Resumen: El recurso de suplicación no combatió que se recondujera la acción a la de despido, y no se cuestionó la caducidad de la acción. La sentencia de suplicación concluye que la única discrepancia es si procede la indemnización por el mero hecho de la comunicación de la extinción del contrato de interino, cuando con anterioridad a la llegada del día fijado se suscribe un contrato de trabajo indefinido que mejora su condición laboral. La sala desestima el recurso, mencionando en su fallo exclusivamente a una de las recurrentes. En casación unificadora recurren ambas trabajadoras, insistiendo en su derecho a percibir una indemnización de 20 días por año en aplicación de la doctrina TJUE de 14 de septiembre de 2016. No puede apreciarse la existencia de contradicción pues, en la cuestión planteada existe un dato dispar que obsta a su admisión, porque en el caso de autos la sala excluye el derecho a la indemnización porque una de las actoras obtuvo un puesto de trabajo en el proceso extraordinario de consolidación de empleo, sin que se le causara perjuicio económico alguno aunque no ocupase el puesto de trabajo en el que venía desempeñando sus funciones; en relación con la otra demandante existe una objeción a la identidad de las sentencias comparadas puesto que en el caso de autos se formulaba demanda en reclamación de cantidad y no por despido. Sin embargo, la referencial finalmente consideró que en ese caso no había existido despido sino válida extinción.
Resumen: Recurre una empresa objeto de sanción por la Administración alegando que no le fue admitida prueba testifical que solicitó durante el trámite del expediente administrativo previo sin que le fuera aceptada. El juzgado desestimó la demanada pero la Sala estima el recurso y declara la nulidad de la sanción impouesta con retroacción al trámite del expediente administrativo a fin de que se practique la prueba propuesta, por cuanto en un proceso sanciobnador debe concederse a la parte la posibilidad de exonerarse de la responsabilidad que se le imputa. Además, ni siquiera llevó a cabo una denegación fundada de la prueba limitansoe a no resolver sobre la petición .
Resumen: Se cuestiona nuevamente en este caso si el contrato de interinidad por vacante puede convertirse en indefinido no fijo por el mero transcurso del plazo tres años del art. 70 EBEP. La sentencia reitera la doctrina de la Sala en el sentido de que el referido art. 70 EBEP no establece que la superación del plazo de tres años suponga la novación de los contratos de interinidad por vacante, ni tampoco que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres años, pues ese plazo viene referido sólo a la ejecución de la oferta de empleo público
Resumen: La Sala 4ª casa y anula la sentencia de suplicación confirmando la sentencia de instancia que desestimó la demanda en materia de reconocimiento de derecho en que se solicitaba que el contrato de interinidad por vacante suscrito por la Comunidad Autónoma de Madrid fuera considerado indefinido no fijo. Reitera la Sala abundante jurisprudencia anterior iniciada por STS (Pleno) 24-04-2019 (Rec. 1001/2017), en que se entendió que el transcurso del plazo de 3 años contemplado en el art. 70 EBEP para convocar las plazas, no convierte automáticamente al contrato en indefinido no fijo, ya que la conducta de la empleadora puede abocar a que antes de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad (supuestos de fraude o abuso), sin que el plazo de 3 años pueda operar de modo automático para destipificar la interinidad por vacante. Añade la Sala que la sentencia de suplicación incurrió en incongruencia extra-petita cuando declaró la existencia de fraude de ley, cuestión que no había sido planteado en el recurso
Resumen: El actor Policía, interpone demanda frente a la Dirección General de la Policía alega infracción de normas de prevención de riesgos laborales que le había causado graves daños morales así como se habría vulnerado el derecho al honor y a la propia imagen. Por el Juzgado de lo Social se dicta Auto declarando la falta de competencia de la jurisdicción social y considerar que seria competente el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo. Se interpone recurso de Suplicación que es desestimado , entendiendo la Sala que lo se esta realmente denunciando no es tanto el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención sino que se pretende es la salvaguardia de un derecho fundamental y que la competencia para conocer teniendo en cuenta la condición de funcionario del actor sería la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Resumen: Impugna el actor el despido objetivo por causas objetivas organizativas y productivas alega también vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral y derecho a la garantía de indemnidad. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda interpuesto recurso de Suplicación por el trabajador se desestima. En primer lugar la Sala desestima los motivos de nulidad asi como los de revisión de hechos probados. En cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales también lo desestima la Sala pue si bien en cuato al derecho a la garantía de indemnidad se habrían aportado indicios de su vulneración la empresa habría probado que el despido del actor estaría justificado, al haber acreditado las causas organizativas y productivas. En cuanto al defecto , también denunciado, de la falta de puesta a disposición de la indemnización pactada también se desestima puesto que misma lo era mientras fuera miembro del Consejo de Administración y a la fecha del despido ya no lo era. Por último entiende la Sala que habrían quedado probadas la causas organizativas y productivas al habersele denegado a la empresa la autorización para una explotación minera lo que ha conllevado una restructuración de la empresa.
Resumen: La trabajadora demandante presenta demanda por Tutela de Derechos Fundamentales alegando acoso laboral demandando a la empresa y a dos trabajadores , solicita una una indemnización por daños. La empresa había alcanzado un acuerdo con la empresa sobre despido , reconociendo la empresa la improcedencia del despido. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación se desestima . En primer lugar la Sala desestima los motivos de nulidad y revisión de hechos . Entrando en los motivos de denuncia jurídica considera la Sala que no concurrirían los requisitos para apreciar la existencia de acoso laboral , así y en cuanto a la empresa porque una vez que tuvo conocimiento de la denuncia de la actora habría activado el protocolo anti-acoso y llegó a sancionar a los trabajadores denunciados. Por lo que respecta al posible acoso de los dos trabajadores denunciados considera de la Sala que de los hechos declarados probados no se desprende que por estos vinieran acosando a la actora pues no se puede entender que hubiera un maltrato persistente y deliberado con animo de atentar contra la dignidad de la trabajadora, pues la conductas descritas fueron puntuales .
Resumen: El demandante es padre de dos hijos y reclama que se le aplique el complemento a la pensión de jubilación que le ha sido reconocida, por hijos nacidos con anterioridad al hecho causante. La sentencia que se examina le reconoce el derecho al complemento reclamado, con base en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró que la Directiva relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido, al menos, dos hijos biológicos o adoptados y, sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión.
Resumen: El beneficiario de la prestación por desempleo se trasladó al extranjero por un periodo de casi cuatro años. La entidad gestora acordó la extinción de la prestación, por no haber comunicado el demandante el traslado. La norma establece la obligación del beneficiario de comunicar esta situación. Para los supuestos de traslado al extranjero por periodo superior a noventa días, la consecuencia legal es la extinción. En el caso de autos, el actor no comunicó su salida al extranjero que duró cerca de cuatro años, no siendo atendibles sus alegaciones relativas a que no pudo volver a España por motivos de enfermedad. Por lo tanto, se confirma la sanción como falta grave, sancionable con la extinción de la prestación por desempleo y, el reintegro de lo indebidamente percibido.
Resumen: La sentencia recurrida desestima la demanda por Tutela de Derechos Fundamentales planteada alegando haber venido sufriendo acoso laboral, solicitaba también la actora en su demanda la la extinción de la relación labora, acción de la que desistió. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación es desestimado. En primer lugar la Sala desestima los distintos motivos de revisión de hechos probados planteados asi como aquello otros en los que se pretendía que por la Sala se efectuase una nueva valoración de los hechos. Entrando en el fondo la Sala considera que el hecho que exista una conflictividad no presupone que la demandante venga sufriendo acoso laboral. Como tampoco lo presupone que no exista una evaluación de riesgos psicosociales pues la actora pudo denunciar tal extremo.