Resumen: La actora fue declarada afecta a una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, derivada de enfermedad común, por Resolución del INSS de 1-2-2016. La sentencia recurrida en casación unificadora del TSJ de Castilla y León, Valladolid, estimó la demanda de entidades gestoras y revocó la sentencia de instancia que declaró que la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo derivaba de accidente no laboral (no de enfermedad común). La actora sufrió con ocasión de parto desgarro obstétrico de IV grado. Sección traumática de tabique rectovaginal y sección de pared vaginal. Colitis ulcerosa extensa. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción por identidad en los hechos y pretensiones (determinación de la contingencia en partos con complicaciones y secuelas) centra el núcleo del debate en si lo ocurrido durante el parto fue o no una acción «externa» y tras destacar la especificidad del embarazo y el parto como procesos naturales no patológicos, concluye que lo ocurrido en el parto de la recurrente en casación para la unificación de doctrina no fue un deterioro desarrollado de forma paulatina, sino que se asemeja más a la acción súbita y violenta inherente al concepto de accidente, por lo que estimado el recurso declara la producción de accidente no laboral. El análisis se ve reforzado por una interpretación con perspectiva de género, ya que lo ocurrido a la recurrente en el parto solo le pudo suceder por su condición de mujer.
Resumen: Se cuestiona el reparto de responsabilidades entre la mutua y el INSS tras el reconocimiento judicial de la pensión por incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común en el proceso de revisión por agravación de la previa incapacidad permanente total (cualificada, con el porcentaje adicional del 20%) derivada de accidente de trabajo. El recurso del INSS denuncia la infracción de los arts. 196.2 del RD. 08/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la LGSS, que regula la incapacidad permanente total cualificada, y el art. 71 (por obvio error de transcripción se señala art. 7.1) del RD. 1415/2004, de 11 de junio que aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y la cuestión litigiosa queda limitada a determinar cuál debe ser el alcance de la responsabilidad de la Mutua y del INSS en cuanto la distribución del porcentaje teniendo en cuenta que le fue reconocido al demandante el incremento del 20% sobre la prestación de IPT. La cuestión ha sido resuelta por la Sala IV en sentencia previas. Se concluye que siendo el incremento del 20% un complemento de naturaleza prestacional aunque no sea una propia prestación, el mismo es parte integrante de la prestación de IPT derivada de accidente de trabajo a cargo de la Mutua, por lo que el reparto de responsabilidades entre la Mutua y el INSS supone que el 75% de la base reguladora es a cargo de la Mutua y el 25% de la base reguladora a cargo del INSS.
Resumen: El debate de casación unificadora se centra en determinar si la situación de jubilación por discapacidad impide el reconocimiento de una incapacidad permanente en el grado de gran invalidez y, en su caso, el cálculo de la base reguladora que procedería reconocer. La actora tiene reconocida una minusvalía del 85% y una pensión de jubilación por razón de discapacidad. El INSS dictó resolución denegándole la prestación de incapacidad permanente por no suponer las lesiones que padece una disminución de la capacidad laboral de la actora, al ser anteriores a la profesión valorada, vendedora de la ONCE. La sentencia del juzgado de lo social estimó la demanda y declaró a la actora en situación de gran invalidez. En suplicación se declara que se puede acceder a la incapacidad permanente antes de acceder a la jubilación, pero no a la inversa. El pleno de Sala desestima el recurso respecto al primer motivo al interpretar el art. 200.2 de la LGSS en el sentido de que la prestación de incapacidad permanente, en tanto que en ella entre en juego como requisito para su reconocimiento el no ostentar la edad de jubilación ordinaria, no podrá reconocerse cuando se haya alcanzado la edad ordinaria del art. 205.1 a) ni cuando se alcance la que como tal tengan establecida colectivos específicos, en donde el número de años de edad del art. 205.1 a) se ve sustituido por el allí establecido. La desestimación del primer motivo hace innecesario entrar a resolver el segundo. Voto particular.
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación que, confirmando la de instancia, estimó la demanda y reconoció el derecho a pensión por jubilación anticipada, considerando acreditado el abono de la indemnización por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido documento privado, careciendo de relevancia la ilegalidad del pago en efectivo tras Ley 7/2012. Ante la cuestión de si para el acceso a la jubilación anticipada cabe acreditar el cobro de la indemnización mediante documento privado, la Sala 4ª, siguiendo su propia jurisprudencia en que se determinó que en los supuestos de jubilación anticipada por cese producido como consecuencia de reestructuración empresarial (art. 161 bis 2 A) d) LGSS), debe acreditarse haber percibido la indemnización correspondiente mediante transferencia bancaria o documentación equivalente, concluye que el documento privado no lo es, ya que el legislador modificó la norma para eliminar la posibilidad de alegar que se había percibido la indemnización cuando ello no fuera cierto, de ahí que la transferencia bancaria sea el referente, ya que lo que se pretende es que exista constancia de que efectivamente se ha percibido la indemnización, siendo instrumento inadecuado aquél que únicamente consigne una manifestación de voluntad de las partes de saldar el débito indemnizatorio, sin que exista una justificación efectiva y contable de que se ha producido el percibo de la misma
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia comentada se centra en decidir si tiene derecho a la prestación por maternidad el padre, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, cuando la madre ejerce como Abogada y se halla de alta en la Mutualidad de la Abogacía, la cual le ha reconocido, por dicha circunstancia de maternidad, una prestación económica a tanto alzado. La sentencia desestima el recurso y confirma la sentencia impugnada que desestimó dicha pretensión, porque la madre tiene derecho a la prestación, y la solicitud y disfrute por el padre de la prestación de Seguridad Social está condicionada a que la madre no tenga derecho a la misma en el sistema de previsión, de acuerdo con el art. 3.4 Real 295/2009, con independencia de la duración o de su cuantía, y al margen de que sea una prestación económica periódica o una cantidad a tanto alzado, sin que la diferencia de prestaciones resulte discriminatoria, al pertenecer a regímenes distintos. Finalmente la sentencia señala que la Directiva 2010/41/UE no resulta aplicable en la medida en que la cuestión suscitada no tiene cabida en el ámbito de la mencionada norma, que va referida a los trabajadores autónomos y sus cónyuges, con las condiciones previstas en la misma.
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el complemento por mínimos para la pensión de viudedad del excónyuge debe calcularse en atención al periodo de convivencia con el causante cuando no existe otro beneficiario de la misma. La sentencia señala que no procede acoger el criterio de la Entidad Gestor, porque el complemento por mínimos que corresponde percibir a la parte demandante es el 100%, sin someterlo a reducción alguna por razón del tiempo de convivencia al no existir mas beneficiaria que la aquí demandante. La sentencia sigue la doctrina de la Sala con arreglo a la cual ninguna relevancia tiene el hecho de que la pensión de viudedad fuera reconocida con arreglo a la legislación anterior a la Ley 40/2007, porque ello no vincula al complemento por mínimos que sigue un régimen autónomo y está sometido a las normas que anualmente lo fijan, y no existiendo en el caso ninguna otra persona que perciba pensión de viudedad, no procede aplicar ninguna deducción.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si el demandante ostenta el derecho a percibir la pensión de jubilación con cargo al Sistema de la Seguridad Social, sin que ese derecho se supedite a un nuevo cálculo de la pensión con cargo al Régimen de Clases Pasivas. La Sala IV desestima el recurso unificador contra la sentencia que desestima la demanda en base a las siguientes argumentaciones: 1.- Descomposición artificial de la controversia: el recurso se articula en tres puntos de contradicción cuando lo cierto es que aquellos quedan reducidos a uno solo. 2.- Falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción: Aunque el escrito del recurso no hace una específica descripción de los hechos sobre los que se emiten las sentencias de contraste, se comprende cual es el extremo sobre el que gira la contradicción, salvo en el 3er motivo en el que la recurrente ni tan siquiera hacer la menor alusión al contenido de la sentencia alegada. 3.- Falta de contradicción: se analizan las tres sentencias invocadas a fin de evitar una posible indefensión. Así, respecto de la primera, esta viene a razonar en el mismo sentido que lo realiza la sentencia recurrida y en las otras dos tampoco concurren las identidades del art 219 LRJS. 4.- Falta de contenido casacional: lo que plantea el recurrente es que la Sala de por probados unos hechos que no son los que figuran en el relato fáctico, cuestionando la valoración de la prueba, tema ajeno al recurso unificador.
Resumen: La Sala IV declara la nulidad de la sentencia recurrida por incongruencia omisiva por no resolver la pretensión subsidiaria formulada en la demanda. En ésta se postulaba la declaración de incapacidad permanente en el grado de total, como pretensión principal y con carácter subsidiario, el reconocimiento de la situación y prestación correspondiente a la incapacidad permanente parcial. En suplicación, se acogió el recurso del INSS, y se revoca la sentencia del Juzgado de instancia, en la que se había declarado a la actora en situación de IPT total, y desestima íntegramente la pretensión contenida en la demanda. El TS sostiene que nos encontramos ante una completa falta de fundamentación que evidencia la inexistencia de enjuiciamiento de una de las pretensiones y de decisión judicial sobre ella dado que la Sala de suplicación omitió cualquier consideración sobre la pretensión subsidiaria de la demandante. Se limita a efectuar el análisis de las dolencias y de la capacidad laboral de la actora a fin de determinar si la situación de la actora era o no subsumible en el grado de IPT. Al concluir que no lo es, olvida que quedaba imprejuzgada la cuestión de si esa misma situación podía ser calificada con arreglo al art. 194.1 a) LGSS y, por tanto, provoca que la parte actora se vea sin respuesta judicial a su pretensión.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada se centra en determinar si la situación de jubilación por discapacidad igual o superior al 65% impide el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, pretensión desestimada por la Sala de suplicación al declarar la falta de acción, al no poder ser objeto de revisión la IPA al estar en situación de jubilación ordinaria por discapacidad. El TS comparte tal parecer, y tras repasar el marco normativo, recueda que no hay un expreso pronunciamiento sobre el tema. Así las cosas, y efectuado un minucioso examen de los diversos supuestos de jubilación, concluye que la jubilación ordinaria no sólo es la que establece el art. 205 LGSS sino que, junto a ella, hay otras que merecen igual calificativo, como la que aquí se debate, conocida como jubilación por discapacidad del art. 206.2 LGSS y sin coste en la protección. De la interpreteación del art. 200.2 LGSS se colige que la prestación de IP, en tanto que en ella entre en juego como requisito para su reconocimiento el no ostentar la edad de jubilación ordinaria, no podrá reconocerse cuando se haya alcanzado la edad ordinaria del art. 205.1 a) ni cuando se alcance la que como tal tengan establecida colectivos específicos, en donde el número de años de edad del art. 205.1 a) se ve sustituido por el allí establecido. La remisión del art. 205.1 a) a la edad de una persona, se vincula también a una contingencia. La sentencia tiene Voto Particular.
Resumen: La cuestión planteada consiste en decidir si el trabajador, que se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) y no acude a recoger los avisos de Correos remitidos por la Mutua colaboradora, debe ser tenido por incomparecido el día que fue llamado a reconocimiento médico, al no justificar la causa de la incomparecencia. La sentencia señala que a la vista de las actuaciones, el proceso que se ha seguido es el ordinario y no el de impugnación de alta médica; pero dado que lo que realmente se combate es la falta de percibo de la IT correspondiente a un total 36 días - que, atendiendo a que la base reguladora es de 41,25 euros/día, no superaría los 3.000 euros -, es claro que no habría cuantía para recurrir en suplicación, no apreciándose tampoco afectación general, dadas las circunstancias particulares del caso, declarando por ello de oficio la nulidad de actuaciones por falta de competencia funcional.