Resumen: Se analiza la amplitud del BEPI respecto de los créditos de derecho público, ya que el art. 489.1.5º del TRLC en su redacción dada por Ley 16/2022 de 5 de septiembre dispone que esa exoneración no se extenderá a los créditos de derecho público, si bien añade que las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la AEAT, podrán exonerarse hasta el importe máximo de diez mil euros por deudor y en este supuesto se ha considerado aplicable este limite cuantitativo por existir un Convenio entre la AEAT y la Federación Española de Municipios y Provincias de 2019, si bien la Sala interpretando ese Convenio señala que no se extiende a todos los recursos de las Corporaciones locales y además sólo se contiene la gestión recaudatoria ejecutiva pero no la deuda que se encuentra en periodo voluntario y, en todo caso, aunque la deuda estuviera gestionada por la AEAT no sería de su competencia. Se señala que los artículos 489.3 y 489.1.5º del TRLC admiten una interpretación armónica, de tal forma que es exigible que sea la primera exoneración pero no excluye el resto de requisitos. Existe equiparación entre Haciendas Forales y AEAT, pero no se extiende al resto de administraciones públicas. La vulneración del principio de igualdad no permite inaplicar una ley. El TJUE ha admitido relación de categorías específicas susceptibles de exclusión del EPI, debiendo estar definidas y justificadas, como en este supuesto ocurre en el preámbulo de la ley 16/2022 que lo justifica.
Resumen: La demandante aduce que resulta incorrecta la valoración definitiva de los méritos otorgada en la fase de concurso a otra de las candidatas, sustentando que se puntuaron como créditos ECTS (conforme al Plan Bolonia, a razón de 0'5 puntos/crédito) las asignaturas integrantes en la Licenciatura de Derecho cursada por la misma en el año 1998, cuando debieron considerarse como créditos LRU (a razón de 0,2 puntos/crédito), y ello de acuerdo con el apartado 2b) del baremo contenido en el Anexo III de la convocatoria. La sentencia considera que de forma incoherente, contradictoriamente con el criterio que el Tribunal le aplicó para valorar su titulación universitaria "Pre-Bolonia", la actora sustenta que esta equivalencia acreditada por la candidata oponente no resulta conforme al apartado 2 b) del Baremo, al carecer de homologación de los estudios universitarios cursados según el plan antiguo al nuevo, denominado "Plan Bolonia", cuando ella misma fue beneficiaria de esta interpretación efectuada por el órgano calificador, esto es, se le puntuaron como créditos ECTS estudios efectuados bajo el sistema de créditos LRU.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los recurrentes por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por la trabajadora impugnado el desistimiento en la relación laboral realizado por el empresario durante le periodo de prueba, se solicita que se declarase que tal decisión debía de calificarse como despido nulo pues se encontraba en situación de baja médica y ello implicaba una discriminación por razón de enfermedad. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por la trabajadora que se desestima. La Sala desestima los motivos sobre revisión de hechos probados y en cuanto a los motivos de denuncia jurídica recuerda los requisitos que debe de cumplir para ser admitido. Y en cuanto al fondo señala la Sala que la enfermedad es causa de discriminación en sí misma, no siendo ya necesario que se equipare a discapacidad de larga duración para que concurra la discriminación, como se mantenía hasta dicha fecha. Ahora bien, ello no determina que, de forma automática, la finalización de un contrato estando el trabajador en situación de baja médica deba ser considerada como constitutiva de un despido nulo.Y ello toda vez corresponderá a la empleadora acreditar, frente a aquel indicio, que aquella finalización responde a una determinada causa amparada por nuestro ordenamiento. Y en este supuesto la empresa lo habría acreditado al existir y estar declarado probado las quejas sobre el trabajo realizado por la actora.
Resumen: El TS ha resuelto un recurso de casación interpuesto por Ericsson España, S.A., contra una sentencia de la AN que les obligaba a proporcionar datos retributivos individualizados que podrían identificar el salario de trabajadores específicos en el registro salarial exigido por el artículo 28.2 ET. Los sindicatos CGT y STC habían demandado a la empresa, solicitando que se les facilitara la totalidad de los datos retributivos, independientemente del número de trabajadores en cada puesto o grupo profesional y del número de trabajadores por sexo, incluyendo la media, la mediana y la diferencia porcentual en cada puesto de igual valor. La AN estimó las demandas, ordenando a Ericsson a proporcionar dichos datos. Sin embargo, la empresa recurrió en casación argumentando que el registro salarial debe incluir valores medios y medianas, pero no datos que permitan identificar los salarios individualizados ya que esto afectaría al derecho a la protección de datos personales de los trabajadores. El TS tras analizar la normativa aplicable y la protección de datos personales estima el recurso de Ericsson. Concluye que, según el artículo 28.2 ET, el registro salarial debe contener valores medios de los salarios desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor, pero no datos individualizados que puedan identificar el salario de una persona trabajadora.
Resumen: El Ayuntamiento firmó el 25-07-22 un contrato con la empresa MACROSAD por 4 años, que se subrogó en la plantilla de Caser Residencial SAU que aplicaba el Convenio de Caser para el SAD. MACROSAD aplica el VII Convenio Marco Estatal del sector a nuevas contrataciones. Incongruencia extra petita. Se ajusta a los términos del debate, no resolviendo sobre cuestiones ajenas y el principio iura novit curia permite al juez aplicar normas pertinentes, aunque no hayan sido invocadas, siempre que respete la esencia de lo debatido y la controversia se centró en la aplicación del Convenio de Caser y el Convenio Sectorial y la SJS no introduce elementos ajenos, versando la discrepancia en una cuestión de interpretación jurídica. Aplicación del convenio de la empresa saliente. No hay obligación, ya que el pliego administrativo solo exige mantener las condiciones a los subrogados y no menciona a los nuevos contratados, que quedan sujetos al convenio sectorial de acuerdo con la doctrina del TS que no impide la aplicación de un nuevo marco normativo en el futuro ni obliga a congelar indefinidamente las condiciones de los subrogados y la diferencia de trato entre subrogados y nuevos empleados no vulnera el principio de igualdad, al no encontrarse en la misma situación jurídica porque los nuevos empleados no han experimentado un cambio de empleador y sus condiciones laborales se regulan por el convenio sectorial, sin que ello suponga discriminación.
Resumen: La sentencia considera que la nota de corte a aplicar a aquellos aspirantes a los que una sentencia les reconoce el derecho a tener la consideración de aptos en la prueba de entrevista personal no debe ser la del proceso en que fueron indebidamente excluidos sino la de la convocatoria sucesiva en que se desarrolle el nuevo proceso selectivo y la prueba psicotécnica.
Resumen: La sentencia considera que la nota de corte a aplicar a aquellos aspirantes a los que una sentencia les reconoce el derecho a tener la consideración de aptos en la prueba de entrevista personal no debe ser la del proceso en que fueron indebidamente excluidos sino la de la convocatoria sucesiva en que se desarrolle el nuevo proceso selectivo y la prueba psicotécnica
Resumen: La Sala Tercera, una vez analizados los problemas surgidos en la ejecución de sentencias estimatorias de aspirantes al ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía que fueron declarados no aptos en alguna de las fases del proceso selectivo, anula la sentencia de instancia y la actuación administrativa impugnada, reconociendo el derecho del recurrente a que se le aplique la nota de corte fijada en la convocatoria sucesiva en la que realice los tests psicotécnicos. Y ello considerando que es contrario a Derecho que, en supuestos como el de autos, se emplee la nota de corte fijada en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido el recurrente. En la medida en que la prueba psicotécnica a realizar con la promoción en curso ha de presentar la misma o parecida dificultad y características, tiempo de respuesta y tipos de problemas que la de la promoción de origen, la solución procedente es que a todos los aspirantes, ya concurran en virtud de sentencia ya lo hagan por primera vez, se les aplique la nota de corte fijada para la convocatoria en que tiene lugar dicha prueba.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la demandante, que ha obtenido una sentencia favorable, reconociendo la vulneración del derecho a la igualdad retributiva derivada de la percepción de un salario inferior al establecido en el convenio de aplicación por haber sido contratados temporalmente, por la Delegación del Gobierno de Ceuta, al amparo de un programa de subvención a la contratación convocado por el SEPE, tienen derecho a una indemnización de daños y perjuicios derivados de dicha vulneración, cuantificada en la diferencia retributiva que no han percibido. La Sala IV reitera doctrina declarando la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la discriminación retributiva sufrida que se cuantifica en la diferencia salarial dejada de percibir. Esta discriminación retributiva justifica que la indemnización por el daño material sufrido repara el perjuicio consistente en el percibo de un menor salario del que los trabajadores tenían derecho, del que fueron privados por una conducta empresarial vulneradora de su derecho a la igualdad. La parte actora, y la Sala admite, acude como criterio objetivo dotado de claridad y precisión para concretar el lucro cesante a estas diferencias reales conexas con el trato discriminatorio. Por ello, procede acumular la reclamación de indemnización por lucro cesante de las diferencias salariales conectadas con la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, como criterio para la concreción de su cuantía.
