Resumen: Reiteración de la doctrina jurisprudencial: en la liquidación de los daños y perjuicios indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. El daño causado viene fijado por el valor de la inversión menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes. En el ámbito contractual, si una misma obligación genera al mismo tiempo un daño por incumplimiento de la otra parte pero también una ventaja como es la percepción de unos rendimientos económicos, deben compensarse uno y otra a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria (regla no expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual cuya procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar). Casación de la sentencia y asunción de la instancia: estimación en parte del recurso de apelación del banco demandado y condena de este a indemnizar a los demandantes en la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y, por otro, el capital rescatado y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas.
Resumen: Se desestima el recurso por infracción procesal fundamentado en la errónea valoración de la prueba (uno de los hechos es irrelevante y lo que se impugna en el segundo motivo es una valoración jurídica y no fáctica). Se desestima también el recurso de casación. Se reitera la doctrina que establece que la infracción de las normas que contenían los deberes de información de las empresas de inversión, antes y después de la trasposición de la Directiva MiFID, no vicia de nulidad absoluta los contratos, pero sí puede haber provocado el error vicio en el consentimiento, lo que podría justificar a su vez la nulidad. Se reitera también la jurisprudencia sobre el comienzo del cómputo del plazo de la acción de nulidad por error vicio, que en ningún caso puede ser anterior al momento en que el cliente pudo conocer pudo conocer el riesgo sobre el que versaba el error. En participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, la consumación se produce con la adquisición, pero si entonces no hubiera aflorado el riesgo, el dies a quo se retrasa hasta que se hubiera podido tener conocimiento del error. En el caso, el cliente debía conocer los aspectos sobre los que basa el error al recibir en 2009 un correo con el folleto de emisión de las participaciones preferentes, teniendo en cuanta las circunstancias que rodearon el mensaje y el contexto descrito por la demanda. La demanda fue presentada más de siete años después, por lo que la acción está caducada.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de deuda subordinada. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la confirmó. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia y la estimación parcial de la apelación, que supone estimar en parte la demanda y condenar al banco demandado a indemnizar a los demandantes en la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y, por otro, el rescatado y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones subordinadas.
Resumen: Obligaciones subordinadas. Nulidad por error vicio del consentimiento. Caducidad de la acción. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala se debe impedir que la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error, quede fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error. Cuando en este tipo de relaciones negociales complejas no esté determinada contractualmente la fecha de consumación, el día inicial del plazo de ejercicio de la acción será el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento semejante que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado. El día inicial del cómputo del plazo se produce en el momento en que tuvo lugar el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de Bankia, al ponerse de manifiesto el riesgo de pérdida del capital invertido. El primer motivo ha de desestimarse al formularse al margen de la ratio decidendi de la sentencia recurrida, en tanto que parte de que esta última afirma que se produjo la convalidación por el canje, cuando la sentencia no contiene esa afirmación, por lo que la argumentación empleada en el desarrollo del motivo deviene inútil en su pretensión de alterar el fallo.
Resumen: Préstamo con garantía hipotecaria. Acción de nulidad de cláusula de limitación a la variabilidad del interés. Sistema mixto (fijo el primer año y variable a partir de entonces) que fue considerado válido por comprensible en ambas instancias, las estipulaciones sobre intereses eran claras y fácilmente comprensibles y superaba los controles de incorporación y transparencia. Improcedente planteamiento de cuestiones jurídicas sustantivas en el recurso por infracción procesal (valoración sobre la suficiencia de la información ofrecida al consumidor a efectos de entender superado el control de transparencia). En la modalidad del préstamo hipotecario pactado, el prestatario conocía desde un primer momento y durante toda la vida del préstamo tanto en el periodo de interés fijo -como en el de interés variable- la cantidad que iba a pagar en cada una de las cuotas mensuales, así como también el dato de que las cuotas iniciales serían de menor importe que las posteriores. Era un préstamo de cuota creciente. A cambio de pagar al principio una cuota relativamente baja, durante la última vida del préstamo la situación es inversa, imputándose la mayoría a la amortización del capital y en menor medida al pago de intereses. Se añade la previsión de un incremento lineal de la cuota periódica de un 2,5% anual. Controles de incorporación y transparencia: síntesis doctrinal y aplicación al caso.
Resumen: Demanda de nulidad de la adquisición de aportaciones subordinadas del Grupo Fagor por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó, al entender que la acción había caducado; la audiencia consideró que la condición de socia cooperativista del grupo emisor de la demandante le permitió tener cabal conocimiento del producto contratado desde el momento de su emisión, doce años antes de la interposición de la demanda. Recurre en casación la demandante y la sala estima su recurso; en primer lugar, considera que la acción no está caducada, pues el hecho de que la demandante fuera socia cooperativista del grupo emisor de las aportaciones subordinadas no supone que conociera el producto y sus riesgos; en segundo lugar, considera la sala que en este caso no puede apreciarse que la entidad financiera cumpliera los deberes de información que establecía la legislación aplicable en la fecha de celebración de los contratos litigiosos, la entidad no se aseguró de que los clientes tuvieran conocimientos financieros, ni de que los productos ofertados fueran adecuados a su perfil inversor, por lo que se concluye que la información ofrecida no fue suficiente, ni se adecuó mínimamente a las exigencias legales. La estimación del recurso de casación determina la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: Acción de nulidad de dos contratos (Swaps) y subsidiariamente anulabilidad y resolución. La Audiencia, aunque estimó la caducidad de la acción de anulabilidad, estimó la resolución contractual por incumplimiento del banco consistente en omisión de información precontractual. No puede fundarse una acción de resolución de un contrato de adquisición de productos financieros en el incumplimiento de deberes previos a la contratación dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que aquí el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Como en este caso la obligación incumplida (de información) no era contractual sino precontractual, no cabía la resolución. Se estima el recurso de casación, se casa la sentencia recurrida y, al asumir la instancia, se estima el recurso de apelación interpuesto por el banco demandado contra la sentencia de primera instancia, que se revoca, y, por ende, se desestima la demanda.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había desestimado una pretensión de nulidad por error en el consentimiento de un contrato de permuta financiera de intereses, al apreciar la caducidad de la acción. Argumentó que desde que se recibió la primera liquidación negativa del contrato hasta que se presentó la demanda habían trascurrido más de cuatro años. La sala aplica su doctrina jurisprudencial en la materia litigiosa. La consumación de los contratos swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, esto es, de la extinción del contrato. Como no ha trascurrido el plazo de cuatro años desde ese momento hasta la presentación de la demanda, se estima el recurso de casación. Al asumir la instancia, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria contra la sentencia de la primera instancia y se confirma esta en su integridad, por cuanto la entidad demandada no ha combatido, ni en el recurso de apelación ni en el recurso de casación, los argumentos de dicha sentencia de primera instancia sobre la nulidad del contrato por ausencia de información sobre los riesgos del producto.
Resumen: Seguro de transporte terrestre con cláusula sobre robo de mercancía que excluía de cobertura el caso en que el camión no estuviera en edificio cerrado o recinto de construcción sólida y cerrada con llave. El asegurado reclamó contra su compañía tras rechazar esta el siniestro, y la demanda fue desestimada en ambas instancias al considerarse la cláusula litigiosa como delimitadora del riesgo. Deber de congruencia: exige correspondencia entre el fallo y las pretensiones. La falta de respuesta a determinadas alegaciones objeto de debate no constituye incongruencia. Además, si la parte consideraba que se había omitido algún pronunciamiento debió pedir el complemento de la sentencia. Una de las razones esgrimidas por la aseguradora en su contestación fue que el camión se había estacionado durante un fin de semana en lugar sin vigilancia y la prueba practicada a tal efecto era pertinente y útil. Sentencia motivada, por más que su argumentación fuera escueta. Valoración de la prueba: no procede su revisión. Es contradictorio y ello determina que resulte inadmisible, que al mismo tiempo se denuncie error en la valoración de la prueba e infracción de la carga de la prueba. Casación: naturaleza de la cláusula. Es limitativa del riesgo y no delimitadora del mismo, por restringir los riesgos más allá del contenido natural del contrato de seguro de transporte terrestre, y de lo que el asegurado podía razonablemente esperar.
Resumen: Seguro de grandes riesgos. Cláusulas de limitación temporal del siniestro (cláusulas Claim made). Relaciones entre tomadora y la compañía aseguradora. Contratación de pólizas sucesivas en el tiempo con distintas compañías. Improcedencia de la acción directa. En las pólizas de responsabilidad civil es habitual que transcurra un plazo de tiempo entre la producción del siniestro asegurado y la reclamación del asegurado. Ante esta realidad del aseguramiento se utilizan distintos criterios en la práctica aseguradora. Uno de ellos es el de la reclamación (claim made basis), en el que se cubren los siniestros que se reclamen durante la vigencia de la póliza sin consideración al momento en que se produjo el hecho causante o se hubiese exteriorizado el daño. Las cláusulas claim made se consideran limitativas. En estos casos no es suficiente la realización del siniestro, sino que además se produzca la reclamación del perjudicado dentro del plazo contractualmente previsto. A los seguros de grandes riesgos no les resulta de aplicación el carácter imperativo de la LCS sino que se rigen por lo dispuesto en su clausulado, sin que sea de aplicación la exigencia impuesta por el artículo 3 LCS. Del condicionado de las pólizas resulta que el contrato que da cobertura al siniestro sufrido por los demandantes es el concertado con Mapfre, careciendo pues de acción directa los perjudicados para instar la responsabilidad de la otra compañía que no asumía el siniestro objeto de este procedimiento.
