• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 3530/2017
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación por diferencias retributivas de un penado. El efecto de cosa juzgada de la sentencia anterior por despido exigía el mantenimiento de los conceptos firmes de jornada completa y salario. Falta de contradicción. La sentencia recurrida se basa en el efecto de cosa juzgada de una sentencia anterior en la que la Entidad recurrente nunca cuestionó por vía de modificación o revisión de los hechos probados la rectificación de tales parámetros, como tampoco lo hizo en el caso origen de estos autos, en los que por la razón de procesal de no haber pedido tal modificación de los hechos probados se asumen la jornada y salario anterior, sin razonar por ello sobre la aplicabilidad o no del salario mínimo interprofesional para fijar el módulo retributivo del art. 15 del RD 782/2001. La sentencia de contraste sí aborda ese problema sobre una reclamación de diferencias salariales en un pleito en el que únicamente se discutía si resultaban aplicables los valores retributivos del Convenio Colectivo, en lugar de los módulos del referido art. 15 del RD 782/2001. En el caso de la sentencia recurrida no existe dato o referencia alguna en que se pueda apoyar el establecimiento o aplicación de los módulos reglamentarios, y en la sentencia de despido se afirmaba que la jornada del trabajador lo había sido a tiempo completo en el economato, como el antecedente lógico al que se refiere el art. 222.4 LEC. El RCUD no podía entrar en tales cuestiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 130/2018
  • Fecha: 14/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recogiendo la evolución de nuestra jurisprudencia la Sala Cuarta recuerda que las normas jurídicas en debate deben ser interpretadas en el sentido más favorable posible para el reconocimiento de derecho fundamental. El sindicato puede organizar libremente su estructura representativa en la empresa, conjunta o fraccionada por centros de trabajo, en ejercicio del derecho de libertad sindical. No se ha vuelto a la anterior doctrina que fue revisada por la STS de 18 de julio de 2014. La libertad del sindicato no está mediatizada por la estructura que haya adoptado la configuración de los Comités de empresa, que el sindicato puede tomar como referencia, pero no tiene por qué ser iguale en su configuración. Al Sindicato le basta con acreditar que con tal criterio de agrupación puede obtener la constitución de la Sección Sindical al alcanzar los requisitos legalmente establecidos. No es exigible al sindicato tener presencia en todos y cada uno de los centros agrupados. La sentencia aplica los criterios que marca la LISOS para las infracciones que afecten a derechos fundamentales. La fijación del quantum indemnizatorio se presenta como suficiente. El criterio de instancia, al señalar el importe y tratándose de daños morales, goza de cierta discrecionalidad a la hora de cuantificar, si bien puede ser revisado en vía de recurso de forma excepcional cuando se presente como desorbitado, injusto o desproporcionado. La Sala Cuarta no encuentra razón alguna para alterar la cuantía.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2736/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pretende que se aprecie de oficio, sin haberlo solicitado, el incremento del 20 % cuando se pide una IPT si se dan todos los requisitos, como es el caso, máxime cuando la demanda no había excluido ese grado. La doctrina de la sala ha concluido que no es incongruente que el Juez aplique por derivación las consecuencias legales de una petición, aunque no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen impuestas en normas de derecho necesario. La jurisprudencia ha admitido que cumplidos los 55 años por el trabajador y presumiéndose la dificultad de obtener en empleo en actividad distinta a la habitual se reconozca el repetido incremento, aunque en la fecha de la demanda no hubiese cumplido dicha edad, si la alcanzó con posterioridad. La incapacidad permanente total cualificada no constituye un grado sino un complemento de la incapacidad permanente total al que se puede acceder cuando se cumplen los requisitos establecidos en la Ley. Se concluye que es congruente declarar la IPTC a quien cumple los requisitos y solo ha pedido la total. Así, si no se ha cuestionado que el demandante reúna los requisitos necesarios para tener derecho al incremento del 20%, teniendo datos suficientes en el expediente administrativo no se le ocasiona indefensión. Aplica un principio de economía procesal, de aplicación preferente, al tratarse de reconocimiento de una prestación paliativa de una situación de necesidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3150/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea consiste en determinar si existe relación laboral cuando el demandante, arquitecto técnico de profesión, ha sido contratado sin solución de continuidad por un Ayuntamiento mediante tres contratos de consultoría y asistencia técnica y otros ocho contratos de arrendamiento de servicios, que le obligaban a acudir un día a la semana al Ayuntamiento, salvo en el mes de vacaciones, para ocuparse de la atención al público y del asesoramiento correspondiente a su titulación profesional en cuestiones urbanísticas municipales, encomendadas mediante órdenes de trabajo, expedidas por el Alcalde o Secretario, quienes eran sus superiores directos, percibiendo, a cambio, una retribución fija, previa presentación de factura con IVA. La Sala IV no entra a conocer del fondo de la cuestión planteada por no concurrir el requisito de la contradicción, exigido por el art 219.1 LRJS. No concurre identidad ni en las modalidades contractuales utilizadas, ni en el modo de ejecutar la prestación, ni en la fundamentación jurídica de las pretensiones, puesto que la recurrida pone especialmente en valor la intervención de la Diputación de Valencia y del Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia para la desestimación de la demanda, lo que no sucede en la sentencia de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 2061/2018
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar el importe de la indemnización que corresponde percibir al trabajador a la extinción de un contrato de relevo de naturaleza temporal cuya conformidad a derecho no se discute, si ha de ser la resultante del art. 49. 1 c) ET conforme a lo previsto en la DT 8º ET, o la de 20 días por año de servicio en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 14/9/2016. La Sala IV reitera doctrina, y estima, en aplicación de las STJUE 5-6-2018 [Grupo Norte Facility, y Montero Mateos], que lo dispuesto en el art. 49.1.c) ET, no resulta contrario a la normativa europea en materia de igualdad de trato entre trabajadores indefinidos y temporales, resultando acorde con la Directiva 1999/70/CE la indemnización que contempla el precepto para la extinción regular de determinados contratos temporales y que resulta inferior a la regulada para la extinción por causas objetivas ex art. 53.1.b) ET. En consecuencia, la citada extinción ha de ser indemnizada con el importe de once días de salario por año de servicio, aplicando a DT 8ª ET, en función de la fecha de contratación. No procede, el abono de la indemnización de veinte días de salario por año de servicio, fijada para el despido objetivo, ni de ninguna otra de importe superior a la establecida legalmente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3624/2017
  • Fecha: 11/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la de resolver si es válida, o por el contrario es abusiva, una cláusula contenida en el Acuerdo logrado entre la empresa y los representantes de los trabajadores por la que se supedita el derecho al cobro de la retribución variable, además de al cumplimiento de una serie de requisitos, al hecho de que el trabajador ha de estar de alta en la empresa a fecha 31 de diciembre. En la entidad demandada se han suscrito diversos acuerdos referidos al sistema de retribución variable, exigiendo el alta en la empresa a 31 de diciembre, excepto situaciones tasadas (IP, Jubilación, o fallecimiento). El actor cumplió los objetivos de 2014, y fue despedido disciplinariamente el 24-7-2014. La sentencia de suplicación estimó parcialmente la demanda condenando a Bankia a abonar la cantidad de 12.452,86 €. Y el TS comparte dicho parecer reiterando el criterio sentado en TS 2-12-2014 (rec 326/14). Razona al respecto que la condición fijada en el Acuerdo de 18-7-2012 es totalmente abusiva porque deja el cumplimiento de la obligación al arbitrio de una de las partes, ya que si la empresa despide al trabajador antes de esta fecha, aunque hubiera cumplido el resto de requisitos, no se le abonaría la retribución variable. Además el trabajo ya ha sido realizado y los objetivos cumplidos y la empresa no lo retribuye.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 4043/2017
  • Fecha: 11/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si la sentencia de suplicación incurrió en incongruencia omisiva, al dejar de resolver cuestiones referidas a las alegaciones de la parte actora y recurrente sobre el despido nulo del actor y sus causas, y sobre la invocada responsabilidad solidaria de la empresa Tragsatec con la demandada Tragsa. El trabajador recurrente plantea un inicial motivo de contradicción en relación con la ausencia de pronunciamiento alguno por parte de la decisión judicial recurrida sobre la invocada vulneración de derechos fundamentales, y el TS da lugar al recurso de su razón, señalando que cuando se alega la vulneración de tales derechos como origen de la nulidad de la decisión empresarial, la protección de los mismos ha de actuar con carácter prioritario sobre la protección de cualquier otra garantía de rango legal. Suerte favorable corrió asimismo el motivo destinado a denunciar la incongruencia omisiva en relación al silencio guardado por la recurrida a propósito de la ausencia de aplicación al actor de los criterios adecuados de selección por resultar arbitrarios los utilizados. En consecuencia, se procede a anular la sentencia recurrida para que entre a resolver las cuestiones planteadas comenzando por el enjuiciamiento de las pretensiones del actor sobre vulneración de los derechos fundamentales y nulidad del despido, para después decidir sobre el resto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 3325/2017
  • Fecha: 11/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada por la parte actora recurrente en unificación de doctrina se centra en determinar si el demandante, mando intermedio y cuadro de ADIF y que voluntariamente accedió al cuadro técnico formador, tiene derecho a percibir la gratificación docente (Clave 113 del convenio colectivo de cobertura) en el periodo que reclama. Reitera doctrina respecto de la normativa de los Mandos Intermedios en materia retributiva y se aplica el criterio unificador. El régimen retributivo del demandante es el que se define en el apartado III (Sistema de retribución) del punto IV del "Marco Regulador de Mando Intermedio y Cuadro" del XII Convenio Colectivo, que configura aquella retribución constituida por un componente fijo, por una parte, y un componente variable, por otra, y cuando concurran las circunstancias indicadas en el apartado 3.2 se establece un complemento de puesto en función de las específicas características del puesto de que se trate. Aquella regulación dice, expresamente, que estos conceptos retributivos de componente fijo y variable y, en su caso, el complemento de puesto y la naturaleza propia del desempeño profesional del Mando Intermedio y Cuadro, son incompatibles con cualquier otra compensación salarial. El actor viene impartiendo la actividad docente con posterioridad a estar integrado en el grupo de mandos intermedios y cuadros y la gratificación docente forma parte de una distribución de conceptos salariales ajena a quienes se incluyen en ese colectivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 2462/2019
  • Fecha: 11/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante interpuso demanda en la que reclamaba el reconocimiento de un grado de discapacidad de 37% o, subsidiariamente, de 33%. La Administración del Principado de Asturias había declarado que tenía una discapacidad de 22%. En el único motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 c) LJS, el demandante denuncia la infracción de lo dispuesto en la Tabla de valores combinados que figura en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.El recurso, sin embargo, se limita a recoger el informe del perito y a pedir su acogida, añadiendo que debe valorarse la limitación funcional del hombro derecho. Pero no efectúa una crítica jurídica de la sentencia, con citas normativas o jurisprudenciales y argumentos que las desarrollen y conecten con los hechos acreditados, por lo que resulta ineficaz al no acomodarse al objeto del recurso de suplicación [arts. 193 c) y 196.2 LJS]. A tenor de las reglas básicas sobre la determinación de la discapacidad, el diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración en si mismo y para determinar el grado de discapacidad lo relevante es la severidad de las consecuencias de la enfermedad, siempre y cuando se trate de deficiencias permanentes. La traducción de las limitaciones en porcentajes de discapacidad debe acomodarse a las reglas del baremo establecido en Anexo 1 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 594/2017
  • Fecha: 10/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión litigiosa que aborda la sentencia anotada se centra en determinar si la excepción procesal de modificación sustancial de la demanda, que conlleva la absolución de una de las empresas codemandadas en la instancia y no combatida en suplicación, impide que la responsabilidad de la absuelta pueda ser objeto de debate en fase de recurso. La Sala de suplicación obvio dicha circunstancia y extendió la condena solidaria a la mercantil absuelta en el grado jurisdiccional inferior al entender que es suficiente la argumentación sobre el fondo del asunto para determinar su condena. Sin embargo el TS no comparte tal parecer y da lugar al recurso de su razón, absolviendo a la empresa codemandada de las pretensiones deducidas en su contra, al apreciar la existencia de indefensión a dicha empresa que desconoce hasta el acto del juicio las pretensiones de la actora.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.