• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 716/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala 4ª casa y anula la sentencia de suplicación y deniega el derecho a la pensión de viudedad a quien contrajo matrimonio por el rito gitano, por entender: Que la cuestión relativa al acceso a la pensión de viudedad en supuestos en que no existe matrimonio exige acreditación de la existencia de pareja de hecho y convivencia, lo que ha sido validado por el Tribunal Constitucional. Que la STEDH 08-12-2009, asunto Muñoz Díaz, contempla un supuesto previo a la Ley 40/2007, reconociéndose la pensión teniendo en cuenta que existía buena fe en la creencia de que el matrimonio gitano producía plenos efectos, pero en ningún caso dicha sentencia otorgó validez al matrimonio gitano, ni extendió el principio de igualdad a la discriminación por indiferenciación, sin que la pertenencia a una minoría étnica repercutiera en la aplicación o interpretación de la normativa. Que el supuesto es distinto al de dicha STEDH, en la que nada se dice sobre las parejas de hecho, porque en aquel periodo temporal no estaba aún contemplada para el acceso a la pensión de viudedad. Que el principio de igualdad que proclama el art. 14 CE no alcanza a la llamada "discriminación por indiferenciación", al no consagrar un derecho subjetivo al trato normativo desigual y que la pertenencia a una "minoría étnica" no repercute en la aplicación o en la interpretación de la normativa examinada, sino tan sólo en la configuración de la buena fe.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 1106/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si existe o no responsabilidad de los empleadores en el pago de las diferencias de la base reguladora de la pensión de jubilación reconocida al actor por infracotización en supuesto de pluriempleo, porque no se comunicó a los empleadores el cese de esa situación y estos continuaran cotizando por una cantidad inferior a la legalmente exigible. La sentencia no aprecia la contradicción del art. 219 LRJS porque las pretensiones deducidas en cada caso son distintas, ya que en la sentencia recurrida el SERMAS reclamó su absolución porque ni el trabajador, ni la Entidad Gestora, ni el propio INSALUD le advirtieron, al producirse el traspaso, de que el demandante había perdido su condición de pluriempleado con anterioridad al mismo, lo que motivó que dicha entidad continuara cotizando del mismo modo, por una cantidad inferior a la legalmente exigible, sin que concurriera fraude u ocultación por su parte; sin embargo en la sentencia de contraste, la Gerencia Territorial de Salud, que había sido condenada a responsabilizase de la totalidad de la infracotización producida antes y después del traspaso, reclamaba que se responsabilizara a INGESA de la infracotización previa al traspaso, sin reclamar su absolución aunque tampoco fuera avisada de la pérdida por el trabajador de la condición de pluriempleo, siendo esa la razón por la que la sentencia referencial no hace pronunciamiento alguno al respecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1411/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones se reclama el reconocimiento de prestación de gran invalidez por ceguera, tras haberse accedido a la jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores de la edad para personas con discapacidad. La sentencia recurrida, con revocación de la de instancia, desestimó tal pretensión. La Sala IV, tras apreciar que concurre el requisito de la contradicción entre sentencias, desestima el recurso de la actora en el que alega que en el momento de reclamar un grado mayor de incapacidad no había alcanzado la edad ordinaria de jubilación. La sentencia razona que, de acuerdo con la normativa aplicable y siguiendo el criterio sentado en otras resoluciones deliberadas en la misma fecha, la jubilación anticipada por aplicación de los coeficientes reductores de personas discapacitadas se produce a una edad reducida, pero también de naturaleza ordinaria, aunque modalizada en razón circunstancias de acceso a la jubilación desde un grado de minusvalía. Por ello, no procede el reconocimiento del grado de incapacidad reclamada, al encontrarse la actora jubilada anticipadamente. Sin que resulte de aplicación el criterio sentado en las SSTS de 22/3/06 (r. 5069/04) y de 13/6/07 (r. 2282/06)- porque la misma se dictó al amparo de dispar normativa. En el voto particular, se estima aplicable dicha doctrina anterior, en la que se indica que es posible el reconocimiento de la IP aun cuando el solicitante sea pensionista de jubilación anticipada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2027/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia del TSJ de Madrid estima la demanda formulada por actora y declara la nulidad del despido. La actora prestaba servicios para la empresa desde 2011 con categoría de oficial 1º administrativo y funciones de gerente de proyectos. Fue dada de baja por incapacidad temporal el 2-06-2014 con diagnóstico de fiebre y otros trastornos fisiológicos de origen desconocido, hasta el 20-11-2015, en que se le dio el alta médica. Los días 24 y 25-11-2015 no acudió al trabajo por razones de salud. Tomó vacaciones del 27-11 al 14-12-2015. El 15-12-2015 fue despedida mediante carta que contenía unos hechos que nunca se probaron y ni siquiera se intentó su prueba. El 26-02-2016 se le reconoció una discapacidad del 48% con efectos de 10-06-2015. Se cuestiona en casación unificadora la calificación como nulo o improcedente del despido. Se trata de decidir si el despido ha sido discriminatorio o no. Se aporta como sentencia de contraste la STC 26-05-2008 (R. 3912/2005). La Sala IV, a pesar de aplicar criterios de flexibilidad en la apreciación de la concurrencia de contradicción al tratarse de una sentencia del TC entiende que no se dan las circunstancias suficientes para que pueda entenderse cumplido el requisito de la contradicción, en la medida que, en las sentencias comparadas, concurren varios elementos, como el reconocimiento de la incapacidad o la existencia de causa en el despido, que impiden la contradicción, lo que conlleva la desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 281/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para reconocer el subsidio por desempleo por cargas familiares, para el cálculo de los ingresos de la unidad familiar no han de tomarse en consideración las rentas de la pareja de hecho de la actora. Sigue la sentencia la reiterada jurisprudencia de la Sala en que se concluyó que, de una interpretación literal de lo dispuesto en el art. 215.2 LGSS, se alcanzó la conclusión de que los términos del precepto eran claros, ya que enumera de forma exhaustiva aquellas personas cuyo parentesco con el beneficiario supone que constituyen responsabilidades familiares. Añade que a idéntica conclusión se llega con una interpretación teleológica del precepto, ya que la protección se otorga al desempleado, no a la familia, e incluso a dicha conclusión abonan los antecedentes históricos y legislativos, sin que puedan considerarse equiparables las parejas de hecho a los cónyuges.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 1069/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada se centra en decidir si el cálculo de la base reguladora por IPA debe incluir las cotizaciones posteriores a la extinción del contrato, cuando esta última circunstancia se produce en el transcurso de una baja por IT. La sentencia comentada abandona la doctrina anterior y estima el recurso del beneficiario, razonando que la nueva redacción de la LGSS/94 dada por la Ley 40/2007, de 4 diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (que entró en vigor el 1 de enero de 2008 y que reproduce literalmente la LGSS/15), introdujo un importante matiz al régimen de concatenación de IT/desempleo, al señalar que la asunción de cotizaciones por parte de la entidad gestora del desempleo se produce incluso cuando el beneficiario no llegue a solicitar la prestación de desempleo, por pasar -entre otros supuestos- a la situación de incapacidad permanente sin solución de continuidad. Dicho cambio legislativo determina que ya no sea aplicable la doctrina anterior de la Sala, con arreglo a la cual dicha prestación de incapacidad temporal se abonaba por la entidad gestora en régimen de pago directo, sin la obligación de cotizar a cargo de la misma (Ley 24/2001).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3928/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda formulada por el trabajador contra Mutua MC Mutual, el INSS, la TGSS y Uralita S.A. sobre declaración de mayor base reguladora considerando ajustado a derecho el cálculo realizado por el INSS. Siguiendo el criterio de asuntos precedentes, no se entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, dado que el debate jurídico gira en torno a cuestiones distintas. Así, aunque la controversia se suscita sobre la base reguladora de la prestación y se funda en la discrepancia de los trabajadores afectados con el convenio colectivo aplicado para indicar las retribuciones sobre las que calcular aquélla, lo cierto es que en la sentencia de contraste la solución de la discrepancia se encuentra en analizar la actividad a la que se había destinado el trabajador para concretar de este modo el ámbito de aplicación afectado y, en suma, discernir entre dos convenios colectivos distintos. Sin embargo, en la sentencia recurrida lo que se dilucida es si, a raíz del Acuerdo de 19 noviembre 2001 cabe entender que el cálculo de la indicada base reguladora se ha de llevar a cabo por un sistema de cómputo distinto. Para ello, hace un análisis del contenido y alcance de dicho Acuerdo para llegar a la conclusión de que no se está instaurando en él un salario del que quepa derivar después una base reguladora diferente, sino que exclusivamente se instaura una mejora de seguridad social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3119/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia aborda el despido objetivo de una trabajadora contratada al amparo del RD 1368/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajan en los Centros Especiales de Empleo, y en la que se ha debido dilucidar, en primer lugar, la exigencia contenida en el art. 16.2.c) del RD, relativa a si resulta necesario el informe del equipo multiprofesional para despedir objetivamente y hacerlo constar en la carta de despido, a lo que se da una respuesta negativa. Se funda esta decisión en el hecho de que no especifica el precepto que en la carta deba constar el informe del equipo interprofesional o, al menos, una referencia al mismo y sus conclusiones, no obstante, en el caso, la empresa se dirigió a la Junta de Andalucía y al EVI, sin que el mismo se realizara por ningún organismo, procediendo a despedir a la trabajadora mediante carta en la que se hacía expresa indicación de que el despido novaba el anterior que había sido declarado improcedente por no haber solicitado con anterioridad el referido informe. En segundo lugar se dirime si tras un despido objetivo por defecto de forma y posterior readmisión de la trabajadora, ésta puede ser despedida nuevamente, subsanados los defectos formales, por las mismas causas alegadas en el primer despido, a lo que se da una respuesta positiva, pues aun no siendo aplicable el art. 110.4 LRJS, es posible su reiteración de persistir las causas. Se declara la procedencia del despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 233/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida, y desestima la demanda planteada en la que la trabajadora impugnaba el despido objetivo por absentismo, bajo la vigencia del derogado art 52.d) ET. Se suscita el modo en que ha de contabilizarse al absentismo y la determinación del periodo de referencia. Se reitera doctrina que establece que el porcentaje (25%) de ausencias que legitima el despido ha de concurrir en el conjunto de los cuatro meses discontinuos examinados, siendo indiferente que en alguno de ellos no se alcance, de forma que el índice de absentismo se mide en cómputo global, siempre que las faltas sean intermitentes. Además, el parámetro “meses” que recoge el art. 52.d) ET para el cómputo del absentismo debe computarse de fecha a fecha, no por meses naturales, extremo que se justifica a la vista de la finalidad, luchas contra el absentismo, de la norma. Sobre el cómputo de fecha a fecha, el día a partir del cual debe computarse hacia atrás el plazo de doce meses en que se ha de producir el 5% de absentismo es el del despido, que es la fecha que determina en todo caso la normativa de aplicación al mismo. En todo caso, el resultado del cómputo del 25% de faltas de asistencia justificadas pero intermitentes por enfermedad en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses no puede aplicarse sobre un periodo de tiempo inferior al legalmente establecido
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA DE LAS MERCEDES SANCHA SAIZ
  • Nº Recurso: 244/2020
  • Fecha: 19/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para el SEPE la entrada en vigor del RD-ley 8/2019, de 8 de marzo, ha derogado la exigencia de tener la edad cumplida en el momento del agotamiento de un subsidio por desempleo, pero, en su lugar, el interesado ha de acreditar que se ha mantenido ininterrumpidamente inscrito como demandante de empleo desde que se encontró en alguno de los supuestos recogidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 274, hasta el momento del hecho causante que le permite acceder al subsidio para mayores de 52 años (cumplimiento de la edad o entrada en vigor del RD-ley 8/2019). Sin embargo, en el presente caso, el trabajador fue beneficiario de una prestación por desempleo desde el 18/06/2004 y que finalizó por agotamiento el 17/06/2006; una vez agotada la prestación, fue beneficiario de renta activa de inserción (RAI) en tres ocasiones, y se inscribe como demandante de empleo el 7/08/2009. La demandada argumenta que como quiera que desde el 17/06/2006 no figuró como demandante de empleo, no podrá tener acceso al subsidio para mayores de 52 años, al no mantenerse ininterrumpidamente inscrito como tal. Esta postura no puede ser compartida por la sala dada la reciente doctrina jurisprudencial. En efecto la STS/4ª de 27 marzo 2019 (rec. 2966/2017, y en el mismo sentido la de 23 octubre 2019 (rec. 2380/2017, vienen a reconocer que el agotamiento de la renta activa de inserción se equipara al del subsidio por desempleo para permitir el acceso al subsidio para mayores de 52 años.

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