Resumen: Las lesiones sufridas por el trabajador en el lugar de trabajo y durante la jornada laboral gozan de la presunción de laboralidad, es decir, se presume que derivan de accidente de trabajo, salvo que se pruebe que no tuvieron ningún nexo causal con el trabajo desempeñado por cuenta ajena. Esta presunción de laboralidad puede ser desvirtuada mediante prueba que acredite la ausencia de nexo causal entre la lesión y el trabajo desempeñado por cuenta ajena. En el caso de autos, la lesión del trabajador se produjo en tiempo y lugar de trabajo, por lo que se presume que la lesión es accidente de trabajo, y ello aun cuando no se haya acreditado la conexión causal entre la misma y el trabajo, ya que lo que permite la presunción iuris tantum es que se acredite fehacientemente la carencia de relación de causalidad entre el trabajo y la lesión, lo que dejará sin efecto la presunción legal. La presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padeciera la enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el trabajo, porque lo que se valora a estos efectos no es, desde luego, la acción del trabajo como causa de la lesión cardiaca, lo que no sería apreciable en principio dada la etiología común de este tipo de lesiones.
Resumen: La sentencia de suplicación confirmó la de instancia que desestimó la demanda en la que se insta la incorporación al programa de renta activa de inserción -RAI-. La actora percibió prestación por desempleo entre julio de 1980 y enero de 1982 y reclama en 2015 al programa de RAI. La cuestión planteada en casación para unificación de doctrina consiste en determinar si la actora tiene derecho a cobrar la RAI cuando lo percibido precedentemente es una prestación de desempleo al amparo de normas anteriores a la LGSS de 1994. La sala IV declara la recurribilidad de la sentencia de instancia, pues se reclama el derecho a la percepción de la prestación y no las diferencias en la cuantía de la misma. A continuación, tras apreciar contradicción en la infracción procesal denunciada, estima el recurso formulado por la actora. Razona que las prestaciones extinguidas, pero reconocidas con base en leyes reguladoras del régimen de protección por desempleo, anteriores a su integración en un texto refundido de la Seguridad Social, son eficaces para tener por cumplido el requisito del previo agotamiento de la prestación. Y las prestaciones que deben entenderse excluidas por no idóneas para tener por cumplido el requisito de acceso al programa de RAI, referido a la extinción de prestaciones por desempleo, son las ajenas a la acción protectora de la contingencia de desempleo que contempla el sistema de Seguridad Social. Se estima el recurso de la actora, reconociendo su derecho a percibir la RAI
Resumen: Discrepa el recurrente de la notificación efectuada por el INSS. En concreto alegó que "es más que harto dudoso que la ficción de que todos los españoles lean diariamente alcance a los residentes en países donde no llega el BOE". Al actor, con domicilio en Holanda, se le reconoció por el INSS, con fecha 4 de abril de 2011, una pensión de jubilación en el Régimen General del 5,69% de la base reguladora de 20,61 € en los términos descritos en el hecho primero de la demanda. En fecha 6 de abril de 2017 el actor solicitó la revisión de la base reguladora, interesando - al igual que ahora -, una base de 1.541,51 € al mes. El 21 de abril de 2017 el INSS denegó la revisión solicitada, realizando 2 intentos de notificación en fecha 28 de abril y 26 de mayo de 2017. Finalmente consta la publicación de la resolución en el BOE en fecha 21 de octubre de 2017, Como indica el juzgador de instancia, constan en las actuaciones dos intentos de notificación en el domicilio extranjero del actuante, por lo que habiendo sido infructuosos los medios ordinarios de notificación por correo certificado con acuse al domicilio en el extranjero del trabajador, es razonable y medio subsidiario la notificación por edictos vía BOE, cuya publicación es accesible vía internet, por lo que no se ha generado indefensión al actuante.
Resumen: La actora solicitó el 10/6/15 la prestación a favor de familiares a raíz del fallecimiento de su padre; prestación que le fue denegada por estar casada. La actora presentó demanda de separación el 9/4/14, dictándose sentencia de separación el 13/11/15 en la que se le atribuía el domicilio familiar y una pensión compensatoria. Además, la actora percibe pensión no contributiva. En suplicación le es reconocida a la actora la prestación reclamada. La Sala IV revoca dicha sentencia para denegar la prestación por entender, con remisión a anteriores resoluciones, que en el momento del hecho causante a situación de la actora era la de separada "de hecho", y tal situación no es equiparable a la "situación legal de separación" a la que el artículo 176.4 LGSS atribuye igualdad de efectos al divorcio. Rechaza la Sala el argumento de que la actora solicitó la separación antes del fallecimiento de su padre, por lo que no le es imputable el retraso en el dictado de la sentencia de separación, pues la doctrina jurisprudencial establece que sólo tienen la condición de divorciados quienes han obtenido la correspondiente sentencia, ya que pueden desistir de la demanda antes de recaer la resolución judicial.
Resumen: La cuestión que se suscita es la de determinar si el reconocimiento de un determinado grado de discapacidad con necesidad de concurso de otras persona, determina el reconocimiento de la IP, en este caso de gran invalidez. La sala de suplicación declaró a la demandante afecta de gran invalidez, por lo que la prestación de IPA que se le reconoció en vía administrativa, se debía incrementar con el complemento que corresponde a ese otro grado. Pero el TS no comparte tal parecer, y tras recordar que no hay expreso pronunciamiento sobre el tema y repasar la doctrina elaborada sobre el concepto de invalidez y sus grados, señala que de nuestro régimen jurídico o normativo no se desprende que el legislador haya querido vincular o equiparar el grado de la situación de dependencia o discapacidad con los grados de la situación de IP de forma que quienes se encuentren en un determinado nivel de discapacidad o dependencia deban ser considerados en situación de IP (total, absoluta o gran invalidez). Tanto la valoración de grados como los conceptos que los integran son diferentes y autónomos y no son ni tan siquiera alternativos. Y pese a la intención del legislador de aproximar las situaciones de discapacidad y dependencia, en lo relativo al concurso de tercera persona, tal intención no concurre con las prestaciones de IP del sistema de SS, que en orden a la valoración y determinación de los grados de incapacidad del art. 194 LGSS sigue sin tener desarrollo reglamentario.
Resumen: En el presente litigio se impugna la sanción impuesta por la entidad gestora de extinción de la prestación por desempleo y reintegro de lo indebidamente percibido, por apreciarse connivencia entre el beneficiario y el empresario para el que prestó servicios, con el objetivo de percibir las prestaciones por desempleo. La sentencia que se examina declara que, aunque la única prueba existente es el acta de la inspección de trabajo, ésta goza de presunción de veracidad, con una presunción que no ha quedado desvirtuada. El acta de la inspección basta por sí misma, para probar los hechos objeto de debate. En consecuencia, ha quedado acreditado que no existió una relación laboral real, lo que impide el cobro de la prestación por desempleo, debiéndose confirmar la sentencia de instancia, que desestimó la demanda.
Resumen: Por resolución del SPEE de abril de 2012 se reconoció al actor prestación por desempleo. El 25/11/14 el SPEE dicta resolución de percepción indebida de la prestación fundada en que el solicitante ocultó una relación laboral simulada. En suplicación se desestimó la demanda interpuesta en impugnación de la resolución del SPEE por la que se acuerda la extinción del subsidio. Recurre el actor en casación unificadora planteando que la revisión de oficio de la resolución en la que se concede la prestación debió realizarse en el plazo de 1 año desde su concesión. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción, concluye que de la interpretación tanto literal como sistemática del art. 146.1 de la LRJS en la redacción vigente al producirse los hechos enjuiciados, se desprende que el SPEE está facultado para revisar sus actos, sin necesidad de acudir a la vía judicial ni sujetarse al plazo de un año, cuando se basa tal revisión en la omisión de datos o aportación de datos inexactos por el solicitante. En consecuencia, se desestima el recurso.
Resumen: El recurso de casación para la unificación de la doctrina tiene por objeto la interpretación que deba darse al artículo 45 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre; en redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. En concreto, cuando debe entenderse que se produce la fijación de la indemnización: en el momento en el que el trabajador reclama, aunque posteriormente fallezca; o, en el momento en que se dicta la sentencia. La Sala IV declara que no concurren las identidades exigidas por el art. 219 LRJS ya que las sentencias comparadas se apoyan en normativa diferente para la justificación de sus contenidos. La sentencia de contraste no pudo tener en cuenta, por razones cronológicas el precepto objeto de interpretación por la sentencia recurrida ya que el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor , aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que aplica la recurrida fue añadido por el artículo único, punto siete de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Resumen: Por sentencia de suplicación que confirmó la de instancia se reconoció al actor en situación de gran invalidez, si bien el INSS denegó inicialmente el reconocimiento en situación de incapacidad permanente por tener el actor la edad ordinaria de jubilación y reunir todos los requisitos para ella en la fecha del hecho causante. Puesto que el actor trabajó para la Once como agente vendedor, presentando ceguera, en la oposición realizada por la entidad gestora en el acto de juicio se aludió a que no se podía reconocer gran invalidez a quien había desarrollado toda su vida laboral con las mismas dolencias. La Sala 4ª confirma dicha sentencia, por entender que el recurso es defectuoso, ya que se construye sobre la posibilidad de alegar como motivos de oposición a la demanda hechos diferentes a los opuestos en la resolución administrativa, para después decir que los hechos cuya valoración pretende ya estaban en el expediente administrativo, pasando a reseñar que no procede el reconocimiento de la gran invalidez por no existir agravación de las dolencias con las que ingresó en la Once en 1990, cuando en el relato fáctico consta que ello aconteció en 1966, lo que además supondría una pretensión de valoración de hechos probados no posible en casación unificadora.
Resumen: El actor sufrió un accidente de trabajo y, la entidad gestora le impuso a la empresa el recargo de prestaciones por infracción de las medidas de seguridad. Este recargo fue dejado sin efecto por sentencia firme. En el presente litigio, reclama el actor que se le abone una indemnización de daños y perjuicios derivada del mismo accidente. La sentencia que se examina declara que opera el instituto de la cosa juzgada positiva, puesto que en la sentencia firme que revocó el recargo de prestaciones, se declaró que no había incurrido la empresa en infracción de medidas de seguridad y, esta declaración vincula en la sentencia que ha de resolver sobre la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios derivada del accidente de trabajo, por haberse infringido la normativa de seguridad y salud laboral.