Resumen: Acción subrogatoria ejercitada por la compañía aseguradora en reclamación de la indemnización satisfecha a su asegurada. La compañía demandada alegó prescripción de la acción por el transcurso del plazo de un año de las acciones fundadas en culpa extracontractual. En ambas instancias se desestimó la excepción y se estimó íntegramente la demanda al considerarse que el plazo se había interrumpido con el ejercicio de acción ante los tribunales, y que dicho plazo no volvió a correr sino hasta después de que se dictara auto de complemento del auto de inadmisión del recurso de casación en cuya virtud adquirió firmeza la sentencia que determinó el importe de la indemnización correspondiente y la persona responsable. En el recurso de casación se defiende que el plazo de prescripción debería contarse desde el auto de inadmisión de aquel recurso de casación. Este argumento se rechaza porque no es cierto que el auto de inadmisión y el ulterior resolviendo su complemento sean dos resoluciones distintas, cada una de ellas con entidad propia, toda vez que, por el contrario, las resoluciones aclarada y aclaratoria, pronunciada y complementada, se integran formando una unidad lógico-jurídica inescindible. De ahí que, en los supuestos en que la resolución aclarada o complementada sea susceptible de un ulterior recurso, el plazo de interposición se cuente a partir de la notificación de los autos aclaratorios o complementarios.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió la pretensión de nulidad de un cláusula suelo inserta en un préstamo con una sociedad mercantil, por considerar que no superaba el control de incorporación. La sala reitera que el control de incorporación requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de las cláusulas suelo, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso, por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. En el caso litigioso, la Audiencia resuelve que no se cumplía el control de incorporación porque el empleado no conocía la cláusula suelo y, por eso, tampoco el cliente. Pero dicho tipo de conocimiento no se refiere a la incorporación, sino al funcionamiento de la cláusula, es decir a la consciencia sobre su carga jurídica y económica, lo que constituye control de transparencia y no de inclusión. Además, la Audiencia reconduce su argumentación a la buena fe contractual que no existiría, para hacer realmente unos controles de transparencia y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales. Se asume la instancia y se desestima la demanda.
Resumen: Nulidad de negocio complejo compuesto por contrato de compraventa de acciones de una sociedad, acuerdo social de reducción del capital y condonación de crédito, que tendría como finalidad encubierta una donación de bien inmueble y, subsidiariamente, para el caso de considerarse válida la donación del inmueble, la nulidad por ilicitud de causa o por fraude de ley y, subsidiariamente, acción de cumplimiento de la obligación de pago del inmueble. En la instancia se desestimó la demanda pues el único acto de liberalidad fue la condonación de la parte del precio de las acciones de la sociedad que se había aplazado, sin que hubiera quedado acreditado que la transmisión del inmueble a uno de los codemandados hubiera sido una donación encubierta. En apelación se desestimó el recurso, ya que la pretensión relativa a la nulidad del acuerdo de reducción del capital no podía ser enjuiciada, pues debería haberse formulado mediante una demanda de impugnación de acuerdos sociales, de manera que respecto de dicha pretensión la sociedad debería haber ocupado la posición procesal de demandada y no de demandante. El recurso extraordinario por infracción procesal se desestima al sostener que la sociedad que adoptó el acuerdo cuya nulidad se pretende no puede ser demandante, sino demandada, careciendo de legitimación para el resto de pretensiones y que la sentencia no es incongruente. Se desestima el recurso de casación por el problema procesal expuesto y por no apreciarse fin defraudatorio.
Resumen: En un contrato como el de arrendamiento financiero sobre un bien inmueble, en que la declaración de nulidad se realiza después de varios años de duración, la consiguiente restitución de prestaciones no puede obviar que el arrendatario ha dispuesto del bien durante un tiempo y eso no se puede deshacer, sino en su caso compensar del modo en que la regulación prescribe que los bienes hayan de devolverse con sus frutos. La forma en que en la sentencia recurrida se ha procedido a fijar esa compensación es razonable: la arrendataria financiera debe restituir el bien inmueble, y el arrendador financiero, en vez de restituir la totalidad de las cuotas percibidas, tan sólo debe devolver la carga financiera, pues el resto equivale al valor económico de la disponibilidad del inmueble, y se entiende compensado por ello. Todo ello sin que se contradiga la regulación de la materia, al ser posible la restitución de las prestaciones en la forma determinada por la sentencia recurrida, por lo que se confirman sus determinaciones, con desestimación del recurso de casación.
Resumen: Derecho de reembolso del cooperativista y plazo máximo de abono en una cooperativa integral, de viviendas y sanitaria, sometida a la Ley de Cooperativas de Castilla y León. La diferente función del capital social en las cooperativas (en cuanto responde a la actividad cooperativizada y es variable) afecta al reembolso cooperativo, que da lugar a una liquidación parcial del contrato de sociedad. Para atemperar las posibles consecuencias negativas del carácter abierto de la cooperativa (por ejemplo, la descapitalización o la drástica reducción de su base social), la legislación cooperativa admite cláusulas estatutarias que limiten temporalmente el derecho de reembolso derivado de la baja voluntaria. La norma autonómica aplicable limitaba a cinco años el plazo máximo que los estatutos podían imponer como compromiso de permanencia y, además, permite que en las cooperativas de viviendas, los estatutos condicionen la efectividad del reembolso al ingreso de un nuevo socio. Pero ello no significa que el socio no tenga derecho al reembolso por un tiempo que puede ser indefinido, y menos, que esté sometido a una circunstancia o condición que puede no tener lugar (en este caso, que no haya nadie dispuesto a ingresar en la cooperativa en su sustitución), puesto que tal interpretación conduciría, en tales casos, a la negación del derecho al reembolso. Se estima el recurso contra la sentencia que había desestimado el reembolso por falta de ingreso de un nuevo socio.
Resumen: Se estima el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia que había considerado que la cláusula suelo estaba redactada de manera clara y sencilla y era fácilmente comprensible, en un caso en el que el notario advirtió de su existencia, por lo que se entendió que la entidad prestamista cumplió con las exigencias determinadas en la normativa vigente al tiempo de su suscripción. Reiteración de doctrina jurisprudencial. En el caso: no consta la existencia de una información previa, con la antelación suficiente, sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de la contratación, determinante en este tipo de cláusulas de una falta de transparencia, al provocar un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con esta cláusula en el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva también al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un caso en el que la Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque estaba redactada de manera clara y sencilla y era fácilmente comprensible, el notario advirtió de su existencia y e hizo mención a la existencia de la oferta vinculante, por lo que entiende que la entidad prestamista cumplió con las exigencias de la OM de 5 de mayo de 1994. La Sala no comparte dicha valoración jurídica, pues el mero examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Tampoco consta que se hubiera proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. La oferta vinculante que el Notario hizo constar que se le aportaba con firmas de ambas partes no fue entregada con antelación a los prestatarios (el propio director de la sucursal que gestionó el préstamo reconoció en el juicio que la firma que aparecía en el documento no correspondía a los prestatarios). La falta de transparencia de la cláusula suelo provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor incompatible con la buena fe.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un supuesto en el que Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque, en la escritura, el notario había hecho constar que "se han establecido límites a la variación del tipo de interés" y porque se trata de cláusulas cuya comprensión no exige, según la Audiencia, esfuerzo denodado ni desmesurado La Sala no comparte dicha valoración jurídica, pues el examen de la escritura pública revela que la cláusula suelo no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Además, la sentencia recurrida no ha dado trascendencia al déficit de información precontractual (no se había proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas). Por tanto considera que la cláusula suelo no supera el control de transparencia y que esa falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, incompatible con las exigencias de la buena fe, que le impide hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondría obtener el préstamo con cláusula suelo en caso de bajada del índice de referencia y le priva el poder comparar con otras ofertas existentes en el mercado.
Resumen: Nulidad de swap por vicios del consentimiento. En apelación se declaró que la acción estaba caducada, computando el plazo de cuatro años desde la fecha de la primera liquidación negativa por ser cuando el cliente tenía un conocimiento cabal del error. Doctrina jurisprudencial sobre el cómputo del plazo de la acción de anulabilidad en los contratos de swaps: a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. Ello en atención a que en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés. No es posible adelantar el computo del plazo de caducidad a un momento anterior a la consumación. En consecuencia, la decisión de fijar el dies a quo en el momento de la primera liquidación negativa es contraria a esta doctrina. Se casa la sentencia recurrida, sin que con ello se atente contra los principios de legalidad y seguridad jurídica. No se vulnera la ley, sino que se interpreta y aplica la norma en relación con un concreto producto financiero complejo y de riesgo como el swap y se potencia la seguridad jurídica con la aplicación de una jurisprudencia uniforme.
Resumen: Demanda en la que se pretende la nulidad de contrato financiero de fondos de inversión por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda pero la audiencia la revocó y desestimó la demanda, al entender que la acción estaba caducada. La parte demandante interpone recurso de casación y extraordinario por infracción procesal que se desestiman. La cuestión que se plantea en el recurso es la fijación del dies a quo para computar el plazo de caducidad que impide ya ejercitar la acción de anulabilidad, que es el de cuatro años; para la recurrente sería la fecha en que la demandada le notificó las pérdidas y fue consciente del riesgo de la inversión, tesis que ha seguido la sentencia de primera instancia; la sentencia recurrida fija el dies a quo en la fecha en la que el cliente pudo tener conocimiento de la existencia del error (información fiscal detallada comunicada al cliente por el banco). El tribunal de casación considera que el razonamiento que efectúa la sentencia recurrida sobre el momento en que se tomó conciencia del error padecido no es arbitrario ni carece de lógica pues, si como afirma la recurrente, tomó conciencia de los riesgos cuando tuvo pérdidas, no resulta convincente que no tomara conciencia de ello en siete años, cuando las informaciones fiscales ya ofrecían el mismo dato de pérdidas. La desestimación de los recursos determina la confirmación de la sentencia recurrida.