Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Reitera la jurisprudencia que establece que, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable. Se estima la acción para que se declare que procedía tener por resuelto el contrato de adquisición de una permuta financiera de inflación cuando el cliente dirigió la orden de cancelación, que no fue atendida por el banco. En consecuencia, se entiende que, en el marco de las relaciones entre el banco que comercializó el swap y el cliente que ordenó la cancelación, debía haberse cancelado entonces con el consiguiente coste para el cliente, y la restitución de las prestaciones derivadas de las liquidaciones posteriores. Asimismo estima la acción de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de los deberes de información en el marco de la relación de asesoramiento que ligaba a las partes, respecto otro swap (este de tipos de interés) que reportó un perjuicio representado por el saldo neto negativo de las liquidaciones practicadas.
Resumen: La sala desestima el recurso interpuesto frente a una sentencia que rechazó la reclamación económica dirigida frente a la aseguradora en un seguro marítimo, por el hundimiento de un buque. La sentencia recurrida consideró que aunque las condiciones generales en las que figuraban la causas de exclusión del aseguramiento no fueron entregadas al asegurado y, por tanto, no fueron conocidas, sin embargo, el capitán del buque no reunía la titulación suficiente para desempeñar su cometido, lo que constituía una infracción grave de las condiciones de navegación. La sala considera vigente a la fecha del siniestro la regulación contenida en el CCom, normativa que si bien contempla la vigencia del principio de autonomía de la voluntad, dota de preferencia a la normas propias del CCom y, entre ellas, al art.756.7, aplicado por la Audiencia, que excluye el aseguramiento por contravención de las normas administrativas reguladoras de las condiciones de navegación, exclusión de carácter legal que es aplicable a pesar de que no pudiera oponerse como exclusión convencional por no haberse entregado las condiciones generales. No obstante, se asume la instancia porque la Audiencia no analiza la relación causa/efecto entre la infracción y el siniestro, que en el caso concurre, al considerar probado que la falta de cualificación de la tripulación y del capitán incidió en la producción del daño. Al no carecer de fundamento, pero sí de efecto útil el recurso de casación, no se imponen las costas.
Resumen: Se confirma la sentencia que había declarado la nulidad de un contrato de crédito revolving mediante uso de tarjeta por considerar usurario el interés remuneratorio, fijado inicialmente en el 26,82% TAE y que se había situado en el 27,24% a la fecha de presentación de la demanda. Aunque eran admisibles los controles de incorporación y transparencia, en este caso había que estar a la acción ejercitada: nulidad del crédito por usurario. La referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving (+20%), según el Banco de España. Una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso, en el que el tipo de interés fijado en el contrato supera en gran medida el índice tomado como referencia, ha de considerarse como notablemente superior a dicho índice. Para determinar su carácter usurario han de tomarse además en consideración las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito: particulares sin acceso a otros tipos de crédito y peculiaridades (gravosas) del crédito revolving (deudor "cautivo"). El ordenamiento no puede proteger la concesión irresponsable de créditos al consumo, a tipos de interés muy superiores a los normales, por ser una práctica que facilita el sobreendeudamiento.
Resumen: El objeto del presente recurso se reduce a determinar si la acción del comprador contra la aseguradora que garantizaba la devolución de las cantidades entregadas a cuenta con arreglo a la Ley 57/1968 está sujeta al plazo de prescripción de dos años establecido en el art. 23 LCS (33) para el seguro de daños, como resuelve la sentencia recurrida, o, por el contrario, como sostiene la parte recurrente, el plazo aplicable es el general del art. 1964 CC, quince años en la redacción de este precepto aplicable al presente caso por razones temporales. La cuestión jurídica controvertida ha sido resuelta por sentencia de pleno 320/2019, según la cual, es aplicable el general del art 1964 CC. Admisión del recurso y estimación del mismo, con reposición de actuaciones a la AP para que dicte sentencia entrando ya en el fondo.
Resumen: Demanda ejercitando acción de anulabilidad por dolo y, subsidiariamente, acción de indemnización de daños y perjuicios con respecto al contrato de gestión de cartera así como del resto de los contratos de productos estructurados por asesoramiento doloso, culposo y deficiente del banco por falta de información. En primera instancia se desestimó la demanda, pese a reconocer que los contratos suscritos eran productos financieros complejos, puesto que el demandante tuvo cabal conocimiento de las concretas consecuencias patrimoniales derivadas de las operaciones suscritas, al menos desde el 20/05/2009, por lo que la acción por vicios del consentimiento se encontraba caducada. Tampoco prosperó la acción subsidiaria, por incumplimiento de las obligaciones precontractuales y contractuales de informar, puesto que el actor recibió, en tiempo y forma adecuada información objetiva, clara y suficiente sobre los verdaderos riesgos inherentes a la contratación de los depósitos estructurados y eventual lesión del capital invertido. La Audiencia confirmó la de primera instancia con los mismos argumentos. Interpuesto recurso de casación sobre el dies a quo del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción, la sala lo estima al apreciar que es a partir del 20/05/2014 cuando vence el contrato de 20/05/2009, se producen las liquidaciones finales y se entiende consumado el contrato (STS 160/2018 de 21 marzo). Desestima el resto de motivos basados en la existencia de dolo y error.
Resumen: La Sala desestima los recursos interpuestos contra la sentencia que, a su vez, desestimó la demanda de los herederos del asegurado sobre la indemnización del seguro de vida, porque el fallecimiento tuvo lugar después del impago de la prima y cuando ya había transcurrido el mes de gracia. Ni en la demanda ni en el recurso se alegó la regla especial del art. 95 LCS para el impago de la prima en seguros de vida a partir de la segunda anualidad, por lo que se resuelve solo sobre el art. 15 LCS. La aseguradora acreditó la presentación, por dos veces, del recibo en el banco domiciliatario y su devolución por falta de fondos. La actora no ha acreditado que la devolución se debiera a una causa de entidad bastante para justificar el impago, de forma tal que no fuera jurídicamente imputable al tomador del seguro. Tampoco existía una cláusula contractual que obligara a la aseguradora a avisar del impago. Se aplica la jurisprudencia según la cual (i) basta la acreditación de que el recibo fue cargado y devuelto para que se entienda como momento del impago el del vencimiento de la prima, sin que sea exigible acreditar culpa del deudor; (ii) si el siniestro se produce cuando la cobertura está suspendida, el seguro no despliega efectos entre las partes; (iii) la suspensión de la cobertura no opera frente al tercero que ejercite la acción directa del art. 76, pero no es este el caso, porque esa norma es específica del seguro de responsabilidad civil y es inaplicable a los seguros de personas
Resumen: Reclamación de indemnización por el conductor del vehículo responsable del siniestro, por los daños y perjuicios sufridos en accidente de circulación en el que fallecieron su esposa y tres hijos, como consecuencia de la falta de control del vehículo, dado su estado de somnolencia. El actor reclama a la aseguradora como perjudicado por el fallecimiento de sus familiares pero no solicita ninguna indemnización por las lesiones. En primera instancia se desestimó la demanda por considerar que el seguro obligatorio no cubría al conductor responsable del siniestro. En segunda instancia, se estimó el recurso al considerar que la doctrina sentada en la STS 1/04/2009 para un accidente acaecido en el año 1997, fundamento de la sentencia de primera instancia, no era aplicable ya que la norma vigente (art. 5.1 TR LRCSCVM) excluye de la cobertura del seguro obligatorio solo a los "daños directos" como son las lesiones y fallecimiento del propio conductor pero no alcanza, como antes, a los daños indirectos, como los morales por el fallecimiento de terceros producido en el mismo siniestro y, en el presente caso, el actor-conductor no reclama por sus lesiones, sino por los daños indirectos. La aseguradora interpone recurso de casación y la sala, tras interpretar la nueva redacción del art. 5.1 LRCSCVM, concluye que el seguro de responsabilidad civil derivado de la circulación de vehículos de motor no cubre al conductor asegurado por la muerte de sus familiares causada por su propia conducta
Resumen: La sala estima el recurso interpuesto frente a una sentencia que desestimó la demanda dirigida por la esposa del asegurado fallecido frente a la aseguradora con la que habían concertado un seguro que cubría el fallecimiento por accidente. La sentencia recurrida argumentó que las condiciones generales incluían una cláusula limitativa de derechos, que aparecía destacada, que excluía la indemnización en determinadas circunstancias que se dieron en el accidente y que esa cláusula reunía los requisitos exigidos por el art. 3 LCS porque en las condiciones particulares, donde aparecía la firma del asegurado, se incluía una cláusula de remisión a las condiciones generales, en la que se recogía la aceptación expresa del asegurado de la existencia, conocimiento y conformidad de las cláusulas limitativas contenidas en dichas condiciones generales. La sala estima el recurso de casación y, con remisión a la doctrina fijada en la sentencia 402/2015 en la interpretación del art. 3 LCS, declara que si bien se cumple el requisito de que la cláusula limitativa aparezca destacada, no se cumple el otro requisito que debe concurrir referido a la aceptación por escrito, porque cuando la condiciones particulares se remiten a las cláusulas limitativas que aparecen en las condiciones generales, estas últimas también deberán ser firmadas. Aplicación de los intereses del art. 20 LCS, en atención al canon de razonabilidad de la oposición y la ausencia de causa justificada
Resumen: Reclama el prestatario la condena al banco a restituir el exceso del impuesto de actos jurídicos documentados derivados de la aplicación de la cláusula de interés moratorio que ha sido anulada, la sala razona extensamente sobre la cuestión y concluye denegando la petición. Se declara la nulidad de la cláusula de gastos que impone el pago de su totalidad al prestatario y se establece como efecto que es el tribunal quien ha de decidir a cuál de los contratantes corresponde el pago de cada uno de los gastos, así como la obligación del banco de restituir los pagados por el prestatario indebidamente. Corresponde al prestatario el pago del ITPyAJD, la prima de seguro de daños sobre la vivienda y los de tasación, así como la mitad de los de notaría y gestoría.
Resumen: Demanda en la que un abogado reclama de su cliente determinadas cantidades por servicios profesionales impagados. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que la demandada tenía la condición de consumidora y que, a falta de negociación individualizada, resultaba abusivo calcular el importe de los honorarios conforme a las Normas Orientadoras de los Colegios de Abogados. La Audiencia revocó la sentencia y, en consecuencia, estimó la demanda del letrado. Recurre en casación la demandada y la sala desestima el recurso. Parte la sala de que las normas colegiales sobre honorarios pueden tener un carácter orientativo, a falta de pacto, para cuantificar el precio del arrendamiento de servicios, cuando se utilizan de manera conjunta con otros datos o referencias; en el presente caso, no consta que el abogado informara a la clienta del montante de los honorarios, pero de ello no cabe deducir que la provisión de fondos constituyera dicho montante. En definitiva, la sala considera que la cuantificación de los honorarios no fue transparente, por lo que procede efectuar el juicio de abusividad, y concluye que si se tiene en cuenta el trabajo desempeñado, los intereses económicos en juego y que los honorarios se adaptan a las normas colegiales, de lo que cabe presumir que no son excesivos, no cabe considerar que la fijación de la retribución profesional, aunque no fuera transparente, resultara abusiva. Se confirma la sentencia de apelación.