Resumen: La sentencia del Juzgado declaró nulo el despido disciplinario por falta de rendimiento de la demandante, al entender que era discriminador por razón de discapacidad y además, atentatorio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Aunque mantiene la calificación del despido como nulo, la Sala estima que no se da la primera causa de nulidad del despido y si la segunda. Considera que, en el caso, no cabe hablar de despido discriminador por razón de discapacidad, pues la situación de baja laboral por enfermedad de la demandante al tiempo del despido no es equiparable a discapacidad, pues no era de larga duración tal baja, ya que su previsión de duración era de 21 días y sólo cabe añadir 13 días más de baja al tiempo del despido. Empero, considera que si que la empresa tuvo como móvil de su despido la reacción a dos pleitos que la demandante formuló contra la misma. Uno, por vacaciones, se presentó siete meses antes de su despido y otro, en reclamación de categoría profesional, se había solo admitido la demanda al tiempo del despido, habiendo sido estimada tal demanda luego del despido. Entiende que estos dos indicios constituyen panorama suficiente como para imponer a la empresa la carga de probar móvil ajeno al conculcador de la garantía de indemnidad que protege aquel derecho fundamental, no probando causa distinta de tal despido. Previamente estima la reforma fáctica que propone la empresa y vinculada con diversos aspectos de aquella baja laboral.
Resumen: La Sala reitera que las medidas las cautelarísimas fijadas -auto de 1-04-20- lo fueron por las circunstancias de urgencia y gravedad del caso que no permitían esperar a la tramitación del procedimiento para determinar la propia competencia y afirma que en este momento procesal el contenido ya es determinable por las afirmaciones de quien solicitó las medidas en su escrito de alegaciones, tratándose de una reclamación de derechos de prevención de riesgos laborales, de un colectivo de empleados públicos determinado, al que se le han conculcado sus derechos en materia de Prevención de Riesgos. Competencia del orden jurisdiccional social. Entiende que sí y afirma que: no obsta que la pretensión se refiera a personal laboral y de Derecho Administrativo; no se está ante materia de derechos fundamentales y tampoco obsta la declaración del estado de alarma, pues si afectara a servicios excluidos se trataría de una cuestión de fondo y; si la impugnación en los protocolos fijados por la CA pudiera determinar la incompetencia, solo lo sería respecto a esa pretensión. Competencia de la Sala del TSJ. En las alegaciones no se expresa la modalidad procesal, pero habrá que darle el trámite que corresponde -art 102.2 LRJS-, y como la parte no expresa que el procedimiento de tutela de derechos fundamentales y se trata de una reclamación de derechos que no son fundamentales, la competencia en instancia es de los JS -art 6 LRJS-, por lo que se declara incompetente anula el auto de medidas.
Resumen: El trabajador solicitó reducción de jornada por guarda legal y determinada concreción horaria de la misma. La empresa le concedió la reducción pero no la jornada pretendida en conclusiones, pues ya en el acto de conciliación la empresa aceptó integramente lo solicitado en la demanda pero precisando que el actor debería prestar servicio en los festivos que le correspo ndieran co n arrgelo al cponvenio colectivo lo que este no aceptó. En el juicio se afirmó y ratificó en la demanda sin modificarla si bien en conclusiones manifestó que no aceptaba trabajar en festivos, pretensión que le aceptó el juzgado. La Sala aprecia incongruencia d ela sentencia que concedió más de lo solicitado en la demanda, en la que no se hacia referencia a la prestación de servicio en festivos. La Sala no da lugar a la nulidad de actuaciones por tal motivo ni tampoco por falta de citación a juicio del Ministerio Fiscal por cuanto dicha causa de nulidad no fue alegada en la instancia.La sentencia confirma también la indemnización reconocida por infracción de derechos fundamentales.
Resumen: Impugnado un despido colectivo por falta de acreditación de las causas, irregularidades y dolo,fraude,coacción y abuso de derecho en el periodo de consultas, la AN,previa desestimación de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, estima la demanda y declara la nulidad del despido colectivo por ausencia de un verdadero periodo de consultas,mala fe de la empresa en su tramitación encaminada a cerrar las bases aéreas de las Islas Canarias y a convertir la Base que explota en el Aeropuerto de Girona en una Base de Temporada o Estacional al menor coste posible contrariamente a la previsión legal, y con evidente intención de vaciar de contenido el periodo de consultas, la empresa de forma unilateral ha decido negociar medidas que implican movilidad geográfica ( traslados), recolocaciones en empresas del grupo y suspensiones del contrato de trabajo de forma directa con parte de los trabajadores afectados, como forma para eludir las mejores condiciones para estos que pudieran haber obtenido de forma colectiva, con el consiguiente asesoramiento sindical.Se aprecia mala fe,fraude,coacción y abuso de derecho en la actuación de la empresa.
Resumen: El trabajador de una empresa municipal es subrogado por el Ayuntamiento al disolverse la misma. Reclama por modificación sustancial de condiciones de trabajo por ver reducidas su cateoría y su retribución. El juzgado desestima su demanda y la Sala estima el recurso por entender que si bien es posible que un ente municipal pueda realizar un traspaso de personal a una entidad pública de forma pactada y posteriormente realizar una reversión de la explotación administrativa municipal como servicio público, no menos cierto es como los derechos adquiridos - más beneficiosos- no pueden perjudicar al personal laboral afectado. Lo anterior no queda desvirtuado por la Ley 23/2013 -como es defendido en la impugnación del recurso- por cuanto la exposición de motivos de la ley obedece a una justificación administrativa de reorganización del sector público local relacionada con la disolución de sociedades municipales en desequilibrio financiero. Por ello, permanece esa faceta al margen de la cuestión laboral y que debe ser resuelta según los pactos suscritos bajo el prisma de interpretación contenido en la legislación laboral básica, Hay que señalar que la Sala admite el recurso de suplicación pese a que la demanda es individual por entender que el proceso tiene una notable implicación colectiva.
Resumen: La Sala, en proceso de conflicto colectivo, estima la solicitud de medidas cautelares inaudita parte, con carácter urgente interpuesta por el Comité de Empresa de TSC Transport Sanitari de Cataluña frente a dicha empresa y la CONSELLERIA DE SALUT, y dispone requerirles para que con carácter urgente e inmediato, pongan a disposición de todo el personal, dos TES de protección integral e individual para cada trabajador, batas o buzos impermeables de protección ante riesgo biologico, mascarillas FPP2/FPP3 y quirúrgicas para cada trabajador y limitado el uso a una guardia, así como del uniforme de trabajo, se proceda a la desinfección de los vehículos, instalaciones, se implemente un plan de desinfección de la ropa de trabajo adecuado y accesible a todo el personal, que la empresa realice las pruebas del COVID-19 en todas las bases donde haya trabajadores con síntomas o expuestos, se proceda a realizar la prueba del COVID-19 a toda la plantilla y a aislar a los casos positivos y los contactos estrechos a los mismos para proteger a los pacientes con inmunodeficiencia conocida. En virtud de la urgencia acreditada y dado el peligro grave e inminente para la integridad física y/o vida, de los trabajadores. No integra el objeto de esta resolución declarar la prioridad en orden a distribuir los equipos de protección de las personas trabajadoras, ni pronunciarnos sobre su escasez, sino garantizar la seguridad y salubridad en el desarrollo de la actividad laboral
Resumen: Se presenta por un Sindicato de Policía, solicitud de medidas cautelares, "inaudita parte", para que se lleven a cabo las actuaciones pertinentes ante las autoridades competentes para que, respetando la prioridad del sector sanitario, se realicen de forma urgente test de detección rápida del covid-19 a los funcionarios de la Policía Nacional, en el modo que se considere más conveniente y oportuno para evitar el incremento de riesgo de contagio de aquellos y, con ello, el riesgo de colapso de la capacidad operativa del propio cuerpo.La AN previa declaración de su competencia para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de PRL,desestima la solicitud,, será la Autoridad Sanitaria y no la DGP quién determine, en función los intereses de la totalidad de la sociedad, qué colectivos son prioritarios en orden a la realización de los Test, sin que la DGP tenga competencia alguna al respecto, pues se trata de unos instrumentos respecto de los que existe manifiesta escasez.
Resumen: Un sindicato plantea demanda por la modalidad procesal especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, alegando diversos incumplimientos de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales que entiende ponen en riesgo la vida y la salud de los trabajadores de la empresa al atender a su trabajo para la empresa demandada, concesionaria adjudicataria de diversos transportes de ambulancias para el Servicio Vasco de Salud Osakidetza y ello enmarcado en el contexto de la crisis de salud derivada de la pandemia generada por el coronavirus19. Junto con la demanda, insta que se adopte una medida cautelar urgentísima, sin que sea oída la demandada y consistente en que la demandada proceda a entregar, en un plazo de 24 horas, diversos elementos del equipo de protección individual (mascarillas, ropa, gafas, guantes), se fije un sistema de taquillas y se haga una limpieza de locales y vehículos y se informe a los representantes de los trabajadores. La Sala estima sólo en parte esta petición, considerando que concurren razones de urgencia que imponen el uso de esta vía excepcional de acordar la medida sin oír a la otra parte, existiendo indicios de algunos de los incumplimientos denunciados, pues hay actas de la Inspección, pero resalta que la petición es genérica, sin distinguir puestos de trabajo, ni medidas y que consta que la empresa si que ha elaborado un plan de prevención específico, del que se denuncian algunos incumplimientos concretos.
Resumen: El sindicato médico solicita la adopción de medidas cautelarísimas inaudita parte para que el servicio de salud provea, con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, a todos los centros sanitarios de batas impermeables, calzas, gel desinfectante y contenedores grandes de residuos; y que se realice la evaluación individualizada de los riesgos laborales de todos los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en los referidos centros. Se anuncia la futura presentación de la demanda de tutela de derecho a la integridad física. Las causas de la denegación de las medidas solicitadas son, en primer lugar, la falta de reclamación frente a la administración pública competente, ya que el sindicato no acredita haber reclamado a la administración lo que vaya a ser objeto del proceso que pretende entablar, lo cual es sumamente relevante, pues ello permitiría informar al órgano jurisdiccional acerca de si la administración se niega o está conforme con lo que se solicita en el proceso principal. Y, al respecto, la administración no se niega a facilitar los medios de protección, sino que no puede hacerlo por desabastecimiento de los mismos en el mercado. En segundo lugar, se desestiman las medidas, por la ausencia de peligro en la mora procesal, ya que nos e facilitan porque no se tienen. En tercer lugar, no se estima porque no existe la apariencia de que la demanda va a estar bien fundada, es decir, no existe el fumus bonus iuris. Por tanto, se desestiman las medidas.
Resumen: Solicitadas medidas cautelares "inaudita parte"para que se dicte auto donde se proceda a la suspensión y paralización de la actividad de la empresa, en relación a los servicios que realiza de servicios integrales, de sus trabajadores auxiliares de servicios, en el inexcusable plazo de 24 horas, puesto que de no hacerlo, pondrían en un grave peligro, innecesario e inmediato a los trabajadores en esta situación de grave pandemia mundial como así se recoge en el RD 463/de 2020 de 14 de marzo, de Estado de Alarma.Se estima la excepción de falta de legitimación activa alegada por la demandada. Son requisitos constitutivos, para la legitimación del sindicato en los procesos de conflicto colectivo, que el ámbito del sindicato sea igual o más amplio que el del conflicto y que acredite implantación suficiente en dicho ámbito. Dichos requisitos conforman el necesario "principio de correspondencia y no se ha acreditado que el sindicato tenga representación en los órganos unitarios de la empresa y cual sea ésta, ni tampoco su nivel de afiliación en el sector regulado por el convenio, habiendo reconocido expresamente que no ha participado en las elecciones en la empresa, ni en la negociación del convenio ni en la de los anteriores convenios, por lo que no está acreditada la necesaria condición de sindicato interesado.