Resumen: Estima el recurso de apelación y revoca la sentencia que declaró la exoneración del pasivo insatisfecho del concursado en el único sentido de excluir de dicha exoneración el crédito público de la recurrente. Tras fijar el régimen legal aplicable en lo previsto por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, en la que se fija una exoneración parcial de los créditos públicos correspondientes a la AEAT y las deudas por seguridad social hasta un máximo de diez mil euros. En consecuencia, entiende que no es posible extender dicha exoneración a otro tipo de créditos públicos dado que el artículo 489 TRLC parte del principio de que los créditos públicos no son exonerables, con la excepciones señaladas, sin que pueda trasladarse a otras administraciones públicas como las Diputaciones Provinciales. La exoneración parcial resulta aplicable a las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la AEAT, competencia que no se altera por la existencia de convenios con otras administraciones, sin que esta interpretación vulnere el principio constitucional de igualdad si partimos de la consideración de que el distinto régimen de exoneración se produce en función de titularidad de la gestión de los distintos recursos públicos y no en función de convenios puntuales que puedan existir entre administraciones públicas.
Resumen: La Sala estima el recurso, revoca parcialmente la sentencia de instancia, y declara que el complemento de maternidad por aportación demográfica puede ser obtenido por mujeres u hombres que cumplan los requisitos previstos, sin tomar en consideración la circunstancia de que el otro progenitor (o persona asimilada) también tenga o pueda tener derecho a su percepción, pero la sentencia limita su efectividad hasta el día anterior a la fecha de efectividad del mismo complemento reconocido a la esposa del actor, cuando tal limitación no viene contemplada en la legislación aplicable, por lo que no puede imponerse limitación temporal alguna.
Resumen: El TSJ de Castilla y León (Sección Tercera) resuelve un incidente de ejecución derivado de sentencia firme que anuló parcialmente la Orden EDU110/2020 sobre acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, ordenando retrotraer actuaciones y recalcular puntuaciones excluyendo un criterio indebido. El promotor, profesor de tecnología, acredita haber obtenido tras la rectificación una puntuación superior a la de aspirantes nombrados. La Sala declara su derecho a ser integrado en el Cuerpo con efectos retroactivos administrativos y económicos, al considerar que la ejecución debe garantizar la efectividad de la sentencia y los principios de mérito, capacidad y no discriminación (arts. 24 y 118 CE, art. 18 LOPJ, arts. 103 y ss. LJCA). Se impone a la Administración el cumplimiento estricto de la resolución judicial, evitando arbitrariedad y trato desigual. Se condena en costas a la Administración y se advierte sobre recurso de reposición en cinco días.
Resumen: La administración debió requerir al recurrente para que subsanara el defecto advertido en la documentación que acreditaba el mérito oportunamente alegado, puesto que el procedimiento de subsanación y mejora previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo es aplicable los procesos selectivos al no haberlo hecho así, debe estimarse este motivo de impugnación y anularse la resolución recurrida en este concreto aspecto.
Respecto de la acreditación de nivel de idioma extranjero en el recurso de alzada se alegó la incorrección de la adecuación efectuada por la administración, pero en la demanda nada se argumenta al respecto dejando huérfana de razonamiento la alegación del motivo de impugnación, por lo ante la esencia de documentos la Sala ha de remitirse a lo resuelto por la administración.
La estimación del recurso supone que la migración requiera de subsanación respecto de la documentación relativa al título académico otorgando al recurrente la puntuación que proceda e integrando al mismo en el lugar que corresponde en el proceso selectivo con las consecuencias que se deriven de dicha integración sin que ello pueda suponer alterar el resultado de las plaza selectivas respecto de la estación consolidada de aquellos que obtuvieron plazo, que no se ven modificados por el resultado de la sentencia
Resumen: Ambas partes, demandantes y demandada, interponen recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social que estimó parcialmente la demanda de dos trabajadores contra Renfe Viajeros, reconociendo diferencias salariales derivadas del reconocimiento de antigüedad y promoción profesional. Los actores, que ingresaron mediante beca formativa en la OPE 2020, reclamaban que la fecha de antigüedad para la promoción de categoría K30 a K20 se computara desde el primer llamamiento del 6/4/2021, conforme al Acuerdo de 21/9/2022 entre la empresa y el Comité de Empresa, en lugar de la fecha de formalización del contrato el 24/9/2021 establecida en el convenio colectivo. La sentencia de instancia reconoció una indemnización parcial basada en la demora en la formalización del contrato tras el periodo máximo de beca formativa, no en la aplicación del Acuerdo de 2022. El recurso de los demandantes solicitaba la adición de un hecho probado para acreditar la aplicación general del Acuerdo de 2017 y la infracción del principio de igualdad y del Acuerdo de 2017, pero la Sala consideró que la prueba aportada no acreditaba dicha omisión ni la desigualdad alegada, por lo que se desestima su recurso. Por otro lado, el recurso de la empresa demandada alegó incongruencia "extra petitum" en la sentencia por reconocer indemnización basada en una causa no planteada en la demanda, lo que generó indefensión. La Sala estimó este motivo y el recurso de la empresa, revocó la sentencia y desestimó la demanda, al no ser objeto del litigio la indemnización por demora en la formalización del contrato sino la diferencia salarial derivada de la aplicación del Acuerdo de 21/9/2022.
Resumen: La Sala de suplicación, considera que no hay incongruencia en la declaración de vulneración de derechos fundamentales porque la demanda iniciadora de la litis aludió a la trascendencia constitucional de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar de la trabajadora y a su conexión con los derechos proclamados por el artículo 14 y 39 de la Constitución, mencionándose en la indemnización los daños morales causados, por lo que entiende que la ausencia de inclusión en el petitum de la declaración de lesión del derecho fundamental a la igualdad proclamado por el artículo 14 de la Constitución no obsta a que tal argumentación integrase el objeto del litigio, y por ello pudiera ser combatida por la parte. En cuanto al fondo del asunto, considera que la negativa y la respuesta vaga y genérica de la empresa frente a la solicitud de adaptación supuso una vulneración de los derechos constitucionales invocados.
Resumen: Insisten las Entidades gestoras en la razón por la que el actor no puede ser beneficiaria de pensión de familiares del SOVI y se debe a que este régimen no tenía establecida dicha prestación, de manera que nadie puede disfrutarla, sea hombre o mujer, ni tal situación supone lesión del principio de igualdad en la ley. Se trata de cuestión ya resuelta por la Sala Cuarta, tal como expresa la resolución recurrida, en la sentencia de 29-1-2020. Rec. 3097/2017. Se introduce ahora, sin embargo, una cuestión nueva, vinculada al cálculo de la prestación, pues de conformidad con el art. 7.3 RD 1646/1972 se debe tener en cuenta la misma base reguladora de la pensión que percibía el causante.Por el contrario, en la pensión de viudedad SOVI, su cuantía no se calcula en función de una base reguladora, ya que se trata de una cuantía fija determinada cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En la instancia, en cambio, el motivo de desestimación, como también en la vía administrativa, fue que la pensión de viudedad no da derecho a percibir la pensión en favor de familiares y tampoco está comprendida dentro de la acción protectora del extinguido régimen del Seguro Obligatoria de Vejez e Invalidez. Es decir, se trataba de la única cuestión controvertida, sin que tampoco se impute a la resolución recurrida incongruencia omisiva que se alegue ahora como causa de nulidad, deducida al amparo del apartado "a" del artículo 193 de la LRJS.
Resumen: La Sala afirma que la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computa por toda la duración de la relación, no solo por el tiempo efectivamente trabajado: de acuerdo con la doctrina consolidada (ATJUE 15-10-19; TS 01-07-23, rec. 34/2021) que asume la STSJ 19-10-23 (892/2023), que extiende ese criterio tanto a la promoción económica (trienios) como a promoción profesional; el hecho de no ser personal fijo no altera el derecho, los indefinidos no fijos participan en igualdad en procesos de promoción y reclasificación -STS 02-04-18, (Rc. 27/2017)-; el mismo parámetro de antigüedad rige para vacaciones anuales y días adicionales, y para premios por años de servicio y por antigüedad cuando así lo prevea el Acuerdo-Convenio, pues no hay razones objetivas que justifiquen trato distinto entre completo y fijo-discontinuo, precisando que para el premio, solo computan servicios en el Ayuntamiento y sus OOAA, no en sociedades municipales -STS 29.06.21 (Rc. 3807/2018)-. Por ello se debe reconocer 7 trienios (el 7º cumplido el 03-04-22) y computarse desde el 1-08-00 todo el tiempo de relación a efectos de promoción profesional (vertical, horizontal y cruzada), desarrollo profesional, vacaciones y premios.
Resumen: La empresa recurre en suplicación la sentencia de instancia que estimó la demanda, reconociendo a los trabajadores la antigüedad desde la fecha de inicio de la relación laboral, con abono del complemento de antigüedad no pagado entre julio de 2022 y mayo de 2024, al apreciar la existencia de una doble escala salarial injustificada. La empresa aplicaba el complemento solo a quienes ingresaron antes de 1997, conforme al convenio colectivo que eliminó dicho plus para futuras contrataciones a partir de ese año. La recurrente alegó que la diferencia salarial se justificaba por las pérdidas acumuladas durante casi 28 millones de euros desde su constitución en 1995, y que no existía discriminación ni vulneración del principio de igualdad. El tribunal de suplicación desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia, señalando que la justificación alegada no era objetiva ni razonable, dado que las pérdidas disminuyeron en años posteriores y la plantilla creció, lo que evidencia que la doble escala salarial no se fundamenta en una situación económica que justifique la diferencia de trato. Se reiteró la doctrina jurisprudencial que prohíbe la doble escala salarial basada exclusivamente en la fecha de ingreso, salvo justificación objetiva y razonable, y que la garantía de derechos adquiridos debe ser estática, sin perpetuar diferencias futuras. Por tanto, la supresión del plus para los contratados a partir de 1997, sin compensaciones específicas, vulnera el principio de igualdad.
Resumen: Con el precedente judicial de la misma Sala se indica que, se trata de un supuesto idéntico, solo que, en vez de solicitar un porcentaje de reducción de jornada superior al permitido por la norma reguladora, en este caso es inferior al permitido, pero la conclusión debe ser idéntica, y no se está privando a la solicitante el derecho a la reducción de jornada por guarda de menor sino de la forma concreta en que lo ha solicitado, y la resolución administrativa hace referencia la necesidad de optimizar los recursos humanos disponibles con el fin de dar una mejor respuesta al mayor número de necesidades y derechos de los trabajadores dado el creciente número de reducciones de jornada solicitadas y de la dificultad de sustituir la jornada de la empleada que deja de realizar
