Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: (1) el principio de proporcionalidad, conforme al art. 22 LORDFA; (2) el art. 14 CE, al vulnerarse el principio de igualdad; y (3) el art. 24 CE, por vulneración del derecho de defensa, por inadmisión de pruebas. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre los derechos fundamentales, de manera que, como las alegaciones del recurrente así lo afirman, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia de tal interés casacional objetivo, por lo que el recurso debe ser admitido.
Resumen: La queja del recurrente relativa a la vulneración del derecho a la defensa amparada en que en la instrucción no se acordó, pese a haberlo solicitado, la suspensión de su declaración porque no podía concurrir a ella su letrada, es puramente formal, pues no se indica la indefensión material sufrida, que no tuvo lugar, pues en ella el sometido a expediente se acogió a su derecho a no declarar, por lo que ningún perjuicio se le produjo. Tampoco se vulneró el referido derecho por la denegación de la prueba testifical propuesta por el recurrente, pues la solicitud, además de extemporánea, resultaba irrelevante, ya que el testigo propuesto no lo era de los hechos constitutivos de la infracción investigada. El relato de hechos probados se subsume adecuadamente en el tipo disciplinario apreciado, ya que el recurrente fue condenado por sentencia firme por cometer de forma dolosa un delito continuado de hurto, delito que causa grave daño tanto a los ciudadanos como al propio crédito que la Guardia Civil debe merecer ante aquellos. La sanción de separación de servicio impuesta no quebranta el principio de proporcionalidad, atendido que el bien jurídico tutelado por la norma es la irreprochabilidad penal de las personas que ejercen funciones policiales, lo que provoca el legítimo interés de la Administración en que ninguno de sus miembros -y menos un agente de la autoridad encargado de averiguar y perseguir los delitos- sea condenado por este tipo de conductas.
Resumen: Se estima el recurso de casación presentado en el que la cuestión objetiva de interés casacional versa sobre si los efectos del incumplimiento del artículo 21 de la Ley de Asilo son aplicables a los supuestos de estancia del solicitante de Asilo en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y las consecuencias de la demora por la Administración de respuesta a dicha petición de protección internacional, en los cuatro días establecidos en el artículo 21 ley 12/2009. A ello responde la Sala señalando que el reenvío que efectúa el art. 25.2 al art. 21, ambos de la Ley 12/2009 es integral, siempre y cuando la petición de protección internacional realizada desde un Centro de Internamiento de Extranjeros, se haya formulado en el plazo señalado en el art. 17 de dicho texto legal, y cuando tal petición de protección internacional no se haya realizado en fraude de ley que puede llegar a ser un abuso de derecho proscrito por el Ordenamiento Jurídico, como sucede en el caso examinado, que considera como un grosero uso fraudulento de dicha norma de protección internacional, y que constituye además un claro ejemplo de abuso de derecho. La Sentencia contiene un interesante voto particular que mantiene que el reenvío efectuado no es integral dadas las peculiaridades, muy relevantes, de la situación de los internados en los CIE, y que la falta de respuesta a la solicitud en el plazo de 4 días implica su tramitación por el procedimiento ordinario.
Resumen: Admisión. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario. Añade la Sección Primera podría también resultar necesario un pronunciamiento de la Sección de Enjuiciamiento de esta Sala acerca de los requisitos para acordar la ampliación del plazo pues, si bien es cierto que existe jurisprudencia sobre la motivación de la ampliación de plazos y los efectos de la caducidad en los procedimientos administrativos sancionadores, dicha circunstancia no impide un nuevo pronunciamiento de la Sala a fin de reforzar, clarificar, matizar o revisar la jurisprudencia existente; nuevo pronunciamiento que en este caso estaría encaminado a determinar si, ante un expediente único, la complejidad o falta de complejidad del mismo se comunica a todas las partes intervinientes, en este caso, a la Administración y a las empresas investigadas.
Resumen: La Sala estima el recurso y desestima la apelación, confirmando la resolución administrativa recurrida. La cuestión suscitada en el presente recurso de casación, admitido por el ATS de 18 de enero de 2019, es idéntica a la que ya fuera resuelta y decidida por esta Sala desde su STS de 980/2018, de 12 de junio (RC 2958/2017), cuya doctrina hemos reiterado en otras sentencias posteriores. En este caso, un ciudadano natural de Ecuador, mayor de edad que carecía de autorización alguna para su estancia en España, siendo, por ello, claro que concurría el supuesto de hecho tipificado como infracción grave en el art. 53.1.a) de la LOEX, por lo que, en aplicación del art. 57.1, procedía su expulsión del territorio nacional, sin que concurran ninguno de los supuestos (al menos en ningún momento quedó acreditado) que faculta, ex (138) art. 5 de la Directiva 2008/15/CE (interés superior del niño, vida familiar y/o estado de salud), a aplicar el principio de no devolución, ni a abstenerse de dictar una decisión de retorno, ex art. 6.5 de la citada Directiva (un procedimiento pendiente de renovación del permiso de residencia u otra autorización que otorgue el derecho de estancia).
Resumen: La Sala resuelve el recurso de casación reiterando la doctrina jurisprudencial ya fijada, entre otras, en las sentencias de 4 de diciembre de 2018, dictada en recurso de casación 5819/2017, y de 19 de diciembre de 2018, dictada en el recurso de casación 6533/2017, a cuyas fundamentaciones jurídicas y decisiones alcanzadas se remite, donde se consideró como interpretación más acertada y justificada la llevada a cabo por la Sala en la sentencia allí recurrida, en cuanto mantiene que lo procedente es decretar la expulsión del extranjero cuando concurra un supuesto de estancia irregular, salvo que concurra alguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva de retorno o, en su caso, de los supuestos del art. 5 que propicien la aplicación del principio de no devolución. En consecuencia, concluye, como concluía en el fundamento de derecho tercero de la sentencia dictada en el recurso 5248/2018, que tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, de 23 de abril de 2015, dictada en el asunto C-38/2014, no es posible que en aplicación de los artículos 53.1º.a), en relación con los artículos 55.1º.b ) y 57.1º, todos ellos de la Ley Orgánica de Extranjería, no es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión.
Resumen: El recurso de casación fue admitido partiendo de que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 y, en concreto, su inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año" debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena asignada, en abstracto, al tipo en la legislación penal o, por el contrario, a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto. Pues bien, el TS advierte que dicha cuestión no fue planteada ni abordada en ningún momento (circunstancia esencial que no fue advertida por la Sala de instancia al tener por preparado el recurso, por el auto de admisión ni por la oposición al recurso), sino que surge, "ex novo", en casación, circunstancia que determina que no haya lugar al recurso de casación por cuanto el interés casacional objetivo no puede ser planteado de forma abstracta, sino que ha de guardar relación con los términos en los que se planteó el debate en la instancia, el concreto contenido de las sentencias concernidas y su "ratio decidendi", lo que en el presente caso no acontece.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si la elección del procedimiento preferente previsto en el art. 63 de la LOEX -sin justificar debidamente su pertinencia al inicio del procedimiento- es una mera irregularidad formal no invalidante si no ha causado indefensión material, lo que exige acreditar -no solo argumentar- que su tramitación ha privado concretamente al expedientado de posibilidades de defensa o le ha perjudicado caso de haberse adoptado la medida cautelar de internamiento, o se ha ejecutado inmediatamente la expulsión, impidiéndole abandonar voluntariamente nuestro país, privándole así de la posibilidad de solicitar la revocación de la prohibición de entrada, o, por el contrario, siempre supone un defecto esencial que comporta la anulación de la resolución sancionadora.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar cómo debe interpretarse el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social [LOEX], y concretamente su inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año", en el supuesto de que el extranjero haya sido penado en concurso medial de delitos.