• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 36/2018
  • Fecha: 03/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia objetiva la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para conocer de la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato CIG, en impugnación de una modificación sustancial colectiva de las condiciones de trabajo que afecta a los centros de trabajo de la empresa demandada de Cabanas, A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, al no exceder el ámbito del conflicto el de la Comunidad Autónoma de Galicia, y confirma por ello mismo la legitimación de dicho sindicato para plantearlo, desestimando el recurso de casación de la empresa por considerar que la modificación impugnada (supresión del complemento de antigüedad) constituye una condición más beneficiosa cuya variación debe seguir el procedimiento del art. 41 ET.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 3938/2016
  • Fecha: 02/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la tramitación de un proceso previo de conflicto colectivo tiene virtualidad interruptiva de la prescripción de la acción individual de reclamación de cantidad. La Sala IV se plantea de oficio su propia competencia funcional para conocer del recurso dado que la cuantía litigiosa no supera el límite cuantitativo, art. 191.2.g LRJS. Se trata de una reclamación de cantidad por el complemento de antigüedad, por los atrasos derivados del cómputo de los períodos trabajados al amparo de contratos temporales. Se declara que la sentencia de instancia no era susceptible de recurso de suplicación por razón de la cuantía ni por la vía de la afectación general. Con remisión a pronunciamientos, la eventual trascendencia múltiple del asunto no fue invocada en el escrito de demanda, y tampoco en el acto de juicio por ninguna de las partes, que no comparten por tanto la evidencia de que la reclamación posea proyección general. La litigiosidad es plural, pero no evidencia que exista una situación de controversia generalizada sobre los derechos de gran número de los trabajadores contratados en su día por Telefónica mediante contratos formativos. La Sala tampoco tiene constancia de que sobre el concreto asunto que se plantea se haya seguido un gran número de litigios. El número de recursos no permite apreciar la existencia de afectación general, y muchos menos notoria, al no constar ningún dato que permita determinar el número de litigios tramitados sobre esta problemática.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1952/2017
  • Fecha: 02/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar si se interrumpe la prescripción por un determinado proceso de conflicto colectivo, respecto de las cantidades por los los servicios prestados bajo contratos en prácticas o formación sobre los que se quiere obtener la antigüedad a computar y justificar el importe de lo reclamado. Se postula como día inicial el de la presentación del primer conflicto colectivo. El trabajador reclama 432,28 €, en concepto de atrasos por antigüedad desde mayo de 2007 a agosto de 2009. En conflicto colectivo se solicitaba que se declarase que los periodos de servicios prestados por los trabajadores con contratos en prácticas o formación debían computarse como antigüedad. En cuanto al acceso al recurso por la cuantía la sala ha acordado en otros supuestos la irrecurribilidad por falta de cuantía y de afectación general, y se reitera ahora. Las sentencia referida manifestaba que en el procedimiento no se discutía ya la cuestión que se debatió en el proceso colectivo, sino otra distinta relacionada con la eficacia interruptiva de la prescripción de otro conflicto distinto de aquél en el que tenía origen la demanda individual, y la aplicación de dicha doctrina a este caso lleva a concluir que no concurre la afectación generalizada del tema controvertido. La notoriedad no viene marcada por el número de trabajadores contratados como fijos previa su condición de temporales, porque para lo que aquí se cuestiona no es relevante el número de contrataciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 247/2017
  • Fecha: 20/03/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que acogió la excepción de incompetencia funcional del TSJ/Madrid para conocer en instancia de la demanda, advirtiendo a la parte actora [USIT-EP] que el órgano jurisdiccional competente para conocerla es el Juzgado de lo Social que por turno corresponda. Razona al respecto que no nos encontramos ante una demanda de tutela de derechos fundamentales, sino ante un procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social excluidos los prestacionales, en el que se impugna la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2017-2018, porque dicha resolución no fue dictada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, sino por un organismo público de inferior jerarquía administrativa, por lo que la competencia no corresponde al TSJ sino al Juzgado correspondiente, de acuerdo con el art.6, en relación con los arts. 5 y 7 de la LRJS. Asimismo, confirma que el cambio de ponente se realizó "por necesidades del servicio", lo que si bien podría no resultar suficiente para satisfacer la exigencia legal de motivación, en el recurso no se alega ni prueba indefensión alguna, no apreciando la Sala tampoco que por ello se produjera una vulneración de la tutela judicial efectiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 230/2017
  • Fecha: 12/03/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, trae causa de demanda en la que se discute sobre el eventual derecho de la plantilla perteneciente a la empresa Wordline Iberia SA a recibir la llamada "cesta de Navidad", sea como condición más beneficiosa [CMB], sea como consecuencia de pretéritos acuerdos colectivos de alcance cuestionado. La Sala de origen declara el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a percibir la cesta correspondiente al ejercicio de 2016, sin embargo tal parecer no es compartido por el TS. Se funda esta decisión tras descartar la existencia de un exceso de jurisdicción e incongruencia extra y ultra petita, así como la existencia de una CMB, en la interpretación de los acuerdos colectivos de 2005 y 2010, con arreglo a los cuales se supedita la entrega de la cesta a que "las condiciones económicas lo permitan". Así las cosas, y partiendo de la validez de dichos acuerdos al contener una obligación sometida a condición cuyo cumplimiento no depende de una de las partes, declara que la cesta de Navidad de 2016 no puede entregarse al quedar acreditadas las pérdidas durante ese ejercicio, todo lo cual conduce a la desestimación de la demanda. Recala asimismo la Sala IV en la reciente STS 6/3/19 (rec. 242/17), que si bien aborda un supuesto similar que afecta a otra empresa del Grupo Atos, concurren con aquélla diferencias que impiden la traslación al caso actual de la doctrina allí fijada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
  • Nº Recurso: 455/2018
  • Fecha: 04/03/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar si procede el acceso al recurso de suplicación contra una sentencia de instancia dictada en un proceso en el que la Mutua demandante cuestiona haber sido declarada responsable del pago prestación por lesiones permanentes no invalidantes derivadas de enfermedad profesional por importe inferior a 3000 €, pretendiendo que el abono de dicha prestación corra a cargo del INSS. El juzgado de instancia estimó la demanda, condenando al INSS al pago; el TSJ declaró la nulidad de actuaciones y la improcedencia del recurso de suplicación interpuesto. El TS, tras indicar que en no es aplicable la doctrina establecida en la STS de 11-11-2014 (R. 384/2014), en la que se posibilita el acceso a suplicación cuando el objeto inicial de la pretensión no iba encaminada a la obtención de diferencias económicas, sino al reconocimiento de la prestación de incapacidad permanente, concluye que en el caso no cabe recurso de suplicación contra la sentencia de instancia dado que el objeto inicial de la pretensión no iba encaminada a la obtención de reconocimiento de la prestación de lesiones permanentes no invalidantes, la que no se cuestiona, ni en su procedencia ni en su cualificación, sino que la pretensión actora iba dirigida a la determinación de la entidad responsable del abono; y como esta imputación de responsabilidad no excede de 3.000 €, no alcanza el límite cuantitativo de acceso a al recurso de suplicación (art. 191.2.g LRJS).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 42/2018
  • Fecha: 26/02/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala Especial resuelve el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado C-A y el Juzgado de Primera Instancia declarando la competencia del orden civil. La actora interpuso una demanda ante los juzgados de primera instancia en la que ejercitaba una acción de responsabilidad civil frente a Metro Madrid, S.A. y el SOVI, por los daños sufridos como consecuencia del cierre de las puertas del vagón en el que viajaba, cuando pretendía apearse. El juzgado civil acordó la abstención por falta de competencia, al considerar que esta correspondía a los tribunales de lo contencioso- administrativo, ya que la reclamación iba dirigida contra Metro Madrid, que es una entidad pública. La actora interpuso demanda ante el Juzgado C-A que se inhibió a favor de los órganos de la jurisdicción civil al entender que Metro Madrid, S.A. tiene personalidad jurídica propia e independiente del Ayuntamiento. La Sala declara citando el auto la sala de conflictos del Tribunal Supremo 3/2016 de 17/3/2016 que el proceso contencioso-administrativo exige una actividad administrativa susceptible de impugnación que pueda imputarse a alguna de las Administraciones Públicas legalmente previstas, por lo que concluye que como la pretensión no se dirige frente a una administración pública y no se basa en una previa actuación de la administración pública, procede atribuir la competencia a los tribunales del orden civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 214/2017
  • Fecha: 21/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCO: La SAN estima parcialmente la demanda del sindicato AIRE sobre el derecho a disponer de una cuenta de correo asignada a su sección sindical. Ante el TS formula la empresa seis motivos. El TS desestima la solicitud de incompetencia o inadecuación de procedimiento porque el sindicato ha interpuesto la demanda bajo la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertad sindical, y lo que pretende es comunicarse con todos los trabajadores de la empresa, que tiene centros en todo el territorio nacional. Desestima también los motivos de revisión fáctica. En cuanto al fondo, sostiene la empresa que no hay preceptos legales o convencionales de los que derivar el derecho reclamado; pero tampoco se acoge. El TS parte de la doctrina constitucional (STC 281/2005), considerando que se trata de valorar la decisión empresarial en relación con el derecho de libertad sindical, al negarse a permitir la utilización del sistema de correo electrónico a un sindicato de ámbito nacional, que se encuentra implantado en la empresa con una afiliación nada desdeñable, en el que además se han integrado 10 miembros del comité de empresa, y cuando, por el contrario, permite su utilización a los demás sindicatos; concluyendo el TS que la empresa ha vulnerado el derecho de libertad sindical porque no ofrece ninguna justificación de las razones por las que niega ese medio a este sindicato y se lo permite a los demás. Confirma la indemnización fijada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 18/2018
  • Fecha: 19/02/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El demandante no está impugnando directamente un determinado acto de gestión recaudatoria, ni está está suscitando cuestiones que pudieren estar más o menos vinculadas o ser consecuencia del mismo, y ni tan siquiera se ha producido una actuación de tal naturaleza por parte de las entidades gestoras competentes.La demanda se formula exclusivamente contra la propia empresa, sin que la acción se dirija frente a los organismos encargados de la gestión recaudatoria que no son parte en el procedimiento, y lo que se solicita es la condena de la empresa a cumplir con la obligación derivada del contrato de trabajo en materia de seguridad social que supone la de cotizar por la prestación de desempleo. Se trata de determinar si la empresa cotizó adecuadamente por el trabajador en atención a las circunstancias concurrentes en la prestación de sus servicios. En ese tipo de asuntos la competencia corresponde al orden social, por cuanto la determinación de la concurrencia de los requisitos de acceso a las prestaciones de Seguridad Social es una cuestión de la competencia directa y exclusiva del orden jurisdiccional social, y deben comprenderse en ese ámbito competencial cuantas cuestiones se puedan plantear y tengan incidencia directa sobre el derecho al percibo de prestaciones de Seguridad Social. El trabajador sostiene que la naturaleza de la relación laboral especial de médico residente no impide que tenga derecho a las prestaciones de desempleo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO
  • Nº Recurso: 16/2018
  • Fecha: 19/02/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El presente conflicto se plantea entre el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, en el incidente concursal 43/2016, y el Juzgado de lo Social número 2 de Lugo, en el procedimiento de despido número 1237/2014. Se trata de dilucidar cuál es el competente para conocer de una controversia en la que la parte actora impugna su despido, acordado por razones objetivas, de la mercantil Grupo MGO, S.A., que se encontraba en concurso de acreedores. Pues bien, el conflicto de competencia negativo se resuelve en el sentido de que el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción social, pues, como regla general, el conocimiento de los conflictos relativos a la extinción de contratos de trabajo corresponde a los órganos del orden social y sólo como excepción al juez del concurso, al que únicamente corresponde conocer de las extinciones colectivas -o de las impugnaciones individuales que frente a las mismas promuevan los trabajadores afectados-, además de las relativas a contratos de alta dirección. Además, el demandante no pretende la resolución de su contrato de trabajo como consecuencia de la situación económica o de insolvencia de la entidad concursada, sino que se declare improcedente el despido acordado por la empresa por razones objetivas y se imponga a ésta su readmisión con abono de los salarios de tramitación o, a elección de la entidad demandada, la correspondiente indemnización.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.