• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 239/2017
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente litigio los compradores de dos viviendas en construcción bajo el régimen de la Ley 57/1968 reclamaron de dos entidades avalistas colectivas la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio. La controversia se reduce en casación a determinar si las demandadas deben responder como avalistas de las cantidades anticipadas por los demandantes y previstas en el contrato, pero no ingresadas en ninguna cuenta de la promotora. Se reitera la doctrina expresada en la sentencia 8/2020 para un supuesto sustancialmente idéntico. Conforme a la misma, la responsabilidad de la entidad avalista no es la que incumbe como depositaria a la entidad de crédito no avalista, sino la derivada de dicha garantía". En consecuencia, la entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses y sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro. Además, su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato no depende de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria ni al carácter de la cuenta en que se ingresen. Como la razón decisoria de la sentencia recurrida consiste en condicionar la efectividad de las garantías colectivas a que los anticipos de los compradores se ingresaran en una cuenta de la promotora, se infringe la citada doctrina. Se estima el recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1924/2016
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Eficacia, en el ámbito de unas compraventas de viviendas en construcción sometidas al régimen de la Ley 57/1968, de unos documentos según los cuales los respectivos compradores reconocían haber recibido todas las cantidades avaladas entregadas a cuenta y liberaban al banco avalista de cualquier responsabilidad por este concepto, pese a que las cantidades entregadas a cuenta excedían de las constatadas en aquellos documentos. El carácter irrenunciable de los derechos de los compradores no excluye la transacción y la renuncia del comprador a recuperar la totalidad de las cantidades anticipadas. En los "recibís" firmados por los compradores, de redacción clara y fácilmente comprensible, se libertaba al banco de cualquier responsabilidad. La interpretación de los mismos no fue ilógica ni arbitraria ya que la mención de "todas las cantidades avaladas entregadas a cuenta", unida a la liberación del banco avalista "por este concepto", permite considerar comprendidas también las cantidades no avaladas mediante los mencionados certificados individuales. Tampoco infringió el tribunal sentenciador las normas relativas a la transacción, pues la liberación del banco tuvo como contrapartida el pago inmediato de las cantidades avaladas en los certificados individuales, evitando así a los compradores el tener que acudir a su ejecución ante los tribunales. Validez de la renuncia de los compradores mediante un acuerdo igualmente válido con el banco avalista.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 37/2018
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Adquisición de productos financieros (bonos). Acción de anulabilidad por error vicio y subsidiaria acción resolutoria contractual. Demanda desestimada en apelación por considerarse caducada la acción, computado el plazo desde que los demandantes dejaron de cobrar el cupón. También se desestimó la acción resolutoria declarando que la falta o insuficiencia de la información no puede dar lugar a la resolución. Caducidad de la acción de anulabilidad por error vicio: el plazo comienza desde la consumación, pero en la contratación de productos financieros el inicio debe situarse en el momento en que el cliente pudo tener conocimiento de la existencia del error o dolo. Los bonos adquiridos no son estructurados sino valores de renta fija simple. Se puede entender consumado el contrato en el momento de su adquisición sin perjuicio de que, si el error denunciado versa sobre el riesgo de pérdida de la inversión como consecuencia de la insolvencia del emisor, el cómputo del plazo comience cuando se advierte la existencia de ese riesgo. Falta de exhaustividad de la sentencia recurrida: resolución basada en el incumplimiento de la obligación de recompra.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 3099/2017
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Daños por productos defectuosos. Prótesis de cadera defectuosa. Grupos de empresas. Levantamiento del velo. Responsabilidad de la distribuidora que pertenece al mismo grupo que la fabricante. Productor aparente. El legislador europeo fijó la responsabilidad en la persona del productor (fabricante), dejando fuera al distribuidor (proveedor o suministrador) del producto defectuoso, al considerar que carece de la posibilidad de intervenir en el producto y no tiene los conocimientos ni la oportunidad para inspeccionar los bienes con los que comercia. El distribuidor responde excepcionalmente, solo en el caso de que el productor (fabricante) no pueda ser identificado y el distribuidor no lo identifique, o no identifique a quien, a su vez, le suministró el producto a él mismo. En el presente caso la distribuidora cumplió su obligación de informar al demandante sobre la identidad del fabricante de la prótesis en el plazo de tres meses desde que se le reclamó por los daños. La mera pertenencia a un mismo grupo empresarial no determina, por sí sola, que se extienda a la distribuidora la responsabilidad que la fabricante pudiera tener por los daños causados por los defectos de sus productos. No puede considerarse que la inclusión en las etiquetas de las prótesis del nombre del fabricante en el que se hace referencia a que es una empresa del grupo Johnson and Johnson haya creado la apariencia de que la fabricante es Johnson and Johnson S.A., filial española del mismo grupo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4578/2017
  • Fecha: 17/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación en un asunto en el que se reclama frente a la entidad bancaria avalista las cantidades anticipadas para la compra de vivienda conforme a la Ley 57/1968. La sentencia recurrida había desestimado la demanda porque no existía prueba directa y fiable del abono de las cantidades que se decían entregadas a cuenta del precio, añadiendo que el plazo aplicable a la vigencia del aval era de dos años desde el incumplimiento, El recurso interpuesto se funda en la vulneración de la jurisprudencia de la Sala Primera sobre el plazo de ejercicio de la acción de que se trata. El recurso de casación se desestima porque, con independencia de la razón que pueda asistir a la parte recurrente en la formulación del motivo, el mismo incurre en el defecto de hacer supuesto de la cuestión, ya que parte de la afirmación de un hecho -la entrega de las cantidades que se reclaman- que la Audiencia no ha considerado probado, por lo que antes de poder decidir sobre si la acción se había ejercitado oportunamente resultaba necesario que, mediante el correspondiente recurso por infracción procesal, se hubiera obtenido de esta sala la declaración de que dicha entrega estaba probada, como presupuesto indispensable para la prosperabilidad de la reclamación efectuada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 10/2018
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad de distribución de títulos nobiliarios, declaración de vacancia de los dos títulos objeto de aquella y, en consecuencia, declaración del mejor derecho del demandante a poseer los mismos. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y en apelación se confirmó. El demandante interpone los recursos de casación y en extraordinario por infracción procesal, que son desestimados. Motivación suficiente de la sentencia. Distribución de títulos nobiliarios: el requisito de la posesión del título nobiliario en el momento de proceder a su distribución trata de asegurar la efectividad de dicho acto en tanto que, si se procediera a distribuir con inclusión de un título que finalmente no se posee, ello afectaría al resto de los títulos incluidos en la distribución en cuanto supondría un vicio del negocio jurídico en su integridad al ignorarse en tal caso cuál sería realmente la voluntad distributiva; pero una interpretación acorde al espíritu y finalidad de la norma -evitar la acumulación de títulos en la primogenitura- permite y exige una interpretación según la cual en estos casos debe respetarse la voluntad del primitivo poseedor, sancionada con la aprobación real, cuando, existiendo una expectativa seria e incontestable de adquisición de un título nobiliario, se incluye el mismo en la distribución, que definitivamente cumple su función por la consolidación de dicho título en quien la realiza. Se confirma la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 5032/2019
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación por intromisión en el derecho al honor de los demandantes -detectives de una reconocida agencia del sector- como consecuencia de la mención que se hace de ellos en un libro escrito y editado por los demandados, imputándoles diversas conductas delictivas y dedicarse al espionaje. Respeto a los hechos probados en casación, también en procesos sobre derechos fundamentales. Protección del derecho al honor de las personas jurídicas: ámbito y límites. El derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste el honor no es patrimonio exclusivo de las personas físicas. Ahora bien, en atención a los fines propios de la persona jurídica afectada por la intromisión y la naturaleza del derecho al honor, la jurisprudencia ha compatibilizado el reconocimiento del derecho con la necesidad de aplicar parámetros de ponderación diferenciados de los propios de las intromisiones al honor de las personas físicas. La proyección exclusivamente externa del derecho al honor de las personas jurídicas ha determinado paralelamente la afirmación de una menor intensidad en su protección. El honor de las personas jurídicas y su prestigio no puede confundirse con el de sus socios o administradores, como tampoco el honor de estos queda confundido entre sí. No hay lugar a que prospere ninguna acumulación de pretensiones de los socios con la sociedad, basadas en los mismos hechos. Inexistencia de reportaje neutral. Libertad de expresión: exige una base fáctica suficiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 5/2019
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima la demanda de error judicial interpuesta contra el auto que estimó el incidente de nulidad de actuaciones frente a una sentencia firme que había estimado una acción reivindicatoria y contra dicha sentencia. La finca objeto de la reivindicatoria pertenecía a distintos propietarios, diferentes a la sociedad contra quien dirigió la acción reivindicatoria y había sido objeto de división horizontal. Tal circunstancia no fue comunicada al juzgado que conoció de la demanda, lo que provocó que se dictara una sentencia que devino inejecutable, al afectar a derechos de terceros que debían haber sido llamados al procedimiento y proyectarse sobre una realidad física y jurídica completamente diferente a la identificada en la demanda. La sala considera que la demandante en el juicio declarativo, antecesora procesal de quien demanda ahora por el supuesto error judicial, no actuó con la debida diligencia. La situación física y jurídica, objetiva y subjetiva, de la finca en litigio es una cuestión que debió quedar reflejada por la parte iniciadora del procedimiento ordinario en el que se dictó la sentencia anulada y solo a ella le resulta imputable la responsabilidad derivada de la ulterior declaración de nulidad de la sentencia estimatoria, sin que pueda descargarse sobre el juzgado errores u omisiones que recaen sobre la propia parte, como la defectuosa identificación registral de la finca, que impidió o retrasó la inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 3518/2017
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad de determinadas cláusulas insertas en un préstamo hipotecario multidivisa. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la de segunda instancia la revocó parcialmente declarando nula únicamente la cláusula de vencimiento anticipado, pero rechazando la pretensión de nulidad del clausulado multidivisa. Recurre en casación la parte demandante y se desestima su recurso. Reiteración de doctrina jurisprudencial: la hipoteca multidivisa no es un instrumento financiero sometido a la Ley del Mercado de Valores. Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el presente caso, la sentencia recurrida no vulnera dicha normativa en la medida en que no resulta de aplicación. Motivo de casación inadmisible, ya que en el mismo no se justifica el interés casacional, tal y como exige la doctrina jurisprudencial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 928/2018
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cláusula suelo. Control de transparencia. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical, que solo permite pasar el control de incorporación. En el presente caso no consta la existencia de una información previa al acto de otorgamiento de la escritura con antelación suficiente de modo que el consumidor pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. Se estima el recurso de casación contra la sentencia que había denegado la nulidad de la cláusula suelo.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.