocolo de intervención física del usuario del centro de referencia, cuando lo cierto es que la testigo no presenció lo ocurrido ese día. La sentencia examina previamente el cumplimiento del requisito de agotamiento previo de los recursos establecidos por la ley para exceptuarlo, por cuanto es claro que la interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina no resulta factible para desvirtuar los hechos declarados probados, dado que dicha posibilidad se encuentra vedada por la ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 148/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada confirma el fallo de instancias anteriores que declaran el derecho del demandante a la pensión de jubilación solicitada, en porcentaje del 100% sobre la base reguladora establecida. El debate se centra en determinar si, a efectos de la pensión de jubilación en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, para la aplicación de los coeficientes reductores, debe tomarse en cuenta todo el tiempo en que el actor estuvo prestando servicios para la Empresa "Ceferino Nogueira, S.A." (desde el 5.03.1980), con períodos en los que estuvo afiliado al Régimen General, o solo desde la fecha de la sentencia judicial que determinó su inclusión en el RETM. La Sala IV traslada al presente supuesto, por razones de seguridad jurídica, la solución alcanzada en STS de 4.11.2014, rcud 3326/2013, viene a resolver análoga pretensión de otro trabajador de la misma empresa de estiba y desestiba que igualmente lo había encuadrado en el Régimen General. Reconoce el derecho a la pensión de jubilación del RETM computando el encuadramiento desde el ingreso en la empresa que le mantuvo incorrectamente encuadrado. Concluye confirmando el derecho del actor a percibir el 100% de su pensión de jubilación, con base en que debía reconocerse los COE desde el inicio de la relación laboral con la empresa -parámetro no impugnado en cuando a su concreta y matemática traducción-, con independencia de que hubiera estado dado de alta (incorrectamente) en el Régimen General.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 2811/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre AENA la sentencia del TSJ de Cataluña que declaró la condición de fijas de plantilla de las trabajadoras porque fueron contratados en fraude de ley y considera que AENA, SA es una sociedad mercantil pública, encuadrada en el sector público, no es una Administración Pública, sino una sociedad mercantil pública sometida a las normas de derecho privado, tanto en su organización como en su actividad, incluida la contratación. La Sala IV reconoce que no ha habido pronunciamientos uniformes de este Tribunal acerca de la controversia litigiosa, y tras un extenso análisis de la normativa aplicable, de la doctrina de la Sala IV y del TC, cita varias sentencias que afectan a Correos y Telégrafos SAE, Televisión Española SA o a Radio Nacional de España SA, Eusko Irratia SA y a la misma AENA. Razona que, partiendo de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derecho público, y que con carácter general la condición de trabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las sociedades mercantiles estatales, y concluye que procede estimar el recurso y declarar que la relación laboral, que une a las partes, es indefinida no fija. Voto particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4259/2017
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el supuesto analizado la actora percibía pensión de jubilación desde 2013. El INSS le reconoció incapacidad permanente absoluta en 2016 en base a una patología neoplásica considerando que las lesiones de carácter visual son anteriores a su afiliación a la Seguridad Social. La sentencia de instancia estimó la demanda y declaró a la actora en situación de gran invalidez al entender que las nuevas patologías le impedían realizar los actos esenciales de la vida cotidiana, sin la ayuda de una tercera persona, al sufrir parestesias e hipoestesias en manos y pies, que dificultaban la marcha e impedían poder leer en braille. Se plantea en este recurso de casación para unificación de doctrina si cabe reconocer la situación de gran invalidez a una trabajadora que es ciega con anterioridad a su afiliación a la Seguridad Social, ha trabajado en un banco como telefonista durante más de 30 años y le aparecen nuevas dolencias que originan que necesite la ayuda de tercera persona para algunos de los actos más esenciales de la vida. La Sala declara que no existe contradicción al no concurrir las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS respecto de la sentencia de contraste, en la que la actora, vendedora del cupón de la ONCE ya necesitaba la ayuda de una tercera persona con anterioridad a la afiliación a la Seguridad Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 1030/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que declaró la improcedencia del despido del trabajador. En el recurso de casación unificador, ADIF plantea dos motivos. Previamente, se declara que la presentación del escrito de preparación del RCUD después del dictado de la sentencia recurrida pero antes del auto denegando la aclaración, lo fue dentro de plazo. En cuanto al tema consistente en que el expediente disciplinario debió suspenderse por aplicación del art. 94.3 del EBEP, se aprecia falta de contradicción al no concurrir las identidades exigidas por el art 219 LRJS. En el otro motivo, relativo a la suspensión del procedimiento disciplinario por la tramitación de un procedimiento penal (art. 94.3 EBEP) cuando las diligencias penales se incoaron con anterioridad a la iniciación de dicho expediente administrativo, se reitera doctrina previa. El artículo 94.3 EBEP contiene una norma imperativa en virtud de la cual, si existen indicios de responsabilidad penal, no debe continuarse con la tramitación del expediente disciplinario, el cual debe paralizarse hasta la finalización del procedimiento penal, cuyos hechos declarados probados serán vinculantes, siendo irrelevante que el proceso penal se iniciara antes del expediente administrativo: el art. 94.3 EBEP supone que el procedimiento sancionador seguido contra el trabajador debe paralizarse si se siguen actuaciones penales por los mismos hechos. Al no haberlo hecho así el empleador, procede declarar la improcedencia del despido

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