Resumen: Se plantea en el recurso de casación unificadora cuál debe ser el convenio aplicable a un trabajador contratado por el Ayuntamiento demandado al amparo de programas subvencionados por el servicio público de empleo de Castilla y León. La sentencia de suplicación recurrida considera aplicable el convenio del Ayuntamiento, al no excluir éste de su ámbito funcional y personal al personal con contrato vinculado a subvención. Recurre el Ayuntamiento en casación unificadora, pero la sala IV aprecia la falta de contradicción entre las sentencias comparadas, pues son dispares las previsiones contenidas en los convenios de los respectivos Ayuntamientos demandados respecto a su ámbito de aplicación. Así, en el caso de contraste, al contrario de lo que sucede en el de autos, se excluye expresamente del ámbito de aplicación del convenio al personal contratado en virtud de acuerdos con el Inem u otros organismos.
Resumen: La recurrente ha venido prestando servicios para una universidad estando dada de alta en el RETA y no constando que llevara otra actividad como autónoma. La trabajadora interpuso reclamación previa solicitando el reconocimiento del carácter indefinido y se le comunicó que su contrato de servicios con la universidad finalizaba. Entre la presentación de la reclamación previa y la extinción de su último contrato transcurrió poco más de mes y medio y la trabajadora tuvo éxito en su primera demanda, y en la segunda los dos órganos judiciales partieron de la naturaleza laboral de la relación de la trabajadora (indefinida no fija), estando la diferencia entre la sentencia de instancia y la ahora recurrida en casación para la unificación de doctrina en que, así como la primera calificó el despido de nulo, la sentencia recurrida lo calificó de improcedente. No resulta posible aceptar que la decisión de la universidad no vulneró su garantía de indemnidad porque cuando se dictó la sentencia recurrida, la misma sala había establecido que se trataba de una relación laboral indefinida no fija, lo que operaba como cosa juzgada en sentido positivo. Lo que lleva a entender que se ha vulnerado la garantía de indemnidad de la recurrente. Procede devolver las actuaciones a la Sala del TSJ a fin de aquella Sala dicte nueva sentencia partiendo de la nulidad del despido, resolviendo las demás cuestiones y en particular la de la indemnización
Resumen: La sentencia del TSJ de Madrid estima la demanda formulada por actora y declara la nulidad del despido. La actora prestaba servicios para la empresa desde 2011 con categoría de oficial 1º administrativo y funciones de gerente de proyectos. Fue dada de baja por incapacidad temporal el 2-06-2014 con diagnóstico de fiebre y otros trastornos fisiológicos de origen desconocido, hasta el 20-11-2015, en que se le dio el alta médica. Los días 24 y 25-11-2015 no acudió al trabajo por razones de salud. Tomó vacaciones del 27-11 al 14-12-2015. El 15-12-2015 fue despedida mediante carta que contenía unos hechos que nunca se probaron y ni siquiera se intentó su prueba. El 26-02-2016 se le reconoció una discapacidad del 48% con efectos de 10-06-2015. Se cuestiona en casación unificadora la calificación como nulo o improcedente del despido. Se trata de decidir si el despido ha sido discriminatorio o no. Se aporta como sentencia de contraste la STC 26-05-2008 (R. 3912/2005). La Sala IV, a pesar de aplicar criterios de flexibilidad en la apreciación de la concurrencia de contradicción al tratarse de una sentencia del TC entiende que no se dan las circunstancias suficientes para que pueda entenderse cumplido el requisito de la contradicción, en la medida que, en las sentencias comparadas, concurren varios elementos, como el reconocimiento de la incapacidad o la existencia de causa en el despido, que impiden la contradicción, lo que conlleva la desestimación del recurso.
Resumen: Tras presentar el actor solicitud de prestaciones al Fogasa, en particular, las reconocidas en vía judicial por el despido, por sentencia de instancia se desestimó su pretensión, sentencia confirmada en suplicación por entenderse que se efectuó una solicitud sin concretar cantidades, por lo que no procede reconocer diferencias de prestaciones en aplicación de silencio administrativo positivo. Ante la cuestión de si ante la falta de expresión en la solicitud de prestaciones al Fogasa de las cantidades que se reclaman, permite, en aplicación del silencio administrativo positivo, reconocer las que obran en los certificados que se aportan al expediente acreditativos de la deuda salarial, la Sala 4ª casa y anula la sentencia de suplicación y entiende que debe abonarse dicha cantidad, y ello en aplicación de la jurisprudencia anterior que aplicó el silencio positivo a solicitudes de prestaciones que no fueron contestadas o resueltas en tiempo oportuno, aunque el organismo hubiera dictado resolución expresa fuera del plazo legal para resolver, siendo procedente la condena en el importe reclamado en la demanda y sin posibilidad de analizar si dicha cuantía se ajustaba a los límites que debe abonar el Fogasa. Añade la Sala que es irrelevante el que no se hubiese cuantificado en la solicitud la cantidad que se le reclamaba
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si los médicos demandantes tienen derecho a percibir las horas extraordinarias reclamadas en función de lo previsto a tal efecto en el Estatuto de los Trabajadores, o les resulta por el contrario de aplicación en esta materia lo establecido en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La sentencia de suplicación estimó el recurso de los trabajadores y acogió la totalidad de sus pretensiones, por considerar que no resulta de aplicación lo dispuesto en el Estatuto Marco del personal estatutario, sino lo previsto con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores. La Sala IV se ha pronunciado ya en varios supuestos idénticos al presente. Las sentencias en comparación no son contradictorias, puesto que ni los hechos ni las concretas cuestiones planteadas son sustancialmente iguales y además mientras los facultativos de la sentencia recurrida son asalariados de una entidad hospitalaria privada que constituye una modalidad indirecta de gestión de la sanidad pública, mediante un concierto específico, no sucede otro tanto en el caso de la sentencia de contraste en la que el médico es personal laboral del Servicio Asturiano de Salud, que trabaja por cuenta de este organismo y bajo se dependencia
Resumen: Se discute en el presente procedimiento si el INSS ha de responder subsidiariamente de las cantidades que la empresa descontó indebidamente en las cotizaciones sociales en concepto de pago delegado. Consta que la Mutua actora abonó la prestación de incapacidad temporal y los gastos sanitarios derivados de accidente de trabajo, a pesar de existir responsabilidad directa de la empresa por haber dejado de abonar las cotizaciones a la seguridad social. La Sala no entra a analizar el fondo de la cuestión, al apreciar falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, ya que mientras que en el caso analizado por la primera el empresario descontó la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal de las cotizaciones, pero no abonó los subsidios a los trabajadores, sino que éstos se abonaron por la mutua. Sin embargo, en la sentencia referencial, el empleador pagó la prestación de incapacidad temporal al trabajador, por lo que la mutua no abonó cantidad alguna.
Resumen: La sentencia recurrida en casación unificadora desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada del SERMAS confirmando la de instancia que condenó al SERMAS a abonar a ASEPEYO la cantidad de 6.068, 76 euros, derivados de los gastos de asistencia sanitaria abonados por ASEPEYO por la IT del beneficiario, con imposición de costas a la recurrente incluidos los honorarios del letrado fijados en 600€. El SERMAS interpone recurso de casación unificadora, en el que denuncia que se le ha condenado en costas, aunque disfruta del beneficio de justicia gratuita, al haberse subrogado en los derechos y obligaciones del IMSALUD. La Sala IV desestima el recurso por ser la sentencia recurrida acorde con la doctrina de la Sala establecida en la STS del Pleno de 20 de septiembre de 2018 (R. 56/2017), según la cual no son entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justifica gratuita del art. 2-b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, las entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por las CCAA para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al Servicio Andaluz de Salud (SNS) les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria establecido en la Ley 16/2003, de 18 de mayo, por cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta y en materia de costas por actuaciones en procesos judiciales, les resultan de aplicación las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades públicas.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda formulada por el trabajador contra Mutua MC Mutual, el INSS, la TGSS y Uralita S.A. sobre declaración de mayor base reguladora considerando ajustado a derecho el cálculo realizado por el INSS. Siguiendo el criterio de asuntos precedentes, no se entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, dado que el debate jurídico gira en torno a cuestiones distintas. Así, aunque la controversia se suscita sobre la base reguladora de la prestación y se funda en la discrepancia de los trabajadores afectados con el convenio colectivo aplicado para indicar las retribuciones sobre las que calcular aquélla, lo cierto es que en la sentencia de contraste la solución de la discrepancia se encuentra en analizar la actividad a la que se había destinado el trabajador para concretar de este modo el ámbito de aplicación afectado y, en suma, discernir entre dos convenios colectivos distintos. Sin embargo, en la sentencia recurrida lo que se dilucida es si, a raíz del Acuerdo de 19 noviembre 2001 cabe entender que el cálculo de la indicada base reguladora se ha de llevar a cabo por un sistema de cómputo distinto. Para ello, hace un análisis del contenido y alcance de dicho Acuerdo para llegar a la conclusión de que no se está instaurando en él un salario del que quepa derivar después una base reguladora diferente, sino que exclusivamente se instaura una mejora de seguridad social.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que desestimó la demanda presentada por los integrantes de la Comisión Negociadora y declara el despido colectivo ajustado a derecho. La Sala rechaza las modificaciones fácticas propuestas. La parte recurrente denuncia una infracción de carácter procesal, referida a la nulidad de la sentencia por inadmisión de prueba testifical de los componentes de la Comisión representativa de los trabajadores creada ad hoc, para la tramitación del despido colectivo; la Sala IV declara que la prueba de interrogatorio de las partes solo puede ser propuesta por las otras partes del proceso de forma que los demandantes no pueden proponer como prueba su propio interrogatorio. Respecto a la existencia de grupo de empresas, inalterado el relato fáctico, declara que no concurre. Con relación al motivo de infracción de norma para declarar la nulidad del despido colectivo por no haber obtenido autorización del Juez del Concurso, la Sala declara que no procede al estar archivado el proceso concursal por insuficiencia de masa. También se desestima el motivo destinado a la declaración de nulidad del despido colectivo por no aportar la documentación necesaria al entender que la representación de los trabajadores tuvo a su disposición la documentación necesaria para negociar. Respecto del último motivo declara que la falta de puesta a disposición de la indemnización a los trabajadores afectados por el despido no afecta a la calificación del despido colectivo.
Resumen: Se cuestiona si el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) puede ser condenado en costas en el supuesto de desestimación de su recurso de suplicación. La sentencia recurrida confirmó la condena a la Comunidad de Madrid a abonar al demandante 3.631,06 euros más el 10% de interés por mora, en relación a diferencias salariales y condenó en costas (600 euros) a la entidad recurrente en suplicación. La Comunidad de Madrid, en representación del Servicio Madrileño de Salud considera que la sentencia infringe lo dispuesto en el art. 235 de la LRJS, que establece que no procede la condena al pago de costas causadas por un recurso desestimado, cuando quien lo interpone sin temeridad disfruta del beneficio de justicia gratuita, estableciendo a su vez el art. 2.b) de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, que las entidades gestoras de la Seguridad Social son titulares del derecho de asistencia jurídica gratuita. La STS 850/2018, 20 de septiembre de 2018 (Pleno, rcud 56/2017) llevó a cabo una revisión de la doctrina y esta doctrina se ha reiterado y mantenido en las sentencias sucesivas en que se ha planteado tal cuestión e igualmente hemos venido decretando la condena en costas de los recursos de casación para unificación de doctrina. En todas las SSTS citadas, menos en la última, se invocaba la misma sentencia de contraste que en el presente recurso se esgrime.