Resumen: La sentencia del Tribunal Supremo núm. 305/2025, de 8 de abril, desestima la demanda de revisión interpuesta por Blauboat Salou 2005, S.L., contra la sentencia que confirmó un recargo del 30% en las prestaciones de Seguridad Social por un accidente laboral sufrido por un trabajador, a quien se reconoció posteriormente una gran invalidez. La empresa alegaba que la sentencia penal absolutoria de sus administradores debía invalidar el recargo, al no haberse acreditado la responsabilidad penal por infracción de normas de prevención. El Supremo rechaza este argumento al no concurrir los requisitos legales para la revisión: ni se agotaron los recursos disponibles ni se presentó la demanda en plazo. Además, afirma que la sentencia penal no demuestra la inexistencia del hecho ni la falta de participación exigidas por el art. 86.3 LRJS, y subraya la diferencia entre las responsabilidades penales personales y la responsabilidad administrativa de la empresa por incumplir sus obligaciones en prevención de riesgos laborales. La Sala impone las costas y acuerda la pérdida del depósito constituido.
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia de instancia que desestimó la demanda en la que impugnaba la resolución del SEPE que denegó las prestaciones por desempleo por considerar no concurrente una situación legal de desempleo. La Sala de lo Social rechaza, primero, la nulidad de actuaciones, pues considera que los jueces pueden denegar las prestaciones por causas no alegadas en la resolución administrativa siempre que de la prueba practicada, o en concreto del expediente administrativo, resulte acreditada la ausencia de un hecho constitutivo o bien cuando se prueben hechos impeditivos y extintivos, y en el caso el juzgador apreció de oficio una causa impeditiva que no podía apreciarse de oficio, y por ello se incurrió en la incongruencia alegada en el motivo; no obstante, es posible resolver el fondo conforme al art. 202 LRJS. En segundo lugar, deniega la revisión fáctica interesada al pretender introducir una valoración jurídica, no un hecho. Finalmente, estima el recurso y reconoce el derecho a la prestación, dado que después de haber prestado servicios durante unos años, no era jurídicamente viable incluir en la última contratación temporal un periodo de prueba y el cese constituyó un despido. Se reconoce la prestación por desempleo, con abono del SEPE, sin responsabilidad del empresario al descartarse la falta de cotización como causa de denegación.
Resumen: Falta de legitimación pasiva de los sindicatos. Se rechaza porque, aunque el Acuerdo fue aprobado por la CAM sin su intervención, se trata de los sindicatos más representativos en la CAM y su personación fue válida según el art. 17.2 LRJS. Inadecuación del procedimiento. Se rechaza, no se impugna un convenio colectivo de eficacia general, sino un acuerdo administrativo y su aplicación al personal temporal, siendo el procedimiento el de conflicto colectivo conforme -art. 163.4 LRJS y jurisprudencia del TS-. Acceso del personal temporal a la carrera profesional en iguales condiciones que el indefinido. Se afirma que en la Administración rigen los principios de igualdad, no discriminación e interdicción de la arbitrariedad (arts. 14, 9.3 y 103.1 CE), y que limitar el avance del personal temporal por su tipo de vínculo vulnera estos principios y en este caso aunque ambos colectivos tienen el mismo complemento en el nivel I, a los temporales se les impide progresar a niveles superiores, incluso cumpliendo requisitos de antigüedad y méritos, lo que constituye una discriminación directa (por impedir su avance) e indirecta (por limitar su retribución), debiendo, además, la evaluación de méritos debe aplicarse por igual a temporales e indefinidos.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda de tutela de derecho de libertad sindical del sindicato USO frente a Patrimonio Nacional por entender que el precepto del convenio colectivo que regula la intervención del Consejo de Racionalización para proponer los miembros de los tribunales calificadores en los procesos de oferta pública de empleo no prevé que deba atenderse a la regla de las mayorías para acoger los candidatos propuestos por USO. Se razona por la Sala que la pretensión implica un conflicto de intereses ajeno al procedimiento de tutela de cognición limitada, como también la incidencia de los resultados electorales celebrados en 2023, cuando el Consejo de Racionalización se constituye en 2014 con los sindicatos firmantes del convenio. Añade el Tribunal que los miembros de los tribunales actúan a título individual por lo que la falta de designación de los propuestos por USO no vulneraría su derecho de libertad sindical, al no afectar a la actividad del sindicato actor.
Resumen: La trabajadora recurre en suplicación la sentencia de instancia que desestima su demanda de despido, al considerar no acreditado el mismo, ya que la empresa se había retractado válidamente de su decisión extintiva mientras subsistía el vínculo. La Sala de lo Social estima, en primer lugar, la revisión fáctica interesada relativa a la fecha de conciliación, pese a su nula relevancia. Y, en segundo lugar, desestima el recurso al no apreciar mala fe en el proceder empresarial, dado que ésta comunicó a la trabajadora que seguía contando con ella, tras un proceso de IT, siendo la propia trabajadora la que manifestó que, por sus circunstancias personales, prefería cesar. Además, la retractación empresarial se efectuó en tiempo hábil, al estar todavía vigente la relación laboral, no quebrantó la buena fe contractual.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda de impugnación de despido colectivo interpuesta por CCOO contra la empresa CIRCET INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNCACIONES SA y declara ajustado a derecho el cese impugnado. Razona la sala que concurriendo causas económicas y siendo el despido colectivo de adscripción voluntaria, no resulta discriminatorio que aquellos trabajadores que opten por acogerse al mismo perciban una indemnización mayor que los que se acojan después, pues la temprana acogida ayuda más a mitigar la situación de pérdidas de la empresa. Igualmente considera el tribunal que no se vulnera el derecho a la negociación colectiva cuando tras concluir el proceso de negociación sin acuerdo en la decisión final se difiere el importe de la indemnización en supuestos de salidas voluntarias al acuerdo que pudiese alcanzarse entre empresa y empleado y que esulta temerario tanto hablar se posiciones inamovibles en la negociación cuando la empresa acogió múltiples propuestas de la CRT y se estuvo a punto de alcanzar un acuerdo, como negar las causas de despido- económicas, organizativas y productivas- cuando el propio sindicato reconoce la existencia de cuantiosas pérdidas efectivas y aun mayores previstas, así como una considerable caída de la producción. Finalmente se concluye que dado que el primer motivo de impugnación tiene una mínima enjundia no se impone sanción por temeridad.
Resumen: La sentencia recurrida recaída en proceso de conflicto colectivo, estima el recurso interpuesto por el Sindicato de Enfermería y declara que la Fundación demandada debe incluir, a efectos del cálculo del complemento de mejora de la prestación de seguridad social prevista para las situaciones de incapacidad temporal en el art. 53.1 del II convenio colectivo citado, el importe correspondiente a las retribuciones por la jornada complementaria de atención continuada y los pluses de sábados, domingos y festivos. Razona la Sala IV que no concurre contradicción ya que el fundamento de la oposición relativo a la prescripción, finalmente aceptado en la sentencia referencial, resulta ajeno a lo debatido en la recurrida, en la que en modo alguno se aborda cuestión alguna sobre dicho instituto. Ello impide la unificación doctrina, por mucho que, respecto de la cuestión sometida al conocimiento de la Sala, las posiciones sean distintas pues esta circunstancia viene a resultar irrelevante para la pretensión y fundamentación del fallo de la sentencia de contraste.
Resumen: Reitera doctrina (STS 4/2025, de 14 de enero (rcud 1038/2023) sobre asunto interpuesto por misma empresa, con el mismo contenido que este, y se denunciaba la infracción de las mismas normas. La trabajadora solicitó la reduccion de jornada pero continua prestando servicios en turnos de mañana, tarde y noche. Se le redujo la jornada como había solicitado y se disminuyó toda su retribución de forma proporcional, incluyendo el plus de turnicidad. Tras hacer un repaso sobre doctrina relacionada, la Sala IV concluye que la disminución proporcional del salario solo debe afectar al salario base y a los complementos salariales que estén vinculados a la duración de la jornada, como el plus de productividad o la prima variable de conducción de los maquinistas. Por el contrario, los complementos salariales que no dependen del tiempo de trabajo deben abonarse en su integridad, como el plus de asistencia y puntualidad o el de absentismo. Aunque la actora prestase servicios con una reducción de jornada del 50% por guarda legal, esa trabajadora continuaba prestando servicios en turnos de mañana, tarde y noche, por lo que la actora tiene derecho a percibir el plus de turnicidad en su integridad.
Resumen: En la sentencia anotada se examina si es recurrible una sentencia en la que se resuelve la impugnación de una sanción impuesta al trabajador por falta graves no confirmada judicialmente, cuando en la demanda se ha invocado también vulneración de derechos fundamentales [garantía de indemnidad]. La sentencia aplica la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Sala IV del Tribunal Supremo que cita según la cual, "los preceptos de la LRJS deben interpretarse en el sentido de que siempre es posible el acceso a la suplicación cuando mediante ese recurso se denuncian las infracciones procesales contempladas en el art. 191.3.d) o cuando la persona que trabaja impugna una sanción empresarial y denuncia simultáneamente la vulneración de un derecho fundamental en los términos permitidos por la LRJS art. 26 (...) La literalidad de los arts. 115.3 y 191.2.a) de la LRJS abocaría a la imposibilidad de recurso, pero su interpretación contextual y sistemática con los arts. 191.3.f) y 191.3.d) conduce a solución contraria, asimismo exigida por el obligado respeto a las garantías constitucionales." Por consiguiente, las reglas procesales que aportan el mayor nivel de garantías adjetivas a aquel tipo de procedimiento deben mantenerse y respetarse. Si bien - recuerda la sentencia - que en suplicación solo podrán ser examinados los aspectos en los que resulte indisociable el tema de legalidad ordinaria con la eventual existencia de la invocada vulneración de derechos fundamentales.
Resumen: La Audiencia Nacional inadmite solicitud de ejecución de sentencia de conflicto colectivo presentada por un trabajador a a título individual. Se razona que para instar dicha ejecución únicamente están legitimados los sindicatos u órganos de representación de los trabajadores que fueron parte en el conflicto previa autorización de los trabajadores afectados.
