Resumen: Acción directa contra la aseguradora de un servicio público de salud, precedida de expediente administrativo por responsabilidad patrimonial. La resolución dictada en dicho expediente estimó parcialmente la reclamación de los perjudicados y alcanzó firmeza (aunque los perjudicados la recurrieron en reposición, luego desistieron y el desistimiento fue aceptado por la Administración). Esta resolución vincula a la jurisdicción civil porque la aseguradora no puede quedar obligada más allá de la obligación del asegurado y porque la jurisdicción contenciosa es la única competente para condenar a la Administración, mientras que la jurisdicción civil sólo conoce de su responsabilidad y consecuencias a efectos prejudiciales. Sería contrario a la legalidad que se utilizase la acción directa para impugnar el acto administrativo, que se había consentido, a los solos efectos indemnizatorios. Al fijar el día inicial del interés de demora en la fecha de la resolución administrativa, la sentencia recurrida tiene en cuenta la singularidad del supuesto (el previo expediente administrativo seguido solo contra la Administración), que impone que el ordenado asegurador no pudiese satisfacer la indemnización por el siniestro sin conocer si la Administración reclamada lo admitía y la indemnización procedente. Se valora, además, que existe un cambio sustancial en los conceptos a valorar entre lo decidido por la resolución administrativa y lo reclamado en la demanda civil. Se desestiman los recursos.
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que acogió una acción principal de resolución de los contratos de adquisición de deuda subordinada y preferentes, por incumplimiento del deber de información precontractual. La sala reitera su doctrina. El incumplimiento de las obligaciones de información podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento, pero lo que no procede es una acción de resolución del contrato, ex art. 1124 CC, dado que el incumplimiento resolutorio debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Asunción de la instancia y estimación de la acción subsidiaria de indemnización del daño por el negligente cumplimiento por la entidad de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información, ya que no consta que ofreciera información suficiente sobre los productos adquiridos, que entrañaban un elevado riesgo, ni que advirtiera de la verdadera naturaleza del producto y de sus riesgos. Determinación del daño por la diferencia entre lo invertido y lo recuperado tras el canje, más los rendimientos obtenidos a determinar en ejecución de sentencia por su falta de concreción en el procedimiento.
Resumen: Recurso por infracción procesal: la sentencia cumple los requisitos de forma y contenido y el deber de motivación (que no se haya apreciado una secuela descrita en un informe pericial no es un defecto de motivación); planteamiento de cuestiones relativas a la valoración de la prueba; doctrina jurisprudencial sobre el error en la valoración de la prueba con relevancia constitucional (error fáctico material o de hecho y patente o manifiesto); ámbito del recurso. La declaración de incapacidad permanente absoluta proclamada por la jurisdicción social no es de obligada vinculación en el juicio civil. Carácter limitativo de la cláusulas en la que se fijan porcentajes indemnizatorios en función, no del grado de invalidez, sino por la concreta lesión orgánica que da lugar a la misma (la restricción de la suma con la que indemnizar los supuestos de invalidez permanente distinguiendo o excluyendo distintos supuestos según la gravedad de las lesiones sufridas implica una limitación de los derechos del asegurado si en las condiciones particulares se estableció una suma única por invalidez permanente total). Seguro colectivo. Diferencia con los seguros individuales. Peculiaridades derivadas de esta diferencia respecto a las exigencias formales de las cláusulas limitativas y al cumplimiento por la aseguradora del deber de transparencia contractual, en especial sobre las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Causa justificada de exoneración de intereses (proceso penal).
Resumen: Reclamación del asegurado contra la aseguradora y contra la entidad prestamista designada como primera beneficiaria pidiendo el cumplimiento del contrato de seguro suscrito en su día (de vida con cobertura de invalidez, vinculado a un préstamo hipotecario), que se encontraba en vigor al producirse el siniestro, consistente en la declaración de incapacidad permanente absoluta del asegurado. La demanda fue desestimada en ambas instancias, en cuanto al banco prestamista beneficiario por falta de legitimación pasiva y en cuanto a la aseguradora por infracción del deber de declaración del riesgo por parte del asegurado. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal el demandante y la sala rechaza ambos recursos. Respecto del recurso extraordinario, la sala aprecia que concurre causa de inadmisión, que se convierte en causa de desestimación, por cuanto se pretende una nueva valoración de la prueba en su conjunto, y se intenta hacer valer unos medios probatorios sobre otros. En cuanto al recurso de casación, el mismo también resulta inadmitido pues la apreciación de la Audiencia resulta acorde con la jurisprudencia, toda vez que el demandante, al contestar al cuestionario, ocultó datos sobre su salud, por él conocidos, cuya influencia en la valoración del riesgo razonablemente podía conocer y que estaban directamente relacionados con la enfermedad que determinó su incapacidad (en concreto, su alcoholismo).
Resumen: Demanda en la que una asociación de consumidores ejercita una acción colectiva de cesación en la que solicita que se declare contraria a derecho una comisión por reclamación de posiciones deudoras. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y fue confirmada en apelación. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria y la sala estima parcialmente el segundo de los recursos. En primer lugar, declara que la asociación de consumidores está legitimada activamente en el presente pleito pues la acción colectiva no se ejercita para la protección de intereses difusos, sino que pretende la defensa de consumidores perfectamente identificados, por esta razón, no se exige el requisito de la representatividad previsto en el art. 11 LEC. En segundo lugar, considera que la Audiencia no resolvió una de las pretensiones del recurso (la relativa a que la comisión tenía el carácter de cláusula penal preliquidadada); por ello, estima en este punto el recurso extraordinario por infracción procesal y resuelve en casación sobre esta pretensión. La casación se desestima, pues la sala considera que la comisión no reúne los requisitos exigidos por la normativa bancaria puesto que vendría, sin más, a sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto (ya que la cláusula permite su reiteración, se plantea como reclamación automática y no precisa las gestiones a realizar para el cobro). Se confirma la abusividad.
Resumen: Demanda instando el cumplimiento del pacto de recompra existente en el contrato de adquisición de activos financieros suscrito, subsidiariamente, de anulación por error vicio y, subsidiariamente, de resolución por incumplimiento contractual. El demandante alegaba que había adquirido a Bankpime unos bonos, con pacto de recompra y sin haber sido informado de los riesgos que conllevaba el producto adquirido. El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Caixabank, desestimó la acción de cumplimiento del pacto de recompra por no estar probada su existencia, declaró caducada la acción de anulación por error vicio y estimó la acción de resolución contractual interpuesta por el demandante con carácter subsidiario. La Audiencia estimó el recurso de la demandada y absolvió al banco demandado, pues apreció la excepción de falta de legitimación pasiva. Interpuesto recurso de casación por el demandante sobre el traspaso de la relación comercial de Bankpime a Caixabank, la sala lo estima y analiza la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario, la legitimación pasiva de Caixabak en las acciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad bancaria en los contratos de adquisición de productos financieros comercializados por dichas entidades y la cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario reiterando lo expuesto en anteriores ocasiones
Resumen: Demanda ejercitando acción de anulabilidad por error en el consentimiento respecto de la adquisición de aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor así como de la contratación de depósito y administración de valores consiguiente. En primera instancia se estimó íntegramente la demanda, tras rechazar las excepciones de falta de legitimación pasiva y de caducidad de la acción. Apreció la existencia de error en el consentimiento al haberse incumplido por la entidad bancaria con los deberes de información sobre la naturaleza del producto y sus riesgos. Recurrida por la demandada, la Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda, pues consideró que pese a no haberse evidenciado claramente que el demandante recibiera la suficiente documentación informativa, escrita y comprensible, éste contó en la práctica con la información precisa y suficiente para saber lo que contrataba y apercibirse de la naturaleza y alcance de los productos financieros de riesgo que contrató. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal se desestima al negar que haya habido infracción de las normas de la carga probatoria o error en la valoración de la prueba. Se estima el recurso de casación al concluir, en consideración a las circunstancias personales del cliente, que este no se hallaba suficientemente informado acerca de la naturaleza compleja de los productos financieros contratados y los riesgos que contraía.
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de un contrato marco de operaciones financieras y un contrato de swap asociado al mismo por concurrir error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la AP confirmó la desestimación. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la demandante y la sala estima ambos recursos. En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, la sala estima el mismo al entender que ha existido una ilógica valoración de la prueba, pues la Audiencia valoró una prueba testifical que nunca se practicó y presumió que un empleado de la sociedad demandante había participado en la firma del swap, asesorando al administrador, cuando este extremo no se ha acreditado. Al asumir la instancia, la sala estima el recurso de casación; declara la ausencia de información suficiente por parte de la entidad bancaria, que no consta que la sociedad demandante fuera conocedora de productos financieros complejos y que la redacción del contrato era opaca para un lego en la materia. La falta de información sobre los concretos riesgos incide en el error, pues este se produce por la falta de conocimiento del producto y de sus riesgos asociados; del mismo modo, la falta de información adecuada hace que el error sea excusable al cliente. La estimación de la casación determina la estimación de la demanda y la nulidad del swap contratado.
Resumen: Demanda solicitando la nulidad de varios contratos financieros por error derivado de la falta de información proporcionada por la entidad bancaria, así como la nulidad de varios contratos de préstamo concertados para financiar las correspondientes contrataciones. El Juzgado y la Audiencia estiman la demanda respecto de varios contratos, pero la desestiman respecto de otros por entender, en un caso, que la acción se había interpuesto pasado el plazo de 4 años del ar. 1301 CC y, en otro, que es el que interesa efectos del presente recurso, que el contrato fue válidamente confirmado. En el recurso de casación se plantea si la acción de nulidad por error vicio del consentimiento en la contratación de un producto financiero quedó extinguida por haber sido confirmado el contrato tácitamente por el cliente al ejercer los derechos de suscripción preferente. La sala, tras definir lo que entiende por confirmación y su forma expresa y tácita, estima que, en el presente caso, el recurrente recibió las acciones del banco como consecuencia de la liquidación del contrato que se impugna, por lo que al menos en ese momento ya cesó el error que pudo padecer al contratar el producto litigioso precisamente porque fruto del contrato que impugna devino accionista, pudo concurrir a la ampliación de capital mediante el ejercicio de los derechos de suscripción preferente, de lo que infiere que hubo confirmación tácita del contrato y su acción de impugnación no puede prosperar.
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la pretensión de intromisión en el derecho al honor por la inclusión del actor en un fichero de morosidad y la indemnización por daño moral. La sentencia recurrida reconoce que no existió un requerimiento previo con advertencia de inclusión de los datos en el fichero, por el impago de la deuda que el actor tenía con ocasión de la ejecución de un contrato de tarjeta de crédito pero, en el caso, el propio actor reconoce su condición de deudor de la demandada y la insatisfacción de la deuda por insolvencia patrimonial, insolvencia que se prolongó en el tiempo, lo que motivó que se pactaran hasta siete novaciones que fueron incumplidas. La sala recuerda su doctrina sobre la materia y la finalidad del requerimiento previo, que es impedir que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. En el caso, la finalidad del requerimiento había decaído. El actor no se vio sorprendido por tal inclusión ya que se habían producido distintas novaciones sin que hubiese cumplido su compromiso y con una conducta totalmente pasiva para saldar su deuda.