• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ
  • Nº Recurso: 293/2023
  • Fecha: 13/12/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Mutua tiene capacidad de revisar el subsidio por incapacidad temporal en el plazo de 2 meses porque se considera que en este periodo el reconocimiento del subsidio es puramente provisional, conforme al artículo 81 del Real Decreto 1993/1995; transcurrido este periodo es la competencia para exigir el reintegro de las prestaciones derivadas de contingencias comunes de la Tesorería General de la Seguridad Social, si la Mutua pretende el reintegro no puede acudir a la autotutela revisoria debiendo instar el proceso previsto en el artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: MARIA CARMEN GARCIA MARRERO
  • Nº Recurso: 714/2022
  • Fecha: 11/12/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Beneficiario de pensión de jubilación que ha compatibilizado con un trabajo a tiempo parcial (25%) impugna la resolución que declara su indebida percepción y la obligación del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas durante el periodo no afectado por la prescripción en que simultaneó el trabajo con el percibo de la pensión. La instancia desestima la demanda. La Sala de lo Social rechaza dos revisiones fácticas por intrascendentes, y confirma la decisión del Juzgado, con los siguientes argumentos: La falta de comunicación de la realización de un trabajo a tiempo parcial incompatible determina la obligación de reintegro de la pensión indebidamente percibida. No es aplicable la doctrina Cakarevic, porque el demandante contribuyó al pago indebido, al no notificar el inicio de la actividad laboral, y, en nuestro ordenamiento jurídico, las necesidades de subsistencia están cubiertas, ya que, en caso de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, se garantiza la percepción de una cantidad equivalente a la cuantía legal de las pensiones no contributivas de invalidez e incapacidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: PEDRO BRAVO GUTIERREZ
  • Nº Recurso: 477/2023
  • Fecha: 30/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ha dejado sin efecto la prestación reconocida porque en la unidad de convivencia se integra una hermana del beneficiario perceptora de una prestación por orfandad, y con un hermano quien percibió retribuciones dinerarias y por rendimiento inmobiliario, lo que da lugar a que se rebase el umbral de ingresos. Se impugna considerando que para el cálculo de los ingresos de la unidad económica de convivencia no pueden computarse los ingresos de su familiar, que no tiene con ella obligación de prestarle alimentos. La unidad económica de convivencia se integra con todas aquellas personas que convivan efectivamente con el solicitante de la prestación no contributiva, cualquiera que sea la causa de tal convivencia siempre que se encuentren unidos con la perceptora por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado, lo que aquí acontece y determina la confirmación de la resolución recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 3652/2020
  • Fecha: 29/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El debate radica en determinar si la cantidad reclamada por la CNMV a un trabajador en concepto de ayuda de comida y transporte se encuentra afectada por la cosa juzgada, la prescripción o la existencia de causa torpe. Se interpreta el art. 52 53 del Acuerdo de 9-12-2010 suscrito entre la CNMV con el Comité de Empresa, sobre ayudas de comida y trasportes. Este acuerdo se dejó en suspenso por la CNMV como consecuencia del informe previo de la IGAE al señalar que era contrario a la legalidad vigente. Posteriormente, previa consulta a la Abogacía del Estado fue anulado por la empresa y se reclamó a todos los trabajadores la restitución de las cantidades recibidas. Frente a esa decisión se planteó demanda de Conflicto Colectivo, que fue estimada por la AN apreciando la prescripción. Ahora, la CNMV reclama a la actora por dichos conceptos las cantidades que en su día indebidamente le fueron abonadas. La sentencia recurrida condenó al actor a abonar a la CNMV 714,30 €. En casación unificadora se declara la competencia funcional por concurrir afectación general. La cosa juzgada se rechaza por falta de contradicción al igual que la falta de prescripción, y la causa torpe basada en que la acción de reclamación de devolver las cantidades reclamadas no procede por causa solo imputable a la empresa. Y en cuanto al dies a quo de los intereses moratorios, se sitúa en el 14-6-16 cuando el recurrente recibe la comunicación con las cantidades adeudadas tras la sentencia del TS 26-11-16.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1840/2020
  • Fecha: 28/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El ERE MERCASEVILLA autoriza extinción de los contratos, el SEPE reconoce subsidio para mayores de 52 años; e interpuso demanda reclamando las cantidades indebidamente percibidas por percibir rentas al pagarse las indemnizaciones mediante rentas abonadas por póliza colectiva de seguros. El JS estimó parcialmente la demanda del SEPE, el TSJ desestimó el recurso de los actores estima el del SEPE, revocó parcialmente: las cantidades percibidas eran rentas computables. En cud se cuestiona el derecho al percibo de las prestaciones por desempleo como consecuencia de su inclusión en el ERE o si no cumplen los requisitos del art. 215 LGSS, si lo percibido debe considerarse indemnización o renta a efectos de rebasar el límite previsto. El escrito de interposición carece de cita y suficiente fundamentación de la infracción legal, si bien la cuestión controvertida se resolvió en STS 3/10/23 rcud.4058/20, desestima los 4 recursos. No se menciona norma que hubiera resultado infringida, salvo la genérica referencia que argumenta la contradicción de la sentencia de contraste. Tampoco hay fundamentación sobre una posible infracción normativa. La falta denuncia de infracción legal y de la fundamentación es un incumplimiento de forma manifiesto. Es un incumplimiento del recurrente, no siendo suficiente la remisión tácita a la fundamentación jurídica de la sentencia de contraste. No puede por la Sala construirse de oficio el recurso que es insuficiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3096/2022
  • Fecha: 28/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El jubilado percibe complemento a mínimos, rescató en 2018 cantidades del plan de pensiones (16.644,01€). El INSS declaró indebidamente percibidas las cantidades del complemento en 2018 por superar sus ingresos los límites legales. El JS desestimó porque han de computarse desde la reforma de la Ley 27/11 los ingresos que conforme a la legislación IRPF son rentas de trabajo, el TSJ confirmó la LGSS remite a la legislación fiscal, considera en su totalidad lo rescatado. Recurre en cud el beneficiario cuestionando si debe computar o no todo lo rescatado o sólo las ganancias y si no influye la reforma de 2011. Si bien la jurisprudencia se ha servido para el cómputo de rentas de criterios de acceso al subsidio de desempleo, y la normativa PFP, para el complemento a mínimos desde enero/13 la regla se aleja del subsidio (no siendo ya asimilable) y se refiere a la legislación IRPF. El CM es autónomo de la pensión y se supedita al cumplimiento de requisitos específicos, el art. 59.1 LGSS es claro y los ingresos deben interpretarse según las reglas del IRPF. El complemento es incompatible con el percibo de rendimientos indicados, el capital rescatado ha de tomarse en cuenta en el año que se rescató, la voluntad del legislador es computar los ingresos a efectos del IRPF impidiendo una interpretación flexible. Los ingresos deben contabilizarse y desde la reforma/11 el complemento exige carencia de rentas, debe computar el importe íntegro del rescate, en el ejercicio que se percibe
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MARIA ESPERANZA MONTESINOS LLORENS
  • Nº Recurso: 3954/2022
  • Fecha: 28/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se revisa la pensión no contributiva por haber incrementado los ingresos la unidad económica de convivencia y superar el límite de acumulación de recursos. El recurso planteado no cumple los requisitos legales exigidos porque no se ofrece en la propuesta de revisión de hechos el texto alternativo al de los del relato de la sentencia de instancia, y en la revisión de normas sustantivas no se razona el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, omitiendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas. Consecuentemente, no se puede revisar la decisión judicial que se confirma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA LAURA VEGA PEDRAZA
  • Nº Recurso: 2515/2022
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Considera la actora que su relación laboral se encontraba suspendida por causa de riesgo durante el embarazo, de modo que no puede volver a suspenderse por inclusión en un ERTE, y, en consecuencia, las cantidades percibidas por este concepto por la Mutua deben considerarse debidas. En cambio, la trabajadora ya tenía reconocida la prestación durante el embarazo, pero ello no es óbice para que la empresa pueda tomar una decisión de suspensión por fuerza mayor, causa de naturaleza objetiva. No puede haber riessgo durante el embarazo si no hay actividad empresarial, luego no hay razón para continuar con el contrato suspendido por un riesgo que no existe. Debe recordarse que la situación protegida es el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambia de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. Obviamente el riesgo ha desaparecido cuando cesa la actividad empresarial porque falta la premisa en que se sustenta: existencia de actividad empresarial, pero con imposibilidad de cambiar de puesto. En definitiva, la actividad empresarial se configura como la premisa y presupuesto necesario del que nace la situación de riesgo. Por lo tanto, la inactividad determina la suspensión de la prestación por inexistencia de riesgo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: FELIX BARRIUSO ALGAR
  • Nº Recurso: 859/2022
  • Fecha: 23/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En un caso en el que se ha instado el reintegro del subsidio de incapacidad temporal por la Mutua presentando demanda frente a ello el beneficiario, la instancia ha estimado que no procede el reintegro, y la Sala revoca este pronunciamiento. Se trata de un alta médica que fue impugnada y judicialmente se declaró correcta, si bien la entidad gestora a la vez la dejó sin efecto, abonando la Mutua la prestación. Ante la sentencia que mantenía la corrección del alta la Mutua insta el reintegro de lo abonado y el recurso se estima porque se considera que procede la aplicación del instituto de la cosa juzgada concurriendo las identidades del art. 222 LEC, y ello aunque el procedimiento especial de impugnación de altas médicas es sumario y de cognición limitada. Se salva el derecho del beneficiario de reclamar ante la entidad gestora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Burgos
  • Ponente: MARIA JESUS MARTIN ALVAREZ
  • Nº Recurso: 429/2023
  • Fecha: 22/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso las Entidades demandadas no podían revisar por sí mismas sus actos declarativos de derechos en perjuicio de la beneficiaria, sino que era necesario acudir a la vía judicial conforme a lo dispuesto por el artículo 146.1 de la LRJS, al no concurrir ninguna de las excepciones previstas. No se ha producido constatación de inexactitudes y omisiones por parte de la beneficiaria a la Entidad Gestora, sino que ésta actúa de oficio, sin estar encuadrada en unas de las excepciones que permitiría la revisión en vía administrativa, habiendo sido presentadas las declaraciones de IRPF de los años 2018 a 2020, sin existir ingresos que no respondan a la realidad, teniendo además acceso la entidad gestora a la información laboral a través de su propio sistema de gestión, siendo a través de esa forma de la que ha conocido, en fecha 30/9/2021, que la actora está percibiendo la pensión de viudedad de clases pasivas. Pese a que constara, en la resolución inicial de reconocimiento de complemento a mínimos de 8/4/2003, un requerimiento hacia la actora para presentar una declaración personal de sus datos familiares y económicos si se modificasen, no es menos cierto que ha estado presentando una declaración tributaria de sus rentas e ingresos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.