Resumen: Se formula solicitud ante FOGASA que no es resuelta en plazo legal, en la que se reclama por el trabajador la prestación garantizada por FOGASA por importe superior al tope legalmente establecido, siendo contestada fuera del plazo de tres meses, en sentido parcialmente estimatorio. Ante la Sala IV se trata de determinar el alcance del silencio positivo cuando el trabajador ha reclamado prestaciones al FOGASA y este no ha respondido en el plazo de tres meses dictando con posterioridad una resolución en la que se reconoce al peticionario una cantidad inferior, a la reclamada, interesando que ha de operar el silencio positivo, que la resolución extemporánea del FOGASA no puede limitar lo que reconoció por mor del silencio positivo. Se reconoce la responsabilidad del Fondo en la cuantía total solicitada en demanda en aplicación doctrina previa que señala que la resolución expresa –desestimatoria de la pretensión- dictada en plazo superior a los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo. El silencio administrativo, en los supuestos en que es positivo, constituye una resolución administrativa tácita que despliega plenos efectos e impide que una resolución expresa posterior deje sin efecto lo reconocido por aquélla por lo que no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto.
Resumen: La Sala IV resuelve la demanda que tiene por objeto impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11-5-2018, por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1-09-2017, que confirmó el Acta de Infracción e impuso a la mercantil CHAIN SA una sanción por impago de cuotas de SS. Se resuelve, en primer lugar, acerca de la falta de competencia del orden social para resolver la cuestión planteada. La Sala, rectificando su doctrina anterior (STS 21-1-2014 (R. 2-2012) y 28-10-2013, (R. 3-2012) declara la competencia de la jurisdicción social. Tras examinar la alegación de que se ha producido la caducidad del expediente administrativo, por mor de lo dispuesto en el artículo 20.3 del RD 928/1988, modificado por el artículo único del RD 772/2011, declara aplicable el artículo 20.3 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la SS, aprobado por el RD 928/1998, por lo que no se ha producido caducidad del expediente. No hay omisión en el acta de infracción de la Inspección Provincial respecto a los expedientes de derivación de responsabilidad por las deudas de la empresa CHAIN SA a la SS. El pago de la deuda con anterioridad a que el Consejo de Ministros dictara resolución acordando imponer una sanción a la empresa CHAIN SA, pero con posterioridad al acta de la Inspección de Trabajo, no le exime de responsabilidad.
Resumen: Se cuestiona la regulación aplicable a la responsabilidad de FOGASA en caso de concurso de acreedores de la empresa, y la determinación del momento en que nace esa responsabilidad: si al declararse el concurso; cuando se producen los despidos, o cuando se declara la nulidad del despido. La cuestión suscitada ha sido ya analizada por la Sala 4ª en sentencias previas. En el supuesto enjuiciado, cuando se declara el concurso está en vigor la redacción del art. 33 ET con tope del triple del SMI, mientras que a la fecha de la declaración extintiva ya ha tenido lugar la modificación normativa del RD Ley 20/2012. Lo decisivo para determinar el momento en que ha de fijarse la regulación aplicable, salvo previsión legal expresa, radica en identificar el instante en que nace la obligación que acaba asumiendo el Fondo, en cuanto responsable legal subsidiario. Para que entre en juego la responsabilidad del Fondo no basta con que exista declaración de concurso, sino que debe mediar asimismo la extinción de los contratos. Si cuando se declaró el concurso aún no se había producido la extinción de los contratos de trabajo que determinó los salarios de tramitación reclamados, en realidad no había nacido dicho derecho, ni frente a la empresa ni frente al Fondo. Debe ser la fecha de la declaración de insolvencia, y no la del despido o acto extintivo de la relación de trabajo la determinante del momento en que nace para el trabajador la facultad de ejercer sus derechos frente al Fondo.
Resumen: Se cuestiona la existencia de incongruencia y falta de motivación de la sentencia. Se plantea la errónea apreciación de cosa juzgada en sentido positivo y la no existencia de grupo patológico de empresas. Procede el examen de las sentencias de contraste invocadas, y se concluye que no concurren las identidades exigidas en el artículo 219 de la LRJS respecto de ninguna de las sentencias invocadas de contraste por las recurrentes. Procede la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por QUALICONSULT SAS, y por QUALIGROUP SAS, frente a la sentencia que resolvió los recursos de suplicación interpuestos por las citadas recurrentes frente a la sentencia de instancia.
Resumen: La sentencia analiza aborda la cuestión de si es procedente la condena en constas por la sentencia de suplicación al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La Sala IV, rectifica su anterior doctrina con fundamento en la modificación de la normativa reguladora de la sanidad pública y de derecho a asistencia sanitaria. La LGSS de 2015 ha cambiado la naturaleza y competencia de las entidades gestoras y la gestión de la asistencia sanitaria ha sido transferida a las Comunidades Autónomas, que han creado sus propios servicios de salud. Se concluye entendiendo que tales servicios de salud autonómicos no son entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justifica gratuita del art. 2-b de la Ley 1/1996, de 10 de enero. Por todo lo cual, en los procesos en que el SERMAS interviene como empleador resultan de aplicación a dicha entidad las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades públicas, procediendo en el supuesto enjuiciado ratificar la condena en costas contenida en la sentencia de suplicación recurrida en casación unificadora.
Resumen: Se plantea en el recurso de casación unificadora cuál debe ser el convenio aplicable a un trabajador contratado por el Ayuntamiento demandado al amparo de programas subvencionados por el servicio público de empleo de Castilla y León. La sentencia de suplicación recurrida considera aplicable el convenio del Ayuntamiento, al no excluir éste de su ámbito funcional y personal al personal con contrato vinculado a subvención. Recurre el Ayuntamiento en casación unificadora, pero la sala IV aprecia la falta de contradicción entre las sentencias comparadas, pues son dispares las previsiones contenidas en los convenios de los respectivos Ayuntamientos demandados respecto a su ámbito de aplicación. Así, en el caso de contraste, al contrario de lo que sucede en el de autos, se excluye expresamente del ámbito de aplicación del convenio al personal contratado en virtud de acuerdos con el Inem u otros organismos.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si existe el derecho a percibir la indemnización por traslado forzoso, tras una acción de movilidad para el acoplamiento de excedentes, cuando de resultas de la misma el trabajador termina prestando servicio en la misma residencia en la que tenía su domicilio particular. ADIF sostiene que existe derecho a indemnización cuando por motivo del traslado forzoso se derivara un daño o perjuicio que reparar. La Sala IV siguiendo criterio previo, sostiene, en interpretación de la normativa de aplicación que en la misma no se hace referencia a que para el percibo de la indemnización sea necesario acreditar perjuicio alguno ni a que el traslado exija cambio del domicilio del trabajador, mejorando así lo dispuesto en la norma estatutaria, y sin que el convenio establezca condición alguna diferente que exonere de su percibo. Por otra parte, tampoco se hace mención alguna en ellas a la conexión entre el centro/lugar de trabajo y el domicilio del trabajador, ya que el término "residencia" se refiere al lugar de prestación de servicios al que está adscrito el trabajador.
Resumen: La recurrente ha venido prestando servicios para una universidad estando dada de alta en el RETA y no constando que llevara otra actividad como autónoma. La trabajadora interpuso reclamación previa solicitando el reconocimiento del carácter indefinido y se le comunicó que su contrato de servicios con la universidad finalizaba. Entre la presentación de la reclamación previa y la extinción de su último contrato transcurrió poco más de mes y medio y la trabajadora tuvo éxito en su primera demanda, y en la segunda los dos órganos judiciales partieron de la naturaleza laboral de la relación de la trabajadora (indefinida no fija), estando la diferencia entre la sentencia de instancia y la ahora recurrida en casación para la unificación de doctrina en que, así como la primera calificó el despido de nulo, la sentencia recurrida lo calificó de improcedente. No resulta posible aceptar que la decisión de la universidad no vulneró su garantía de indemnidad porque cuando se dictó la sentencia recurrida, la misma sala había establecido que se trataba de una relación laboral indefinida no fija, lo que operaba como cosa juzgada en sentido positivo. Lo que lleva a entender que se ha vulnerado la garantía de indemnidad de la recurrente. Procede devolver las actuaciones a la Sala del TSJ a fin de aquella Sala dicte nueva sentencia partiendo de la nulidad del despido, resolviendo las demás cuestiones y en particular la de la indemnización
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si existe o no responsabilidad de los empleadores en el pago de las diferencias de la base reguladora de la pensión de jubilación reconocida al actor por infracotización en supuesto de pluriempleo, porque no se comunicó a los empleadores el cese de esa situación y estos continuaran cotizando por una cantidad inferior a la legalmente exigible. La sentencia no aprecia la contradicción del art. 219 LRJS porque las pretensiones deducidas en cada caso son distintas, ya que en la sentencia recurrida el SERMAS reclamó su absolución porque ni el trabajador, ni la Entidad Gestora, ni el propio INSALUD le advirtieron, al producirse el traspaso, de que el demandante había perdido su condición de pluriempleado con anterioridad al mismo, lo que motivó que dicha entidad continuara cotizando del mismo modo, por una cantidad inferior a la legalmente exigible, sin que concurriera fraude u ocultación por su parte; sin embargo en la sentencia de contraste, la Gerencia Territorial de Salud, que había sido condenada a responsabilizase de la totalidad de la infracotización producida antes y después del traspaso, reclamaba que se responsabilizara a INGESA de la infracotización previa al traspaso, sin reclamar su absolución aunque tampoco fuera avisada de la pérdida por el trabajador de la condición de pluriempleo, siendo esa la razón por la que la sentencia referencial no hace pronunciamiento alguno al respecto.
Resumen: Recurre en casación unificadora la actora inicial la sentencia del TSJ de Madrid que confirma la sentencia de instancia que desestimó su demanda de reconocimiento del derecho a la adaptación de su jornada semanal, al hilo de una reducción de la misma por cuidado de hijo, en los términos que proponía, así como la indemnización por daños imputados a la existencia de vulneración de derechos fundamentales. El recurso de casación se plantea con una estructura compleja articulándose a través de diferentes motivos, sin embargo solo aporta una sentencia de contraste. La sentencia referencial, del TSJ de Aragón, analiza un supuesto similar al planteado en la sentencia recurrida, relativo al alcance y los límites del art. 37 ET, y la interpretación que haya de hacerse para determinar qué cabe entender por concreción de jornada cuando la reducción de la misma va acompañada de una solicitud de modificación de su distribución. Mas, en este punto, el recurso no construye la fundamentación jurídica necesaria, ni tampoco efectúa la imprescindible precisión de la comparación entre sentencias. Concluye la Sala 4ª, ante el defectuoso planteamiento del recurso que no puede construirlo de oficio, ni aceptar la existencia de doctrina contradictoria ante la heterogeneidad fáctica de las resoluciones comparadas, en especial en materias como la que constituye el objeto del presente litigio pues la solución judicial debe acomodarse a las particularísimas circunstancias de cada caso.