Resumen: Daños por productos defectuosos. Prótesis de cadera defectuosa. Grupos de empresas. Levantamiento del velo. Responsabilidad de la distribuidora que pertenece al mismo grupo que la fabricante. Productor aparente. El legislador europeo fijó la responsabilidad en la persona del productor (fabricante), dejando fuera al distribuidor (proveedor o suministrador) del producto defectuoso, al considerar que carece de la posibilidad de intervenir en el producto y no tiene los conocimientos ni la oportunidad para inspeccionar los bienes con los que comercia. El distribuidor responde excepcionalmente, solo en el caso de que el productor (fabricante) no pueda ser identificado y el distribuidor no lo identifique, o no identifique a quien, a su vez, le suministró el producto a él mismo. En el presente caso la distribuidora cumplió su obligación de informar al demandante sobre la identidad del fabricante de la prótesis en el plazo de tres meses desde que se le reclamó por los daños. La mera pertenencia a un mismo grupo empresarial no determina, por sí sola, que se extienda a la distribuidora la responsabilidad que la fabricante pudiera tener por los daños causados por los defectos de sus productos. No puede considerarse que la inclusión en las etiquetas de las prótesis del nombre del fabricante en el que se hace referencia a que es una empresa del grupo Johnson and Johnson haya creado la apariencia de que la fabricante es Johnson and Johnson S.A., filial española del mismo grupo.
Resumen: En el presente litigio los compradores de dos viviendas en construcción bajo el régimen de la Ley 57/1968 reclamaron de dos entidades avalistas colectivas la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio. La controversia se reduce en casación a determinar si las demandadas deben responder como avalistas de las cantidades anticipadas por los demandantes y previstas en el contrato, pero no ingresadas en ninguna cuenta de la promotora. Se reitera la doctrina expresada en la sentencia 8/2020 para un supuesto sustancialmente idéntico. Conforme a la misma, la responsabilidad de la entidad avalista no es la que incumbe como depositaria a la entidad de crédito no avalista, sino la derivada de dicha garantía". En consecuencia, la entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses y sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro. Además, su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato no depende de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria ni al carácter de la cuenta en que se ingresen. Como la razón decisoria de la sentencia recurrida consiste en condicionar la efectividad de las garantías colectivas a que los anticipos de los compradores se ingresaran en una cuenta de la promotora, se infringe la citada doctrina. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Eficacia, en el ámbito de unas compraventas de viviendas en construcción sometidas al régimen de la Ley 57/1968, de unos documentos según los cuales los respectivos compradores reconocían haber recibido todas las cantidades avaladas entregadas a cuenta y liberaban al banco avalista de cualquier responsabilidad por este concepto, pese a que las cantidades entregadas a cuenta excedían de las constatadas en aquellos documentos. El carácter irrenunciable de los derechos de los compradores no excluye la transacción y la renuncia del comprador a recuperar la totalidad de las cantidades anticipadas. En los "recibís" firmados por los compradores, de redacción clara y fácilmente comprensible, se libertaba al banco de cualquier responsabilidad. La interpretación de los mismos no fue ilógica ni arbitraria ya que la mención de "todas las cantidades avaladas entregadas a cuenta", unida a la liberación del banco avalista "por este concepto", permite considerar comprendidas también las cantidades no avaladas mediante los mencionados certificados individuales. Tampoco infringió el tribunal sentenciador las normas relativas a la transacción, pues la liberación del banco tuvo como contrapartida el pago inmediato de las cantidades avaladas en los certificados individuales, evitando así a los compradores el tener que acudir a su ejecución ante los tribunales. Validez de la renuncia de los compradores mediante un acuerdo igualmente válido con el banco avalista.
Resumen: Estimada en primera instancia íntegramente la demanda formulada por la entidad operadora de las máquinas recreativas, en la sentencia de apelación se modera la cláusula penal estipulada. Formulado recurso de casación por la actora, se estima el recurso. Reiteración de doctrina jurisprudencial: al contemplar la cláusula penal la posibilidad de incumplimiento parcial, no cabe su moderación por estar establecida para ese concreto incumplimiento. Moderación de la pena: no basta el hecho de que, producido precisamente el incumplimiento contractual que la cláusula penal contempla, la cuantía de la penalidad a pagar resulte ser mayor que la cuantía de los daños y perjuicios efectivamente causados por el referido incumplimiento; moderación cuando la diferencia sea tan extraordinariamente elevada, que deba atribuirse a que, por un cambio de circunstancias imprevisible al tiempo de contratar, el resultado dañoso efectivamente producido se ha separado de manera radical de lo razonablemente previsible. En la sentencia recurrida no se justifica que la diferencia tan extraordinariamente elevada entre la pena y el daño efectivamente producido se haya debido a circunstancias imprevisibles al tiempo de contratar, lo que constituye la base de la moderación en estos casos, sino en la escasa duración del contrato, que lógicamente determina una desproporción en la indemnización, y en que la parte actora dejó caducar la licencia de explotación.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación en un asunto en el que se reclama frente a la entidad bancaria avalista las cantidades anticipadas para la compra de vivienda conforme a la Ley 57/1968. La sentencia recurrida había desestimado la demanda porque no existía prueba directa y fiable del abono de las cantidades que se decían entregadas a cuenta del precio, añadiendo que el plazo aplicable a la vigencia del aval era de dos años desde el incumplimiento, El recurso interpuesto se funda en la vulneración de la jurisprudencia de la Sala Primera sobre el plazo de ejercicio de la acción de que se trata. El recurso de casación se desestima porque, con independencia de la razón que pueda asistir a la parte recurrente en la formulación del motivo, el mismo incurre en el defecto de hacer supuesto de la cuestión, ya que parte de la afirmación de un hecho -la entrega de las cantidades que se reclaman- que la Audiencia no ha considerado probado, por lo que antes de poder decidir sobre si la acción se había ejercitado oportunamente resultaba necesario que, mediante el correspondiente recurso por infracción procesal, se hubiera obtenido de esta sala la declaración de que dicha entrega estaba probada, como presupuesto indispensable para la prosperabilidad de la reclamación efectuada.
Resumen: Demanda en solicitud de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización reclamado fue la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En primera instancia se estimó la demanda. Recurrida en apelación por el banco se desestimó el recurso al desatender, entre otras, la objeción formulada por el banco de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros. Interpuesto recurso de casación por el banco, se estima y se reitera la jurisprudencia contenida en la STS 81/2018 de 14 de febrero, según la cual como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, este se concreta en la pérdida de la inversión compensada con la ganancia obtenida que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y los rendimientos generados a favor del cliente durante la vigencia de las productos financieros. Casación de la sentencia recurrida, asunción de la instancia y estimación parcial del recurso de apelación con estimación parcial de la demanda.
Resumen: Demanda de nulidad radical por abusivas de las comisiones por descubierto o excedido (liquidación del contrato) y de las comisiones por reclamación de descubierto o posiciones deudoras vencidas (gastos de reclamación de saldo deudor). La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la de segunda instancia la confirmó. Recurre en casación la parte demandante y se desestima el recurso. La demandante no tiene la condición de consumidora, por lo que no le es de aplicación la normativa comunitaria y nacional de protección de los consumidores y usuarios. En el caso enjuiciado, no se ha producido una duplicidad del devengo simultáneo y para unas mismas cantidades de intereses de demora y de comisión por descubierto; igualmente resulta de la prueba practicada que el descubierto tácito ha sido real y efectivamente prestado durante un amplio periodo de tiempo; por tanto, el servicio se produjo y hubo reciprocidad entre la prestación de los servicios citados y la comisión devengada y cargada; además, dicha comisión se fijó en el contrato en atención al importe de los descubiertos, con el resultado de cantidades fluctuantes en función de dichos excedidos durante los sucesivos periodos de liquidación. Estamos en presencia de un contrato oneroso con causa existente y lícita.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de deuda subordinada. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la sentencia de segunda instancia la confirmó. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria demandada, se estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, de manera que han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación del recurso de casación comporta la estimación parcial del recurso de apelación y, por tanto, la estimación parcial de la demanda: debe descontarse de la cantidad indemnizatoria inicialmente reconocida, los rendimientos percibidos por el acreedor demandante durante la vigencia de las obligaciones subordinadas.
Resumen: Demanda de nulidad de determinadas cláusulas insertas en un préstamo hipotecario multidivisa. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la de segunda instancia la revocó parcialmente declarando nula únicamente la cláusula de vencimiento anticipado, pero rechazando la pretensión de nulidad del clausulado multidivisa. Recurre en casación la parte demandante y se desestima su recurso. Reiteración de doctrina jurisprudencial: la hipoteca multidivisa no es un instrumento financiero sometido a la Ley del Mercado de Valores. Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el presente caso, la sentencia recurrida no vulnera dicha normativa en la medida en que no resulta de aplicación. Motivo de casación inadmisible, ya que en el mismo no se justifica el interés casacional, tal y como exige la doctrina jurisprudencial.
Resumen: Cláusula suelo. Control de transparencia. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical, que solo permite pasar el control de incorporación. En el presente caso no consta la existencia de una información previa al acto de otorgamiento de la escritura con antelación suficiente de modo que el consumidor pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. Se estima el recurso de casación contra la sentencia que había denegado la nulidad de la cláusula suelo.