Resumen: Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido con la contratación de deuda subordinada. Si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con este. Como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial, la indemnización se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos generados a favor de los clientes durante la vigencia del producto. Se estima el recurso de casación frente a la sentencia que no había descontando los rendimientos. Al asumir la instancia, se desestima la demanda. La Audiencia no se pronunció sobre la impugnación de la sentencia del demandante por la desestimación de la acción principal de nulidad, pero este no pidió complemento ni presentó recursos extraordinarios, por lo que no cabe entrar a resolver sobre la nulidad.
Resumen: Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido con la contratación de obligaciones de deuda subordinada. Rendimientos. La obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado y se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos generados a favor de los clientes durante la vigencia de los productos financieros. En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste. Se estima el recurso de casación contra la sentencia que no había descontando los rendimientos y, al asumir la instancia, se fija la correspondiente indemnización, más el interés legal desde la demanda.
Resumen: La sala desestima un recurso de casación frente a una sentencia que declaró la validez de una cláusula de vencimiento anticipado en un contrato que, pese a denominarse de apertura de crédito, fue calificado como un contrato de préstamo. En el recurso de casación se argumentó que el contrato era de apertura de crédito, por lo que ni podía hablarse de cuotas mensuales de amortización, ni darse por vencido cuando está en su periodo de vigencia temporal y no se ha superado el límite de crédito. La sala reitera su jurisprudencia sobre ambas figuras. Mediante la apertura de crédito, una entidad de crédito se obliga a poner a disposición de un cliente un determinado capital por un cierto plazo, en forma de límite máximo y con cargo al cual se obliga a entregar las cantidades que el cliente solicite, de acuerdo con los términos pactados, mediante el pago de una comisión de apertura y al tipo de interés pactado sobre las cantidades efectivamente dispuestas. Por tanto, lo más característico de este contrato es que no se entrega de una sola vez una cantidad de dinero, sino que únicamente se facilita su disponibilidad conforme el cliente vaya necesitando. Irrelevancia del nomen iuris. En el caso litigioso, lo determinante es que la cantidad que constituía su objeto fue dispuesta de una sola vez, en el momento de la firma de la escritura, y los clientes fueron devolviéndola mediante cuotas periódicas de igual importe. Se confirma la calificación jurídica realizada por la sentencia.
Resumen: Estimación del recurso de casación, con la conformidad de la parte recurrida, contra la sentencia que declaró caducada la acción (aplicación de la doctrina jurisprudencial fijada en la sentencia de Pleno núm. 89/2018, de 19 de febrero: el día inicial del cómputo del plazo de caducidad es el de extinción del contrato). Estimado el recurso de casación, permaneciendo la controversia sobre la existencia de error vicio (planteada en el recurso de apelación que no examinó la sentencia de segunda instancia en la medida en que declaró caducada la acción), caben dos opciones: que el tribunal de casación asuma la instancia y decida sobre el recurso de apelación, o bien devolver las actuaciones al tribunal de apelación para que en su función propia decida el recurso de apelación; la primera de estas opciones procedería si solo se hubieran suscitado en la apelación cuestiones de valoración jurídica. En el caso: en la apelación también se suscitaron cuestiones de naturaleza fáctica; devolución de las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia -posibilidad que no excluye la norma y que se estima necesaria para evitar que la decisión del asunto se vea privada de una instancia-, en la que, con plena jurisdicción para la valoración de la prueba y sin poder apreciar ya la caducidad de la acción, se pronuncie sobre las demás cuestiones controvertidas. Carácter preferente del eventual recurso de casación que se interponga contra la nueva sentencia de segunda instancia.
Resumen: Demanda en la que varios familiares de persona fallecida en el accidente de Spanair, sucedido en Barajas en el año 2008, se dirigen contra la compañía aseguradora en reclamación de varias cantidades y sus correspondientes intereses de demora. El juzgado de lo mercantil estimó en parte la demanda y la Audiencia confirmó la sentencia en apelación. Recurre en casación la aseguradora y la sala desestima el recurso. Considera que no resultan de aplicación el Reglamento comunitario 2027/97 ni el Convenio de Montreal, pues su régimen normativo se aplica a las acciones ejercitadas por el pasajero frente al transportista y no a las peculiaridades propias de las obligaciones de las aseguradoras frente al perjudicado que se rigen, en nuestro caso, por la LCS. Los intereses aplicables al asegurador se rigen por el art. 20 LCS, pues el pago del anticipo previsto en el art. 5 del Reg. 2027/97 está previsto solo para cubrir las necesidades económicas inmediatas, cuantía muy alejada de la cantidad mínima que tendría que pagar la aseguradora por el fallecimiento de un pasajero. Las graves consecuencias del accidente fueron conocidas por la aseguradora desde el principio, dada su repercusión mediática, por ello no estaba exenta de indemnizar en el plazo legal; del mismo modo, no se aprecia que concurran circunstancias extraordinarias que justifiquen el retraso en el pago. Por último, uno de los motivos del recurso se rechaza por no contener cita de norma infringida.
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había estimado una demanda de responsabilidad civil por daños ocasionados por la circulación de vehículos a motor. El daño se produjo por el incendio de un vehículo que llevaba estacionado en un garaje privado más de un día y se causó por un problema en su circuito eléctrico. La sentencia recurrida se basó en una interpretación amplia del concepto "hecho de la circulación" que incluye el incendio de un vehículo estacionado de forma no permanente por su propietario en una plaza de garaje, cuando la combustión obedece a causas intrínsecas al vehículo. La sala resuelve conforme la STJUE de 20 de junio de 2019, dictada con ocasión de la cuestión prejudicial que planteó en el litigio. Esta sentencia, dispuso que el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103 debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos" una situación, como la del litigio, en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble y utilizado conforme a su función de medio de transporte comenzó a arder, provocando un incendio que se originó en el circuito eléctrico del vehículo y causando daños en el inmueble, aun cuando el vehículo llevara más de 24 horas parado en el momento en que se produjo el incendio. La aplicación de esta doctrina sobre el concepto de "hecho de la circulación" ha determinado la desestimación del recurso.
Resumen: Demanda de nulidad de dos contratos tipo swap por concurrir error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la Audiencia la revocó al entender que la acción de nulidad estaba caducada. Interpone recurso de casación la sociedad demandante y la sala estima su recurso. En primer lugar, declara que la acción no estaba caducada, pues tras la doctrina sentada por la sentencia 89/2018, en los contratos tipo swap no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o extinción de la relación contractual por lo que, aplicada esta doctrina al caso de autos, cuando se interpuso la demanda no se había extinguido la acción. Asumida la instancia, la sentencia recuerda los especiales deberes de información que impuso la transposición de la normativa MiFID a las entidades que comercializan productos de inversión; en el presente caso, la sala declara que no consta que el cliente fuese conocedor de productos complejos; que la entidad bancaria no cumplió con sus deberes de información, lo que incide directamente en la concurrencia de la excusabilidad del error; que la redacción del contrato era opaca para un lego en la materia y que no consta una información precontractual transparente. Así, la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia constante de la sala sobre la materia. Ello determina la anulación de la misma, la desestimación de la apelación y la confirmación de la sentencia de la primera instancia.
Resumen: Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido con la contratación de unas participaciones preferentes. Si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste. Se confirma la jurisprudencia según la cual, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, la indemnización se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. Por lo que para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos generados a favor de los clientes. Se estima el recurso de casación frente a la sentencia que no había descontando los rendimientos obtenidos por las participaciones preferentes en el cálculo de la indemnización. Al asumir la instancia, se desestima la demanda porque el rescate más los rendimientos superan la inversión.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones de asesoramiento e información en la comercialización de participaciones preferentes. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y la Audiencia la confirmó; ambas sentencias consideraron, en lo que interesa al presente recurso, que no procedía descontar de la indemnización los rendimientos obtenidos por la cliente demandante. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño y una ventaja, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia y la estimación parcial de la demanda, condenando al banco demandado a indemnizar a la demandante en la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y, por otro, el rescatado y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones preferentes.
Resumen: Contratación de un derivado para el cálculo de los intereses de un préstamo hipotecario. Se inadmite el motivo relativo a la improcedencia de la nulidad parcial del contrato por error vicio que afecte únicamente al derivado porque se trata de una cuestión nueva. En su recurso de apelación el banco no mencionó como motivo de impugnación de la sentencia la improcedencia de declarar la nulidad parcial de un contrato por error vicio en el consentimiento y, por consiguiente, no fue objeto de controversia en apelación. Cabe fundar la nulidad por error vicio en la contratación de un producto financiero complejo como es el swap o, en general, un derivado, en el desconocimiento del coste de cancelación anticipada, aunque en el contrato no se hubieran pactado ventanas de cancelación cuando lo que se desconoce, porque no se ha informado al respecto, es que no podría ser cancelado si no mediante la amortización del préstamo y el pago de un coste muy oneroso. El error puede radicar en el desconocimiento de cómo se podría llegar a cancelar el derivado y el coste que supondría. Y no cabe descartar que este error fuera relevante para la contratación del derivado. En la medida en que no consta que la demandante hubiera sido informada sobre los eventuales costes que pudiera generar la cancelación anticipada, y limitado el objeto del recurso por la forma en que ha llegado el asunto a casación, no cabe negar a este error relevancia suficiente para justificar la nulidad por error vicio.