Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao había declarado improcedente el despido y ofrecido a la empresa la opción de readmisión o indemnización. La recurrente argumenta que su despido fue resultado de una vulneración de sus derechos fundamentales, alegando un trato discriminatorio y represalias por su actitud reivindicativa. Sin embargo, planteado el recurso de suplicación por la demandante trabajadora el TSJ concluye que los indicios presentados no son suficientes para demostrar que la decisión de la empresa fue reactiva ante las reclamaciones de la trabajadora, ni que su situación particular influyó en la causa del despido. Se señala que los hechos probados no evidencian una relación directa entre las quejas de la trabajadora y su despido, y que la promoción en el empleo no se ha visto afectada de manera que justifique la alegación de un trato degradante. Por lo tanto, se desestiman los motivos del recurso y se confirma la sentencia de instancia, sin pronunciamiento sobre costas..
Resumen: En este recurso directo, la Unión Sindical Obrera (USO) impugna por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales el Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal "Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo". El sindicato demandante plantea que en la regulación del Consejo Rector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo solamente se contempla la presencia de los sindicatos más representativos en el ámbito de la Administración General del Estado a pesar del carácter transversal de la cooperación internacional. Denuncia igualmente la ausencia del requisito de consulta pública. Cuestionada por el Abogado del Estado la posible desviación procesal, se descarta por el Tribunal este argumento ya que, si bien es cierto que el escrito de interposición dice en su encabezamiento que pretende la nulidad del artículo 11.2 c) 5º del Estatuto de la Agencia Española, no obstante, en el cuerpo del mismo, aunque vuelva sobre ese particular precepto, precisa que la impugnación es contra el Real Decreto 1246/2024, que es contra el que el suplico de ese escrito iniciador dice que interpone el recurso. En relación con el alcance del procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, se considera que la elección por USO del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales no le impide alegar infracciones de la llamada legalidad ordinaria. Respondiendo a las cuestiones principales planteadas por las partes, se señala que el Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre es ajeno al ámbito propio de la acción sindical, por lo que no rige el criterio de la mayor representatividad. Por lo que respecta a la omisión del trámite de audiencia, el Real Decreto tiene por objeto una organización interna de la propia Administración y la jurisprudencia, que recuerda el dictamen [ sentencias n.º 150/2024, de 31 de enero (recurso n.º 911/2022); n.º 931/2024, 28 de mayo (recurso n.º 815/2022); y n.º 1097/2024, de 20 de junio de 2024], ha considerado justificada dicha omisión. No se aprecia infracción de los principios de jerarquía normativa, legalidad e interdicción de la arbitrariedad. No obstante, con cita de la STS 548/2025, se estima parcialmente la acción ejercitada por entender injustificada la alusión a los sindicatos "más representativos" al margen de la representación institucional, por vulnerar el principio de igualdad. Destaca igualmente que la composición del comité ha sido determinada reglamentariamente, y sin respeto a los principios constitucionales y legales, vulnerando injustificadamente la igualdad en detrimento del derecho a la libertad sindical.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la administración frente a sentencia que reconoció a un profesor profesor asociado de la Universidad de Granada a tiempo parcial, su derecho a que se evaluaran sus méritos docentes, de investigación y gestión, a efectos de los complementos retributivos legalmente establecidos. El TS consolida jurisprudencia, reiterando sentencia anterior. La Sala, tras rechazar que el recurso haya perdido interés casacional por el hecho de que la reciente convocatoria de evaluación de méritos del personal docente e investigador incluya a los profesores asociados, declara como doctrina casacional que, en las circunstancias concretas del caso, el profesorado asociado de la Universidad de Granada, como personal laboral contratado temporal a tiempo parcial, no tiene derecho a acceder al procedimiento de evaluación de la actividad docente e investigadora.
Resumen: Estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la decisión del TSJ de Cataluña que reconoció al Ayuntamiento de Torredembarra el derecho a percibir 425 euros por alumno y curso en guarderías municipales entre 2014-2015 y 2017-2018, más intereses desde la reclamación. El Tribunal Supremo confirma el derecho al principal pero revoca el devengo de intereses, fijando doctrina: en subvenciones establecidas por norma con rango de ley, los intereses de demora solo proceden desde el momento en que se produce el reconocimiento legal de la obligación, salvo que previamente se haya ejercitado una acción por inactividad de la Administración y esta no haya ejecutado la obligación. Se considera que, antes de la Ley catalana 5/2020, que fijó calendario y cuantías, no existía una obligación líquida, vencida y exigible, ya que la financiación estaba supeditada a disponibilidades presupuestarias y no había reconocimiento formal de la deuda. El legislador no tradujo el propósito de financiar la educación infantil en un derecho incondicionado de los ayuntamientos hasta que la citada ley determinó los pagos y las cuantías, lo que impide apreciar mora previa. De este modo el Tribunal Supremo anula la condena al pago de intereses y mantiene el reconocimiento de la financiación correspondiente a los cursos reclamados.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración contra sentencia que anuló la resolución del tribunal calificador de las pruebas selectivas para acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Licenciado Especialista en Medicina Nuclear en el extremo relativo a la inclusión de uno de los aspirantes, que participó por el turno de discapacidad.
El TS analiza el marco normativo que regula el acceso al empleo público por el turno de discapacidad y la jurisprudencia existente e interpreta las bases de la convocatoria considerando que el nivel de exigencia (nota de corte) era común a todos los turnos pero que la regla limitativa del número de aspirantes que podían acceder a la fase de concurso debía realizarse igualitariamente por cada turno, y no por el global de los aspirantes, porque de hacerse así se frustrarían las medidas positivas establecidas legalmente con fundamento en el artículo 49 de la Constitución. Por ello, declara que la respuesta que se ha de dar sobre la aplicación de la regla limitativa está estrechamente vinculada a las bases de la convocatoria, no pudiéndose dar una respuesta general, y que, en las circunstancias del presente caso, se ha de declarar que la existencia de un turno reservado a personas con discapacidad para el acceso al empleo público por concurso-oposición, con una regla limitativa de acceso a la fase de concurso, una vez superada la oposición, comporta que los aspirantes que concurren por dicho turno deben ser seleccionados para la segunda fase de concurso siempre que hayan superado la puntuación mínima establecida en las bases de la convocatoria y que la regla limitativa debe aplicarse por separado a los aspirantes de cada uno de los turnos.
Resumen: El sindicato demandante solicita la condena de la empresa municipal demandada a reconocer el derecho de los trabajadores fijos discontinuos al seguro médico contratado por la misma, en las mismas condiciones que los trabajadores fijos. La sentencia del Juzgado de lo Social estima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la empresa demandada, reitera que los fijos discontinuos deben gozar de los mismos derechos que los fijos, con lo que confirma la sentencia recurrida.
Resumen: Frente a la petición de modificación sustancial de condiciones de trabajo por razón de obedecer a una represalia frente a los demandantes por sus reclamaciones previas como afiliados al sindicato, defendiendo operó un cambio en la organización del turno de noche de tal forma que de realizar uno de estos turnos cada dos meses y medio, los demandantes pasaron a realizar uno cada mes, convirtiendo a los actores en trabajadores "nocturnos"(según versión de los recurrentes), del relato fáctico inalterado e incólume se extrae que, a diferencia de lo postulado por los suplicantes, no eran 3 ó 4 los trabajadores que desarrollaban turno de noche en una semana sino que eran 6 productores. La sentencia de instancia descarta la vulneración de derechos fundamentales en base a que la parte actora no ha aportado indicio de ello, en concreto, de trato discriminatorio ni atentatorio a la libertad sindical ni a la tutela judicial efectiva, vertiente de garantía de indemnidad, ni actuación contraria al derecho a los trabajadores por su condición de afiliados a CTA o al derecho a la no discriminación, que carecen de soporte probatorio, ni siquiera el indiciario.
Resumen: Se reconoce al actor la antigüedad partiendo de los servicios previos prestados para SOMUCISA, fruto del acuerdo de subrogación de los trabajadores de las empresas municipales de Jaén en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Jaén, en concreto la EMPRESA PÚBLICA DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA (EPASSA) y la SOCIEDAD MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN E IMAGEN S.A (SOMUCISA), y ello en virtud del mecanismo de subrogación, establecido en el Estatuto de los Trabajadores. En la cláusula quinta se recoge: "Se considerará como antigüedad a todos los efectos en el Ayuntamiento la reconocida a cada trabajador en su empresa. ..", es por ello que estimando la demanda se debe reconocer una antigüedad de 19 años, 6 meses y 14 días correspondientes al periodo de 16 de marzo del 2001 a 30 de septiembre del 2020
Resumen: Se recurre una sentencia que desestima la pretensión indemnizatoria a pesar de serle reconocido el derecho de un hombre jubilado al percibo del complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género y que la Sala estima con el criterio de que si la pensión de jubilación concedida al actor lo fue con efectos de fecha en que estaba vigente la prestación solicitada, el régimen jurídico aplicable, incluidas las condiciones para su reconocimiento, es el vigente en la fecha del hecho causante de la prestación objeto de complemento y que si hubo discriminación por parte del INSS por razón de sexo, sustentado en la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (asunto C-450/18) que fija la doctrina que considera contrario al Derecho de la UE la exclusión de los hombres, se tiene derecho a tal indemnización, siguiendo la jurisprudencia STS 15-11-2023, rec 5547/2022: el solicitante tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que deniega, a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, el abono de las retribuciones, básicas y complementarias, por el desempeño del puesto de "Jefe Brigada Información", durante un período de tiempo. La cuestión que se plantea consiste en dilucidar si está demostrado con un grado de confirmación suficiente que el recurrente ha desempeñado (o no) el puesto de "Jefe Brigada Información" durante el periodo a que se contrae su reclamación. Problema de prueba ante la negación del hecho del desempeño por la resolución recurrida, que exige acudir a los elementos de prueba disponibles y evaluar su rendimiento. Los distintos Informes que obran en las actuaciones verifican de manera suficiente, aceptable y relevante el enunciado fáctico de que el actor desempeñó efectivamente el puesto de "Jefe Brigada Información" en la Comisaría Local de Mérida en el período objeto de reclamación. Basta el desempeño del puesto, con independencia de que exista un nombramiento formal -eso sí, con asunción de la totalidad de las responsabilidades y cometidos- para que nazca el derecho a devengar las retribuciones complementarias reclamas en aplicación del principio constitucional de igualdad. No así para la percepción de las retribuciones básicas las cuales están anudadas a la Categoría que ostenta el funcionario. Estimación parcial del recurso contencioso-administrativo.
