Resumen: La actividad administrativa impugnada versa sobre materia laboral -como consecuencia de la vertiente empleadora en la que, a través de sus actos, se muestra la Administración-. Conforme a la consolidada doctrina de esta sala, siguiendo la mantenida por la Sala Cuarta del TS, todas las fases de la contratación de personal laboral han de bascular en favor del orden social, incluyendo la fase preparatoria, que viene a condicionar el propio vínculo de trabajo entre las partes. Tras la declaración de inconstitucionalidad que la STC 145/2022 acordó de la disposición final vigésima de la Ley 22/2021 -que pretendió atribuir al orden contencioso-administrativo el conocimiento de la impugnación de los actos administrativos previos a la contratación de personal laboral de la Administración- debe resolverse el conflicto conforme a la doctrina mantenida con anterioridad a la aprobación de la referida disposición adicional y, en consecuencia, atribuir el conocimiento del asunto a los órganos del orden social.
Resumen: El documento en que se basa la pretensión revisora no es decisivo y no puede considerarse que no estuviera disponible para su aportación en el acto del juicio. La citación realizada en su dia a la empresa fue correcta.
Resumen: El trabajador prestaba servicio para IBERIA primero a través de un contrato fijo discontinuo y después como trabajador fijo de actividad continuada. Interpone una primera demanda para que se le computen los periodos de prestación efectiva de servicio en su condición de trabajador fijo discontinuo y en la demanda actual solicita que se le reconozcan los trienios computándosele la totalidad del tiempo. El JS desestima su pretensión al estimar la excepción de cosa juzgada. El TSJ la revoca y le reconoce el derecho. La empresa recurre en casación unificadora. La cuestión que se suscita es si existe efecto preclusivo del art. 400.2 LEC entre la primera demanda y la posterior. La Sala IV considera que las pretensiones que se ejercen son distintas. Así, en el 2007 se solicitaba que se computaran todos los días efectivos de prestación de servicios, con independencia de las horas trabajadas, y en el 2022 que se computara toda la duración de la relación laboral y no únicamente los periodos de prestación efectiva de servicios. Asimismo, considera justificado que en su primera demanda no se solicitara lo que pidió después, por existir una consolidada doctrina que consideraba que a efectos del cómputo de la antigüedad en el caso de los fijos discontinuos, se valorase sólo la prestación efectiva de servicios. Igualmente aprecia la existencia de circunstancias posteriores que no se pudieron alegar en el primer proceso. Desestima recurso. Reitera doctrina SSTS del Pleno 640/2025, de 25 de junio (rcud 5475/2023), entre otras.
Resumen: Se interpone demanda sobre reconocimiento de error judicial al amparo del art. 121 CE y 292 y ss. de la LOPJ con relación a la sentencia de instancia que había dejado sin efecto la sanción impuesta a la empresa por entender que el trabajador había incurrido en imprudencia temeraria. Argumentaba el actor que la sentencia había declarado probado que la empresa había proporcionado un camión grúa con pluma cuando era incierto. La Sala comienza entonces exponiendo su doctrina sobre el error judicial incidiendo en que debe dimanar de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable o que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales. Sin embargo, nada de esto se observa en el caso de autos donde lo que se pretende es una nueva valoración de la prueba y en particular del acta de la ITSS, de un informe y de las fotografías aportadas al juicio oral, algo que excede de los estrechos cauces del procedimiento de error judicial. Desestima así la demanda. Reitera doctrina.
Resumen: La trabajadoras reclaman el 10 por ciento del plus de Diputación discutiéndose si se ha de calcular sobre todas las retribuciones salariales o sólo sobre el salario base. El JS desestima la demanda y el TSJ la confirma. Las trabajadoras recurren en casación unificadora. La Sala IV analiza de oficio su posible falta de competencia funcional por ser una materia que afecta al orden público procesal, en atención a la cuantía reclamada y a la existencia de afectación general. La última concurre cuando están presentes alguno de los tres supuestos alternativos: a) que la afectación general «fuera notoria»; b) que haya sido objeto de la correspondiente alegación y prueba; y c) que la controversia posea «claramente» un «contenido de generalidad» no puesto en duda por ninguna de las partes. Estas expresiones son interpretadas en el sentido de que exista litigiosidad en masa y exista una situación de conflicto generalizado que afecte a la plantilla extensa de la empresa, en la que estén incluidos todos o un gran número de trabajadores. En el supuesto analizado el importe no supera los 3.000€ y no existe afectación general probada, notoria con un contenido de generalidad. Aprecia falta de competencia funcional. Anula la sentencia recurrida.
Resumen: Demanda de revisión. La sentencia de instancia desestimó la demanda de la actora en reclamación del derecho a disfrutar de diez semanas adicionales de permiso por nacimiento de hijo, que eran las que le hubieran correspondido al otro progenitor de haber existido, al tratarse de una familia monoparental. El Tribunal Superior de Justicia la confirmó. No fue recurrida en casación para unificación de doctrina ni se solicitó amparo constitucional. Tras la publicación en el BOE el 06-01-2025 de la sentencia del Tribunal Constitucional de 151/2024, la actora formuló demanda de revisión al amparo del art. 510.1 de la LEC. La Sala analiza entonces la normativa aplicable y sus pronunciamientos anteriores y concluye que no concurren los requisitos exigidos puesto que una sentencia dictada con posterioridad a la impugnada firme no puede considerarse un documento recobrado ni decisivo ni retenido por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. Además, la sentencia del Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo concreto y lo en ella decidido no tiene repercusión en otras situaciones jurídicas como así lo expresa. Finalmente, no puede olvidarse que el proceso de revisión es un remedio para atacar hechos que se conocen con posterioridad no para corregir una pretendida incorrecta interpretación de un Tribunal de normas jurídicas. Reitera doctrina.
Resumen: Se incurren en defectos formales en la formalización del RCUD, no hay relación precisa y circunstanciada (motivo cuarto) lo que impide examinar su objeto. Incongruencia extra petita, no hay contradicción. En los motivos primero y segundo se suscita, en esencia, la misma controversia, lo que supone una descomposición artificial del debate. No procede que la indemnización legal por despido pueda incrementarse en vía judicial con otras cuantías que atiendan a circunstancias del caso concreto. Doctrina SSTS -Pleno- 1350/2024 de 19 de diciembre (rcud 2961/2023 ) y 736/2025 de 16 de julio (rcud 3993/2024 ). La indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56.1 ET no puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso. Respecto del bonus, se discute la cuantía del bonus en el salario regulador para el cálculo de la indemnización por despido improcedente. Si se acuerda un complemento salarial por objetivos, pero su concreción final queda a la exclusiva voluntad del empresario, la empresa debe abonar el complemento en todo caso. En este caso, a la empresa ahora recurrente le incumbía especificar los objetivos de los que se hace depender la percepción del bonus y no existe claridad por su parte, se confirma sentencia recurrida en este punto. Conclusión, estimación parcial del RCUD formalizado por la empresa y deja sin efecto la indemnización adicional, manteniéndose el resto de pronunciamientos.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada consiste en determinar si los trabajadores que prestan servicios en el Hospital 12 de octubre, a los que se les aplica el Convenio Colectivo de empresa "Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima, Hospital 12 de Octubre", tienen derecho a percibir la cantidad de 68,68€ mes -que se corresponde con el fondo masa salarial- de igual forma que lo reciben los trabajadores del SERMAS, a lo que se dio una respuesta positiva por parte del TSJ/Madrid. Interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina, el TS anula la sentencia recurrida por falta de competencia funcional de la Sala por tratarse de una reclamación inferior a 3.000 €, y no concurrir la afectación general. En efecto, razona que no concurre nada indicativo de una afectación masiva, no se acredita un número significativo de la litigiosidad a la que se refiere la afectación general ni tampoco la afectación general se define por el solo hecho de gravitar la controversia sobre la interpretación de un artículo concreto del convenio de la empresa porque el que la norma sea susceptible de una aplicación en masa no significa que sobre aquella exista la litigiosidad relevante a la que se refiere la afectación general.
Resumen: La SAN estimó la demanda, lo cual confirma ahora la Sala IV, que razona, tras transcribir la doctrina sentada por la Sala para la interpretación de los convenios, que la misma realiza una interpretación razonable y concorde con la previsión convencional partiendo de la redacción literal del art. 30; pues las demandas acumuladas pretendían que se abone la media dieta en los supuestos en los que se realice un desplazamiento que, aunque sea dentro de la propia provincia, requiera efectuar comida en dicho lugar; y dicho artículo establece los importes de las dietas para los desplazamientos originados por viajes de servicio en los que no se requiera pernoctar fuera del domicilio, y la fija en el 50 % de la dieta total; en la medida en que la norma convencional establece que dicha media dieta no depende del lugar de desplazamiento o de la distancia, sino de que existan gastos y no se pueda comer en el domicilio, la decisión de la sentencia recurrida es perfectamente adecuada a derecho.
Resumen: La Sala Iv estima el recurso de la trabajadora y anula la sentencia de instancia que omitió pronunicarse, pese a la solicitud realizada en el recurso de suplicación, sobre la pretensión relativa a la concesión al trabajador del derecho de opción entre la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir o el pago de indemnización correspondiente. Razona que incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando "el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cosa que ocurre en este caso porque la sentencia omite pronunciarse sobre el particular reseñado, sin que se pueda resolver en esta sentencia el debate de suplicación para reconocer al trabajador el derecho a ejercitar la opción entre indemnización y readmisión, sino que se impone, tal como establece el art. 219.2 de la LRJS, y a diferencia de lo que dispone el 228.2 de la misma norma, que se limiten a conceder la tutela del derecho invocado, lo que implica declarar la nulidad de la sentencia impugnada.
