Resumen: Justificado por el motivo de incremento de contagios en estos municipios por la Comunidad Autónoma se adoptan medidas de limitación de aforos, horarios en hostelería y celebraciones para evitar el contacto social. Estas medidas para la Sala se deben extender al juicio de legalidad y proporcionalidad, La competencia objetiva del órgano administrativo. - Principio de necesidad. La concurrencia de razones de necesidad y urgencia asociadas a un peligro actual y real para la salud de los ciudadanos. Principio de adecuación. La prevención y protección de la salud pública como finalidad exclusiva de su adopción. y Principio de razonabilidad. En este caso ve las medidas proporcionadas por la tasa de incidencia alta en todas las poblaciones.
Resumen: Se trata de medidas que limitan las celebraciones nupciales, comuniones y otras celebraciones sociales, religiosas o civiles que pudiesen tener lugar tras la ceremonia en establecimientos con servicios de hostelería y restauración que deberán respetar la separación de 1,5 metros, no superando en ningún caso, las dieciocho personas en el interior y treinta y seis en el exterior. No estará permitida la utilización de pista de baile o espacio habilitado para ese uso. Para la Sala la ratificación implica determinar la competencia objetiva del órgano administrativo. Principio de necesidad. La concurrencia de razones de necesidad y urgencia asociadas a un peligro actual y real para la salud de los ciudadanos. Principio de adecuación. La prevención y protección de la salud pública como finalidad exclusiva de su adopción. Principio de razonabilidad. A pesar de que esta tendencia es descendente, se propone, dados los buenos resultados de las medidas adoptadas, consolidar esta tendencia en función de la duración del período de incubación de la enfermedad, que son 14 días, y que podría eventualmente producirse nuevos casos positivos. La razón que justifica el mantenimiento de todas las medidas es consolidar la buena tendencia y disminuir la transmisión comunitaria del virus a niveles razonablemente aceptables. Lo que es adecuado en término de siete días.
Resumen: Estimación parcial del procedimiento para la protección de derechos fundamentales instado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra la inactividad del Ministerio de Sanidad por entender vulnerado el derecho fundamental a la integridad física -artículo 15 CE-, en lo referente al incumplimiento del art. 12.4 del Real Decreto 463/2020. No se dan los presupuestos que el artículo 29 LJCA requiere al recurso contra la inactividad de la Administración. CESM no presentó reclamación previa ni en el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, se prevé una prestación concreta en favor de personas determinadas que se haya incumplido. CESM no ha acreditado que se haya producido una actuación concreta contraria al mentado artículo 12.4 que se haya traducido en lesión singular de derechos fundamentales de personas determinadas. Si bien para el TS las Administraciones debían proveer de medios de protección a los profesionales sanitarios y, en especial, el Ministerio de Sanidad a partir del 14 de marzo de 2020, los medios disponibles no fueron los suficientes en los momentos iniciales para proteger debidamente al personal sanitario afectando, por tanto, a sus derechos fundamentales. La incapacidad declarada se ha de predicar del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y no sólo de la Administración Estatal o del Ministerio de Sanidad. Se desestiman las demás pretensiones, indicando que, en todo caso, ahora se deberá de dirigir a los Servicios de Salud de las CCAA.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Las sentencias de instancia y la de apelación aquí recurridas, se centran en la gravedad de la conducta, que afecta al orden público y la paz social, del delito de lesiones por el que fue condenado el interesado causadas con un objeto (vaso). Nº 1 del artículo 148.1 CP, "pena abstracta", con la agravante de parentesco. Apreciadas que el interesado conoció y en el que presentó alegaciones, las circunstancias determinantes de la expulsión en la resolución administrativa que concluye el expediente administrativo, y valoradas dichas circunstancias en la sentencia impugnada, procede dar respuesta a la cuestión de interés casacional planteada. Pues bien, la decisión de expulsión de un extranjero residente de larga duración, en aplicación del art. 57.2 LOEX, no puede ser automática por el mero hecho de la condena superior a un año, sino que debe además valorarse para dicha expulsión, conforme a los artículos 6 y 12 de la Directiva 2003/109/CE, a la jurisprudencia del TJUE, y del TEDH, y a las sentencias dictadas y citadas en esta sentencia, la gravedad del delito y el peligro que representa para el orden público o la seguridad ciudadana y las circunstancias personales que concurren en el extranjero cuya expulsión se acuerda. Y en el caso concreto de este recurso, esas exigencias se cumplieron en la Resolución administrativa y en las sentencias de instancia y de apelación, la aquí impugnada.
Resumen: Exención de los inmuebles del Estado propiedad del Estado, afectos a la defensa nacional, cuando está cedido su uso a una empresa en virtud de concesión administrativa u otro título que comprenda la posesión. Remisión íntegra a la sentencia núm. 1184/2020, de 17 de septiembre (recurso de casación núm. 2241/2019), dictada en relación con un supuesto idéntico. El IBI es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles (artículo 60 TRLHL), y cuando el artículo 62.1.a) TRLHL dispone que estarán exentos los «inmuebles» del «Estado afectos a la defensa nacional», establece una exención de carácter objetivo, exigiendo únicamente que los inmuebles (1º) sean propiedad del Estado y (2º) estén afectos a la defensa nacional, con independencia de si los mismos son utilizados directamente por el Estado o por una empresa pública, o de si la figura jurídica con la que instrumentaliza su derecho de uso es la concesión demanial. De manera que el objetivo de la prelación de derechos sobre el inmueble objeto de gravamen que establece el artículo 61 TRLHL es, simplemente, individualizar quién es el sujeto pasivo del tributo, que solo puede ser una persona física o jurídica, nunca un inmueble.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 27.4 LGCA, en relación con el resto de preceptos denunciados como infringidos en el escrito de preparación, a fin de determinar si, con arreglo a tales normas, cabe exigir a la Administración la convocatoria de concursos para la adjudicación de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre local, cuando la Administración no ha solicitado la afectación de reserva de dominio público radioeléctrico, ni se ha solicitado su convocatoria por algún interesado, dentro de los plazos establecidos por el citado artículo 27.4 LGCA.
Resumen: Determinar si constituye o no el hecho imponible del IVA o, en su caso, el del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la transmisión por un Ayuntamiento -por permuta o por cualquier otro título jurídico oneroso- de aprovechamientos urbanísticos futuros que, en virtud de las cesiones obligatorias y gratuitas que la legislación urbanística establece, habrán de derivarse en favor de esa Administración, aprovechamientos urbanísticos que, en consecuencia, no se habían materializado aún al tiempo de la cesión ni, por tanto, habían ingresado en el patrimonio del Ayuntamiento.
Resumen: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.- Impugnación de valoración resultante de tasación pericial contradictoria en relación con determinados bienes inmuebles.- Valoración conforme a la tasación pericial contradictoria instada, respecto de los mismos bienes, por un coheredero.
Resumen: Para la Sala, la Administración está facultada para iniciar un procedimiento sancionador abreviado antes de dictarse la liquidación, pues el artículo 210.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) no contempla el inicio del procedimiento sancionador ni ninguna singularidad respecto de tal inicio, que viene regulado en el artículo 209.2 LGT, sin que el hecho de que aquel precepto prevea para el procedimiento sancionador abreviado la incorporación de una propuesta de sanción en el acuerdo de inicio añada una peculiaridad que obligue a modificar o matizar el criterio contenido en la sentencia de la propia Sala de 23 de julio de 2020 (RCA/1993/2019). El artículo 210.5 LGT respeta el derecho a ser informado de la acusación, al exigir que en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador abreviado se incorpore una propuesta de sanción. Observa también el derecho de defensa al otorgar al interesado 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos. Y no establece la imposición directa de la sanción sin haber procedido antes a aprobar la liquidación, sino únicamente la instrucción de un procedimiento punitivo, que puede acabar o no con una sanción. Por tanto, se desestima el recurso de casación, pues la sentencia impugnada ha apreciado que la Administración puede iniciar un procedimiento sancionador abreviado antes de que se dicte la liquidación tributaria de la que trae causa.
Resumen: Aplicación de un tipo superior en Actos Jurídicos Documentados en aplicación de la norma autonómica andaluza por haberse renunciado a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido. Transmisión de terreno no urbano. Delimitación de la exención prevista en el artículo 20.Uno.20º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
