• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4259/2017
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el supuesto analizado la actora percibía pensión de jubilación desde 2013. El INSS le reconoció incapacidad permanente absoluta en 2016 en base a una patología neoplásica considerando que las lesiones de carácter visual son anteriores a su afiliación a la Seguridad Social. La sentencia de instancia estimó la demanda y declaró a la actora en situación de gran invalidez al entender que las nuevas patologías le impedían realizar los actos esenciales de la vida cotidiana, sin la ayuda de una tercera persona, al sufrir parestesias e hipoestesias en manos y pies, que dificultaban la marcha e impedían poder leer en braille. Se plantea en este recurso de casación para unificación de doctrina si cabe reconocer la situación de gran invalidez a una trabajadora que es ciega con anterioridad a su afiliación a la Seguridad Social, ha trabajado en un banco como telefonista durante más de 30 años y le aparecen nuevas dolencias que originan que necesite la ayuda de tercera persona para algunos de los actos más esenciales de la vida. La Sala declara que no existe contradicción al no concurrir las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS respecto de la sentencia de contraste, en la que la actora, vendedora del cupón de la ONCE ya necesitaba la ayuda de una tercera persona con anterioridad a la afiliación a la Seguridad Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 117/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV declara la irrecurribilidad de la sentencia recurrida, del TSJ, que desestimó la demanda de impugnación de la resolución administrativa de la Dirección General del SEPE -confirmada en alzada- por la que se reclamaba a dicha parte el ingreso de 53.061,62 €, en concepto de aportación económica por las prestaciones de desempleo (correspondientes al 2015) generadas por el despido colectivo (BARCLAYS/CAIXABANK). Los arts. 7 b) y 8.2 LRJS atribuyen a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y a la de la Audiencia Nacional la competencia para conocer en instancia de procesos de impugnación de los actos administrativos atribuidos al orden jurisdiccional social de las letras n) y s) del art. 2 LRJS, según sea el rango del órgano de la Administración del que dimanan. Estas sentencias pueden ser impugnadas ante la Sala IV mediante el recurso de casación. Ahora bien, la regla general de recurribilidad de las sentencias de instancia de los órganos colegiados posee una excepción que afecta, precisamente, a los procesos de impugnación de actos administrativos. Señala el art. 206.1 LRJS que se exceptúan del recurso de casación tales procesos cuando, siendo susceptibles de valoración económica, su cuantía litigiosa no excede de 150.000 €. En el presente caso, la cuantía litigiosa es de 53.061,62 €. Por ello se estima la no recurribilidad de la sentencia y la firmeza de la misma por ser la reclamación inferior a 150.000 €.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA ORELLANA CANO
  • Nº Recurso: 950/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Inadecuación de procedimiento. Concurre el requisito subjetivo, afecta a los trabajadores que prestan servicios en el cuarto turno y, el objetivo, versa sobre la interpretación del art 23.5 en relación con el art 29 del V Convenio Colectivo de empresa. Computo de los periodos de IT a los efectos de superar la jornada anual. La Sala afirma que el Convenio Colectivo de la empresa Rotocobhri SAU se refiere al cómputo de los días de IT como de trabajo efectivo, a los efectos del calendario, pero también que se descontarán del calendario los días de baja conforme vaya transcurriendo el tiempo, día a día, lo que implica que el tiempo transcurrido en situación de IT será el equivalente a tiempo efectivo de trabajo en el calendario y al causar alta médica, el tiempo transcurrido se le computará como trabajo efectivo, lo que significa que habrá cumplido todo ese periodo según su jornada ordinaria de trabajo y le restará por cumplir el tiempo que falte de la jornada anual y, si hipotéticamente en este periodo, realizara un trabajo en horas superior al que le restara de jornada, tendrá derecho a percibir las correspondientes horas extraordinarias, pues el cómputo del periodo de IT será igual al de un trabajador que, en lugar de haber permanecido en IT hubiese realizado su jornada ordinaria., lo contrario supondría penalizar al trabajador que permaneció en IT.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: RAQUEL VICENTE ANDRES
  • Nº Recurso: 247/2020
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador, con posterioridad a 1-4-13 siguió cotizando por convenio especial. El tenor literal de la ahora disposición transitoria cuarta.5.a de la LGSS es el siguiente:" 5. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto , de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. Este trabajador, con posterioridad a 1-4-13, siguió cotizando por convenio especial. Pero la suscripción de convenio especial no supone la integración en la seguridad social en situación de alta, sino que lo que crea es una situación de asimilación al alta tal y como claramente se establece en el número 1 del RD 84/1996. Resulta evidente para esta sala que no es identificable el estar en situación asimilada al alta por suscribirse convenio especial que quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. La aplicación de la normativa anterior a la ley 27/2011 resulta obligatoria
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: EMILIO ALVAREZ ANLLO
  • Nº Recurso: 559/2020
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor que había estado de alta en el régimen de autónomos en fecha 1 de agosto de 2012 causó alta en el régimen general, concluyendo la relación laboral el 4 de septiembre y habiendo causado baja el día 3 del mismo año por incurrir en IT. El tema litigioso es la determinación de la base reguladora de dicho proceso.El artículo 283.1 de la LGSS es del siguiente tenor:" 1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267.1 y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha de extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo. Argumenta la parte recurrente que no se le puede aplicar dicho precepto pues nunca estuvo en desempleo, pero discrepa esta sala de dicho argumento, pues el precepto dice que estando en IT si se extingue el contrato de trabajo seguirá percibiendo la prestación de IT en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta la extinción de la IT, pasando luego a percibir el desempleo si por la causa y por reunir los requisitos, tiene derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JOSE MANUEL RIESCO IGLESIAS
  • Nº Recurso: 49/2020
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Argumenta la Letrada recurrente que el actor, gruista en el sector de la pizarra, sometido al polvo de sílice, sin puesto de trabajo alternativo, presenta silicosis simple sin enfermedad intercurrente, pese a lo cual la sentencia impugnada considera que es acreedor de la IPT. En cambio, la sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2019 abordó la disfunción que a la hora de determinar el grado de IP en estos supuestos de silicosis simple sin enfermedad intercurrente se produce entre las Órdenes de 9-5-1962 y 15-4-1969 y los artículos 193 y 194.4 del TTRLGSS. Tal disfunción se produce porque las primeras normas reglamentarias reconocen en casos como el que nos ocupa simplemente el derecho a un subsidio de 18 meses de duración como máximo, finalizado el cual se extinguiría la relación laboral por razones objetivas, sin derecho a acceder a la incapacidad profesional. Por el contrario, el sistema diseñado por el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ya desde 1966, configura como situación protegida en la incapacidad permanente total la de los trabajadores que padezcan dolencias de carácter definitivo que impidan desempeñar las principales tareas que presiden su quehacer ordinario. Para solventar esta disfunción consideró la Sala en la sentencia que comentamos que el contenido de la Orden de 1969 ha de ser examinado a la luz de las posteriores normas que han venido a reglamentar la IPT y reconocer ésta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: LAURA GARCIA-MONGE PIZARRO
  • Nº Recurso: 3133/2019
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia impugnada denegó a la demandante el reconocimiento de la prestación a favor de familiares que la misma pretendía por el fallecimiento de su padre, al no considerar acreditado el requisito de convivencia con el causante durante un periodo de dos años, ni tampoco el de carencia de ingresos. Lo único que consta en la sentencia es un certificado de empadronamiento que acredita la convivencia entre la demandante y su padre pero que no supera los dos años anteriores al fallecimiento de este. No existe constancia, por el contrario de que, como afirma la recurrente, fuese ella la que se ocupase de su padre ya desde antes de la fecha que consta en tal certificado.Tampoco existe en la resolución recurrida dato alguno relativo a los ingresos (o carencia de ellos) de la ahora recurrente, sin que pueda el requisito de carencia de ingresos considerarse acreditado por los documentos que la misma cita. Por ello, teniendo en cuenta que los requisitos de acceso a una prestación, como son en este caso, en virtud de los artículos 226 de la LGSS y 5 del Decreto 1646/1972 , que la recurrente considera infringidos, en relación con el artículo 40 del Decreto 3158/1966, la convivencia con el causante con al menos dos años de antelación a su fallecimiento y la carencia de medios propios de vida, deben ser probados por quien reclama su reconocimiento y no lo han sido, no procede tal reconocimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 4599/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si procede calificar como despido la conducta empresarial que ante el agotamiento de la situación de incapacidad temporal se limita a dar de baja en la Seguridad Social a la trabajadora, entendiendo suspendido el contrato porque la resolución del INSS en que se declaraba la incapacidad permanente total lo era con revisión únicamente por previsible mejoría antes de dos años, conforme al art. 48.2 ET, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que en la sentencia recurrida la declaración de incapacidad permanente total se hizo únicamente desde la previsión de mejoría que permitiese la reincorporación de la trabajadora al puesto de trabajo antes de dos años, de conformidad con lo previsto en el art. 7 RD 1300/1995, mientras que en la sentencia de contraste la declaración se llevó a cabo en los términos genéricos establecidos en el art. 6 de dicho RD en relación con el art. 143 LGSS, con la relevante diferencia que la única situación en la que se produce la suspensión del contrato prevista en el art. 48.2 ET, es la que contempló la sentencia recurrida y no la de contraste. Añade la Sala que la solución es acorde a lo dispuesto en la STS (Pleno), 28-01-2013 (Rec. 149/2012)
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: RICARDO BARRIO MARTIN
  • Nº Recurso: 1743/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor que trabajaba para MANTENIMIENTOS CASCALES SL como mozo de mantenimiento fue declarado en IPT derivada de AT por resolución del INSS de 18-7-16, por un accidente sufrido en las instalaciones de la empresa NAVANTIA en Cartagena, cuando realizaba tareas de mantenimiento de submarinos, como el desmontaje de piezas, revisión, reparación, etc., durante la denominada "gran carena". La Sala resalta que como regla general, el criterio aplicable para determinar la norma convencional aplicable en atención a su ámbito personal y funcional es el de la actividad principal que ésta lleve a cabo, con independencia de las desempeñadas por cada uno de los miembros de su plantilla, pero que pueden coexistir varios convenios en aplicación del principio de especificidad y, como excepción al principio de unidad de empresa y afirma que aun cuando el TS cuando se externalizan servicios no se puede constatar la existencia de una actividad preponderante, porque las diversas actividades objeto de empresa se desarrollan con organización distinta o en diferente centro de trabajo que son los que determinan el convenio aplicable, en este caso la empresa tiene una actividad predominante, que es la de limpieza y mantenimiento y fue contratada para realizar esas tareas, que eran las realizadas por el actor en las instalaciones de NAVANTIA y concluye que noe aplicable el Convenio de la Siderometalurgia ni el de amarre aunque no se menciona en el recurso -solo en la demanda-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: CARLOS CONTRERAS DE MIGUEL
  • Nº Recurso: 723/2019
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La empresa CANTERAS ANA BELÉN SL tiene 300, de las que 10 corresponden al actor que desempeña funciones de dirección, gerencia de la sociedad y además de conductor de pala frontal, sufriendo un accidente el 14-10-15 el demandante sufrió un accidente mientras realizaba las funciones reseñadas de conductor, que dieron lugar a que se le reconociera una IPT derivada de AT el 1-12-16. El Convenio de la Construcción de la Región de Murcia reconoce una indemnización por la situación de IPT derivada de AT. El actor estaba incluido en la póliza de seguro de accidentes colectivos para la actividad de la construcción concertada por la empresa con MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Se parte de anterior de la propia Sala de 18-11-02 (Rc. 1073/02) que afirma que la afiliación al régimen de autónomos no era más que una consecuencia de la aplicación de la DA 27ª de la LGSS y que, pese a ello, el causante tenía la condición de trabajador a todos los efectos, máxime cuando la participación del actor en el capital social es solo de un 10% - muy inferior al de aquella otra sentencia- y, que pese a su cargo de administrador solidario, también prestaba servicios para la empresa como trabajador (palista) a cambio de una retribución, estando por tanto, expuesto al riesgo de sufrir accidentes, cubierto por la póliza, e incluido en su ámbito, y ha sido declarado en situación de IPT derivada de AT, por lo que declara la responsabilidad de la aseguradora.

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