Resumen: Los hechos consisten en que al obtener la actora sentencia que le reconoce la gran invalidez, revocándose resolución administrativa que declaró la incapacidad absoluta, la administración procede a eliminar el complemento a mínimos que había señalado al iniciar el pago de la prestación por incapacidad absoluta. Sin mebargo, la prestación por gran invalidez se compone de dos factores y si por sentencia judicial se declaró el grado de gran invalidez la concreción de lo que debe de abonarse por ambos conceptos que integran la gran invalidez corresponde al juez que dictó la sentencia con lo que la conclusión alcanzada por la juez a quo ha de considerarse correcta, lo que conduce a desestimar el recurso ello con independencia de las vueltas que quiera darse a los términos en que se suscitó la contienda pues la única realidad es que lo que se trata de discernir es lo que ha de abonarse por una sentencia que declara la gran invalidez.
Resumen: Ante la cuestión de si la trabajadora tiene derecho a percibir 49,50 euros por un exceso de jornada de 3.05 horas en la anualidad de 2015, pretensión que fue desestimada en instancia, sentencia que entendió procedía recurso de suplicación por existir afectación general, y que fue revocada en suplicación para condenar a la empresa a la suma de 49,50 euros más el 10% del interés legal por mora, la Sala IV anula la sentencia de suplicación apreciando de oficio incompetencia funcional, cuestión que es apreciable de oficio por la Sala. Argumenta la Sala que la sentencia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, sin que tampoco pueda apreciarse la existencia de afectación general, ya que la mera conformidad de las partes sobre su existencia no permite apreciarla cuando no se cumplen las exigencias jurisprudenciales de elevada litigiosidad y notoriedad de la cuestión. Añade que aunque existe un número muy elevado de potenciales afectados, no implica, en sí misma, afectación general
Resumen: El actor fue declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión de albañil, derivada de accidente de trabajo, en atención al siguiente cuadro clínico-limitativo funcional, en el año 2002: epicondilitis bilateral. Operado en dos ocasiones del codo izquierdo. Artrosis con osteofitos incipientes en ambos codos. Limitación discreta-moderada en la movilidad. No pudiendo realizar esfuerzos repetitivos de MMSS, ni aquellos que requieran movilidad repetida de flexo-extensión; ya sean de codo, pronosupinaciones o flexión dedos y manos. En la actualidad, presenta, como diagnóstico principal: epicondilitis bilateral. Otros tipos de degeneración de disco cervical. Espondiloartrosis cervical y lumbar, tendionopatía ambos hombros.Esta sala viene exigiendo un grado de afectación en columna vertebral muy avanzado (aquí se determina severo en un nivel, cervical) o sumado a otros déficits funcionales o psíquicos de relevancia a dichos trabajos sencillos y livianos de escasa exigencia física, con relevante repercusión a extremidades superiores y/o inferiores. Limitando globalmente la columna (más la cervical) en un 50%, le resta la capacidad necesaria a dichas tareas sencillas que no requieran esfuerzos físicos, ni manipulación repetitiva, de precisión o con cargas, como en el reconocimiento anterior. La marcha sigue siendo autónoma y funcional.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia estima en parte el recurso del trabajador demandante contra la sentencia que había desestimado su demanda, impugnando el despido disciplinario que había acordado la empresa, alegando disminución voluntaria y continuada del rendimiento exigible. Tras estimar alguna de las varias reformas fácticas que se proponen en el recurso, la Sala aprecia que, en el caso, existen dos razones para considerar ilegal aquel despido disciplinario. Una, que la imputación se refiere a solo cinco días laborales, por lo que no cabe hablar de que esa falta de rendimiento sea en todo caso continuada, como impone la norma. Otra, que tampoco la empresa hace mención en la carta de despido ni consta probado, un término de comparación válido sobre el que quepa considerar objetivamente constatada esa falta de rendimiento, constando sólo esa apreciación empresarial, siendo que tampoco se puede considerar mediante transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, también imputados en la carta de despido. Ahora bien, ese despido ilegal no cabe sea considerado nulo, como también pretende el recurrente, pues siendo cierto que se produce el mismo escasos días luego de que el demandante se incorporase a la empresa, luego de alta laboral, tras largo proceso previo de incapacidad temporal, recordando que la improcedencia es el principio general en calificación del despido ilegal en periodo de baja y no apreciando vulneración de derecho fundamental o libertad pública.
Resumen: Tras una larga baja, la trabajadora no se incorpora al trabajo, pasando a disfrutar de vacaciones, acudiendo su pareja al centro de trabajo para comunicar ello y un cambio de domicilio para las notificaciones de la empresa. Esta última había enviado previamente un burofax al anterior domicilio, intimando a la trabajadora a que volviese al trabajo. El mismo fue devuelto por no conocerse el destinatario. La empresa manda nueva carta al nuevo domicilio, haciendo saber a la demandante que entiende que ha desistido voluntariamente del contrato de trabajo (dimitido) pues no ha acudido a trabajar luego de aquella alta médica. Impugnada esta segunda carta, el Juzgado desestima la inicial petición de nulidad del despido y estima la existencia de un despido improcedente. Recurrida esa decisión por la empresa, el Tribunal desestima el recurso. En primer lugar, desecha dos reformas fácticas propuestas en base a conjeturas, suposiciones y propia interpretación de prueba testifical, explicando los requisitos que la Ley fija para la reforma fáctica en vía de recurso de suplicación laboral. Seguidamente, considera que la empresa se aparta indebidamente del contenido de la carta impugnada por la trabajadora, pues en ella no se le despide por ausencias injustificadas al trabajo, sino que se le notifica que la empresa entiende que ha dimitido, al no asistir al trabajo luego del alta médica. La Sala considera que, luego de aquella alta médica, la trabajadora comenzó a disfrutar de vacaciones.
Resumen: Después de enumerar un importante número de informes de todo tipo, la Magistrada en el fundamento de derecho cuarto, resume la valoración de las pruebas, de manera que considera que la lesión que sufre la hoy recurrente es una hernia a nivel C5-C6 sin radiculopatía, que en la exploración por distintos especialistas se refleja en manifestaciones de dolor por parte de la propia interesada sin limitación de movilidad, habiéndose descartado intervención quirúrgica y, por tanto, concluye que con la situación funcional existente en el momento actual no procede el reconocimiento de incapacidad en ninguno de los grados pretendidos en la demanda. Las limitaciones que acabamos de describir hay que ponerlas en relación con la profesión de camarera de pisos, la cual evidentemente exige permanecer en pie y deambular durante toda la jornada laboral. Pues bien, del resultado de esa conexión resulta que la recurrente puede seguir desempeñando las tareas fundamentales de su indicada profesión habitual por cuanto el patrón denervativo es muy leve y aunque, según el dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades, presenta algias generalizadas vertebrales musculares, no se evidencia limitación funcional ni afectación neurológica. Respecto de la parcial, partiendo de las limitaciones que hemos especificado anteriormente, no presenta limitaciones funcionales significativas, no alcanzando el porcentaje mínimo del 33%.
Resumen: Se aduce en el recurso que la ley habla de acreditar un período de antigüedad en la empresa de al menos 6 años, pero no que lo haya de ser en su totalidad mediante una relación laboral a tiempo completo. En este caso, la resolución que deniega la jubilación parcial a la actora se limita a considerar que la trasformación del contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo justo dos años antes de la petición de jubilación parcial es realizada en fraude de ley a efectos de cumplir con los requisitos del artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social. Pues bien, esa afirmación no va acompañada de una base fáctica suficiente que permita concluir que estamos ante un fraude de ley, sino que se podría hablar de una mera sospecha deducida exclusivamente de la proximidad en el tiempo entre la trasformación del contrato a tiempo completo y los dos años anteriores a la petición de la jubilación parcial. Aunque no se han podido tener en cuenta los hechos que se refieren en el recurso por no haberse pretendido su inclusión en el relato fáctico, lo cierto es que la Sala valora que a la falta de acreditación por las Entidades Gestoras del fraude apreciado ha de sumarse alguna valoración que hace más difícil apreciar su existencia, pues no se explica por qué la empresa iba a tomar la decisión de trasformar el contrato a tiempo completo, decisión costosa para la misma, en aras a ayudar a la trabajadora a cometer el supuesto fraude.
Resumen: De las tres valoraciones efectuadas por el EVO (extremidades inferiores, dolencia mental y columna vertebral), el debate se contrae ahora a las extremidades inferiores. La Administración recurrente considera que es procedente mantener el 15% reconocido por el EVO, en lugar del 40% solicitado por la actora y aceptado en la instancia, puesto que, para asumir dicho porcentaje de discapacidad se requiere la imposibilidad de caminar sin ayuda, y esta situación no concurre en la demandante, ya que de conformidad con la sentencia que reconoció la incapacidad permanente total tiene limitación -no anulación- para caminar largas distancias y para la bipedestación prolongada, por lo que, la valoración otorgada por el EVO con un 15%, es a su juicio la correcta. La sentencia de instancia da por probado, sin embargo, que la actora precisa deambular con dos muletas.A la vista de dicho dato y aplicando la tabla 30 del Capítulo II del Anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, en la que se califica la capacidad de moderada " g) Requiere la utilización habitual de dos bastones o dos muletas", el porcentaje del 40% es ajustado a derecho. También se denuncia la vulneración del Anexo II del RD 1971/1999, al haber otorgado 10 puntos. Sin embargo, el baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos, recogido en el citado Anexo II, toma como uno de los parámetros, depender absolutamente de dos bastones, lo que se justifica.
Resumen: Recurre en suplicación la Letrada de la Administración de la Seguridad Social - el Inss en fecha 3.12.18 había dictado resolución en expediente de determinación de contingencia que declaró el carácter común del proceso -, denunciando en un único motivo, al amparo de la letra c) del art 193 LRJS infracción del art. 156 TRLGSS aprobado por R.D. Leg 8/2015, de 30 de octubre, y no prospera. Y es que, como bien razona la Juzgadora, nos encontramos ante un único proceso, en el que se producen dos bajas médicas sin práctica solución de continuidad y con idéntico diagnóstico, que tienen en común una sintomatología dolorosa lumbar que se desencadena desde la contusión en la espalda que el actor sufriera el 9.2.18 cuando prestaba servicios profesionales como conductor y sufrió una caída hacia mientras se encontraba cargando el camión, con lo que la calificación contingencial de la segunda baja no puede ser sino laboral, como lo fue indiscutidamente la de la primera, sin que suponga ninguna ruptura del nexo causal ni la supuesta mejoría por la que los servicios de la Mutua cursaron su alta médica a fínales de junio, que es evidente no fue tal, dada la nueva baja cursada escasos días después por la persistencia de clínica dolorosa lumbar impeditiva del trabajo, ni la evidencia diagnóstica de una patología degenerativa preexistente más asintomática hasta la ocurrencia del accidente, no constándole antecedentes de seguimiento y tratamiento ni previas bajas laborales por tal causa.
Resumen: Consta que el 26 de abril de 2016 durante la jornada laboral y en lugar de trabajo cual es el domicilio de clienta en el que se halla a por razón de su trabajo de representante, el actor sufrió un síncope que dio lugar a la baja médica. Cabe estimar que rige la presunción que establece el art. 156 citado en su número tercero que no resulta desvirtuada por patología previa pues en tal caso estaríamos ante la agravación de la letra f); al indicar el magistrado que el sincope lo sufrió con ocasión de su trabajo incurre en la infracción legal denunciada al no reconocer la contingencia laboral que se interesa, máxime cuando consta al fundamento jurídico séptimo que la mutua transcribe un informe en el que se indica que el síncope es asociado a cervicalgia (diagnóstico del accidente de trabajo sufrido el 15 de junio de 2016 según figura en el apdo. sexto) o cefalea tensional contractura muscular que no es inhabitual en un trabajo de promoción comercial con la presión que ello supone, luego no desvirtuada la presunción de laboralidad de lo sufrido en y durante el trabajo.