Resumen: Sentencia absolutoria de delito de amenazas, de lesiones de Violencia de Género y de impago de pensiones. Nulidad de la sentencia de instancia al apreciar una falta de racionalidad con el aparcamiento de las máximas de experiencia a la hora de valorar las pruebas practicadas. La resolución judicial no puede partir del convencimiento subjetivo del Juez, sino de un iter lógico para partiendo de las pruebas practicadas llegar a la conclusión fáctica de hechos probados. En relación con el delito de amenazas se cuenta no solo con la declaración de la víctima, sino también con la transcripción de los mensajes sin que esa prueba haya sido impugnada. Y en relación con las lesiones que ha aportado el parte de asistencia médica que recibió la denunciante momentos después de ocurrir los hechos.
Resumen: Condena a un acusado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y como responsable de un delito contra la Seguridad Social, y a una sociedad como responsable de un delito contra la Seguridad Social. Contratación de trabajadores sin alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, con la consiguiente elusión del pago de las cuotas debidas. Delito contra los derechos de los trabajadores. Infracciones graves de la normativa laboral que exceden de la mera irregularidad administrativa, con generación de riesgos graves para su seguridad. Prevalimiento de la vulnerabilidad social y económica del trabajador sin autorización de residencia. Fraude a la Seguridad Social. Elementos requeridos para la aparición del tipo penal. Cálculo del valor de las cuotas dejadas de ingresar en la Seguridad Social. Autoría. Administrador de hecho. Acusado que ejerce el control total de las empresas intermedias, colocando al frente de las mismas a un administrador aparente sin cualificación alguna. Responsabilidad penal de la persona jurídica.
Resumen: Concierto con un proveedor europeo de componentes electrónicos e informáticos y con administradores de compañías españolas para eludir el pago del IVA, simulando la intermediación en el sector de productos informáticos mediante la emisión de facturas falsas. Inexistencia de ruptura de cadena de custodia. No puede apreciarse la prescripción del delito, al tener efecto interruptor el auto de admisión de pruebas. No puede considerarse precluido el plazo para formular acusación, sin perjuicio de que la demora pueda determinar la apreciación de atenuante de dilaciones indebidas. . Delito de asociación ilícita en el que concurren todos los requisitos. Delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de personas interpuestas y utilización de estructura organizativa: cooperadores necesarios y cálculo de las cuotas defraudadas. Delito de falsedad de documentos mercantiles realizado en facturas. Delito de falsedad en documentos de identidad. Delito de blanqueo de capitales no apreciable, al no acreditarse que los movimientos bancarios estuvieran destinados a ocultar la procedencia de las ganancias obtenidas en la defraudación, pero sí en transferencias realizadas a China con esa finalidad. Atenuante de dilaciones indebidas apreciable como muy cualificada.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que absolvió al acusado de los delitos de robo con violencia y amenazas. Limitación de ámbito revisor del tribunal de apelación en relación con la valoración de la prueba realizada en la instancia cuando lo que se pretende revisar es una sentencia absolutoria. Evolución de la doctrina jurisprudencial y legal. Necesidad de instar la nulidad cuando la base del recurso sea el error en la valoración probatoria. Limitación de la revisión a la tipicidad o cuestiones jurídicas.
Resumen: El Derecho a la tutela judicial efectiva exige que toda resolución judicial que se dicte contenga una fundamentación en cuya base se llegue a la decisión como tal, fundamentación que si bien no ha de ser absolutamente pormenorizada y detallada de todas y cada una de las posibles cuestiones que se hubieran podido suscitar, sí que es necesario que en ese caso concreto y específico se haga llegar a las partes el por qué de la conclusión decisoria. Auto de sobreseimiento en el que no se refleja la apreciación que la Juez a quo haya podido realizar al respecto del resultado de las concretas diligencias de instrucción practicadas. Denuncia de hechos incardinables en delitos de Violencia de Género en presencia de menores. Petición de orden de protección.
Resumen: La conformidad del acusado al inicio de las sesiones del juicio junto con su asistencia letrada se ciñe a hechos, calificación jurídica, y penas a imponer. El pronunciamiento relativo a la suspensión de las penas impuestas queda reservado a la discrecionalidad judicial y no tiene por qué formar parte del conjunto de los extremos sobre los que versa la conformidad. Se trata de un pronunciamiento de ejecución. El Juez de lo Penal deniega la suspensión de las penas de prisión al existir antecedentes penales previos por el mismo delito. Se ha acreditado que los hechos se realizaron a causa de la grave adicción al alcohol, así como que se encuentra actualmente en tratamiento de deshabituación, es procedente la suspensión extraordinaria para seguir con ese tratamiento.
Resumen: Anula la sentencia del Juez de Instrucción en que absuelve a un denunciado del delito leve de amenazas que le atribuía el denunciante, y dispone la repetición del juicio por juez distinto. Recurso de apelación contra sentencias absolutorias. Testimonio del denunciante que el Juez de instancia no considera suficiente para hacer decaer la presunción de inocencia atendiendo a la existencia de conflictos previos entre los contendientes. Aportación a la vista oral una grabación reproducida en el acto y registrada en el sistema Arconte, que ha permitido al tribunal de apelación constatar que las palabras textuales que se escuchan en la grabación aportada por el denunciante no coinciden con las que el juez de instrucción consigna en su sentencia como insuficientes para servir de corroboración al testimonio del denunciante. Nulidad que no puede quedarse en la sentencia sino afectar al juicio oral seguido de una nueva celebración del acto.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia, que absolvió al denunciado del delito leve de coacciones imputado. En aplicación de los criterios fijados por la doctrina jurisprudencial elaborada respecto de recursos contra sentencias absolutorias que la sala analiza, no resulta admisible la pretensión de que se condene en la segunda instancia a la persona denunciada, absuelta en la primera instancia, dado que para ello resultaría preceptivo e indefectible la modificación de los hechos probados, lo cual se encuentra vedado en nuestro ordenamiento procesal. La única posibilidad en los supuestos de insuficiencia o falta de racionalidad de la valoración probatoria sería acordar la nulidad de la resolución que incurriese en tales vicios o anomalías. Pero para ello es presupuesto ex lege, de imposible elusión, que tal pretensión anulatoria sea solicitada por la parte recurrente conforme a lo estipulado de manera inconcusa en el párrafo segundo del artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso). En este caso, no se insta la nulidad de la sentencia y, por ello, no procede sino confirmar la resolución recurrida. En todo caso, en la resolución recurrida, tras analizar las distintas declaraciones, se concluye la inexistencia de los elementos del tipo de las coacciones. Por ello, se confirma la sentencia apelada.
Resumen: La parte denunciante recurrió la sentencia de instancia, que absolvió al denunciado del delito leve de amenazas imputado y solicita su condena en segunda instancia. Destaca la sala que los recursos contra sentencias absolutorias solo permiten la condena en segunda instancia, cuando a partir de los hechos declarados probados en la primera instancia, manteniéndose los hechos declarados probados, la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria sea estrictamente jurídica. En este caso, no se discute que el denunciado profirió la expresión :"Hugo te va quitar la cabeza, ya te lo dijo". En el delito de amenazas, el bien jurídico protegido es la libertad de la persona, siendo un delito de simple actividad, eminentemente circunstancial, y su núcleo esencial es el anuncio serio, real y perseverante, de causar a otro un mal futuro e injusto, y el dolo específico consiste en ejercer presión sobre la víctima, atemorizándola y privándola de su tranquilidad y sosiego. La expresión proferida por el denunciado alude a un enfrentamiento anterior entre el denunciante y Hugo y a que este le va quitar la cabeza al denunciante, pero no contiene la mención a un mal futuro que dependa de la voluntad del denunciado, no siendo este el que conmina con ese mal al denunciante, sino que alude a lo manifestado por el mencionado Hugo en un enfrentamiento anterior. No puede sostenerse la existencia de una amenaza por parte del denunciado. Por ello, se confirma la sentencia de instancia.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que absuelve a dos acusados y condena a otros dos como autores responsables de tres delitos contra la Hacienda Pública, por defraudación en el impuesto de sociedades durante tres ejercicios diferentes, y a uno de ellos además como autor de otro delito contra la Hacienda Pública por defraudación del IVA correspondiente a un ejercicio anual. Sociedad dedicada a la promoción y venta inmobiliaria, cuyo administrador, con el objeto de minorar las cuotas que correspondía ingresar en concepto de Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido, simula gastos que añade a los reales, con los que disminuye el beneficio realmente obtenido, e incrementa el importe de IVA soportado para reducir la cantidad a ingresar de las cantidades recaudadas a cuenta de dicho tributo. Delito contra la Hacienda Pública. Plazos de prescripción del delito y su cómputo. Prescripción administrativa y prescripción penal. La prescripción del derecho de la Administración a reclamar la deuda tributaria no afecta a aquellas deudas tributarias que, por su montante, constituyan delito fiscal. Determinación de la cuota defraudada. Valoración de los informes periciales acogidos por el Juez Penal. Dilaciones procesales indebidas como atenuante muy cualificada y con efectos de rebaja de la pena en un grado respecto de ambos condenados. Individualización de la pena.
