• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3782/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Admitida la necesidad de que en la determinación del precio de venta al público de las mercancías intervenidas o decomisadas se tenga en cuenta el estado de conservación del tabaco, se hace difícil entender el enlace entre esa exigencia normativa y el contenido material del derecho a la presunción de inocencia. La Audiencia ha concluido que en el interior de los dos contenedores que arribaron al puerto de Barcelona había 700.000 cajetillas de tabaco. Y ha proclamado esa inferencia a partir del examen de la prueba documental y testifical que fue sometida a contradicción durante el plenario.Basta la lectura del relato de hechos probados para descartar su encaje en la infracción de la norma de cuidado, del deber de diligencia que da vida al tipo imprudente. El acusado aprovechando su condición de apoderado de Agente de Aduanas, con la finalidad de importar una gran cantidad de tabaco, sin abonar la deuda aduanera y obtener un beneficio económico, simuló una importación más del material que habitualmente éste importaba, concretamente artículos de uso doméstico en plástico.La introducción irregular de mercancías se consuma desde que pasan la primera oficina aduanera situada en el interior del territorio aduanero de la Comunidad sin que hayan sido presentadas en ella. Pasaron cuatro días en los que la mercancía clandestina -ya en territorio español- estuvo a disposición del acusado, sin control de los agentes de Vigilancia Aduanera. Mal se puede hablar de tentativa de delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3487/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no solo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba podía ser en verdad pertinente. Pero desde luego, su necesidad es muy cuestionable. La presencia de otras periciales analizando la sustancia convierte esta hipotética indagación en una diligencia totalmente prescindible.Un auto no firmado no equivale a inexistencia de una decisión judicial. Lo realmente determinante no es que la intervención telefónica (o cualquier otra decisión jurisdiccional) aparezca en un escrito rubricado por un juez, sino que lo haya decidido un Juez de forma racional y motivada.La firma no es lo que confiere vida jurídica a la decisión. Eso no significa que no sea importante; y que no se deba extremar el cuidado. la mayoría de los cinco autos no firmados por el Instructor sí recogen una diligencia consecutiva firmada por el Letrado de la Administración de Justicia que minimiza en alguna medida aquella omisión -ausencia de firma del Instructor-: no es que la subsane o sirva para suplirla, pero sí acredita que el Letrado da fe de que el Auto fue dictado por el Instructor y por ello se procede a ejecutar lo resuelto.El silencio del acusado sirve como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER DE MENDOZA FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 62/2019
  • Fecha: 09/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida analiza los medios de prueba practicados que llevaron a la convicción de la certeza de los hechos que declara probados, convicción que explicita de forma lógica y racional. La infracción apreciada no había prescrito, pues, al tratarse de una falta continuada, el cómputo del plazo no comienza hasta que se puso fin a la situación contraria a derecho creada. No se aprecia infracción alguna en la tramitación del expediente, ni por la falta de entrega de copia de unas inexistentes grabaciones de las declaraciones testificales practicadas ni por la supuesta falta de imparcialidad de la instructora, que desempeñó sus funciones con objetividad y desinterés personal en todos los trámites. La práctica de una de las testificales antes de que hubiera transcurrido el plazo mínimo de 48 horas desde su notificación no generó indefensión material al recurrente, que ejercitó su derecho a intervenir en la declaración asistido de su abogado. La denegación de prueba acordada no puede tildarse de ilógica o arbitraria, al no ser decisiva en términos de defensa la prueba solicitada. No concurre la incongruencia omisiva denunciada, pues la sentencia recurrida analizó la denunciada incompetencia del instructor. Desde el acuerdo de inicio del expediente no se produjo cambio en la calificación de la infracción disciplinaria, por lo que no se produjo la indefensión denunciada. La sanción impuesta resulta proporcionada a la entidad y circunstancias de la infracción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 77/2019
  • Fecha: 09/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La declaración del dador del parte no derivó de la autoincriminación llevada a cabo por el recurrente, que había reconocido ante sus mandos haber realizado la grabación que se le achaca, autoincriminación que determinó su nulidad -así como la de las declaraciones de los referidos mandos-, por haberse contravenido sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia. El parte no se emitió a raíz de tal reconocimiento, sino como consecuencia de la conversación mantenida por quien lo emitió con el recurrente y la posterior publicación en los medios de tal conversación. No cabe aplicar la doctrina del fruto del árbol envenenado, al no existir conexión de antijuridicidad entre la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente y las pruebas de cargo que este pretende anular. La sentencia de instancia, por lo tanto, no infringió el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, ya que la condena se apoya en prueba de cargo lícitamente obtenida -el parte disciplinario, la ratificación por su autor y la corroboración de su contenido por la declaración de un testigo- y racionalmente apreciada. La sanción de pérdida de destino impuesta, con prohibición de obtener otro en la demarcación territorial de la misma Comandancia durante dos años, además de ser una de las legalmente previstas para la infracción apreciada, es adecuada a la intensidad con que resultaron afectadas la disciplina, jerarquía y subordinación, así como a la imagen de la institución.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 16/2020
  • Fecha: 09/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de presunción de inocencia (art. 24.2 CE); b) vulneración del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad (arts. 25.1 CE); y c) vulneración del derecho de defensa, en relación con los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo (art. 24.2 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL CALDERON CEREZO
  • Nº Recurso: 4/2020
  • Fecha: 09/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de legalidad sancionadora en su vertiente de tipicidad (art. 25.1 CE); b) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); y c) error en la valoración de la prueba. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL CALDERON CEREZO
  • Nº Recurso: 15/2020
  • Fecha: 09/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); b) vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en su vertiente de tipicidad de la conducta (arts. 25.1 CE y 8.8, 10, 11.3 y 21 LO 8/2014, de 4 de diciembre); y c) infracción de la proporcionalidad de la sanción (art. 22 LO 8/2014). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3288/2018
  • Fecha: 04/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para apreciar la reincidencia se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual.Si no constan los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por el abono de prisión preventiva, redención, indulto o expediente de refundición. El relato de hechos es parco en la descripción del previo antecedente en el que se basó la apreciación de la reincidencia.Todas las posibilidades son viables en abstracto, lo que implica que, computado el plazo de cancelación desde la fecha de la firmeza que se apunta, en todas las hipótesis salvo en la más grave que reconduce al plazo de diez años, el antecedente sería cancelable. La acumulación aglutina condenas que derivan de infracciones heterogéneas. De cara a la reincidencia solo serán efectivas las condenas por delitos incluidos en el mismo título del CP y de la misma naturaleza. En los casos en que no sea posible realizar ese análisis particularizado, necesariamente habremos de acudir como fecha de extinción a la de firmeza de la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3352/2018
  • Fecha: 03/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El concepto de engaño bastante, no puede servir para desplazar al sujeto pasivo del delito todas las circunstancias concurrentes desplegadas por el ardid del autor del delito, de manera que termine siendo responsable de la maquinación precisamente quien es su víctima, que es la persona protegida por la norma penal ante la puesta en escena desplegada por el estafador. Únicamente el burdo engaño, esto es, aquel que puede apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa, porque, en ese caso, el engaño no es bastante.La entidad financiera hizo las comprobaciones que pudo realizar. Exigió que se justificara documentalmente la existencia de la entidad prestataria y el cargo en virtud del cual el acusado contrató. No podemos entender que la diligencia del perjudicado fuese inexistente, aunque pudo haber sido más exigente, pero no en términos que este aspecto neutralice el engaño bastante desplegado por la acusada ahora recurrente.El responsable civil subsidiario tiene limitada su actuación dentro del proceso penal al área puramente indemnizatoria sin que le sea posible alegar en su defensa cuestiones de descargo penales.No es posible estimar vulnerada la presunción de inocencia o el principio in dubio pro reo a la responsabilidad civil derivada del delito que se rige por las reglas del derecho civil, y que en este caso resultaron debidamente aplicadas al haber actuado el acusado como legal responsable de la entidad condenada como responsable civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO CUESTA DEL CASTILLO
  • Nº Recurso: 79/2019
  • Fecha: 02/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El instructor comunicó inmediatamente al expedientado los nombres de instructor y secretario y la posibilidad de recusarlos, por lo que no infringió el procedimiento establecido. Las diligencias acordadas por el instructor para el esclarecimiento de los hechos antes de la formulación del pliego de cargos no infringen el principio de contradicción, pues de su resultado depende que el instructor proponga el archivo del expediente o que formule pliego de cargos, momento en el que finaliza la fase de instrucción del procedimiento sancionador y comienza la de imputación formal, en la que ya entra en juego el principio de contradicción. Aunque para que lo actuado en una información reservada tenga valor probatorio debe ser ratificado ante el instructor, no debe olvidarse que el expediente disciplinario dimanó de unas diligencias previas abiertas por utilización indebida de placas de matrícula reservada en las que el juez togado dictó auto, firme, en el que consideró que los hechos carecían de entidad suficiente para ser constitutivos de un delito de deslealtad, pero podían ser reprochables desde el punto de vista disciplinario, por lo que remitió testimonio a la autoridad disciplinaria. La presunción de inocencia resultó enervada por la prueba de cargo practicada en el expediente, consistente en las consideraciones fácticas del auto de archivo de las diligencias previas, la ratificación del parte por su autor y la ausencia de negativa por el recurrente de la existencia de prueba.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.