Resumen: La Sala IV reitera que es procedente la compensación y absorción de lo percibido en concepto de "complemento personal convenido" con los incrementos salariales devengados por los conceptos de "promoción profesional" y "antigüedad", de acuerdo con el XVI Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, que rige las condiciones laborales de la empresa demandada ( Atos It Solutions And Services Iberia SL). Y ello porque es posible que la compensación o absorción operen sobre conceptos heterogéneos, cuando así está previsto en el convenio colectivo o cuando ese complemento personal fue reconocido con esa condición. En el caso, existe un marco convencional pactado que excluye el requisito de homogeneidad y habilita la compensación y absorción con las mejoras de cualquier tipo que vinieren satisfaciendo las empresas, lo que impide considerar que pudiere haberse ganado por los trabajadores una condición más beneficiosa inmune a la aplicación de este mecanismo. Por otra parte, resulta que esta cuestión está unificada por reiterada doctrina de la Sala que impide prosperar la excepción de cosa juzgada aunque por anteriores sentencias se haya resuelto otra cosa que contradiga la doctrina unificada, aunque hayan recaído en proceso de conflicto colectivo
Resumen: La trabajadora prestó servicios para diversas empresas de limpieza por subrogación. Reclama cuantías salariales no abonadas por la última empresa saliente a ésta, CLENET, y a la entrante, CLECE. En instancia se condenó solidariamente a ambas; lo que es confirmado en suplicación. La Sala IV desestima el recurso de CLECE. La cuestión debatida estriba en determinar si la mercantil que resulta adjudicataria del servicio de limpieza responde solidariamente con su antecesora de las deudas contraídas por ésta con la actora. La Sala, tras declarar que concurre en el caso la preceptiva contradicción entre las sentencias comparadas, rectifica su anterior doctrina, a la luz de lo establecido en la STJE de 11/7/18, que define las situaciones en las que debe entenderse que existe sucesión empresarial, conforme a la legislación comunitaria. Tras recordar la doctrina previa sobre la transmisión de empresa y la subrogación empresarial, analizar el convenio provincial de limpieza de León aplicable y la sentencia del TJUE citada, concluye que resulta de aplicación a la sucesión de contratas la previsión del art. 44 ET cuando se transmite una entidad económica y en supuestos de "sucesión de plantillas", siempre que lo relevante para la prestación del servicio sea la mano de obra. No obstante, el que la asunción de parte esencial de la plantilla derive de lo estipulado en convenio no impide la aplicación de la anterior doctrina.
Resumen: La cuestión planteada en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar qué debe hacer el Tribunal de suplicación cuando estima que el finiquito firmado no tiene valor liberatorio, y los hechos probados son insuficientes para resolver el fondo del recurso de suplicación si este no contiene petición al respecto, ni motivo alguno en el que se analice fundamentación de la reclamación y su cuantía. La sentencia recurrida en un proceso de reclamación de cantidad por diferencias en la indemnización cobrada en un despido colectivo y conceptos no abonados durante la tramitación del despido, ha acordado la desestimación del recurso de suplicación por falta de prueba de la realidad de las cuantías reclamadas y defectos en la articulación del recurso, al no pedirse en él la revisión de los hechos, ni concretarse las cantidades demandadas, ni la razón de la pretensión, pues se limitó a la validez o no del finiquito. Ese pronunciamiento, es recurrido en el presente recurso de casación unificadora, al entender las recurrentes que se debió anular la sentencia de instancia para que se dictara nueva sentencia resolviendo el fondo de la reclamación. Las sentencias comparadas, pese a que puedan tener alguna similitud, no son contradictorias en los términos requeridos por el art. 219 de la LJS.
Resumen: Se trata de determinar si las empresas adquirentes de una unidad productiva de la concursada, en virtud de auto de adjudicación dictado en el concurso, deben responder de las cantidades no abonadas por FOGASA correspondientes a la indemnización por la extinción de sus contratos. Se invocan como preceptos infringidos el art. 149.2 de la LC, 44 del ET y art. 3 a 5 de la Directiva 2001/23/CE. Se postula la existencia de sucesión de empresas respecto de la adjudicataria de la unidad productiva a tenor también de la normativa comunitaria. Se estima el recurso siguiendo el criterio de la Sala Cuarta que concluye que la adjudicación de una unidad productiva en procedimiento concursal conllevaba la aplicación del art. 44 ET, siendo norma aplicable en trasmisión de empresa con cambio de titularidad, sin que el concurso lo haga inaplicable. Así, el adjudicatario ocupa la posición del concursado respecto de sus trabajadores; y es acorde con el art. 148.4 LC, que no excluye la sucesión de empresa en casos de adjudicación de unidad productiva de la concursada, y remite al art. 64 cuando las operaciones del plan de liquidación impliquen modificaciones sustanciales, traslados, suspensiones o extinciones colectivas. Así, el interés del concurso no se erige en la norma suprema que rija la adjudicación; añadiendo que la Directiva 2001/23 no impide a los Estados adoptar disposiciones más favorables para los trabajadores, en relación con el art. 148 LC.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina consistente en que el mero transcurso de tres años en el contrato de interinidad por vacante, vinculado a una oferta pública de empleo, no convierte al contrato de indefinido no fijo, lo que conlleva a que la válida extinción de dicho contrato temporal no lleve aparejado derecho a indemnización alguna. Esto es, el trabajador interino por cobertura de vacante no ha adquirido la condición de indefinido no fijo por superación del plazo previsto en el artículo 70 EBEP. Además, la valida extinción del contrato por ocupación de la plaza tras resolución proceso de consolidación empleo público no conlleva indemnización alguna. No puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la Ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el art 52 ET. En conclusión, ni la indemnización de 20 días ni ninguna otra es aplicable a la valida extinción de contratos de interinidad.
Resumen: El trabajador sufrió un accidente de trabajo a resultas del cual fue declarado en situación de gran invalidez cuando la empresa no había dado de alta al trabajador en el momento de producirse el accidente. La empleadora tenía suscrita póliza de seguro por daños personales con Reale, en la que se incluye cláusula en la cual se indicaba que la cobertura de la póliza se extiende al periodo de vigencia de la misma y durante los 12 meses posteriores. La aseguradora tuvo conocimiento del siniestro fuera de dicho plazo. Reclamada la indemnización por daños y perjuicios, la sentencia de suplicación condenó a la empresa a abonarla, con responsabilidad solidaria de la aseguradora hasta cierto límite económico. Recurre en casación unificadora la aseguradora planteando un primer motivo en el que alega que no puede declararse su responsabilidad por falta de alta del actor en la seguridad social. La Sala IV casa y anula dicha sentencia, tras desestimar un primer motivo en el que se invoca la falta de alta del actor para eximir de responsabilidad a la aseguradora. Pero se absuelve de responsabilidad a la aseguradora, tras distinguir entre cláusulas delimitadoras y limitativas del riesgo, por entender que la cláusula es limitativa, ya que delimita el riesgo asegurado, por lo que tiene plena validez, y como se comunicó el daño transcurrido el plazo previsto en la póliza, no procede que la aseguradora asuma el riesgo derivado del accidente de trabajo.
Resumen: RCUD: El problema debatido es el de precisar la recurribilidad de sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social resolviendo impugnaciones de actos administrativos en materia de Seguridad Social. La Sala VI indica que al respecto resulta especialmente trascendente la doctrina acuñada en la STS de 2 noviembre 2017 (R. 66/2016), seguida por otras muchas. Dicha doctrina separa claramente los litigios sobre imposición de sanciones en materia de Seguridad Social de aquellos otros que versan sobre impugnación de sanciones laborales; y conforme a la misma, en la impugnación de sanciones en materia de Seguridad Social, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3000 €, calculada en la manera prevista en el art. 192.4 LRJS y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretende anular. A lo que se añade que no hay una regla diferenciada atendiendo al tipo de sujeto sancionado (persona física o jurídica, beneficiaria o solicitante, empleadora o asalariada, etc.). Por lo tanto, el empresario (en este caso, persona física que es titular de un pequeño negocio) sancionado (multa por infracotización y abono de prestaciones indebidamente percibidas), está sujeto a las mismas reglas de recurribilidad que la persona perceptora de prestaciones. Lo que supone la estimación del recurso del INSS, con devolución de las actuaciones para que el TSJ se pronuncie sobre el recurso interpuesto.
Resumen: Se pronuncia la sentencia sobre el requisito de puesta a disposición de los trabajadores de la indemnización por extinción del contrato por causas objetivas acordada en el marco de un despido colectivo, en concreto, se debate sobre si la simultaneidad en la puesta a disposición de la indemnización y la comunicación de la extinción es norma dispositiva para los firmantes de un acuerdo colectivo extintivo. Para dirimir la cuestión efectúa la sentencia un didáctico recorrido por la doctrina de la Sala IV en la que se declara que el abono debe ser simultáneo a la comunicación de la extinción [TS 17-10-17, Rc 2217/16]. Ahora bien, el criterio general admite ciertas modulaciones cuando se dan determinadas circunstancias que pueden calificarse de especiales. Así, en el caso, nos encontrarnos ante una puesta disposición que, de un lado, abarca una suma superior incluso a la legal, se produce tres días después de la comunicación más con anterioridad a los ceses y, satisface con creces el modo diseñado para dicho pago en el acuerdo colectivo del que las extinciones traen causa, el cual indicaba que el primer pago se efectuaría en el momento de la efectividad de la extinción contractual. Por lo cual, el TS concluye con la corrección de dicha puesta a disposición, dando lugar al recurso deducido por la entidad demandada y revocando el fallo que había declarado la improcedencia del despido por entender que no se había puesto a disposición de los actores la pertinente indemnización.
Resumen: RCUD: Se trata de determinar si procede reconocer la prestación de desempleo en su modalidad de pago único a un trabajador, menor de 30 años, que presta servicios para su padre en virtud de un contrato de trabajo y que no convive con el mismo. La Sala IV parte de lo dispuesto en la DA 10ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, referida al encuadramiento en la Seguridad Social de los hijos del trabajador autónomo, concluyendo que la misma se ha limitado a destruir la presunción "iuris tantum" de no laboralidad de la relación existente entre el hijo y el trabajador autónomo que le contrata cuando convive con él, pero en nada ha alterado la situación contemplada en el artículo 1.3 e) ET respecto a la existencia de relación laboral, tanto en los supuestos de convivencia si se demuestra la condición de asalariado del familiar, como en los supuestos de no convivencia, en los que no existe la presunción de que dicha relación es la de "trabajos familiares". En consecuencia, estima el recurso del actor y con él su demanda, declarando su derecho del actor a percibir la prestación por desempleo por el tiempo legalmente previsto con condena al SPEE.
Resumen: Se desestima la demanda de revisión frente a sentencia que desestimó la demanda formulada en reclamación de despido improcedente, alegando la recurrente que se han obtenido documentos decisivos, ocultados por la parte demandada que ganó injustamente y por maquinación fraudulenta. La Sala IV recuerda que el proceso de revisión tiene naturaleza extraordinaria y excepcional, en cuanto supone un ataque a la cosa juzgada, por lo que solo procede por las causas tasadas, con el doble límite temporal establecido, y una vez agotados los recursos. No procede la revisión por estar fuera del plazo de caducidad y no ser idóneos los documentos que se invocan al ser de fecha posterior a la sentencia que se pretende revisar. Tampoco los documentos tienen carácter decisivo al no obtenerse de ellos lo que la parte pretende, ni es posible apreciar la existencia de maquinación fraudulenta cuando la misma debe referirse a hechos ocurridos fuera del proceso y lo que realmente pretende la parte es reproducir en esta vía lo que fue objeto del proceso de despido. En definitiva, no se alegan y menos acreditan maquinaciones extraprocesales trascendentes al proceso cuestionado sin que la parte pueda suplir cualquier defecto en el proceso anteriores que afecte a las alegaciones o pruebas propuestas.