• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: JOAQUIN ANGEL DE DOMINGO MARTINEZ
  • Nº Recurso: 485/2019
  • Fecha: 01/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para acreditar que se reúne la condición de víctima de violencia de género en el momento de la separación o el divorcio, a los efectos de percibir la pensión de viudedad, es necesario que concurran los siguientes elementos: elemento instrumental, que consiste en que debe acreditarse la realidad a través de medios probatorios jurídicamente válidos; el elemento material, a saber, ser víctima de violencia de su ex pareja; y, el elemento cronológico, es decir, que exista violencia de género en el momento de producirse la separación o el divorcio. No acreditada, en este caso, la condición de víctima de violencia de género de la recurrente en el momento de la separación, no tiene derecho la beneficiaria a la pensión de viudedad reclamada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
  • Nº Recurso: 1053/2019
  • Fecha: 01/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso de autos, el servicio público de empleo le denegó la prestación a la actora porque consideró que no tenía la condición de trabajadora por cuenta ajena, pues era la hija del empleador. Existe una presunción de no laboralidad de los trabajos familiares, pero es iuris tantum y, admite la prueba en contrario. Pues bien, la actora es la hija de su empleador y, debe reconocerse a la demandante la cualidad de trabajadora por cuenta ajena y, el derecho a la prestación por desempleo a la hija contratada por su progenitor, aunque conviva con el mismo y tuviese menos de treinta años, y, por tanto, el cómputo de ese período a los efectos de dicha prestación. Concluye la sentencia que se examina que la actora era, por tanto, trabajadora por cuenta ajena y, como tal, estaba protegido de la contingencia de desempleo, de la que no puede ser excluido en base a su parentesco con titulares de la empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2267/2018
  • Fecha: 01/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación que, confirmando la de instancia, estimó la demanda y reconoció el derecho a pensión por jubilación anticipada, considerando acreditado el abono de la indemnización por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido documento privado, careciendo de relevancia la ilegalidad del pago en efectivo tras Ley 7/2012. Ante la cuestión de si para el acceso a la jubilación anticipada cabe acreditar el cobro de la indemnización mediante documento privado, la Sala 4ª, siguiendo su propia jurisprudencia en que se determinó que en los supuestos de jubilación anticipada por cese producido como consecuencia de reestructuración empresarial (art. 161 bis 2 A) d) LGSS), debe acreditarse haber percibido la indemnización correspondiente mediante transferencia bancaria o documentación equivalente, concluye que el documento privado no lo es, ya que el legislador modificó la norma para eliminar la posibilidad de alegar que se había percibido la indemnización cuando ello no fuera cierto, de ahí que la transferencia bancaria sea el referente, ya que lo que se pretende es que exista constancia de que efectivamente se ha percibido la indemnización, siendo instrumento inadecuado aquél que únicamente consigne una manifestación de voluntad de las partes de saldar el débito indemnizatorio, sin que exista una justificación efectiva y contable de que se ha producido el percibo de la misma
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1990/2018
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia comentada se centra en decidir si tiene derecho a la prestación por maternidad el padre, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, cuando la madre ejerce como Abogada y se halla de alta en la Mutualidad de la Abogacía, la cual le ha reconocido, por dicha circunstancia de maternidad, una prestación económica a tanto alzado. La sentencia desestima el recurso y confirma la sentencia impugnada que desestimó dicha pretensión, porque la madre tiene derecho a la prestación, y la solicitud y disfrute por el padre de la prestación de Seguridad Social está condicionada a que la madre no tenga derecho a la misma en el sistema de previsión, de acuerdo con el art. 3.4 Real 295/2009, con independencia de la duración o de su cuantía, y al margen de que sea una prestación económica periódica o una cantidad a tanto alzado, sin que la diferencia de prestaciones resulte discriminatoria, al pertenecer a regímenes distintos. Finalmente la sentencia señala que la Directiva 2010/41/UE no resulta aplicable en la medida en que la cuestión suscitada no tiene cabida en el ámbito de la mencionada norma, que va referida a los trabajadores autónomos y sus cónyuges, con las condiciones previstas en la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3031/2018
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el complemento por mínimos para la pensión de viudedad del excónyuge debe calcularse en atención al periodo de convivencia con el causante cuando no existe otro beneficiario de la misma. La sentencia señala que no procede acoger el criterio de la Entidad Gestor, porque el complemento por mínimos que corresponde percibir a la parte demandante es el 100%, sin someterlo a reducción alguna por razón del tiempo de convivencia al no existir mas beneficiaria que la aquí demandante. La sentencia sigue la doctrina de la Sala con arreglo a la cual ninguna relevancia tiene el hecho de que la pensión de viudedad fuera reconocida con arreglo a la legislación anterior a la Ley 40/2007, porque ello no vincula al complemento por mínimos que sigue un régimen autónomo y está sometido a las normas que anualmente lo fijan, y no existiendo en el caso ninguna otra persona que perciba pensión de viudedad, no procede aplicar ninguna deducción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2189/2018
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si el demandante ostenta el derecho a percibir la pensión de jubilación con cargo al Sistema de la Seguridad Social, sin que ese derecho se supedite a un nuevo cálculo de la pensión con cargo al Régimen de Clases Pasivas. La Sala IV desestima el recurso unificador contra la sentencia que desestima la demanda en base a las siguientes argumentaciones: 1.- Descomposición artificial de la controversia: el recurso se articula en tres puntos de contradicción cuando lo cierto es que aquellos quedan reducidos a uno solo. 2.- Falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción: Aunque el escrito del recurso no hace una específica descripción de los hechos sobre los que se emiten las sentencias de contraste, se comprende cual es el extremo sobre el que gira la contradicción, salvo en el 3er motivo en el que la recurrente ni tan siquiera hacer la menor alusión al contenido de la sentencia alegada. 3.- Falta de contradicción: se analizan las tres sentencias invocadas a fin de evitar una posible indefensión. Así, respecto de la primera, esta viene a razonar en el mismo sentido que lo realiza la sentencia recurrida y en las otras dos tampoco concurren las identidades del art 219 LRJS. 4.- Falta de contenido casacional: lo que plantea el recurrente es que la Sala de por probados unos hechos que no son los que figuran en el relato fáctico, cuestionando la valoración de la prueba, tema ajeno al recurso unificador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 763/2018
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV declara la nulidad de la sentencia recurrida por incongruencia omisiva por no resolver la pretensión subsidiaria formulada en la demanda. En ésta se postulaba la declaración de incapacidad permanente en el grado de total, como pretensión principal y con carácter subsidiario, el reconocimiento de la situación y prestación correspondiente a la incapacidad permanente parcial. En suplicación, se acogió el recurso del INSS, y se revoca la sentencia del Juzgado de instancia, en la que se había declarado a la actora en situación de IPT total, y desestima íntegramente la pretensión contenida en la demanda. El TS sostiene que nos encontramos ante una completa falta de fundamentación que evidencia la inexistencia de enjuiciamiento de una de las pretensiones y de decisión judicial sobre ella dado que la Sala de suplicación omitió cualquier consideración sobre la pretensión subsidiaria de la demandante. Se limita a efectuar el análisis de las dolencias y de la capacidad laboral de la actora a fin de determinar si la situación de la actora era o no subsumible en el grado de IPT. Al concluir que no lo es, olvida que quedaba imprejuzgada la cuestión de si esa misma situación podía ser calificada con arreglo al art. 194.1 a) LGSS y, por tanto, provoca que la parte actora se vea sin respuesta judicial a su pretensión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1062/2018
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada se centra en determinar si la situación de jubilación por discapacidad igual o superior al 65% impide el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, pretensión desestimada por la Sala de suplicación al declarar la falta de acción, al no poder ser objeto de revisión la IPA al estar en situación de jubilación ordinaria por discapacidad. El TS comparte tal parecer, y tras repasar el marco normativo, recueda que no hay un expreso pronunciamiento sobre el tema. Así las cosas, y efectuado un minucioso examen de los diversos supuestos de jubilación, concluye que la jubilación ordinaria no sólo es la que establece el art. 205 LGSS sino que, junto a ella, hay otras que merecen igual calificativo, como la que aquí se debate, conocida como jubilación por discapacidad del art. 206.2 LGSS y sin coste en la protección. De la interpreteación del art. 200.2 LGSS se colige que la prestación de IP, en tanto que en ella entre en juego como requisito para su reconocimiento el no ostentar la edad de jubilación ordinaria, no podrá reconocerse cuando se haya alcanzado la edad ordinaria del art. 205.1 a) ni cuando se alcance la que como tal tengan establecida colectivos específicos, en donde el número de años de edad del art. 205.1 a) se ve sustituido por el allí establecido. La remisión del art. 205.1 a) a la edad de una persona, se vincula también a una contingencia. La sentencia tiene Voto Particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2979/2018
  • Fecha: 26/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada consiste en decidir si el trabajador, que se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) y no acude a recoger los avisos de Correos remitidos por la Mutua colaboradora, debe ser tenido por incomparecido el día que fue llamado a reconocimiento médico, al no justificar la causa de la incomparecencia. La sentencia señala que a la vista de las actuaciones, el proceso que se ha seguido es el ordinario y no el de impugnación de alta médica; pero dado que lo que realmente se combate es la falta de percibo de la IT correspondiente a un total 36 días - que, atendiendo a que la base reguladora es de 41,25 euros/día, no superaría los 3.000 euros -, es claro que no habría cuantía para recurrir en suplicación, no apreciándose tampoco afectación general, dadas las circunstancias particulares del caso, declarando por ello de oficio la nulidad de actuaciones por falta de competencia funcional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MANUEL MARIA BENITO LOPEZ
  • Nº Recurso: 74/2020
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se denuncian los artículos 3.3.a y 2.1ª del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, y de otra parte los Reglamentos (CE) 883/04 y 987/09 así como el Punto 17 del Protocolo Final del Convenio relativo a la Seguridad Social, de 13 de octubre de 1969, suscrito entre España y Suiza. Pero la actora no está sometida a la legislación suiza. Suiza no es tampoco Estado competente en materia de seguro de enfermedad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 28 bis o 29 del Reglamento 1408/1971 Conforme a la normativa que se cita en la sentencia, aunque la hoy recurrida percibe una pensión a cargo de la Seguridad Social suiza, dicho Estado no es el competente en materia de seguro de enfermedad. Por último, la actora no percibe prestaciones de desempleo del seguro suizo. Además, la normativa, que se refiere también a los familiares de personas protegidas, expresamente excluye también a los familiares con residencia en España. No ha quedado acreditado que la recurrida tenga derecho a la asistencia sanitaria por el sistema de Seguridad Social de Suiza, por lo que resulta aplicable el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, regulador de la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

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