• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 4534/2017
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada se centra en determinar si la entidad gestora tiene la obligación de realizar la invitación al pago cuando el beneficiario afiliado al RETA tiene cubierto el periodo de carencia mínimo, pero no está al corriente en el pago de las cuotas y le ha sido denegada la situación de incapacidad en vía administrativa que judicialmente se le declara. La sentencia estima el recurso del actor porque la prestación denegada por el INSS en su resolución fue expresamente revocada por la sentencia de instancia, que reconoció a la beneficiaria la situación de IPT, y ese extremo fue mantenido en fase de suplicación al desestimar el recurso del INSS, por lo que la entidad gestora debía haber dejado sin efecto su resolución denegatoria, y sustituirla por otra reconociendo la pensión sometida a la condición, con la correlativa invitación a la afectada al pago del abono las cuotas debidas en el plazo de 30 días, y la advertencia de que de no hacerlo en ese lapso, la fecha de efectos sería la marcada por el legislador: a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que tuvo lugar el ingreso de las cuotas adeudadas (art. 28.2 Decreto 2530/1970).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 3441/2017
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor, que prestaba servicios con la categoría profesional de Mecánico Montador, sufrió un infarto de miocardio por el que inició un periodo de incapacidad temporal. En el recurso se plantea la determinación de la etiología del proceso de incapacidad temporal que inició el trabajador recurrente, a los efectos de su encuadramiento como contingencia profesional o derivada de enfermedad común. La Sala 4ª desestima el recurso al apreciar la falta de contradicción. No concurren las identidades exigidas por el art. 219 LRJS, puesto que en el caso de la sentencia recurrida se niega la contingencia porque el episodio de dolor torácico se inició en el domicilio del empleado dos horas antes de empezar a trabajar, acudiendo al centro de trabajo con molestias que se prolongaron durante la actividad, lo que no le impidió trabajar hasta poco antes de la seis de la mañana, hora de terminación del turno asignado, dirigiéndose a su domicilio en automóvil y acudiendo en la tarde a un centro médico donde se le diagnosticó infarto agudo de miocardio. En la sentencia de contraste se trata de un trabajador que había tenido episodios previos diagnosticados como infarto de miocardio dos días antes de que acudiera al trabajo y mientras desempañaba su actividad de carga y descarga de leche, una hora después de su inicio tuvo que dirigirse a un centro sanitario donde fue atendido, partiendo del diagnóstico ya existente de infarto agudo de miocardio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4525/2017
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aplicando lo dispuesto en jurisprudencia anterior, respecto del programa de renta activa de inserción, en que se entendió los bienes inmuebles distintos de la vivienda habitual que no se encuentran arrendados, se computan aplicando a su valor catastral el 100% del tipo de interés legal del dinero vigente, la sentencia resuelve la cuestión de cómo deben calcularse los ingresos derivados de la tenencia de bienes inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual del beneficiario y no se encuentran arrendados a los efectos de tener derecho a la percepción de subsidio por desempleo para mayores de 45 años, y en particular, si deben valorarse aplicando el interés legal del dinero 4% a los rendimientos del inmueble cuya cuantía se calcula sobre la base de la imputación fiscal, o si debe aplicarse al valor catastral del inmueble un porcentaje equivalente al 100% del interés legal del dinero, entendiendo que la solución válida es esta última. Atendiendo al nivel de ingresos de la unidad familiar, se supera el límite de renta y no se tiene derecho al subsidio
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: ELENA PEREZ PEREZ
  • Nº Recurso: 198/2020
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La empresa recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que estima en parte la reclamación salarial de la actora, con reducción de jornada tras su baja maternal y régimen de trabajo a turnos. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión fáctica interesada por ser intrascendente y, además, por respender a la libre valoración de la prueba efectuada en la instancia; y, en segundo lugar, desestima el recurso dado que, la empresa ha abonado desde 1990 las pagas extraordinarias íntegras, incluso en los casos en los que concurran situaciones de IT, por lo que nos encontramos ante una condición más beneficiosa, que debe vincular a la empresa, en tanto no adopte el procedimiento adecuado para su modificación; respecto al plus de turnicidad y nocturnidad, fue apartada de su turno, pero tiene derecho a su abono, ya que el pago obedece a lo dispuesto en el art. 35.2 del convenio colectivo, que establece el percibo del plus de nocturnidad durante las vacaciones, lo que evidencia que el pago no está ligado a la efectiva realización de la nocturnidad; además, el convenio garantiza todas las retribuciones de origen a efectos de protección de la maternidad, por lo que no es posible reducir ni dicho plus ni el de turnicidad ni es de festivos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3724/2017
  • Fecha: 13/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida, estima parcialmente el recurso frente a la sentencia de instancia que estimó en parte la demanda interpuesta por Uralita, S.A. y confirmó la resolución del INSS que imponía un recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad en el 50%, si bien limitando sus efectos a la pensión de viudedad y a las que derivadas de la misma contingencia pudieran reconocerse en el futuro retrotraerse a los tres meses anteriores a la solicitud, por lo que revocándola parcialmente, declara que los efectos del recargo han de retrotraerse a fecha 14-03-2013, manteniendo el resto de los pronunciamientos del fallo. La Sala IV no aprecia la existencia de contradicción. En la sentencia de contraste se reconoció primero una pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, sin que el trabajador solicitara recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad; el grado fue objeto de revisión reconociéndose el grado de incapacidad permanente absoluta cuando ya habían transcurrido cinco años; solicitado el recargo de prestaciones en este momento, se declara que el recargo había prescrito. En la recurrida las circunstancias concurrentes y el debate son distintos puesto que la solicitante del recargo es beneficiaria de una pensión de viudedad derivada de una pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida a consecuencia de una enfermedad profesional, sin que el causante de la misma llegara a solicitar el recargo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 332/2018
  • Fecha: 13/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el demandante, que ha cesado en un nuevo empleo, ostenta el derecho a optar por la prestación por desempleo que le fue reconocida tras su despido anterior que se vio revocada al serle reconocido el derecho de salarios de tramitación percibidos y seguidos de un nuevo empleo. La extinción de la relación laboral se entiende, por sí misma y sin necesidad de impugnación, como causa de situación legal de desempleo, y en cuanto a la percepción de salarios de tramitación y por el periodo coincidente no se genera un nuevo derecho sino que se mantiene, regularizado, el anterior. El trabajador estuvo percibiendo por mandato legal una prestación que, posteriormente, debía regularizarse pero ello no significa, siempre y en todo caso, que el derecho haya nacido. El derecho fue reconocido y posteriormente regularizado pero la repercusión de esa situación especial -periodo de salarios de tramitación cobrados, seguido de trabajo realmente dejó inexistente la situación legal de desempleo. El trabajador desde el despido tuvo un periodo en el que percibió salarios de tramitación y, por tanto en ese tiempo pudo generar situación legal de desempleo que solo podía nacer a partir del transcurso de aquel periodo y siempre y cuando siguiera en desempleo tras su conclusión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 243/2018
  • Fecha: 12/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute si en los casos en los que un beneficiario de Seguridad Social tiene reconocido el grado de incapacidad permanente se le ha de reconocer, a todos los efectos, el 33% de discapacidad. La cuestión ha sido abordada ya por las SSTS (Pleno) 992, 993 y 994/2018 de 29 noviembre (rcud. 3382/2016 1826/2017 y 239/2018). Con apoyo en doctrina constitucional sobre límites de la legislación delegada, se concluye que el art. 4.2 del RD Legislativo 1/2013 ha incurrido en ultra vires por exceso en la delegación legislativa, que no ha respetado el contenido del art.1 de la propia Ley 26/2011 que se han visto sustancialmente alterados en la redacción final del texto refundido, al sustituir la frase "a los efectos de esta ley " por la de " a todos los efectos ", lo que modifica el texto que debía refundir, hasta el extremo de que su aplicación conduciría a una interpretación contraria a la mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo conforme al contenido de la norma que el legislador no ha querido variar. Si el legislador quería mantener en sus términos la dicción literal del precepto que equiparaba al 33% de discapacidad a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez a los exclusivos efectos de esa ley, no estaba en su espíritu la extensión de este beneficio a todos y cualquiera de los múltiples y muy heterogéneos efectos que despliega en distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33%.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2778/2018
  • Fecha: 12/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si a una beneficiaria de la Seg. Soc. que tiene reconocida una IPA, se le ha de reconocer por este hecho una discapacidad superior al 33%. La actora tiene reconocida por sentencia una incapacidad permanente absoluta, siéndole reconocido un grado total de discapacidad del 10%, con carácter definitivo. El recurrente alega que la consideración de personas con discapacidad y la atribución de los derechos correspondientes viene determinada en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre); su art. 4.2 establece que se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% los pensionistas de Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. El RD Legislativo 1/2013 considera que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la SS que tengan reconocida una pensión de IP en el grado total, absoluta o gran invalidez. No resulta aplicable la anterior doctrina que en interpretación del art. 1.2 Ley 51/2003 , había concluido que ese reconocimiento del grado de discapacidad del 33% asociado a la declaración de IP total, absoluta y gran invalidez lo era únicamente a los efectos de dicha ley y no a todos los efectos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1529/2018
  • Fecha: 12/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación unificadora tiene por objeto determinar si, a partir de la entrada en vigor del RD-Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, los pensionistas de Seguridad Social de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez tienen también reconocido un grado de discapacidad del 33% y ostentan automáticamente a todos los efectos tal condición de personas con discapacidad, con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta; o, por el contrario, la equiparación se limita únicamente a los efectos previstos en la mencionada Ley y normas de desarrollo. La Sala IV con remisión a doctrina anterior sobre la materia (SSTS/IV -Pleno- de 29 de noviembre de 2018 (rrcud. 3382/2016, 239/2018 y 1826/2017), viene a considerar que es ineficaz por incurrir en ultra vires el art. 4.2 del RD-Legislativo 1/2013, en cuanto dispone que es aplicable a todos los efectos la equiparación de los pensionistas de incapacidad permanente total y absoluta con el grado de discapacidad del 33%, al sustituir la frase "a los efectos de esta ley" por la de "a todos los efectos". Se produce, así, un exceso en la delegación legislativa, que contraviene el mandato de la Ley 26/2011, de 1 de agosto en la que se sustenta, y que de forma expresa mantenía en sus términos el derogado art. 1.2 de la Ley 51/2003. El recurso del beneficiario se desestima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 58/2018
  • Fecha: 12/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si a partir de la entrada en vigor del RD-Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, los pensionistas de Seguridad Social de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez tienen también reconocido un grado de discapacidad del 33% y ostentan automáticamente a todos los efectos tal condición de personas con discapacidad, con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta; o, por el contrario, la equiparación se limita únicamente a los efectos previstos en la mencionada Ley y normas de desarrollo. La Sala IV reitera doctrina que, viene a considerar que es ineficaz por incurrir en ultra vires el art. 4.2 del RD-Legislativo 1/2013, en cuanto dispone que es aplicable a todos los efectos la equiparación de los pensionistas de incapacidad permanente total y absoluta con el grado de discapacidad del 33%, al sustituir la frase "a los efectos de esta ley" por la de "a todos los efectos". Se produce, así, un exceso en la delegación legislativa, que contraviene el mandato de la Ley 26/2011, de 1 de agosto en la que se sustenta, y que de forma expresa mantenía en sus términos el derogado art. 1.2 de la Ley 51/2003. El contenido de una norma no puede ser variada por un texto refundido, en el que el mandato de delegación legislativa se limita a la refundición de normas, pero no a la variación de su contenido.

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