Resumen: Reitera el beneficiario el carácter profesional (AT) de la contingencia litigiosa vinculando su trastorno adaptativo con las secuelas físicas de un accidente anterior. Cuestión que la Sala examina desde la condicionante dimensión jurídica que ofrece un inalterado relato fáctico tanto en función del carácter extraordinario del recurso interpuesto como atendiendo a la prevalente valoración judicial de la prueba practicada.
En su análisis del tipo normativo referente a la exigencia de una relación causal directa entre el accidente y la enfermedad sobrevenida se advierte por el Tribunal que no basta una mera proximidad temporal cuando (como es el caso) no consta que durante el tratamiento de la lesión física se solicitara o recibiera atención psiquiátrica; siendo así, además, que la nueva baja médica comenzó un mes después del alta traumatológica. Asociando el informe oficial que específicamente se valora el trastorno adaptativo a factores personales extralaborales, no al accidente.
Resumen: Recurre el trabajador sancionado la impugnada procedencia de un despido acordado por su empleador por razón del uso reiterado del teléfono móvil mientras conducía y durante operaciones de descarga, pese a estar expresamente prohibido tanto en su contrato como en el manual interno suministrado por la empresa; además de contravenir la evaluación de riesgos efectuada por la misma. Decisión disciplinaria que el recurrente considera reactiva al hecho de haberse negado a firmar un documento en el contexto de un conflicto colectivo; reiterando, de forma subsidiaria a su pretendida nulidad, la improcedencia por resultar desproporcionada la sanción que además se habría producido en un contexto de tolerancia empresarial.
Desde la condicionante dimensión que ofrece el irrevisado relato judicial de los hechos rechaza el Tribunal la infracción que se denuncia de la garantía de indemnidad pues no constando que el trabajador hubiera ejercitado acción judicial o preparatoria real de tutela de sus derechos ad extra, la mera negativa a firmar un documento interno no activa dicha garantía cuando es así además que la gravedad del acreditado incumplimiento que se le imputa (con manifiesto riesgo en la seguridad tanto individual como colectiva) neutralizaría el indicio de vulneración de DDFF que de contrario se sugiere.
Resumen: La Audiencia Nacional aprecia la falta de competencia objetiva de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer de una demanda de tutela de libertad sindical planteada por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF frente a la empresa Paradores de Turismo por cuanto los efectos de la pretendida lesión de la libertad sindical tiene como ámbito de efectos un centro de trabajo ubicado en Ibiza aun cuando la lesión se ha producido en el marco de un proceso negociación de un convenio de empresa de ámbito estatal.
Resumen: Reitera la trabajadora la nulidad del despido cuya improcedencia se declara, alegando vulneración de DDFF y existencia de cesión ilegal de trabajadores al Ayuntamiento y la Federación codemandada en tanto que el servicio de salvamento es competencia municipal y, en la práctica, trabajaban para la Entidad Local. Reclamando la condición de trabajadora fija de ésta cuando es así además que se vulneró su derecho de acceso al empleo público como también su garantía de indemnidad al haberse producido la decisión extintiva como represalia de una reclamación colectiva.
En respuesta a este motivo jurídico de censura advierte la Sala que no existe cesión ilegal de trabajadores pues además de que la FACC contaba con estructura propia, medios materiales y organización; dirigía y controlaba el trabajo no ejercitando el Ayuntamiento el poder de dirección ni disciplinario. Conclusión que a entender del Tribunal no se ve enervada por la advertida circunstancia de que el servicio sea competencia municipal pues ello no impide que lo preste una entidad asociativa como lo es la Federación codemandada.
Tampoco concurre la alegada vulneración de DDFF (avanza la Sala en su razonamiento) porque no existen indicios de represalia ni reclamaciones previas que pudieran justificarla y, en lo que atañe al pretendido derecho de acceso al empleo público se significa que la actora no es funcionaria ni empleada pública, sino personal laboral fijo discontinuo, sujeto al Estatuto de los Trabajadores y convenio colectivo. Y no acogiéndose la petición de nulidad del despido tampoco procede reconocer al actor un supuesto derecho a la readmisión obligatoria en la medida que el art. 96.2 EBEP solo obliga a readmitir cuando se trata de personal laboral fijo del sector público. En el concreto supuesto examinado el despido (cuya improcedencia se confirma) deriva de expediente disciplinario por falta muy grave. Aplicándose al mismo la normativa laboral común, que no administrativa.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente reiterando la gravedad del incumplimiento (desde el tipo infractor tanto legal como del convenio aplicable) imputado a quien en situación de IT por trastorno de ansiedad ayudó a su pareja en un bazar. En aplicación al caso de su consolidada hermenéutica jurisprudencial se recuerda por la Sala que no toda actividad durante la incapacidad temporal implica simulación o mala fe pues solo puede considerarse la gravedad del incumplimiento imputado bien cuando se finge la enfermedad, se realizan tareas propias de su actividad laboral o el sancionado perjudica su recuperación; de tal manera que habrá da atenderse tanto a la clase de enfermedad como a la naturaleza de la actividad realizada. Y en el caso de autos la parte a quien incumbe su prueba no acredita simulación como tampoco que dicha actividad implicara per se la prestación de un trabajo bajo las notas que lo definen. Actividad (esporádica y de corta duración) que no se justifica fuera incompatible con la dolencia y su recuperación; ni, en definitiva, que su desempeño se corresponda a las funciones propias de su puesto como comercial.
Resumen: Desde la dimensión jurídica que ofrece el relato fáctico que la Sala modifica a los solos efectos de revisar al alza el salario diario según convenio (descartando por irrelevante la propuesta vinculada a una ya declarada nulidad objetiva del despido) confirma la Sala el criterio de instancia que desestimó el concurso de la vulneración de DDFF que la parte pretende vincular a una inobservada vulneración de la garantía de indemnidad pues si bien (en armonía con lo resuelto en la instancia) podrían entenderse concurrentes unos iniciales indicios se advierte sobre la inexistencia de una exigible conexión temporal entre las reclamaciones del trabajador y el despido (al haber transcurrido entre 6 y 11 meses). Desconexión que se ofrece, además, en el contexto de unos incumplimientos laborales reales del trabajador (bajo rendimiento y envío indebido de documentos), aunque no todos justificativos del despido.
Rechazada la nulidad que se postula por vulneración de DDFF (entre los que se incluía la garantía de indemnidad) se desestima también la derivada pretensión indemnizatoria por daños morales; acogiéndose solo en parte el recurso interpuesto a los limitados efectos de corregir al alza su salario regulador según convenio. Condicionante dimensión juridica del relato fáctico.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente al no justificarse (de una forma transparente y fiable) las causas ETOP alegadas en la carta; y ello en la medida que la documentación aportada es confusa y contradictoria en su contenido, además de no referenciarse a los datos económicos actuales. A lo que añade el Juzgador como argumento de su decisión la existencia de comunicaciones internas del club dirigidas a sus socios en las que se destacan los resultados positivos de la empresa en armonía probatoria con la pericial de la demandante acreditativa de reservas patrimoniales superiores al millón de euros.
Desde la condicionante dimensión que ofrece el irrevisado relato judicial de los hechos (atendiendo tanto al carácter extraordinario del recurso como a la prevalente valoración judicial de la prueba practicada) confirma la Sala la conclusión obtenida de estos condicionantes presupuestos fácticos; de los que también se derivaría el concurso de un grupo patológico entre el Club y la Fundación que impone la necesidad de acreditar la situación económica del mismo (respecto al cual nada se informa en la carta) y no solo de la entidad empleadora.
Se confirma, en definitiva, el censurado pronunciamiento de instancia; recordando que la eficacia extintiva de la causa económica exige que sea real, actual y probada.
Resumen: La SAN estimó la demanda, lo cual confirma ahora la Sala IV, que razona, tras transcribir la doctrina sentada por la Sala para la interpretación de los convenios, que la misma realiza una interpretación razonable y concorde con la previsión convencional partiendo de la redacción literal del art. 30; pues las demandas acumuladas pretendían que se abone la media dieta en los supuestos en los que se realice un desplazamiento que, aunque sea dentro de la propia provincia, requiera efectuar comida en dicho lugar; y dicho artículo establece los importes de las dietas para los desplazamientos originados por viajes de servicio en los que no se requiera pernoctar fuera del domicilio, y la fija en el 50 % de la dieta total; en la medida en que la norma convencional establece que dicha media dieta no depende del lugar de desplazamiento o de la distancia, sino de que existan gastos y no se pueda comer en el domicilio, la decisión de la sentencia recurrida es perfectamente adecuada a derecho.
Resumen: La Sala Iv estima el recurso de la trabajadora y anula la sentencia de instancia que omitió pronunicarse, pese a la solicitud realizada en el recurso de suplicación, sobre la pretensión relativa a la concesión al trabajador del derecho de opción entre la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir o el pago de indemnización correspondiente. Razona que incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando "el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cosa que ocurre en este caso porque la sentencia omite pronunciarse sobre el particular reseñado, sin que se pueda resolver en esta sentencia el debate de suplicación para reconocer al trabajador el derecho a ejercitar la opción entre indemnización y readmisión, sino que se impone, tal como establece el art. 219.2 de la LRJS, y a diferencia de lo que dispone el 228.2 de la misma norma, que se limiten a conceder la tutela del derecho invocado, lo que implica declarar la nulidad de la sentencia impugnada.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Konecta BTO, S.L. frente a la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmó la sentencia de instancia recaída en un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual con acumulación de acción de vulneración de derechos fundamentales. La trabajadora, con categoría de teleoperadora especialista y antigüedad desde 2006, tras un periodo de incapacidad temporal fue reincorporada sin asignación efectiva de funciones, siendo destinada primero durante varios meses a la realización de cursos de formación de contenido no acreditado y posteriormente a tareas de transcripción. La sentencia de instancia declaró injustificada la modificación sustancial y apreció la vulneración de la garantía de indemnidad, fijando una indemnización de 6.251 euros. La empresa formalizó recurso de suplicación alegando, con carácter principal, que las medidas adoptadas constituían una mera movilidad funcional y no una modificación sustancial y, subsidiariamente, solicitando la reducción de la indemnización. El Tribunal Superior de Justicia consideró inadmisible el recurso en cuanto a la cuestión principal por tratarse de materia de mera legalidad ordinaria, confirmando la indemnización. El Tribunal Supremo examina de oficio la competencia funcional y, con apoyo en la doctrina sentada por la STS 840/2022, concluye que las cuestiones de legalidad ordinaria planteadas por la empresa son disociables de la vulneración de derechos fundamentales y no permiten el acceso al recurso y que respecto de la cuantía indemnizatoria no se aporta sentencia de contraste. En consecuencia, desestima el recurso, declara la firmeza de la sentencia recurrida e impone costas a la empresa recurrente.
