Resumen: La cuestión objeto de debate radica en si, en el supuesto de que se soliciten las prestaciones del Fogasa, de forma genérica y sin especificar una cuantía concreta, y de que el Fogasa no responda en el plazo legalmente establecido, las obligaciones del Fogasa se hallan limitadas o no por las cuantías establecidas en el artículo 33 ET. La Sala 4ª declara que, si bien en ambas sentencias se presentó solicitud ante el Fogasa y que dicha solicitud no fue resuelta dentro del plazo legal, la sentencia recurrida limita el importe de la responsabilidad del Fogasa a los límites o topes legales porque los trabajadores no habían precisado en su solicitud las cantidades concretas (y superiores a aquellos topes) que reclamaban, por lo que no se puede otorgar algo que no se ha pedido. Sin embargo, no fue este el debate en la sentencia de contraste, porque lo que allí se pidió del Fogasa era el 40 por ciento de la indemnización correspondiente a la extinción del contrato de trabajo (que era el tope o límite de la responsabilidad del Fogasa), sin que se planteara, en consecuencia, si se estaba pidiendo del Fogasa una cantidad superio Esta diferencia impide apreciar que exista contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia referencial, y en consecuencia desestima el recurso.
Resumen: La sentencia recurrida, del TSJ de Andalucía, Sevilla, estima el recurso frente a la del JS que estima parcialmente la demanda en la que los actores reclaman las cantidades correspondientes al plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad recogido en el art. 15 del Convenio colectivo de pequeñas y medianas empresas del metal de la provincia de Cádiz. Los recurrentes manifiestan que debe aplicarse el mecanismo de la absorción y compensación por ser homogéneos los conceptos comparados, se examina el motivo al apreciarse la existencia de contradicción. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción, al amparo del art. 1283 CC, atendiendo principalmente a los actos de los negociadores coetáneos y posteriores al contrato, interpreta el art. 15 del convenio conforme a un Acuerdo que puso fin a una huelga, posteriormente ratificado por la Comisión Negociadora del mismo Convenio, en el que se acordó considerar tóxicos, penosos y peligrosos los trabajos realizados por determinadas categorías de trabajadores. Concluye la Sala 4ª que el plus admite la compensación, y absorción, pues nos encontramos ante la homogeneidad de conceptos a que se refiere el art. 26.5 ET y procede la desestimación del recurso.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si es procedente reclamar a través de un procedimiento distinto al de despido diferencias en el cálculo de la indemnización por despido, cuando el salario se determina en un momento posterior, sin posibilidad de haberlo alegado en un eventual procedimiento de despido. La Sala IV no entra a conocer del fondo de la cuestión por falta de contradicción entre las sentencias comparadas al ser distintas las circunstancias fácticas concurrentes y también el debate. Así, en la recurrida, se reclaman diferencias en la indemnización con origen en el levantamiento de unas actas de infracción por la Inspección de Trabajo a la empresa por diferencias de cotización que fueron luego ratificadas en procedimiento de Seguridad Social. Ahora bien, el trabajador conocía las cantidades y conceptos retributivos percibidos, constando las nóminas firmadas de los años 2010 y 2011, y por lo tanto estaban los datos a su disposición para poder impugnar el cálculo de la indemnización, en base al salario o retribución que pudiera desprenderse de las nóminas o las que estimara correctas, por el procedimiento de despido y dentro del plazo establecido de caducidad y no obstante ello, no lo hizo. En el caso de la sentencia de contraste, la reclamación tiene su origen en la publicación de un nuevo convenio colectivo de aplicación, con efectos retroactivos anteriores a la fecha del despido.
Resumen: La sentencia recurrida, estima parcialmente el recurso frente a la sentencia de instancia que estimó en parte la demanda interpuesta por Uralita, S.A. y confirmó la resolución del INSS que imponía un recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad en el 50%, si bien limitando sus efectos a la pensión de viudedad y a las que derivadas de la misma contingencia pudieran reconocerse en el futuro retrotraerse a los tres meses anteriores a la solicitud, por lo que revocándola parcialmente, declara que los efectos del recargo han de retrotraerse a fecha 14-03-2013, manteniendo el resto de los pronunciamientos del fallo. La Sala IV no aprecia la existencia de contradicción. En la sentencia de contraste se reconoció primero una pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, sin que el trabajador solicitara recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad; el grado fue objeto de revisión reconociéndose el grado de incapacidad permanente absoluta cuando ya habían transcurrido cinco años; solicitado el recargo de prestaciones en este momento, se declara que el recargo había prescrito. En la recurrida las circunstancias concurrentes y el debate son distintos puesto que la solicitante del recargo es beneficiaria de una pensión de viudedad derivada de una pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida a consecuencia de una enfermedad profesional, sin que el causante de la misma llegara a solicitar el recargo.
Resumen: La trabajadora demandante es despedida siendo declarado el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, sin que se hubiera cuantificado cantidad alguna por el concepto de daños morales, la nulidad se había declarado por entenderse vulnerado el derecho a la garantía de indemnidad. La trabajadora demandante interpone recurso de Suplicación que es estimado si bien minora la indemnización solicitada. Desestima la Sala los motivos de nulidad y revisión de hechos y en cuanto a la indemnización por daños morales solicita la cuantifica teniendo en cuenta la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y ello ante la inexistencia de hechos para poder cuantificar la indemnización.
Resumen: La sentencia recurrida declaró procedente el cese de la actora pero estimó el derecho de la misma a la indemnización equivalente por despido objetivo. La trabajadora había suscrito diversos contratos con la Comunidad de Madrid desde marzo de 2005 y en febrero de 2008 suscribió contrato de interinidad por vacante de una plaza vinculada a la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2001. Convocado en 2009 un proceso extraordinario de consolidación de empleo, en 2016 se adjudicó la plaza y la adjudicataria firmó un contrato indefinido y solicitó una excedencia, y se concertó un contrato de interinidad con otra trabajadora. La actora suscribió otro contrato de interinidad por vacante. En relación con el recurso de la trabajadora, la Sala Cuarta no aprecia contradicción entre la sentencia recurrida y las dos sentencias invocadas de contraste. La sla tampoco aprecia contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste invocada para el recurso de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, La inobservancia de las normas procesales que establece este requisito formal es causa de desestimación de los recursos interpuestos.
Resumen: Se cuestiona si el demandante, que ha cesado en un nuevo empleo, ostenta el derecho a optar por la prestación por desempleo que le fue reconocida tras su despido anterior que se vio revocada al serle reconocido el derecho de salarios de tramitación percibidos y seguidos de un nuevo empleo. La extinción de la relación laboral se entiende, por sí misma y sin necesidad de impugnación, como causa de situación legal de desempleo, y en cuanto a la percepción de salarios de tramitación y por el periodo coincidente no se genera un nuevo derecho sino que se mantiene, regularizado, el anterior. El trabajador estuvo percibiendo por mandato legal una prestación que, posteriormente, debía regularizarse pero ello no significa, siempre y en todo caso, que el derecho haya nacido. El derecho fue reconocido y posteriormente regularizado pero la repercusión de esa situación especial -periodo de salarios de tramitación cobrados, seguido de trabajo realmente dejó inexistente la situación legal de desempleo. El trabajador desde el despido tuvo un periodo en el que percibió salarios de tramitación y, por tanto en ese tiempo pudo generar situación legal de desempleo que solo podía nacer a partir del transcurso de aquel periodo y siempre y cuando siguiera en desempleo tras su conclusión.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la empresa adjudicataria de una unidad productiva autónoma, por Auto del Juez del Concurso que expresamente excluye su responsabilidad, resulta, a pesar de ello, responsable de las deudas por salarios e indemnizaciones respecto de varios trabajadores cuyos contratos se habían extinguido antes de la adjudicación. La Sala IV reitera doctrina a favor de la competencia del orden social para conocer del tema y, señala que cuando existe sucesión empresarial en los términos del artículo 44 ET por la adjudicación de una unidad productiva autónoma de una empresa en concurso, los efectos de la transmisión son los previstos en la legislación aplicable (artículo 44 ET y 149.4 LC). Como sucede en otros casos examinados por la Sala, en el que ahora se examina se aprecia que con la adjudicación de la unidad productiva autónoma se ha producido una auténtica transmisión de una entidad económica que mantiene su identidad, a través de la asunción por la adjudicataria de un conjunto de medios organizados que permiten llevar a cabo la actividad económica que se venía desarrollando con anterioridad. Se trata de una transmisión de empresa a la que deben aplicarse las consecuencias previstas en el art 44 ET y, especialmente, las concernientes a la subrogación en la posición empresarial y la consiguiente asunción de responsabilidades en las obligaciones correspondientes a las deudas salariales e indemnización.
Resumen: La trabajadora demandante es despedida imputandosele falta de rendimiento e incumplimiento de objetivos. Impugna la trabajadora sus despido alegando vulneración de derechos fundamentales, derecho a la dignidad y que ha venido siendo victima de acoso laboral. Por el Juzgado de lo Social se estima en parte la demanda y se declara el despido improcedente. Interpone recurso de Suplicación la trabajadora , manteniendo que el despido debe ser declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales , en concreto derecho a la dignidad y que había venido sufriendo acoso laboral. Desestima la Sala el recurso y ello en primer lugar porque la trabajadora no habría aportado indicio alguno de la vulneración de los derechos fundamentales alegados. Y en cuanto al acoso considera también la Sala que de los hechos declarados probados no se puede llegara a la conclusión que la demandante hubiera venido sufriendo acoso laboral.
Resumen: El trabajador demandante, vigilante de seguridad, es despedido al haber sido sorprendido durmiendo en dos días distinto durante el tiempo en el cual prestaba sus servicios, había desplazado el sillón donde dormía para quedar fuera de la grabación de las cámaras de seguridad, a la demanda por despido acumuló reclamación de cantidad (liquidación). Por el Juzgado de lo Social se declara el despido procedente. Se interpone recurso de Suplicación por el trabajador que es desestimado. En primer lugar la Sala desestima el motivo de nulidad planteado y entrando a conocer sobre el fondo también los desestima. Así se desestima la alegación de discriminación pues a otro trabajador con similares hechos no se le había despedido, entendiendo la Sala que no eran iguales las situaciones. Considera también que los hechos imputados revisten la suficiente gravedad como para que la conducta del trabajador sea merecedora de la sanción de despido.