Resumen: Se desestima la demanda de incremento de la mejora voluntaria por jubilación anticipada incentivada, prevista en el artículo 71 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Cristóbal de La Laguna, por considerar que no se ha cometido ningún error en la determinación de la referida mejora. Se pretende una equiparación entre los premios de jubilación del personal funcionario y el personal laboral, pero lo que se ha establecido en el convenio es que si el factor "K" del personal funcionarial se aumenta, el del laboral se incrementaría en la misma proporción, pero no la totalidad. Se remite y transcribe la sentencia previa de 14 de junio de 2019 (recurso 221/2019).
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, estima parcialmente el recurso interpuesto por la mercantil condenada ( Konecranes) frente a la sentencia que, con estimación de la demanda de conflicto colectivo articulada por CC.OO, condenó a la empresa a revalorizar los salarios de los trabajadores de sus centros en Vic y Badalona para los años 2021 y 2022 conforme al IPC real, en aplicación del acuerdo de empresa de 22-6-2009. Los hechos probados indican que la empresa tiene dos centros de trabajo en Cataluña y que el acuerdo mencionado establece que los incrementos salariales deben aplicarse sobre el total del salario, no solo sobre el salario base. La empresa argumenta que el acuerdo ha perdido vigencia debido a la implementación de un sistema de incrementos por méritos desde 2016 y que la acción está prescrita. El TS desestima la excepción de incompetencia objetiva del TSJ/Cataluña al entender que el acuerdo de 2009 sigue vigente y es aplicable a ambos centros de trabajo, ya que no se ha demostrado que los trabajadores de Badalona no estén sujetos a las mismas condiciones que los de Vic. Tampoco prosperó la alegada prescripción, porque la acción no está sujeta a prescripción, dado que la demanda se interpuso en diciembre de 2022, tras la negativa de la empresa a aplicar el acuerdo. Finalmente, la sentencia estima el último motivo del recurso al sostener que el acuerdo no establece que los incrementos deban ser conforme al IPC real, sino que se deben aplicar sobre el total del salario. En consecuencia, revoca la parte de la sentencia que condenaba a la empresa a revalorizar conforme al IPC real, limitando la condena a la obligación de revalorizar los salarios conforme a los porcentajes aplicables del convenio colectivo.
Resumen: La fijación de los criterios generales sobre selección de personal temporal es materia que afecta al interés colectivo de los trabajadores, lo que conlleva la legitimación activa de los sindicatos. Tambien tiene legitimación para recurrir el resultado del proceso selectivo mediante la formalización de los distintos contratos.
Resumen: La sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia desestimó la demanda de tutela de la libertad sindical a instancias de los sindicatos que pretenden que se declare que la empresa ha vulnerado la libertad sindical de la parte actora, como consecuencia de una comunicación a los efectos de pedir justificación de las horas y fines de las horas sindicales dispuestos por los miembros del comité de empresa. Este fallo es confirmado por la Sala IV, que niega que se haya producido dicha vulneración, razonando que lo mismo que los restantes permisos retribuidos, el ejercicio del crédito horario requiere preaviso y justificación, determinados por la necesidad de organizar el proceso productivo y de prevenir el uso abusivo del crédito, ha de aceptarse como legítimo, salvo que se considere contrario a la libertad sindical, cualquier tipo de control sobre el disfrute de estas horas de representación. En este sentido, decae el principal argumento del sindicato recurrente de que la justificación exigida por la empresa no era debida o era innecesaria. La empresa se limitó simplemente a requerir -a todos los sindicatos y a todos los miembros del comité de empresa- una justificación genérica del uso del crédito sindical durante el primer trimestre del año y, ha sancionado a los representantes legales de los trabajadores por hechos realizados por ellos, no por la simple negativa del sindicato a responder al requerimiento. No puede haber discriminación porque no hubo desigualdad de trato: USO se situó por decisión propia en una situación totalmente diferente a la de los demás sindicatos, se negó a justificar el crédito y por dicho motivo se abrieron expedientes a sus afiliados y no se abrió expediente a ningún representante de los demás sindicatos.
Resumen: Se indica que a AKÚSTIA ACÚSTICA VENTILACIÓN Y MANTENIMIENTO SL le es aplicable el Convenio General del Sector de la Construcción, porque su actividad preponderante -colocación de aislamientos fónicos, térmicos y acústicos, impermeabilizaciones, montaje de estructuras, solados, pavimentos y revestimientos en edificios- encaja plenamente en el ámbito funcional del Convenio de la Construcción, conforme a su Anexo I y no al del Metal, aunque la empresa se diera de alta en el CNAE 43.29 -otras instalaciones en obras de construcción- y este convenio también mencione el CNAE 43.29 y su objeto social incluye tareas propias de la industria del metal, pues su actividad preponderante encaja en el Convenio de la Construcción, habiendo señalado el TS que el convenio aplicable debe determinarse según la actividad principal real y efectiva, con independencia del CNAE o de las tareas concretas de cada trabajador, contribuyendo en este caso, la empresa al ciclo productivo de la construcción, ejecutando trabajos a pie de obra que participan directamente en la realización material de edificaciones y por ello es de obligado cumplimiento el Convenio General del Sector de la Construcción, lo que conlleva la obligación de abonar a la Fundación Laboral de la Construcción las aportaciones establecidas en dicho convenio.
Resumen: La Sala afirma que la distinción entre modificaciones de condiciones de trabajo colectivas e individuales depende exclusivamente del número de afectados en toda la empresa: 10 en empresas con menos de 100 trabajadores, el 10 % si tiene entre 100 y 300, y 30 si supera los 300 y como en este caso la empresa tiene 2263 empleados y solo 15 resultaron afectados, no se alcanza el umbral legal, por lo que el procedimiento adecuado era el individual o plural, no el colectivo, aplicando la doctrina de las SSTS 787/2019 (Prosegur Alarmas), 941/2022, 404/2018, entre otras, que establecen que la unidad de cómputo es la empresa, no el centro de trabajo, y que los criterios del TJUE sobre despidos colectivos -Directiva 98/59/CE- no son aplicables a las medidas de flexibilidad interna como las MSCT, pues regulación española, a diferencia de los despidos colectivos, no está condicionada por esa directiva y revoca la sentencia de instancia y absuelve a la empresa sin entrar en el fondo del litigio, al tratarse de una cuestión de orden público procesal que puede apreciarse incluso de oficio.
Resumen: La sentencia de instancia desestimaba la reclamación de diferencias salariales derivadas del convenio colectivo aplicable, basándose en la excepción de prescripción y con respecto al periodo no prescrito, concluye que la empleadora no le adeuda cantidad alguna. También rechazaba que pudiera ser medio idóneo para interrumpir la prescripción otra demanda presentada por la trabajadora que tenía por objeto impugnar la modificación sustancial de condiciones de trabajo que le imputaba a la misma empresa demanda. La sentencia recurrida ahora en casación para unificación de doctrina confirmó la sentencia de instancia, pero la Sala IV estima el recurso de la trabajadora razonando que hay que estar a la regla contenida en el artículo 1973 del Código civil que permite esta interrupción por medio de tres vías, y la tutela jurisdiccional que se dispensó en el proceso de impugnación de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo no fue meramente declarativa sino que es inmediatamente ejecutiva, lo que significa que, una vez dictada, su fallo debe cumplirse, pudiendo interesarse de inmediato su ejecución sin esperar a plazo alguno. Pese a que la ejecución de la sentencia está en cada caso vinculada al sentido del fallo, la trabajadora, de manera inmediata, procedió a presentar la demanda de diferencias salariales.vEn definitiva, la actuación judicial a la que dio lugar la actora al plantear su demanda de impugnación de MSCT se erigió en un instrumento procesal idóneo y oportuno para interrupción la prescripción de la acción individual posterior por las diferencias salariales.
Resumen: La TGSS interpuso demanda para que se declara la existencia de relación laboral entre la empresa demandada y quienes prestan servicios en ella como odontólogos. El JS estima la demanda y el TSJ la revoca. La TGSS recurre en casación unificadora. La Sala IV expone su criterio sobre los aspectos que considera definidores de la existencia o ausencia de laboralidad de los profesionales de la odontología y los aplica a las circunstancias que concurren en el supuesto examinado. Entre los elementos que se valoran tiene un carácter esencial el hecho que la titularidad de los datos personales de los pacientes no pertenecen a los profesionales sino a la clínica, que es la titular de las historias clínicas. Este dato junto con el resto de elementos que describen lleva a a considerar infringidos los artículos 1.1 y 8.1 del ET por considerar que su actividad la realizan dentro del ámbito de su organización y bajo las notas de dependencia y ajenidad que definen la relación laboral . Estima el recurso.
Resumen: El trabajador que se incorporó en 06-22 a la residencia de Valencia, fue trasladado en octubre 10-23 a Zaragoza SC tras la absorción del servicio por Atocha SC -donde permaneció 176 días efectivos de servicio, descontadas vacaciones y licencias, antes de obtener destino definitivo en Madrid Cerro Negro-, sin constar oposición o queja alguna, participando además en un proceso de movilidad geográfica voluntaria en el que había solicitado plazas en Madrid, lo que evidencia su voluntad de traslado , ofreciéndosele en la reunión con el Gerente de RRHH varias opciones, que no rechazó -de haberlo hecho, habría pasado a su segunda residencia sin necesidad de acoplamiento forzoso-.
Nulidad de la SJS. No hay, la SJS está motivada y valora la prueba practicada, la queja del recurrente se refiere al fondo, no a una infracción procesal.
Se afirma que el actor incumplió el requisito de permanencia de 2 años exigido por el Convenio para percibir la indemnización por traslado forzoso, por lo que no alcanzó el tiempo mínimo de exigido, no constando la tramitación de expediente contradictorio ni reclamación del trabajador o de la representación sindical frente al traslado, lo que refuerza la inexistencia imposición unilateral y que respondió tanto a necesidades organizativas como a la propia voluntad del actor, suponiendo el abono de indemnización un enriquecimiento injusto -permaneció apenas unos meses en la residencia afectada-.
Resumen: La sentencia analizada, resuelve el recurso interpuesto por el trabajador, conductor de transporte por carretera, que recurre contra la sentencia que estimó parcialmente su demanda , desestimando los importes reclamados como horas extraordinarias. La sala después de rechazar la pretensión de nulidad, desestima el recurso por entender que lo que realmente combate el recurrente es el resultado de la actividad probatoria consignado en la sentencia recurrida, destaca que no han quedado probadas las horas de exceso reclamadas porque la empresa acredita que el trabajador usó incorrectamente el tacógrafo, al incluir los tiempos de espera para la carga y descarga como tiempo de trabajo efectivo, cuando debió computarse como tiempo de presencia, recuerda la normativa aplicable en este sector para el computo de las horas de trabajo efectivo.
