• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3905/2017
  • Fecha: 09/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la adquirente de la unidad productiva de una concursada resulta responsable de las obligaciones que la cedente tenía frente a personas despedidas con anterioridad. El recurso de casación unificadora solicita que se declare la inexistencia de sucesión de empresa y la ausencia de responsabilidad respecto de las deudas salariales e indemnizatorias anteriores a la adjudicación de la unidad productiva. La cuestión ha sido afrontada ya por la Sala Cuarta que explica que el art. 44 ET es plenamente aplicable y que la adquirente de la unidad productiva debe hacerse cargo de la responsabilidad derivada del despido respecto a los trabajadores cuyos contratos de trabajo ya se habían extinguido previamente, porque con la adjudicación en realidad se había producido el cambio de titularidad de una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, y porque el artículo 44 ET es una norma de carácter imperativo y el apartado 4 del art. 148 LC conduce a la conclusión de que la norma no ha excluido que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de empresa sino, al contrario, de forma indirecta está admitiendo que en dicho supuesto se produce sucesión de empresa, al remitir al artículo 64 LC los supuestos en los que las operaciones previstas en el plan de liquidación implicasen modificaciones sustanciales colectivas, traslados colectivos, suspensiones o extinciones colectivas de contratos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 4439/2018
  • Fecha: 14/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la laboralidad de la relación existente entre el Ayuntamiento de Alfahuir y un arquitecto y dos ingenieros técnicos, surgida en virtud de contratos anuales de arrendamiento de servicios que venían concertándose desde el 1/1/12 con amparo en un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y los respectivos colegios profesionales por el que la Diputación asumía la subvención de la retribución. Tras recordar que la determinación de la concurrencia de las notas de laboralidad en la prestación de servicios ha de hacerse de forma pormenorizada en cada caso, debiendo considerarse la totalidad de las circunstancias concurrentes, concluye que se dan las notas de dependencia y ajeneidad. Se trata de técnicos que prestan servicios para la parte recurrente de forma personal y regular, con utilización de los medios del Ayuntamiento y en sus instalaciones, cumpliendo un horario y percibiendo una cantidad fija sin poseer despacho o poner en juego elementos materiales necesarios propios. Y sin que ello quede desvirtuado ni por la denominación dada al contrato suscrito entre las partes, ni por la circunstancia de que la contratación se hubiera producido dentro del marco de un convenio suscrito por la Diputación Provincial con los colegios profesionales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1855/2018
  • Fecha: 09/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en decidir si la jurisdicción social es competente para resolver sobre la procedencia de las retenciones a cuenta del IRPF, en un supuesto de impugnación de despido individual derivado de despido colectivo, cuando la empresa ha descontado de la indemnización pactada aquel concepto tributario. La sentencia desestima el recurso por falta de contradicción, y en eso radica precisamente su importancia. Así, la sentencia razona que la competencia material no está exenta de la exigencia de ese presupuesto legal, a diferencia de la competencia funcional, la cosa juzgada, o la falta manifiesta de jurisdicción, de modo que si no puede apreciarse esa manifiesta falta de jurisdicción, por ser la competencia controvertida u opinable, no cabe resolver sobre la misma sin la acreditar la previa contradicción, que es lo que sucede en el caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 13/2019
  • Fecha: 08/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia casa y anula la de instancia para afirmar la competencia del órgano judicial de origen, ordenando la devolución de actuaciones para que se dicte sentencia que se resuelvan las cuestiones suscitadas. La sentencia trae causa de la demanda de conflicto colectivo de la que conoció la AN en que se solicitaba se declarara nula o contraria a derecho, por ilegal, ilícita o abusiva, la huelga convocada en Correos, y la estimación de la falta de competencia del orden social para conocer de la pretensión, por entender que la misma está atribuida al orden contencioso-administrativo al afectar la huelga tanto al personal laboral como al funcionario. Declara la competencia del orden social la Sala 4ª en aplicación de lo dispuesto el art. 3 c) y d) LRJS que excluye al orden social del conocimiento de huelgas de funcionarios, y atribuye al orden contencioso-administrativo los litigios sobre servicios esenciales y porcentajes mínimos de actividad, no siendo éste el objeto del proceso, ya que no se está ante un procedimiento de tutela, afectando o no la huelga a funcionarios no en atención a la convocatoria sino al efectivo ejercicio del derecho por los titulares, siendo irrelevante el grado de seguimiento cuando se persigue una declaración judicial que califique la huelga. Concluye que no existe una vis atractiva del orden contencioso-administrativo frente al social
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: JOSE FELIX LAJO GONZALEZ
  • Nº Recurso: 35/2020
  • Fecha: 07/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Denegada en su día la medida cautelarísima que solicitó el sindicato demandante, la Sala resuelve, como Tribunal de instancia, una demanda planteada por un sindicato por la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y dirigida contra Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, alegando que se ha atacado el derecho fundamental a la vida e integridad física de sus trabajadores, al no hacer una evaluación de riesgos laborales completa de todos sus empleados y trabajadores que valore las características de cada puesto de trabajo y trabajador. La Sala estima en parte la demanda y solo en relación al personal de dos concretos centros y servicios de la demandada, donde se constata que no se había practicado evaluación de puestos de trabajo considerando el concreto trabajador y el concreto puesto de trabajo, no obstante indicar que ha hecho un importante esfuerzo en tal sentido incluso antes de declararse el estado de alarma, con permanente seguimiento de las diversas vicisitudes. Vincula esta incumplimiento a aquellos derechos fundamentales, en cuanto que con ello se pone en grave e inminente riesgo la integridad física del personal afectado. Para la cuestión de fondo cita diversos precedentes propios. Desecha la excepción de incompetencia jurisdiccional. También entiende que el actor produjo una alteración sustancial de la demanda con las alegaciones nuevas vertidas en juicio, en cuanto que alguna de ellas suponía introducir un nuevo argumento de estimación de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 119/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia reitera la doctrina de la Sala y declara la competencia del orden social para conocer de la demanda de despido. Consta que las actoras venían prestando servicios para la empresa concursada hasta que por auto del juzgado de lo mercantil se autorizó la extinción colectiva de los contratos, entre ellos, los de las actoras. Ante la sala IV se debate si compete a la jurisdicción laboral conocer de la demanda de despido en la que se debate si se ha producido sucesión de empresa. La sentencia comentada, reiterando doctrina propia así como con base en lo recogido en los autos de la sala especial de Conflictos de Competencia de 9/12/2015 (Conflicto 25/2015) y de 9/3/2016 (Conflicto 1/2016), concluye que, cuando se acciona por despido contra sociedades diferentes de la concursada en liquidación, sin que se encuentren en situación de concurso, la competencia para conocer de la cuestión relativa a la sucesión empresarial corresponde a la jurisdicción social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN PRIETO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 1067/2019
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lo que se impugna en la demanda rectora, no es el reconocimiento de una determinada prestación económica o asistencial. Se impugna la negativa del IMSERSO al acceso a la fase de pre-admisión al ingreso en un centro estatal para la atención del daño cerebral. El Centro de Atención de Daño Cerebral Adquirido, tiene como funciones la de ofrecer servicios personalizados en régimen de internado y atención diurna, rehabilitación y servicio de apoyo familiar a los afectados y su entorno, por lo que la acción que se ejercita no es frente a una resolución denegatoria de una prestación asistencial, de un alta en el sistema, ni de ninguna otra incluida en la acción protectora de la Seguridad Social, que comprende las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a personas mayores, así como en aquellas otras materias que se considere conveniente. Por lo tanto, no se incluye en el ámbito prestacional de la Seguridad Social el acceso a prestaciones para una concreta acción asistencial que no tiene el grado de dependencia, ni forma parte de las competencias del orden social, que afecta a prestaciones sociales, asistenciales, médicas y sanitarias. Se trata de la impugnación de un acto administrativo que habrá de ser conocido por el orden contencioso administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV resuelve la demanda que tiene por objeto impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11-5-2018, por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1-09-2017, que confirmó el Acta de Infracción e impuso a la mercantil CHAIN SA una sanción por impago de cuotas de SS. Se resuelve, en primer lugar, acerca de la falta de competencia del orden social para resolver la cuestión planteada. La Sala, rectificando su doctrina anterior (STS 21-1-2014 (R. 2-2012) y 28-10-2013, (R. 3-2012) declara la competencia de la jurisdicción social. Tras examinar la alegación de que se ha producido la caducidad del expediente administrativo, por mor de lo dispuesto en el artículo 20.3 del RD 928/1988, modificado por el artículo único del RD 772/2011, declara aplicable el artículo 20.3 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la SS, aprobado por el RD 928/1998, por lo que no se ha producido caducidad del expediente. No hay omisión en el acta de infracción de la Inspección Provincial respecto a los expedientes de derivación de responsabilidad por las deudas de la empresa CHAIN SA a la SS. El pago de la deuda con anterioridad a que el Consejo de Ministros dictara resolución acordando imponer una sanción a la empresa CHAIN SA, pero con posterioridad al acta de la Inspección de Trabajo, no le exime de responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
  • Nº Recurso: 113/2020
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: ERTE por fuerza mayor.Se solicita, se dicte sentencia por la que, se declare nula o, en todo caso injustificada, la medida empresarial adoptada consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16 de marzo de 2020, en tanto en cuanto permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, y en concreto, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas. La AN, previa desestimación de la excepción de inadecuación de procedimiento porque no se impugna la resolución administrativa,sino la decisión empresarial.Se desestima la excepción de falta de agotamiento de la vía previa.Se desestima la demanda ,se entiende el silencio administrativo en sentido positivo.La decisión empresarial trae causa de la fuerza mayor constatada por la autoridad laboral y se debe respetarse el contenido de la resolución administrativa autorizatoria en tanto en cuanto la misma no haya sido anulada o se haya dictado resolución suspendiendo su ejecutividad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 15/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conforme a la doctrina mantenida por la Sala Especial de Conflictos de Competencia, así como por las Salas Tercera y Cuarta TS, cuando se está ante la impugnación de la resolución de una convocatoria de plazas laborales de la Administración pública, el criterio para la atribución de competencia a favor de uno u otro orden jurisdiccional se basa en la distinción entre convocatorias por las que se accede al vínculo laboral con la Administración: cuando se puede acceder desde el exterior, el enjuiciamiento corresponde al orden contencioso-administrativo; en aquellas otras de carácter restringido, a las que solo tienen acceso quienes ya tuviesen un vínculo laboral con la Administración, la competencia corresponde al orden social. Pero, es más, como ha señalado recientemente la Sala Cuarta TS, es voluntad del legislador de 2011 a través de la LRJS atraer al orden social, por su mayor especialidad, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por especial conexión, puedan calificarse como sociales, incluso cuando esté implicada la Administración pública. En el caso, la parte actora es personal laboral fijo de la Administración General del Estado desde 2010, destinada como trabajadora social en un centro penitenciario, e impugna la resolución de un concurso de traslado en el que únicamente podía participar personal laboral ya vinculado con la Administración. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto corresponde a los órganos del orden social.

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