• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 1/2020
  • Fecha: 13/04/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El sindicato médico solicita la adopción de medidas cautelarísimas inaudita parte para que el servicio de salud provea, con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, a todos los centros sanitarios de batas impermeables, calzas, gel desinfectante y contenedores grandes de residuos; y que se realice la evaluación individualizada de los riesgos laborales de todos los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en los referidos centros. Se anuncia la futura presentación de la demanda de tutela de derecho a la integridad física. Las causas de la denegación de las medidas solicitadas son, en primer lugar, la falta de reclamación frente a la administración pública competente, ya que el sindicato no acredita haber reclamado a la administración lo que vaya a ser objeto del proceso que pretende entablar, lo cual es sumamente relevante, pues ello permitiría informar al órgano jurisdiccional acerca de si la administración se niega o está conforme con lo que se solicita en el proceso principal. Y, al respecto, la administración no se niega a facilitar los medios de protección, sino que no puede hacerlo por desabastecimiento de los mismos en el mercado. En segundo lugar, se desestiman las medidas, por la ausencia de peligro en la mora procesal, ya que nos e facilitan porque no se tienen. En tercer lugar, no se estima porque no existe la apariencia de que la demanda va a estar bien fundada, es decir, no existe el fumus bonus iuris. Por tanto, se desestiman las medidas.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
  • Nº Recurso: 23/2018
  • Fecha: 24/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS declara la competencia del orden social, rectificando doctrina previa, para conocer de la pretensión formulada consistente en que se declare la obligación de la CRTVE de incluir, en los pliegos de condiciones para la prestación de servicios en la Corporación, de una cláusula que imponga la subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios en el caso de cambio de titularidad de la contrata, anula la SAN precedente dictada en el presente procedimiento. La nueva SAN, previa desestimación de la excepción de cosa juzgada, estima, en parte, la demanda, al resultar probado que, la empresa se comprometió en acuerdo colectivo, cuya vigencia no se ha cuestionado, a incluir en el pliego de condiciones de los concursos públicos o peticiones públicas de ofertas que en el futuro puedan convocarse para la prestación de servicios en la Corporación, la subrogación de trabajadores de las empresas de servicios en el caso de cambio de titularidad de la contrata, y teniendo en cuenta que CRTVE quedó subrogada en la posición jurídica de RTVE que firmó el acuerdo. Se desestima la pretensión consistente en la imposición de una sanción y condena en costas a las que se refiere el artículo 97.3 LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 16/2019
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra. El auto que acordó la extinción colectiva no incluyó al trabajador aquí demandante, por lo que, respecto del mismo, aquel auto no puede tener efectos de cosa juzgada. En la actualidad, en el seno del concurso, ni hay ni puede haber extinción colectiva; y lo que, a la postre, se discute en el procedimiento de las demandas interpuestas por el trabajador es si su relación laboral sigue o no vigente y, en éste último caso, si hubo dimisión o despido tácito con las consecuencias que correspondan en cada caso; cuestiones todas ellas que, con claridad, no están incluidas entre las que competen al conocimiento del Juez del Concurso y que, por tanto, corresponden al Juzgado de lo Social. Como consecuencia de lo expuesto, tal como informa el Ministerio Fiscal, debe resolverse el conflicto negativo de competencia afirmando la competencia de la jurisdicción social; y, por tanto, del Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 13/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado de lo Social núm. 2 de Móstoles y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid. Se discute sobre el orden jurisdiccional competente para conocer sobre una pretensión que está directamente relacionada con el proceso de selección de personal al servicio del sector público. Con arreglo a la doctrina de los actos separables, tradicionalmente se ha diferenciado entre las reclamaciones surgidas al hilo del proceso de selección (competencia del orden contencioso) y las cuestiones derivadas de la dinámica del contrato de trabajo celebrado (competencia del orden social). Al amparo de la normativa anterior a la LRJS podía pensarse en cierta discordancia doctrinal entre la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y la Sala o la Tercera. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la LRJS debiera desaparecer cualquier discordancia porque sus claros mandatos, en concordancia con los de la LRJCA, abocan a que los litigios como el presente deban ventilarse ante los Juzgados y Tribunales del Orden Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 17/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión objeto del conflicto negativo de competencia planteado radica en decidir cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda/incidente concursal en materia laboral planteado por el actor por despido y reclamación de cantidad acumulada, al haber rechazado tanto el Juzgado de lo Social, como el Juzgado de lo Mercantil, la competencia para conocer del asunto. Consta asimismo que la sociedad demandada fue declarada en situación de concurso voluntario, y el Juzgado de lo Mercantil acordó la extinción de los contratos de trabajo por despido colectivo, entre los cuales, no estaba el del actor. Y la Sala Especial del TS declara la competencia del Juzgado Social para el conocimiento de las cuestiones planteadas, pues de conformidad con el art. 64.1 y 10 de la LC, si bien, con carácter general, la demanda de rescisión de contrato formulada después de la declaración del concurso quedará suspendida y a resultas de lo que decide el Juez del Concurso, en el caso, el Juez del Concurso no acordó ni comunicó la suspensión del procedimiento individual, a lo que se anuda que el auto que autorizó la extinción colectiva no incluyó al demandante, por lo que no puede desplegar frente a él los efectos de cosa juzgada. Por lo tanto, lo que ahora se ventila es si la relación laboral sigue o no viva, y si hubo despido tácito; cuestiones todas ellas cuyo conocimiento no compete al Juez del Concurso, y sí corresponden al Juzgado de lo Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3150/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea consiste en determinar si existe relación laboral cuando el demandante, arquitecto técnico de profesión, ha sido contratado sin solución de continuidad por un Ayuntamiento mediante tres contratos de consultoría y asistencia técnica y otros ocho contratos de arrendamiento de servicios, que le obligaban a acudir un día a la semana al Ayuntamiento, salvo en el mes de vacaciones, para ocuparse de la atención al público y del asesoramiento correspondiente a su titulación profesional en cuestiones urbanísticas municipales, encomendadas mediante órdenes de trabajo, expedidas por el Alcalde o Secretario, quienes eran sus superiores directos, percibiendo, a cambio, una retribución fija, previa presentación de factura con IVA. La Sala IV no entra a conocer del fondo de la cuestión planteada por no concurrir el requisito de la contradicción, exigido por el art 219.1 LRJS. No concurre identidad ni en las modalidades contractuales utilizadas, ni en el modo de ejecutar la prestación, ni en la fundamentación jurídica de las pretensiones, puesto que la recurrida pone especialmente en valor la intervención de la Diputación de Valencia y del Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia para la desestimación de la demanda, lo que no sucede en la sentencia de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 19/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Con carácter general, una demanda de rescisión de contrato formulada después de la declaración concursal, quedará suspendida y a resultas de lo que decida el Juez del Concurso respecto de las medidas colectivas que se hayan solicitado en su seno. No obstante, este caso es una excepción. La interrelación entre la extinción por voluntad del trabajador basada en el apartado 1.b) del art. 50 ET y el denominado "despido tácito" singular o plural por falta de ocupación efectiva -fundado, por lo general, en las mismas causas derivadas de la situación económica del empleador- ha permitido una asimilación de estas últimas acciones con aquellas a los efectos de ser consideradas como extinciones de carácter colectivo desde que se acuerda la iniciación del procedimiento previsto en el art. 64 LC. Ahora bien, la atribución de la competencia al juez del concurso tiene unas características específicas: los procesos individuales seguidos frente a la concursada relativos a las acciones individuales interpuestas al amparo del art. 50 ET, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursada y posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspenderán.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA DE LAS MERCEDES SANCHA SAIZ
  • Nº Recurso: 1013/2019
  • Fecha: 07/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre la Universidad demandada su condena por despido improcedente reiterando la incompetencia del Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la acción ejercitada, al atribuir a la jurisdicción contenciosa el examen de una prestación de trabajos educativos por personas físicas. Recuerda la Sala que la delimitación de los respectivos ámbitos competenciales vendrá determinada por su normativa reguladora (en el caso de autos la Ley de Contratos del Sector Público) y no por la naturaleza del servicio prestado; y ello es así porque la Constitución establece un modelo bipolar (funcionarios y laborales) del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El demandante prestó sus servicios (bajo las instrucciones de la Universidad que era quien suministraba los medios) como profesor de español como lengua extranjera, mediante contratos menores en adjudicación directa sin que se haya acreditado la aprobación del gasto; habiendo sido retribuido mediante facturas. De tal manera que, concurriendo la nota de dependencia y ajeneidad se califica de laboral la relación habida entre las partes. Se acoge la subsidiaria petición de improcedencia al rechazarse la nulidad del despido al considerarse insuficiente (a efectos de considerar vulnerada la garantía de indemnidad) una denuncia ante la Inspección con anterioridad al despido tácito al no acreditarse su conocimiento por parte de la UIMP.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2516/2017
  • Fecha: 06/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es la determinar si el orden Social de la Jurisdicción es competente para conocer de la extinción de una relación contractual entre una trabajadora autónoma con vehículo propio, que realiza funciones de paquetería y la empresa para la que prestan servicios, atendiendo a si la relación existente entre las partes es o no de naturaleza laboral. La sentencia de suplicación declaró la incompetencia de jurisdicción al entender que a pesar de que en principio concurrían todos los elementos definitorios de la relación laboral, la repartidora tenía no obstante facultad para designar a otra persona para realizar sus tareas cuando ella no podía. Interpuesto recurso de casación unificadora, la Sala IV no entra en el fondo del asunto al no concurrir la contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso, al existir importantes diferencias entre uno y otro supuesto: a) las actividades que realizan cada uno de los demandantes son diferentes, b) el lugar en el que prestan servicios tampoco es coincidente, c) los medios materiales aportados y la organización empresarial de los demandantes es distinta. Por lo tanto, no son contradictorias al partir de hechos diversos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3363/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV no entra a conocer del fondo de la cuestión relativa a la competencia del orden social para conocer de la pretensión de derecho y despido, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. La sentencia recurrida no aprecia la existencia de una relación laboral que vincule a las partes litigantes, al entender que la legislación autonómica -RD 296/1997, de la Generalidad valenciana- permite la contratación administrativa para la provisión de plazas vacantes de profesores especialistas y, por ello, da por válido que la relación entre las partes se rija por el Derecho Administrativo. Sin embargo, en la sentencia de contraste se aplica el art.95.2 de la LO 2/2006 de la Educación, que prevé que la contratación de profesores especialistas dentro del régimen laboral. No hay para la sala IV identidad en la naturaleza de la prestación de servicios ni en la normativa de aplicación, lo que justifica la disparidad de pronunciamientos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.