• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 5125/2017
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación de suma de cuotas mensuales impagadas correspondientes a la vivienda unifamiliar de los demandados realizada por una supracomunidad. Interpretación de la norma que regula la aplicación de la normativa de propiedad horizontal a los complejos inmobiliarios privados. Concurrencia de interés casacional. Aunque formalmente no participaran los demandados en la constitución de la supracomunidad, forman parte "de facto" de la misma, en cuanto son cotitulares de elementos comunes gestionados por la supracomunidad, elementos y servicios de los que se benefician. Pese a la cesión de los viales y demás elementos, siguen siendo mantenidos por la supracomunidad al no haber sido recepcionados por el Ayuntamiento correspondiente, por lo que los comuneros, incluidos los demandados, deben hacer frente a su mantenimiento. Recurso de casación admisible: concurre interés casacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 3291/2018
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso admisible: planteamiento correcto desde una perspectiva jurídica y no fáctica. Colocación de pancarta en terraza de vivienda con un texto que daba a entender claramente que el local comercial propiedad del demandante infringía la normativa municipal y no cumplía los requisitos para ejercer la actividad como bar. Tras ser desestimada la demanda en primera y segunda instancia, la empresa titular del negocio formula recurso de casación que es desestimado. La sentencia recurrida aplica correctamente la doctrina jurisprudencial, pues la recurrente era plenamente consciente de las molestias que desde hacía años venía causando a los vecinos de la comunidad colindante por ruidos excesivos, malos olores e incumplimiento de los horarios, y cuando se colocó la pancarta todavía subsistían esas irregularidades que impedían que el local tuviera licencia de actividad. En ese contexto, de larga duración, pasividad de la demandante y retraso en la respuesta de la Administración, no puede considerarse desproporcionada la conducta del demandado, que ante la gravedad de la situación sufrida se limitó a instalar un cartel durante unos meses, con un texto carente de cualquier término o expresión insultante u ofensiva y en el que se aludía exclusivamente a la situación constatable de incumplimiento normativo que afectaba al local en cuestión, y que retiró de su terraza inmediatamente después de que tuviera conocimiento de la obtención de la licencia de actividad definitiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 5295/2017
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había desestimado una demanda de reclamación de legado de un bien que había sido enajenado, con autorización judicial, por la tutora de la causante para atender a sus necesidades. En la demanda se reclamaba la cantidad sobrante al fallecimiento de la testadora. La Audiencia razonó que la enajenación del piso se llevó a cabo legalmente con autorización judicial, con la particularidad de que fue la tutora quien prestó el consentimiento por sustitución de la causante, al haber sido incapacitada. Por esta razón, se estaría ante un supuesto equiparable a la enajenación del bien legado, llevada a efecto por la testadora, subsumible en el art. 869.2 CC, lo que conduce a la ineficacia del legado. La sala interpreta el art. 869.2 CC y considera que es el acto voluntario del testador el que permite privar de eficacia al legado, por lo que si la enajenación no depende de su voluntad conserva su eficacia por subrogación. En el caso litigioso, la enajenación del bien legado, llevada a efecto por la tutora para sufragar las necesidades de su pupila y causante, con autorización judicial, no se puede considerar como una manifestación de la voluntad revocatoria de la testadora. La testadora siempre conservó su voluntad de transmitir mortis causa el bien legado mientras mantuvo su capacidad. La enajenación no dependió de un acto voluntario suyo. En consecuencia, se declara la eficacia del legado por subrogación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 167/2018
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había apreciado falta de legitimación pasiva de la propietaria del terreno, con ocasión de un procedimiento en el que se ventila la responsabilidad civil por el accidente de un motorista causado por la caída de un árbol en un camino público que constituye un tramo del camino de Santiago. La sentencia recurrida estimó que el camino era un camino de uso público, que discurría junto a la parcela perteneciente a la demandada, pero que formaba parte del soporte viario del Camino de Santiago, sometido a un especial Régimen de protección, como Bien Cultural, que regula una normativa administrativa del País Vasco. Al ocasionarse el siniestro a 2,10 metros del borde del trazado del Camino de Santiago y dentro de la denominada zona protegida de servidumbre, correspondería a la Administración competente velar por su buen estado y conservación y frente a ella debió dirigirse la demanda de responsabilidad. La sentencia de casación considera evidente que el árbol que ocasionó el siniestro pertenecía a la demandada, así como que permaneció plantado por esta en la zona en la que después se constituyó la servidumbre del Camino de Santiago, aumentando el tránsito de personas y los riesgos. Por esta razón, no es posible negarle legitimación para soportar la acción que se ha dirigido contra ella, sin perjuicio de que pueda reclamar a la Administración si considera que ha propiciado de algún modo su responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 4429/2017
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso versa sobre una acción de responsabilidad profesional del notario ejercida por quien, tras otorgar como prestamista una escritura de préstamo con garantía hipotecaria, vio anulada judicialmente la hipoteca. En procedimiento anterior, la Audiencia consideró que el poder utilizado por la apoderada que constituyó la hipoteca estaba agotado porque previamente había constituido ya, haciendo uso del mismo poder, otra hipoteca sobre la misma finca. La sentencia declaró la subsistencia del préstamo y la prestamista se dirigió a continuación contra la prestataria, que fue condenada judicialmente a restituir la cantidad prestada. Tras intentar una ejecución que resultó infructuosa, la prestamista se dirige contra el notario que otorgó la escritura de préstamo hipotecario. La Sala desestima el recurso de casación; partiendo de los hechos probados, la recurrente no ha explicitado qué debió hacer el notario, con arreglo a los medios legales a su alcance, para evitar lo que, por otra parte, se ha intentado perseguir como estafa concertada entre la prestataria y la propietaria de la finca hipotecada. No se ve la razón por la que el notario deba responder de unas consecuencias que no son imputables a su actuación. Se asume la valoración jurídica de la sentencia recurrida, que se basa en el cumplimiento por parte del notario de sus deberes profesionales a la hora de valorar la suficiencia del poder y de solicitar previamente la información registral continuada de la finca.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 38/2018
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala resuelve sobre una acción reivindicatoria de fincas instada por una Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común, en el que la sentencia recurrida había estimado la acción y declarado que la demandada, que había construido y plantado en dichas fincas, había poseído las citadas fincas de buena fe. Se discute en los recursos interpuestos por ambas partes el alcance de la indemnización de daños y perjuicios. Se desestima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Montes, al considerar como hecho probado que parte de las obras eran legalizables al momento de su ejecución, lo que acarrea que deban considerarse gastos útiles (art. 453 del C. Civil), porque esas construcciones legalizables, por su gran entidad, reportarán, sin duda, beneficios a la comunidad demandante y por lo tanto debían ser indemnizadas, en cuanto fueron realizadas por poseedor de buena fe. Igualmente se desestima el recurso de casación interpuesto por la demandada, al considerar que las obras que no son susceptibles de legalización, no puede entenderse que formen parte del patrimonio del demandado y, por tanto, nula utilidad pueden representar para los demandantes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3672/2019
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que, en un procedimiento de divorcio, reconoció una pensión compensatoria, que se empezaría a abonar desde el mes siguiente a aquel en que dejara de percibir la prestación por baja temporal, si se le denegaba la incorporación laboral a la sociedad de la que es administrador el otro cónyuge, y hasta que perciba una pensión de jubilación u otra prestación, igual o superior a la suma fijada como pensión. No existe incongruencia. En el caso, el cónyuge solicitó el reconocimiento de una pensión compensatoria sin condicionamiento alguno y la otra parte se opuso a dicha petición, por lo cual lo resuelto por la Audiencia en la sentencia queda dentro de los márgenes de la discusión, pues se da menos de lo pretendido, pero dentro de los márgenes de la pretensión formulada. Por otro lado, la sentencia se ajusta a la doctrina de la sala (STS 120/2018). El desequilibrio económico a que se refiere el artículo 97 CC no requiere para su existencia ausencia de medios económicos por parte de la beneficiaria, sino un efectivo perjuicio derivado de la ruptura de la convivencia y en el caso litigioso dicho perjuicio se producirá si, por la actuación del otro cónyuge, la recurrida no puede reintegrarse al trabajo en la empresa que tienen en común. No obstante, al haberse fijado una pensión compensatoria de futuro, cualquier modificación de circunstancias puede afectar a su efectividad, incluso antes de que esta tenga lugar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 126/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones cotizadas son activos de inversión que se convierten en acciones automáticamente en una fecha determinada y, por tanto, el poseedor de estos bonos no tiene la opción, sino la seguridad, de que recibirá acciones en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el inversor recibe un número prefijado de acciones, a un precio determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas del precio de la acción que ofrecen los convertibles tradicionales. Estos bonos ofrecen al inversor sólo una parte de la futura subida potencial de la acción a cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la acción. Por ello, estos instrumentos están más cercanos al capital que a la deuda del emisor Caducidad de la acción. La contratación de un producto como el litigioso no puede entenderse consumada con su adquisición. La consumación coincide con la fecha de conversión obligatoria, que es el momento en que se materializa el riesgo y la inversión cumple su finalidad económica. No resulta adecuado adelantar el día inicial del cómputo a una fecha anterior a la conversión obligatoria, como hace la sentencia recurrida, por lo que la acción no está caducada. No siendo la casación un nuevo juicio que permita una cognición plena sobre las cuestiones de fondo, que han quedado imprejuzgadas por la apreciación de la caducidad, se remiten las actuaciones a la Audiencia para el dictado de nueva sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2319/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. Argumenta que en casación no cabe prescindir de los hechos probados, según los cuales no consta que se calificara al demandante de moroso. ni el uso de ninguna expresión ofensiva o vejatoria para su persona. En definitiva, el recurso tiene como base unos hechos diferentes de los que la sentencia impugnada declara probados y, en consecuencia, incurre en el defecto que la jurisprudencia clásica denomina petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Finalmente considera que tampoco la jurisprudencia que se invoca en el recurso guarda la menor relación con este caso. Si bien en los procesos sobre tutela de derechos fundamentales no constituye cuestión probatoria la valoración del tribunal sentenciador sobre la afectación de los derechos en conflicto, en ningún caso cabe desvirtuar la naturaleza del recurso de casación denunciando una infracción cuya apreciación solo sea posible si se obvian los hechos probados o si, como si se tratara de una tercera instancia, se pretende que la Sala Primera corrija la fijación de los hechos por el tribunal sentenciador o lleve a cabo una nueva valoración conjunta de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2318/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Existencia de enriquecimiento injusto derivada de la obtención de un crédito hipotecario por unos cónyuges casados en régimen de separación de bienes, cuyo importe se invierte en la compra de un local de negocios por parte exclusivamente del marido, tras perder la vivienda hipotecada al formalizar una dación en pago para extinguir la deuda derivada del crédito. En primera instancia se estimó la demanda al considerar que con el préstamo hipotecario concertado se produjo un empobrecimiento de la demandante al perder la titularidad de la finca de la que era copropietaria junto con el demandado con la dación en pago que este hizo para cubrir la deuda derivada del crédito garantizado con la hipoteca, mientras que el demandado vio incrementado su patrimonio, pues dicho crédito le permitió adquirir un inmueble de titularidad exclusiva. Recurrida en apelación, se estimó el recurso y se revocó la sentencia al entender que no concurrían los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la apreciación de enriquecimiento injusto. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se desestima el primero al rechazar la incongruencia, alteración de la causa de pedir y error en la valoración de la prueba alegados, y se estima el de casación. Doctrina jurisprudencial sobre la prohibición del enriquecimiento sin causa y su carácter subsidiario. En el caso, analizados los desplazamientos patrimoniales producidos, concurren los requisitos.

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