Resumen: Orden TEC/427/2019, de 5 de abril. Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera qu eúnicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situacíon contraria a la CE.
Resumen: Orden TEC/427/2019, de 5 de abril. Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera qu eúnicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situacíon contraria a la CE.
Resumen: Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. Desestimación. Trámite de audiencia: El Real Decreto fue sometido a consultas de la Conferencia Sectorial de Energía, donde están presentes las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, receptores directos de los fondos y responsables de su adjudicación, por lo que el procedimiento de audiencia se considera suficiente, sin que pueda reclamarse que fuera sometido a consulta de los potenciales destinatarios. Informes del Consejo de Estado y de la CNMC: respecto del primero, la disposición impugnada no puede considerarse un reglamento ejecutivo de una ley nacional ni del derecho comunitario; y respecto del segundo, no se apoya el demandante en ningún precepto legal que requiera dicho informe. Principios de no discriminación y libre competencia: en un programa como el diseñado no resulta posible argüir discriminación por el hecho de que no haya sido incluido un determinado subsector industrial, pues el programa litigioso es uno de los diversos que se desarrollan ahora y en el futuro, sin que la parte acredite discriminación alguna.
Resumen: Acuerdo por el que se acepta la renuncia formulada con efectos de 30 de septiembre de 2017 por (...), magistrados eméritos del Tribunal Supremo. Desestimación. Resulta imprescindible que la norma retroactiva incida sobre derechos individuales, y ello cualquiera que sea el grado de retroactividad, esto es, con independencia de que se trae de una situación ya agotada o simplemente consagrada, por lo que no puede considerarse que la DT 3ª de la Ley Orgánica 7/2015, y sus actos de aplicación, vulneren el artículo 9 CE sin demostrar antes que quienes eran magistrados eméritos a la entrada en vigor de aquélla tenían un derecho indisponible para el legislador a continuar en dicha condición hasta la edad de setenta y cinco años. La cuestión es si la reducción sobrevenida de la duración de nombramientos ya hechos atenta contra el apartado segundo del art. 117 CE, y la respuesta es negativa, pues la garantía central de la inamovilidad judicial consiste en que cualquier decisión que incida sobre la estabilidad en la plaza judicial ocupada debe producirse en virtud de una causa legalmente prevista. Tampoco está fundamentada la alegada vulneración del derecho fundamental de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad. La DT cuestionada no tiene ninguna finalidad de hostigamiento o persecución.
Resumen: Es claro que, entre el tiempo transcurrido desde el conocimiento de la sentencia y la interposición de la demanda, el 6 de marzo de 2019 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, se ha superado ampliamente el plazo de tres meses previsto en el artículo 512.2 LEC para ejercitar la acción de revisión. Este plazo es de caducidad y, por tanto, no susceptible de interrupción o rehabilitación, salvo caso de fuerza mayor que no es el caso. Únicamente a la parte demandante es achacable, por lo demás, el error padecido al no haber presentado sin demora, dentro del plazo, la demanda de revisión ante el Tribunal Supremo en lugar de presentar escritos y, además, en dos ocasiones ante la Audiencia Nacional. Por consiguiente, el proceso de revisión debe ser inadmitido por la extemporaneidad de su interposición
Resumen: Orden TEC/427/2019, de 5 de abril. Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera que únicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situación contraria a la CE.
Resumen: Orden TEC/427/2019, de 5 de abril. Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera qu eúnicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situacíon contraria a la CE.
Resumen: A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido, hemos de responder que ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades.
Resumen: Desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que dispuso la continuación, en vía judicial, del procedimiento de extradición del recurrente a las autoridades de Venezuela. Recuerda la constante jurisprudencia que ha abordado la naturaleza del procedimiento de extradición, considerando que se trata de un procedimiento mixto, de naturaleza administrativa y judicial, en el que se pueden distinguir tres fases: dos gubernativas, la primera y la última, estando en medio la decisiva fase judicial; razonando que el acuerdo impugnado corresponde a la primera fase y contiene la decisión del Gobierno de continuar con la fase judicial, tratándose de una decisión administrativa de alcance limitado a la continuación del procedimiento, a la vista de los requisitos establecidos en los referidos arts. 2 a 5 de la LEP, pese a lo cual, se trata de un acto con propia sustantividad susceptible de ser recurrido en sede contencioso-administrativa. Rechaza a continuación las alegaciones del recurrente sobre ilegibilidad de la documentación aportada (que no afecta a la decisión tomada y siendo la resolución judicial definitiva la que la enjuicie y valore), falta de legitimidad de las autoridades venezolanas solicitantes de la extradición (sobre lo que no corresponde pronunciarse al Tribunal Supremo) y afectación de la Decisión (PESC) 2018/90 del Consejo, de 22 de enero de 2018 (no encontrándole relación con la solicitud de extradición en este caso).
Resumen: Siendo una cuestión probatoria la capital en la sentencia, parece que lo aconsejable habría sido inadmitir el recurso, pues el debate sobre la interpretación del artículo 25 TRLHL es superfluo para decidir el recurso de casación, toda vez que, ya sea exigible una memoria económico-financiera completa, ya baste con un estudio razonado de costes (...), el resultado es que aquí se trata de un elemento indiferente para resolver, pues ni uno ni otro constan, ni lo que debe resolverse aquí es si un trámite del procedimiento de elaboración de la ordenanza se ha observado.