Resumen: Acción directa contra la aseguradora de un servicio público de salud, precedida de expediente administrativo por responsabilidad patrimonial. La resolución dictada en dicho expediente estimó parcialmente la reclamación de los perjudicados y alcanzó firmeza (aunque los perjudicados la recurrieron en reposición, luego desistieron y el desistimiento fue aceptado por la Administración). Esta resolución vincula a la jurisdicción civil porque la aseguradora no puede quedar obligada más allá de la obligación del asegurado y porque la jurisdicción contenciosa es la única competente para condenar a la Administración, mientras que la jurisdicción civil sólo conoce de su responsabilidad y consecuencias a efectos prejudiciales. Sería contrario a la legalidad que se utilizase la acción directa para impugnar el acto administrativo, que se había consentido, a los solos efectos indemnizatorios. Al fijar el día inicial del interés de demora en la fecha de la resolución administrativa, la sentencia recurrida tiene en cuenta la singularidad del supuesto (el previo expediente administrativo seguido solo contra la Administración), que impone que el ordenado asegurador no pudiese satisfacer la indemnización por el siniestro sin conocer si la Administración reclamada lo admitía y la indemnización procedente. Se valora, además, que existe un cambio sustancial en los conceptos a valorar entre lo decidido por la resolución administrativa y lo reclamado en la demanda civil. Se desestiman los recursos.
Resumen: Reclamación del asegurado contra la aseguradora y contra la entidad prestamista designada como primera beneficiaria pidiendo el cumplimiento del contrato de seguro suscrito en su día (de vida con cobertura de invalidez, vinculado a un préstamo hipotecario), que se encontraba en vigor al producirse el siniestro, consistente en la declaración de incapacidad permanente absoluta del asegurado. La demanda fue desestimada en ambas instancias, en cuanto al banco prestamista beneficiario por falta de legitimación pasiva y en cuanto a la aseguradora por infracción del deber de declaración del riesgo por parte del asegurado. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal el demandante y la sala rechaza ambos recursos. Respecto del recurso extraordinario, la sala aprecia que concurre causa de inadmisión, que se convierte en causa de desestimación, por cuanto se pretende una nueva valoración de la prueba en su conjunto, y se intenta hacer valer unos medios probatorios sobre otros. En cuanto al recurso de casación, el mismo también resulta inadmitido pues la apreciación de la Audiencia resulta acorde con la jurisprudencia, toda vez que el demandante, al contestar al cuestionario, ocultó datos sobre su salud, por él conocidos, cuya influencia en la valoración del riesgo razonablemente podía conocer y que estaban directamente relacionados con la enfermedad que determinó su incapacidad (en concreto, su alcoholismo).
Resumen: Recurso por infracción procesal: la sentencia cumple los requisitos de forma y contenido y el deber de motivación (que no se haya apreciado una secuela descrita en un informe pericial no es un defecto de motivación); planteamiento de cuestiones relativas a la valoración de la prueba; doctrina jurisprudencial sobre el error en la valoración de la prueba con relevancia constitucional (error fáctico material o de hecho y patente o manifiesto); ámbito del recurso. La declaración de incapacidad permanente absoluta proclamada por la jurisdicción social no es de obligada vinculación en el juicio civil. Carácter limitativo de la cláusulas en la que se fijan porcentajes indemnizatorios en función, no del grado de invalidez, sino por la concreta lesión orgánica que da lugar a la misma (la restricción de la suma con la que indemnizar los supuestos de invalidez permanente distinguiendo o excluyendo distintos supuestos según la gravedad de las lesiones sufridas implica una limitación de los derechos del asegurado si en las condiciones particulares se estableció una suma única por invalidez permanente total). Seguro colectivo. Diferencia con los seguros individuales. Peculiaridades derivadas de esta diferencia respecto a las exigencias formales de las cláusulas limitativas y al cumplimiento por la aseguradora del deber de transparencia contractual, en especial sobre las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Causa justificada de exoneración de intereses (proceso penal).
Resumen: Acción de nulidad de la adquisición de acciones de Bankia y restitución de lo pagado más intereses por vicio del consentimiento. La suscripción se pagó con un depósito que el adquirente había entregado en prenda al banco en garantía de un préstamo anterior, por lo cual la prenda se extendió a las acciones adquiridas. En las instancias se declaró que la restitución de prestaciones derivada de la nulidad del negocio de suscripción de las acciones debía suponer que el importe pagado por las acciones volviera al banco, para seguir como prenda de la devolución del préstamo. Incongruencia al pronunciarse la AP sobre una cuestión no controvertida en apelación como que la restitución comprendiera que la prenda afectara también a los intereses del precio pagado para la suscripción (pues la de primera instancia había considerado afecta a la prenda únicamente el principal). En lo demás, la decisión de la AP fue correcta y se confirma en casación. Dado que el negocio de suscripción de acciones llevaba consigo que se usaran para esa suscripción el depósito entregado en prenda de un préstamo anterior, la nulidad del negocio de suscripción, y la restitución recíproca de las prestaciones debe en este caso suponer que devolver la suma invertida en las mismas condiciones, esto es, con el gravamen a favor del banco que garantizaba la devolución de aquel préstamo anterior.
Resumen: Acción de extinción del derecho de acceso a la propiedad sobre finca rústica, reconocido al padre de la demandada por aplicación de la LARH y sentencia firme. La petición se fundaba en que el arrendatario había fallecido en fase de ejecución de dicha sentencia, y que, al tratarse de un derecho personalísimo, no podía sucederle su hija. La AP estimó la demanda y declaró que el derecho se extinguió con la muerte del arrendatario. Inexistencia de cosa juzgada por falta de identidad objetiva. El arrendatario accedió en vida a la propiedad con arreglo a la ley y así se le reconoció por sentencia firme. Durante más de 12 años disfrutó de ese derecho, hasta su fallecimiento. El derecho de acceso a la propiedad del arrendatario cultivador personal es un derecho personalísimo, pero una vez ejercitado y adquirida la propiedad por sentencia, tratándose de un derecho patrimonial, nada impedía que se transmitiera mortis causa a su hija.
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que acogió una acción principal de resolución de los contratos de adquisición de deuda subordinada y preferentes, por incumplimiento del deber de información precontractual. La sala reitera su doctrina. El incumplimiento de las obligaciones de información podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento, pero lo que no procede es una acción de resolución del contrato, ex art. 1124 CC, dado que el incumplimiento resolutorio debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Asunción de la instancia y estimación de la acción subsidiaria de indemnización del daño por el negligente cumplimiento por la entidad de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información, ya que no consta que ofreciera información suficiente sobre los productos adquiridos, que entrañaban un elevado riesgo, ni que advirtiera de la verdadera naturaleza del producto y de sus riesgos. Determinación del daño por la diferencia entre lo invertido y lo recuperado tras el canje, más los rendimientos obtenidos a determinar en ejecución de sentencia por su falta de concreción en el procedimiento.
Resumen: Recurso de casación. Inadmisibilidad por incumplimiento del requisito de pago o consignación de la cantidad objeto de la condena al pago de cantidades debidas a la comunidad de propietarios al interponer el recurso. La subsanación solo se admite para acreditar el cumplimiento del requisito en el momento procesal oportuno, esto es, antes de la interposición del recurso. La consignación de la cantidad objeto de la condena se erige como un presupuesto procesal necesario para la admisión de los recursos de apelación, extraordinarios por infracción procesal y de casación, y se impone ya en la fase de interposición de dicho recurso. El incumplimiento no puede ser subsanado mediante un pago o consignación extemporánea. La consignación no es un mero requisito formal sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses de quien ha obtenido una sentencia favorable, debiendo interpretarse tal requisito de recurribilidad, sin embargo, de una manera finalista atendiendo tanto a la finalidad que con su imposición persigue el legislador (asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio) como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva. El pago o consignación es un requisito esencial y no desproporcionado de acceso a los recursos, mientras que la acreditación de su cumplimiento es un requisito formal susceptible de subsanación.
Resumen: Demanda en la que una asociación de consumidores ejercita una acción colectiva de cesación en la que solicita que se declare contraria a derecho una comisión por reclamación de posiciones deudoras. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y fue confirmada en apelación. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria y la sala estima parcialmente el segundo de los recursos. En primer lugar, declara que la asociación de consumidores está legitimada activamente en el presente pleito pues la acción colectiva no se ejercita para la protección de intereses difusos, sino que pretende la defensa de consumidores perfectamente identificados, por esta razón, no se exige el requisito de la representatividad previsto en el art. 11 LEC. En segundo lugar, considera que la Audiencia no resolvió una de las pretensiones del recurso (la relativa a que la comisión tenía el carácter de cláusula penal preliquidadada); por ello, estima en este punto el recurso extraordinario por infracción procesal y resuelve en casación sobre esta pretensión. La casación se desestima, pues la sala considera que la comisión no reúne los requisitos exigidos por la normativa bancaria puesto que vendría, sin más, a sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto (ya que la cláusula permite su reiteración, se plantea como reclamación automática y no precisa las gestiones a realizar para el cobro). Se confirma la abusividad.
Resumen: Demanda ejercitando acción de anulabilidad por error en el consentimiento respecto de la adquisición de aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor así como de la contratación de depósito y administración de valores consiguiente. En primera instancia se estimó íntegramente la demanda, tras rechazar las excepciones de falta de legitimación pasiva y de caducidad de la acción. Apreció la existencia de error en el consentimiento al haberse incumplido por la entidad bancaria con los deberes de información sobre la naturaleza del producto y sus riesgos. Recurrida por la demandada, la Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda, pues consideró que pese a no haberse evidenciado claramente que el demandante recibiera la suficiente documentación informativa, escrita y comprensible, éste contó en la práctica con la información precisa y suficiente para saber lo que contrataba y apercibirse de la naturaleza y alcance de los productos financieros de riesgo que contrató. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal se desestima al negar que haya habido infracción de las normas de la carga probatoria o error en la valoración de la prueba. Se estima el recurso de casación al concluir, en consideración a las circunstancias personales del cliente, que este no se hallaba suficientemente informado acerca de la naturaleza compleja de los productos financieros contratados y los riesgos que contraía.
Resumen: Demanda instando el cumplimiento del pacto de recompra existente en el contrato de adquisición de activos financieros suscrito, subsidiariamente, de anulación por error vicio y, subsidiariamente, de resolución por incumplimiento contractual. El demandante alegaba que había adquirido a Bankpime unos bonos, con pacto de recompra y sin haber sido informado de los riesgos que conllevaba el producto adquirido. El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Caixabank, desestimó la acción de cumplimiento del pacto de recompra por no estar probada su existencia, declaró caducada la acción de anulación por error vicio y estimó la acción de resolución contractual interpuesta por el demandante con carácter subsidiario. La Audiencia estimó el recurso de la demandada y absolvió al banco demandado, pues apreció la excepción de falta de legitimación pasiva. Interpuesto recurso de casación por el demandante sobre el traspaso de la relación comercial de Bankpime a Caixabank, la sala lo estima y analiza la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario, la legitimación pasiva de Caixabak en las acciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad bancaria en los contratos de adquisición de productos financieros comercializados por dichas entidades y la cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario reiterando lo expuesto en anteriores ocasiones