Resumen: La resolución recurrida declara inadmisible el recurso extraordinario de revisión y lo basa en la falta de legitimación para la solicitud de devolución como ingresos indebidos.
la ahora recurrente no agotó la vía interna judicial abierta en su día frente a las resoluciones de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales
Resumen: Socios de una SA solicitan la concesión del Derecho de Separación como consecuencia de la transformación de una SA en SL. Dichos socios solicitaron la separación y la devolución del valor razonable de sus acciones. A lo que no obtuvieron respuesta. Por lo cual han presentado esta demanda. L ausencia de presentación de poder o poder suficiente de la sociedad demandada no es motivo suficiente para anular actuaciones, pues se trata de un defecto subsanable. La demanda es desestimada porque la propia sociedad modificó el acuerdo de transformación en SL. A pesar de lo cual, los demandantes de separación alegan cosa juzgada. Sin embargo, la Audiencia considera que la declaración de nulidad del acuerdo de transformación presupone que nunca existió, por lo que priva de sustento la acción de separación.
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que estima en parte su reclamación de cantidad. Previamente, habiendo sido admitido el recurso de queja para conocer la infracción de normas procesales, al ser la cantidad reclamada inferior a 3.000€. La Sala de lo Social estima el recurso y declara la nulidad de la sentencia recurrida, dado que el prueba pericial practicada careció de objetividad, al ser el perito-testigo trabajador de la mercantil demandada y con poder general para representar a la sociedad, absolver posiciones y prestar confesión judicial, por lo que concurre un motivo de tacha del perito, al tener interés directo o indirecto en el asunto, con indefensión para la parte actora.
Resumen: La representación de la Aseguradora, recurre en queja instando la admisión a trámite del recurso de apelación y anulación interpuesto, contra la sentencia dictada de conformidad, que condenó al acusado como autor de un delito contra la seguridad vial, conteniendo un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil. No consta que en dicha comparecencia estuviera presente el representante de la Cía. Aseguradora. Para dicho acto se acordó por el Juzgado librar citación a dicha Cía. ,mediante comunicación de la Guardia Civil que hace constar que fue citada mediante email al número de teléfono de la misma. Dicha sentencia que no fue notificada a la Compañía Aseguradora, fue declarada firme en el mismo acto en el que fue dictada. La Audiencia estima el recurso de queja acordando la admisión a trámite del recurso de apelación. La Cía. Aseguradora que no estuvo presente en dicha comparecencia, obviamente no prestó su conformidad en materia de responsabilidad civil. Siendo esto así, tenía derecho a haber recurrido en apelación dicha sentencia, y en su caso a instar su nulidad. Pero, a la vista de la falta de notificación de esta resolución se vio impedida de ejercitar este derecho, art. 790 y 803 LECrim. No cabiendo duda de la preceptividad de la notificación de las resoluciones judiciales a las partes, conforme a lo dispuesto en los arts. art.270 y 271 LOPJ, y constando que no se ha llevado a efecto y la parte no ha sido notificada, no cabe otra posibilidad que admitir el recurso.
Resumen: El JS ha estimando la demanda interpuesta por una oficial de peluquería frente a su empresario por acoso sexual y declara nulo el despido de la trabajadora de fecha 13 de junio de 2023 y condena a las consecuencias legales de tal declaración y que se le abone una indemnización adicional por acoso sexual de 25.000 €. Recurren ambas partes y el TSJ rechaza la nulidad de actuaciones por no existir protesta ni indefensión respecto de la prueba de interrogatorio. Aplica doctrina sobre revisión fáctica sin admitir simples subjetividades. Confirma la valoración probatoria de indicios y contraindicios. Estudia la vulneración de derechos fundamentales (intimidad, dignidad...). Estima parcialmente el recurso de la trabajadora, desestimando el del empresario para llegar a una indemnización de daños y perjuicios morales en cuantía de 75.000€ según criterios de LISOS y otros que explaya.
Resumen: Nulidad parcial SJS respecto al reconocimiento del derecho a los tickets de comida. Procede, porque no hay un relato fáctico concreto ni motivación jurídica suficiente, incumpliendo las exigencias legales y constitucionales de motivación de las resoluciones judiciales, limitándose a reproducir las pruebas sin valorarlas ni razonar su decisión, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Reconocimiento del permiso retribuido del art 37.3 b) ET de 5 días por accidente, enfermedad o intervención, aunque duren menos, sin reducción ni descuento en la retribución. Se reconoce cuando preavisen y justifiquen la concurrencia del hecho causante (accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario), porque la interpretación parte del sentido literal de la norma, conforme al art. 3 CC, siendo los términos de la norma claros: se conceden 5 días fijos de permiso, no ajustables a la duración del hecho causante y se comprueba al comparar el apartado b) del art. 37.3 b) ET con otros supuestos del mismo artículo: que en unos (matrimonio, fallecimiento, traslado) el permiso tiene duración fija, mientras que en otros (cumplimiento de deber público, asistencia médica) se otorga por el tiempo indispensable, por lo que si el legislador hubiese querido que la duración del permiso variase en función de la duración de la hospitalización o reposo, lo habría indicado expresamente, como hace en otros casos.
Resumen: Se aprecia de oficio por la Sala, que en la redacción de los hechos probados de la sentencia, no consta la fecha en que éstos ocurrieron. Y resulta esencial la determinación de la fecha de la producción de los hechos para apreciar la vigencia o no de las prohibiciones de acercamiento y comunicación, dato éste absolutamente necesario para apreciar o no el delito de quebrantamiento de condena o de las lesiones con quebrantamiento objeto de acusación y de pronunciamiento condenatorio. Esta omisión tampoco puede suplirse con la fundamentación jurídica de la sentencia por cuanto tampoco consta referencia temporal alguna en los fundamentos de derecho de la resolución recurrida que permitiera salvar la omisión padecida. La fecha de perpetración de los hechos constitutivos de una infracción penal es esencial en la declaración de Hechos Probados de una sentencia penal no solo por elementales razones de seguridad jurídica, sino por otras razones, ya que la data, al menos aproximada, de los hechos enjuiciados, es necesaria para determinar no solo la posible existencia de cosa juzgada, sino, además, la ley temporal que resulta aplicable y la apreciación de la prescripción de la infracción penal.
Resumen: En los casos de baja por I.T. derivada de enfermedad común, la Empresa abonará al trabajador la diferencia entre las prestaciones (subsidios) que le corresponda percibir y el 87 % de la base de cotización por contingencias comunes a partir de los siguientes plazos: - Con hospitalización, desde el primer día - Sin hospitalización, desde el decimocuarto día. En los casos de baja por I.T. derivada de accidente de trabajo, la Empresa abonará al trabajador la diferencia entre las prestaciones (subsidios) que le corresponda percibir y el 100% de la base de cotización por contingencia de accidente de trabajo desde el primer día, con o sin hospitalización. En los tres primeros días de baja por I.T. derivada de enfermedad común la Empresa abonará al trabajador el 65% de la suma de su salario base diario más "aumento por año de servicio" que corresponda.Los órganos de representación legal o sindical podrán personarse como partes en el proceso, aun cuando no lo hayan promovido, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto,la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario opuesta por no haber demandado a las representaciones que participaron en la negociación y firma del Convenio Colectivo, pues la normativa sobre la composición de la relación jurídico procesal de un conflicto colectivo no exige que participen como litisconsortes necesarios las representaciones que lo negociaron y firmaron.
Resumen: La acusada fue condenada por conducir sin permiso. La defensa alegó vulneración del derecho a la defensa por haber sido juzgada en ausencia, pese a sus graves problemas de salud mental. Sin embargo, no se pidió la anulación de la sentencia, sino la absolución o una medida de seguridad, o subsidiariamente, la reducción de la multa. El Tribunal de instancia aplicó una eximente incompleta por trastorno psicótico, basándose en un informe forense que señalaba una alteración grave de sus facultades, pero no su anulación total, lo que se corroboró con el testimonio de un agente que no apreció incapacidad de entendimiento. Se rechazó la eximente completa porque la conducta de la acusada al ser interceptada no sugería una anulación total de sus capacidades. Respecto a la multa, la defensa solicitó reducir la cuota diaria por exclusión social y falta de ingresos. No obstante, la Sala confirmó la cuantía impuesta, ya que la acusada percibía ingresos del INSS y era titular de un vehículo y un inmueble. Se desestimó la atenuante de dilaciones indebidas, pues las demoras en el proceso fueron causadas por la propia acusada, que se mantuvo ilocalizable y no compareció a las citaciones judiciales.
Resumen: Confirma la condena por delito continuado de agresión sexual con penetración. No procede alegarse en apelación cuestiones nuevas per saltum o sorpresivas que impiden la contradicción e igualdad entre las partes, sólo puede analizarse en la segunda instancia las cuestiones que fueron planteadas en la primera. Se solicita la nulidad de actuaciones al haberse practicado diligencias instructoras fuera del plazo del art. 324 LECrim. La regla general de imposibilidad de practicar diligencias de investigación fuera de plazo tiene dos excepciones: a) validez de las diligencias aportadas fuera de plazo pero acordadas con anterioridad a la finalización del plazo y b) validez de las diligencias de instrucción derivadas inescindiblemente con conexión funcional de otras diligencias ya admitidas dentro de plazo. Solicita nulidad de los audios y WhatsApp incorporados al procedimiento por la víctima y que no sea tenida en cuenta la visualización llevada a cabo en juicio, no apreciándose la vulneración de la intimidad alegada en cuanto si bien el denunciado no autorizó a la denunciante acceder a lo grabado en su móvil, sí que suministró a ésta voluntariamente la clave de acceso, permitiendo tácitamente dicho acceso. No se aplica la atenuante de dilaciones indebidas que requiere: 1) que la dilación sea injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad de la causa. No se aplica la atenuante de drogadicción.
