• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 4459/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma la de suplicación que revocando la de instancia estimó parcialmente la demanda declarando la improcedencia del despido del actor como consecuencia de la pérdida del servicio de vigilancia y seguridad, habiendo procedido la empresa a despedir a 4 trabajadores y recolocado a 2, habiendo contratado la empresa en los meses previos al despido y días coetáneos, a 20 trabajadores y a 2 en el mismo grupo de cotización que el actor. La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si para la efectividad del despido por causas organizativas deviene o no preciso acreditar que se ha intentado reubicar al trabajador en otro servicio, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que en la sentencia recurrida se aportaron elementos acreditativos singulares que condujeron a determinar que la reducción de la contrata no comportaba excedente de plantilla, lo que no consta en la sentencia de contraste, por lo que al ser diferentes los supuestos de hecho, no existe doctrina que unificar. Añade que la solución no contradice lo dispuesto en la STS 31-01-2018 (Rec. 1990/2016), en que se estableció que no era necesario agotar las posibilidades de recolocación en la empresa, porque dicha solución se alcanzó conforme a un sustrato fáctico distinto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 6/2019
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia desestima la demanda de revisión presentada frente a la sentencia de instancia dictada en procedimiento de oficio instado por la TGSS en que se declaró la laboralidad de la relación que unía a los 12 trabajadores con la empresa, y en que se señalaba que la TGSS habría llevado a cabo maquinaciones fraudulentas en perjuicio de la empresa, ya que ésta no fue parte en el procedimiento de oficio. Desestima la demanda la Sala 4ª tras sistematizar su propia jurisprudencia acerca de cuándo procede la revisión de sentencias firmes, y por considerar que la demanda se presentó fuera de plazo, ya que corresponde a la parte demandante determinar con claridad el dies a quo del cómputo del plazo, sin que quepa acoger como tal el que el demandante manifiesta que ha tenido conocimiento de los hechos, y en el presente supuesto, la parte demandante indicó que tuvo conocimiento de la maquinación cuando conoció de la sentencia que se pretende revisar, lo que fija en una fecha que no coincide con la que certificó el Letrado de la Administración de Justicia, por lo que al haberse presentado la demanda habiendo transcurrido el plazo de 3 meses desde que conoció la sentencia cuya revisión se pretende, e incluso al acreditarse que no ignoró que se había dictado una sentencia en un procedimiento del que no había sido parte, procede desestimar la demanda de revisión
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1124/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación para condenar a la Universidad de Alcalá de Henares por despido improcedente pero sustituyendo el salario diario a efectos indemnizatorios, e incrementando por lo tanto la indemnización, en un supuesto en que la actora prestó servicios al amparo de becas de formación y colaboración bajo la supervisión de Decanos y Vicedecanos y cumpliendo un horario como el resto del personal. La Sala 4ª rechaza la alegación de que en el RCUD se pretendía la revisión de hechos probados, lo que no se había solicitado por el cauce adecuado en suplicación, ya que lo que se ha venido pagando no impide el debate sobre su corrección. En cuanto a la cuestión planteada en relación a cuál debe ser el salario regulador de la indemnización por despido improcedente cuando la prestación de servicios se desarrolló como falsa becaria, si el efectivamente percibido o el que debería haber percibido con arreglo al convenio, la sentencia considera que el proceso de despido es adecuado para debatir sobre el salario que debe servir de módulo para el cálculo de la indemnización, y concluye, conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala, que debe ser el establecido en el convenio colectivo aplicable aunque en el momento del cese se perciba uno inferior.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3928/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda formulada por el trabajador contra Mutua MC Mutual, el INSS, la TGSS y Uralita S.A. sobre declaración de mayor base reguladora considerando ajustado a derecho el cálculo realizado por el INSS. Siguiendo el criterio de asuntos precedentes, no se entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, dado que el debate jurídico gira en torno a cuestiones distintas. Así, aunque la controversia se suscita sobre la base reguladora de la prestación y se funda en la discrepancia de los trabajadores afectados con el convenio colectivo aplicado para indicar las retribuciones sobre las que calcular aquélla, lo cierto es que en la sentencia de contraste la solución de la discrepancia se encuentra en analizar la actividad a la que se había destinado el trabajador para concretar de este modo el ámbito de aplicación afectado y, en suma, discernir entre dos convenios colectivos distintos. Sin embargo, en la sentencia recurrida lo que se dilucida es si, a raíz del Acuerdo de 19 noviembre 2001 cabe entender que el cálculo de la indicada base reguladora se ha de llevar a cabo por un sistema de cómputo distinto. Para ello, hace un análisis del contenido y alcance de dicho Acuerdo para llegar a la conclusión de que no se está instaurando en él un salario del que quepa derivar después una base reguladora diferente, sino que exclusivamente se instaura una mejora de seguridad social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 195/2019
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que desestimó la demanda presentada por los integrantes de la Comisión Negociadora y declara el despido colectivo ajustado a derecho. La Sala rechaza las modificaciones fácticas propuestas. La parte recurrente denuncia una infracción de carácter procesal, referida a la nulidad de la sentencia por inadmisión de prueba testifical de los componentes de la Comisión representativa de los trabajadores creada ad hoc, para la tramitación del despido colectivo; la Sala IV declara que la prueba de interrogatorio de las partes solo puede ser propuesta por las otras partes del proceso de forma que los demandantes no pueden proponer como prueba su propio interrogatorio. Respecto a la existencia de grupo de empresas, inalterado el relato fáctico, declara que no concurre. Con relación al motivo de infracción de norma para declarar la nulidad del despido colectivo por no haber obtenido autorización del Juez del Concurso, la Sala declara que no procede al estar archivado el proceso concursal por insuficiencia de masa. También se desestima el motivo destinado a la declaración de nulidad del despido colectivo por no aportar la documentación necesaria al entender que la representación de los trabajadores tuvo a su disposición la documentación necesaria para negociar. Respecto del último motivo declara que la falta de puesta a disposición de la indemnización a los trabajadores afectados por el despido no afecta a la calificación del despido colectivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3360/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia anotada se cuestiona la naturaleza jurídica de la relación, laboral o de arrendamiento de servicios, que han tenido las partes. Pero la Sala IV no entra en el fondo del asunto, en cuanto a las cuestiones suscitadas de índole procesal, por la falta de aportación de sentencias de contraste y en lo que atañe al fondo del asunto, al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfretadas dentro del recurso. Así, y como se había declarado en un pronunciamiento anterior [TS 29/11/2018, rec. 134/17], distinta es la actividad desarrollada por cada uno de los trabajadores, concurriendo asimismo notables diferencias en la prestación de servicios por la plena libertad y autonomía que tenía el actor en el caso de la sentencia de contraste, al no ser obligatoria su asistencia, ni estar sujeto a horario, ni venir obligado a dar cuentas de lo hecho, sin recibir órdenes o instrucciones, sino simples indicaciones de los problemas existentes, circunstancias diferentes a las del desempeño de su actividad por la trabajadora en el caso de la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 4138/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) puede ser condenado en costas en el supuesto de desestimación de su recurso de suplicación. La sentencia recurrida confirmó la condena a la Comunidad de Madrid a abonar al demandante 3.631,06 euros más el 10% de interés por mora, en relación a diferencias salariales y condenó en costas (600 euros) a la entidad recurrente en suplicación. La Comunidad de Madrid, en representación del Servicio Madrileño de Salud considera que la sentencia infringe lo dispuesto en el art. 235 de la LRJS, que establece que no procede la condena al pago de costas causadas por un recurso desestimado, cuando quien lo interpone sin temeridad disfruta del beneficio de justicia gratuita, estableciendo a su vez el art. 2.b) de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, que las entidades gestoras de la Seguridad Social son titulares del derecho de asistencia jurídica gratuita. La STS 850/2018, 20 de septiembre de 2018 (Pleno, rcud 56/2017) llevó a cabo una revisión de la doctrina y esta doctrina se ha reiterado y mantenido en las sentencias sucesivas en que se ha planteado tal cuestión e igualmente hemos venido decretando la condena en costas de los recursos de casación para unificación de doctrina. En todas las SSTS citadas, menos en la última, se invocaba la misma sentencia de contraste que en el presente recurso se esgrime.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 25/2019
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso resuelto por sentencia comentada, se presentaba demanda de revisión alegando maquinación fraudulenta, porque el domicilio indicado en la demanda y en el que se intentaron las notificaciones no era el actual del actor, sino otro distinto. La sentencia desestima la pretensión porque se interpuso fuera de plazo y no se agotaron los recursos previstos por la ley. Así, el actor - entonces demandado - se personó en los autos cuando ya se había celebrado el juicio, momento en el que pudo constatar la supuesta maquinación fraudulenta. Por otra parte, la sentencia se notificó al letrado designado por el propio actor que pudo comprobar nuevamente que el domicilio indicado en la demanda, y en el que se intentaron las notificaciones no era el de su representado, habiendo transcurrido desde entonces hasta que interpuso la demanda de revisión, más de 3 meses (art. 512.2 LEC); plazo de caducidad, que no se suspendió por la promoción del incidente de nulidad de actuaciones, que fue inadmitido de plano, puesto que sus pretensiones debieron haberse hecho valer mediante el correspondiente recurso de suplicación, y al no haberlo hecho así, la sentencia devino firme, lo que impide que prospere la demanda de acuerdo con la LRJS art. 236.1.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2136/2017
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV desestima el recurso de casación unificadora que tiene por objeto resolver si la aplicación del principio non bis in idem impide que pueda imponerse a la empresa una sanción administrativa por infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales contempladas en la LISOS, derivada del mismo accidente de trabajo por el que ha sido condenado en vía penal el encargado de la obra en la que prestaba servicios el trabajador accidentado. La sentencia, reitera y amplía pronunciamientos anteriores sobre la misma cuestión, y declara que cuando se produce la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos, no cabe la doble sanción penal y administrativa. No hay identidad subjetiva cuando el condenado en vía penal es una persona física y la sanción administrativa se impone a la persona jurídica. La identidad subjetiva no es necesariamente exigible para que opere la suspensión del procedimiento administrativo. Esa suspensión debe producirse cuando hay conexión directa entre los hechos de uno y otro procedimiento. En el supuesto analizado la sentencia penal valora solo la conducta del encargado que ordena al trabajador accidentado la realización de tareas de limpieza en el entorno de la cinta transportadora, mientras que la sanción administrativa impuesta a la empresa se sustenta en las deficientes condiciones de conservación y mantenimiento de la cinta y su entorno, así como en la inadecuada formación del trabajador y la ausencia de un plan de prevención.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se presenta demanda de error judicial para que se deje sin efecto la sentencia del Juzgado de lo Social en materia de despido, así como la de suplicación, habiéndose agotado el recurso para la unificación de doctrina; según el recurrente, ante la incomparecencia de las demandadas se debió declarar que la carga de la prueba de la temporalidad de los contratos correspondía a la demandada. La demanda está dentro del plazo legal de caducidad. La ficta confesio quedó al margen de la unificación de doctrina por lo que lo argumentado apoyado en la incomparecencia de la parte demanda queda totalmente al margen del presente debate. Lo que el demandante califica como error judicial es una clara discrepa con la valoración de la prueba que la juzgadora de instancia realizó en orden a las pretensiones articuladas en la demanda, al negar que se hubiera acreditado o constatado que el contrato temporal fuera fraudulento cuando no era controvertida la realidad de la causa que figuraba en el mismo cuyas formalidades estaban cubiertas. No se puede decir que el órgano judicial haya incurrido en una equivocación "manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos y lo mismo sucede con la sentencia de suplicación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.