• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: RICARDO BARRIO MARTIN
  • Nº Recurso: 1670/2018
  • Fecha: 03/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor trabajó para BERGE MARÍTIMA SL en el centro de Sevilla, fue trasladado al de Cartagena con efectos de 11-8-11 , figurando en la comunicación que no supondría ninguna merma o perjuicio en los derechos económicos o profesionales reconocidos. El 9-11-16 fue declarado en IPT por resolución del INSS de 9-11-16. El Convenio de Empresas Consignatarias de Buques, Estibadores y Agentes de Aduanas de Sevilla de 2017 obliga a las empresas a concertar un seguro que garantice a los trabajadores dicha cantidad para los supuestos de fallecimiento e IP -40.000 €-. El mismo convenio pero de 2009 recoge el derecho a un seguro por muerte, IPA o IPT en las cantidades que refleje la póliza oportuna, cuyo coste será de 185,67 € mínimo por empleado. El mismo convenio de la Región de Murcia sólo contempla los supuestos de muerte e IPA. La Sala afirma que el compromiso de mantener al trabajador los derechos económicos y profesionales se produjo como el traslado a Cartagena se produjo en 09-11, por lo que no se puede exigir el contenido del Convenio de 2017, sino el del Convenio vigente en aquel momento -Convenio de 2009-, rechazando la falta de concreción de la cantidad al no constar la póliza correspondiente que aprecia el SJS y aplica el precepto del convenio de 2009 que concreta una cuantía mínima por IPT -185,67 €- absolviendo a la aseguradora -MAPFRE SA- porque falta de pretensión frente a la misma y porque el contrato suscrito se concierta sobre la base del Convenio de Murcia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: RAQUEL VICENTE ANDRES
  • Nº Recurso: 2375/2019
  • Fecha: 01/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Del inalterado relato de hechos probados queda acreditado que la solicitud de pensión de viudedad fue cumplimentada el 10/12/2014 por personal de la CAISS 5 del INSS de León en presencia de la la beneficiaria y con los datos por ella facilitados. La solicitud está firmada por referida señora. El apartado 4.2 de la solicitud "Datos sobre su futura pensión" se dejó en blanco (acontecimiento nº 7 del expediente digital). El apartado 4.2 (página 6) del citado formulario se describe bajo el epígrafe "DATOS SOBRE SU FUTURA PENSIÓN", todas sus casillas con el símbolo "€" figuran en blanco, indicándose en la parte superior de este apartado en letra pequeña que "Si no tiene ingresos ponga: 0 (información necesaria a efectos del reconocimiento de un posible complemento a mínimos o de un posible incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión". Tal circunstancia es la que sirvió a la Entidad Gestora para no reconocerle el complemento de mínimos en ese momento. Entendemos por ello que ningún error normativo ha tenido lugar sino un error por la Administración, atendidas las circunstancias del caso, en que consta como la señora de avanzada edad delega la cumplimentación del documento en el funcionario actuante que omite rellenar con cero la casilla lo que determina el error de la Administración a la hora de computar los ingresos de la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN ESCUADRA BUENO
  • Nº Recurso: 2281/2019
  • Fecha: 01/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Entiende esta Sala que en este caso la Juzgadora, valorando el conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio, ha dado por acreditado que la demandante fue víctima de violencia de género por parte del causante. Es cierto que al causante se le diagnosticaron unas alteraciones psíquicas, en las que podría tener su origen la violencia psíquica de la que fue víctima la demandante, pero lo cierto es que, según la sentencia penal que absolvió al causante por aplicación de una eximente, la violencia verbal, insultos y acusaciones de infidelidad existieron y dieron lugar a que se acordaran medidas de seguridad a favor de la hoy demandante. Por tanto, la violencia existió, llevando a la separación legal, pues, como reconocen las propias recurrentes, la convivencia no podía continuar. Esta circunstancia de violencia justifica que ante tal situación a la fecha de la separación legal no se fijara pensión compensatoria. Por otro lado, esta Sala coincide con la Magistrada de instancia en que el artículo 220.1, párrafo segundo, de la Ley General de la Seguridad Social no distingue entre causas en las que pueda tener su origen la violencia de género. Por último, cabe decir que el hecho de que no exista condena en la vía penal no es circunstancia determinante para resolver este caso en sentido desestimatorio, pues consta que en la sentencia penal se impuso al causante durante cinco años medidas de seguridad consistentes en la prohibición de aproximarse a la demandada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN ESCUADRA BUENO
  • Nº Recurso: 2165/2019
  • Fecha: 01/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante padece las dolencias y limitaciones que constan reflejadas en el hecho probado tercero -no impugnado por las recurrentes-, en base a las que la Magistrada de instancia sostiene que éste se encuentra impedido para el desarrollo normal de las fundamentales tareas de su profesión de mecánico de maquinaria pesada, concretando que la dolencia esencial que lo incapacita es la relativa a la deficiencia visual y considerando que la profesión del actor conlleva tareas que requieren la agudeza visual de la que carece. Pues bien, teniendo en cuenta el conjunto de las dolencias y limitaciones referidas y la profesión del actor, debe prevalecer la valoración que de las mismas ha efectuado la Juzgadora de instancia, pues el trabajador demandante presenta una afectación de la agudeza visual que, conforme a la Escala de Wecker, supone un porcentaje de pérdida del 41% que equivale a una incapacidad permanente total y, por tanto, incompatible con los esfuerzos que requiere la profesión del actor, en la que como aprecia la Juzgadora se precisa una especial agudeza que el actor concreta en la apreciación de volúmenes, cálculo de distancias, precisión, manejo de herramientas, etc.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JOSE MANUEL RIESCO IGLESIAS
  • Nº Recurso: 2259/2019
  • Fecha: 01/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Obvia el recurrente dos cuestiones que, sin embargo, a criterio de la Sala resultan determinantes. La primera de ellas es que no se describe en modo alguno que el hoy recurrente sufriese una caída en su puesto de trabajo el día 25 de junio de 2017. Lo único relevante al respecto es que a las 15:45 horas se dirigió al conserje de la Comunidad de Propietarios preguntando si tenía paracetamol o hielo, indicándole éste que tenía cerca un supermercado o una farmacia. El primero que tenía dolor en la mano y el conserje vio que tenía una pequeña herida y una cicatriz reciente. A continuación, este último le vio con una bolsa de hielo que se iba a su habitación y después le vio salir corriendo y le dijo que llamara a la empresa. Una ambulancia, enviada a la referida Comunidad de Propietarios, tras recibirse a las 16:14 una llamada en el Servicio Coordinador de Urgencias, trasladó al recurrente en cuyo Servicio de Urgencias fue atendido a las 16:40 horas siendo dado de alta con diagnóstico de inestabilidad del carpo y traumatismo de la mano y tratamiento de inmovilización mediante férula antebraquial, reposo y fármacos.La segunda cuestión es que no se constata que la hipotética caída hubiese tenido lugar en el tiempo de trabajo si el actor se dirigió al conserje quince minutos antes de que se abriese la piscina.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN ESCUADRA BUENO
  • Nº Recurso: 2113/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión litigiosa se centra en decidir si la indemnización a tanto alzado reconocida a la actora debe calcularse no sobre la base reguladora que sirvió para el cálculo de la pensión de viudedad, sino sobre la base reguladora de IPA que hubiera correspondido al causante en caso de no haber optado por la prestación de jubilación que percibía al tiempo del fallecimiento por enfermedad profesional. Y para ello se argumenta que la base reguladora de la pensión de viudedad está totalmente desvinculada del Régimen de Minería del Carbón y de la enfermedad profesional que sufría el actor. La Sala comparte en cambio el criterio de la Juzgadora, a la vista de lo que se dispone en el artículo 29.1 de la Orden de 13 de febrero de 1967, en el que se dice que la indemnización especial, a favor de la viuda, o viudo, en su caso, prevista en el número 1 del artículo anterior (indemnización especial por una sola vez) será igual al importe de seis mensualidades de la base reguladora calculada en la forma que para la viudedad se señala en el artículo noveno. Y en el artículo 9 de dicha norma se establece que la base reguladora de la pensión vitalicia de viudedad se determinará de acuerdo con las siguientes normas: cuando el causante fuese pensionista de vejez o invalidez, la base reguladora será el importe de su pensión. Por tanto, la base reguladora será de la pensión de viudedad y no la de la incapacidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: EMILIO ALVAREZ ANLLO
  • Nº Recurso: 309/2020
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La resolución denegatoria del INSS, en reclamación de prestación a favor de familiares, se basa en tener la actora medios de vida propios y no haber convivido a cargo del causante. Es decir se rechaza la pretensión por falta de convivencia que no de atención y tener medios de vida propios. La revisión fáctica ha conducido a la declaración de probanza de convivencia en el mismo domicilio desde hace muchos años e igualmente se ha dado por probado unos ingresos mensuales de 556,35 euros, cantidad muy inferior a los 735.90 que alcanzaba el salario mínimo en el año 2018, siendo este el módulo que la jurisprudencia viene aplicando para entender que se tienen medios de vida suficientes para el autocuidado.La actora en su recurso reconoce que durante el año 2017 tuvo unos ingresos mensuales de 943,81 euros y el salario mínimo anual con prorrata era de 9906, 40 euros: si la actora reconoce que durante el año 2017 tuvo unos ingresos totales de 11.325,76 euros, es evidente que no se encontraba a expensas del causante ese año y con ello incumple el requisito de estar conviviendo y a expensas del causante durante los dos años anteriores al fallecimiento (artículo 5 del decreto 1646/1972).
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN ESCUADRA BUENO
  • Nº Recurso: 2049/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En sentencia se desestima la demanda, en la que se solicitaba pensión de jubilación del RETA. Frente a dicha resolución se alza el demandante solicitando que se revoque la misma por motivos únicamente de orden jurídico. No se dice por el recurrente que el único motivo de recurso lo sea la amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( No obstante, del contenido del motivo se puede concluir fácilmente que lo es con dicho amparo, pues denuncia el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970 y así lo ha interpretado la parte recurrida en su escrito de impugnación). La cuestión litigiosa se centra en determinar si la Entidad Gestora debió invitar al demandante a ponerse al día en el pago de las cuotas no abonadas y así completar la carencia necesaria para ser acreedor de la pensión interesada. El recurrente defiende que así debió hacerse, mientras que las Entidades Gestoras lo niegan. Ha de considerarse que la tesis seguida por el recurrente no es la acertada, compartiendo esta Sala la de la Entidad Gestora, en el sentido de que para que proceda la invitación al pago de acuerdo con el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970 es preciso que concurra la carencia, porque de lo que se trata es un requisito específico y propio de los regímenes por cuenta propia en los que el obligado al pago y responsable de la cuota es el propio trabajador cual es estar al corriente en el pago de esas cuotas en el momento del hecho causante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JOSE MANUEL RIESCO IGLESIAS
  • Nº Recurso: 2227/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora se encontraba prestando servicios laborales el día 3 de noviembre 2018 y al cargar con una cama supletoria se hizo daño en la espalda, comunicándoselo ese mismo día a la Directora de la empresa. Inmodificado este hecho trascendental resulta palmaria la entrada en juego de la presunción establecida en el número 3 del artículo 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según el cual se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Cierto es que en el periodo de 27 de septiembre a 14 de octubre de 2018 la demandante permaneció en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común por dorsalgia y cervicobraquialgia derechas (hecho probado segundo); sin embargo, ello no sería óbice para que, en su caso, pudiese entrar en juego el número 2, apartado f), del citado artículo 156, a cuyo tenor tendrán la consideración de accidentes de trabajo las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. En definitiva, una vez que la Magistrada declara probado que la lesión la sufrió la trabajadora durante el tiempo y en el lugar de trabajo, la conclusión de que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 7 de noviembre de 2018 deriva de la contingencia profesional de accidente de trabajo es perfectamente ajustada a derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: RAQUEL VICENTE ANDRES
  • Nº Recurso: 2203/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora ataca la denegación de la prestación por riesgo de la lactancia natural. La actividad se desarrolla como veterinaria desde el 1 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2016. Esta actividad la había desempeñado anteriormente durante los últimos cuatro años. Conocía su estado de embarazo desde 25-7-2016. El parto tuvo lugar en fecha 10-3-2017. La madre daba lactancia natural. El 6 de Julio de 2.017 la mutua acuerda denegar la prestación de riesgo durante la lactancia. En virtud del principio "iura novit curia", considera la Sala de aplicación la doctrina del TJUE (González Castro), STJUE de 19 de septiembre de 2018. La Mutua no ha desarrollado un programa específico de evaluación de riesgos para la actora, en su condición de veterinaria y le corresponde acreditar que los motivos de denegación responden a razones objetivas y de no discriminación por razón de sexo. El hecho de la maternidad no puede suponer una merma en su legítima pretensión y se ha de huir, además, de los estereotipos de género tal y como propugna el TEDH en sentencias Konstantin Markin y C. De Sousa. La ausencia del cumplimiento de sus obligaciones por parte de la Mutua en modo alguno puede comportar que la actora deba asumir el riesgo potencial que pudiera suponer para el lactante, debiendo protegerse a la misma.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.