Resumen: El problema suscitado se centra en decidir si la trabajadora tiene derecho al plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad reclamado, que solicitó el 21/12/2001 ante la comisión del convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía competente para ello, emitiendo resolución denegatoria la comisión el 22/6/2006. La actora tiene reconocido judicialmente el derecho a la percepción del plus correspondiente a anualidades anteriores. La sentencia comentada, declara en primer lugar que es clara la existencia de afectación general, por lo que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación. A continuación, aprecia la existencia de la contradicción del art. 219 LRJS y reconoce la competencia de la citada comisión para reconocer ese derecho, pero señala que no cabe que el procedimiento se detenga o dilate durante años, sino que ha de resolverse en un plazo razonable, acorde con lo pactado en el Acuerdo de fecha 11/12/97, por el que se establecen los criterios y el procedimiento para el reconocimiento o revisión de los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad que desarrolló el art. 50 del anterior convenio colectivo, de contenido semejante al actual art. 58.14 que regula los referidos pluses. A lo que se suma que la actora tiene reconocido judicialmente el derecho a percibir el plus ahora reclamado en anteriores ejercicios, sin que hayan variado las circunstancias fácticas, por lo que resulta de aplicación el efecto positivo de cosa juzgada.
Resumen: Se cuestionaba si el trabajador tenía derecho a disfrutar de 21 días festivos en los años 2012 y 2013, en lugar de los 14 días que le habían sido reconocidos por la empresa, en función de que se considere o no aplicable la normativa convencional que estaba vigente a la fecha de la subrogación y en razón de lo pactado en acuerdo firmado entre las empresas implicadas y la representación de los trabajadores. La sentencia de la Sala Social consideró acreditada la afectación general y acogió el recurso del trabajador y reconoció el derecho a disfrutar 7 días adicionales festivos en el año 2012 y otros 7 días adicionales del año 2013. Formulan sendos recursos de casación unificadora las dos empresas codemandadas, articulando un primer motivo en el que plantea que la sentencia no era recurrible e invoca de contraste la STS en la que la Sala Cuarta declaró la irrecurribilidad respecto a la misma reclamación relativa a anteriores anualidades. La Sala concluye que no era recurrible en suplicación la sentencia del juzgado de lo social, ni cabe por lo tanto el recurso de casación para la unificación de doctrina. La Sala Cuarta recuerda que la mera existencia de tan solo tres litigios no es en modo alguno reveladora de la afectación general que aquel precepto contempla como regla que habilite el recurso de suplicación, habiendo descartado ya esa posibilidad en las sentencias dictadas para resolver sobre la misma reclamación en anualidades anteriores.
Resumen: La sentencia recurrida en casación ordinaria declaró la falta de jurisdicción de la Sala de lo social del TSJ de Las Palmas para conocer de la demanda de conflicto colectivo planteada por la empresa, en la que se solicita que se aplique la clausula "rebus sic stantibus" respecto de los incrementos de antigüedad del convenio. Entiende la sala de instancia que lo planteado en demanda constituye un conflicto de intereses que no puede dilucidarse ante la jurisdicción. En los recursos de casación planteados por la empresa demandante y por la sección sindical demandada se discrepa de la falta de jurisdicción apreciada en la sentencia impugnada. La sala IV, tras recordar la doctrina jurisprudencial relativa al objeto del proceso de conflicto colectivo y a la diferenciación entre conflictos jurídicos y de intereses, concluye que no puede negarse la competencia de los órganos judiciales del orden social. Si la parte actora carece de acción porque lo pretendido no es un conflicto jurídico, sino de intereses, procederá desestimar la demanda, pero en ningún caso cabe negar el acceso a los tribunales del orden social. Por todo ello, se estiman los recursos y se anula la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones a la sala de origen para que resuelva todas las cuestiones suscitadas en el recurso.
Resumen: La Sala IV resuelve la demanda que tiene por objeto impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11-5-2018, por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1-09-2017, que confirmó el Acta de Infracción e impuso a la mercantil CHAIN SA una sanción por impago de cuotas de SS. Se resuelve, en primer lugar, acerca de la falta de competencia del orden social para resolver la cuestión planteada. La Sala, rectificando su doctrina anterior (STS 21-1-2014 (R. 2-2012) y 28-10-2013, (R. 3-2012) declara la competencia de la jurisdicción social. Tras examinar la alegación de que se ha producido la caducidad del expediente administrativo, por mor de lo dispuesto en el artículo 20.3 del RD 928/1988, modificado por el artículo único del RD 772/2011, declara aplicable el artículo 20.3 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la SS, aprobado por el RD 928/1998, por lo que no se ha producido caducidad del expediente. No hay omisión en el acta de infracción de la Inspección Provincial respecto a los expedientes de derivación de responsabilidad por las deudas de la empresa CHAIN SA a la SS. El pago de la deuda con anterioridad a que el Consejo de Ministros dictara resolución acordando imponer una sanción a la empresa CHAIN SA, pero con posterioridad al acta de la Inspección de Trabajo, no le exime de responsabilidad.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que desestimó la demanda presentada por los integrantes de la Comisión Negociadora y declara el despido colectivo ajustado a derecho. La Sala rechaza las modificaciones fácticas propuestas. La parte recurrente denuncia una infracción de carácter procesal, referida a la nulidad de la sentencia por inadmisión de prueba testifical de los componentes de la Comisión representativa de los trabajadores creada ad hoc, para la tramitación del despido colectivo; la Sala IV declara que la prueba de interrogatorio de las partes solo puede ser propuesta por las otras partes del proceso de forma que los demandantes no pueden proponer como prueba su propio interrogatorio. Respecto a la existencia de grupo de empresas, inalterado el relato fáctico, declara que no concurre. Con relación al motivo de infracción de norma para declarar la nulidad del despido colectivo por no haber obtenido autorización del Juez del Concurso, la Sala declara que no procede al estar archivado el proceso concursal por insuficiencia de masa. También se desestima el motivo destinado a la declaración de nulidad del despido colectivo por no aportar la documentación necesaria al entender que la representación de los trabajadores tuvo a su disposición la documentación necesaria para negociar. Respecto del último motivo declara que la falta de puesta a disposición de la indemnización a los trabajadores afectados por el despido no afecta a la calificación del despido colectivo.
Resumen: Conforme a la doctrina mantenida por la Sala Especial de Conflictos de Competencia, así como por las Salas Tercera y Cuarta TS, cuando se está ante la impugnación de la resolución de una convocatoria de plazas laborales de la Administración pública, el criterio para la atribución de competencia a favor de uno u otro orden jurisdiccional se basa en la distinción entre convocatorias por las que se accede al vínculo laboral con la Administración: cuando se puede acceder desde el exterior, el enjuiciamiento corresponde al orden contencioso-administrativo; en aquellas otras de carácter restringido, a las que solo tienen acceso quienes ya tuviesen un vínculo laboral con la Administración, la competencia corresponde al orden social. Pero, es más, como ha señalado recientemente la Sala Cuarta TS, es voluntad del legislador de 2011 a través de la LRJS atraer al orden social, por su mayor especialidad, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por especial conexión, puedan calificarse como sociales, incluso cuando esté implicada la Administración pública. En el caso, la parte actora es personal laboral fijo de la Administración General del Estado desde 2010, destinada como trabajadora social en un centro penitenciario, e impugna la resolución de un concurso de traslado en el que únicamente podía participar personal laboral ya vinculado con la Administración. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto corresponde a los órganos del orden social.
Resumen: El personal que presta servicio en los Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes depende del ayuntamiento respectivo, sin que esté contemplado sobre quién ha de recaer el nombramiento de la persona que el ayuntamiento considere «idónea» para desempeñar su Secretaría, persona que no es un funcionario público, sino un particular al que se encomienda el ejercicio de funciones públicas. No existe normativa reguladora de las condiciones de provisión de estas Secretarías ni en lo que atañe a las exigencias o requisitos para proveer las plazas ni en cuanto a la clase de régimen o vínculo jurídico que la persona elegida ha de mantener con el ayuntamiento respectivo, que tiene plena libertad para designar a personas que con las que ya mantiene un vínculo funcionarial -así, el secretario del ayuntamiento o un funcionario de la plantilla municipal-, para concertar un contrato laboral con retribución salarial y alta en la Seguridad Social de la persona elegida o para designar a una persona sin vínculo funcionarial ni laboral, sin alta en la Seguridad Social, limitándose a retribuirla mediante una indemnización. Por ello, es a la clase de vínculo jurídico existente entre las partes a la que ha de atenderse para resolver el conflicto. El análisis de las concretas circunstancias a través de las que la demandante desempeñó sus funciones pone de manifiesto que su relación con el ayuntamiento demandado es laboral, por lo que la competencia corresponde a los órganos del orden social.
Resumen: La gestión recaudatoria comprende no solo las controversias sobre recaudación en sentido estricto, sino también aquellas que tienen por objeto declarar la obligación de cotizar o determinar el importe y alcance de las cotizaciones. Pero el concepto viene limitado a los asuntos que persigan el cobro de los recursos o que se refieran al ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Sin embargo, se está ante un pleito relativo a prestaciones de Seguridad Social cuando se pretende dilucidar, en una controversia surgida entre las partes del contrato de trabajo, si la empresa cotizó adecuadamente por el trabajador en atención a las circunstancias concurrentes en la prestación de sus servicios, ya que se trata de determinar si concurren o no los requisitos de acceso por este a las prestaciones de la Seguridad Social, lo que exige fijar previamente las condiciones de la relación laboral existente entre las partes para, luego, analizar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de cotización. En el caso, el objeto del litigio está motivado por la falta de cotización por parte del empleador, aunque fuera parcial, por lo que lo que se persigue en él, en esencia, es que se reconozcan las condiciones de la relación laboral mantenida entre las partes, en concreto, las horas trabajadas, cuestión propia del conocimiento de los órganos del orden social, al amparo de lo dispuesto en el art. 2.a) LRJS.
Resumen: ERTE por fuerza mayor.Se solicita, se dicte sentencia por la que, se declare nula o, en todo caso injustificada, la medida empresarial adoptada consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16 de marzo de 2020, en tanto en cuanto permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, y en concreto, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas. La AN, previa desestimación de la excepción de inadecuación de procedimiento porque no se impugna la resolución administrativa,sino la decisión empresarial.Se desestima la excepción de falta de agotamiento de la vía previa.Se desestima la demanda ,se entiende el silencio administrativo en sentido positivo.La decisión empresarial trae causa de la fuerza mayor constatada por la autoridad laboral y se debe respetarse el contenido de la resolución administrativa autorizatoria en tanto en cuanto la misma no haya sido anulada o se haya dictado resolución suspendiendo su ejecutividad.
Resumen: La extinción de los contratos de trabajo corresponde a los órganos del orden social y, solo como excepción, al juez del concurso, al que únicamente corresponde conocer de las extinciones colectivas. Los actores no pretenden la resolución de sus contratos de trabajo como consecuencia de la situación de insolvencia de la entidad concursada al amparo de lo dispuesto en el art. 50 ET -lo que permitiría considerar como colectiva la extinción solicitada tras la iniciación del expediente del art. 64 LC-, sino que ejercitan acciones individuales para que se declare improcedente el despido acordado por razones objetivas. Se está, en consecuencia, ante un despido que, aunque se notificara por el administrador concursal y alcanzara a la totalidad de la plantilla con cese total de la actividad de la empresa, no tiene consideración de colectivo, al no constar que hubiera otros despidos en los 90 días previos ni superar el número de 5 trabajadores establecido en el art. 51 ET para entender como colectivo el despido que afecta a la totalidad de los trabajadores de la empresa. Además, no consta que en el concurso de la entidad se tramitara el expediente de extinción colectiva de los contratos de trabajo contemplado en el art. 64 LC ni que se dictara el auto contemplado en su apartado 7 frente al que, en su caso, pudieran alzarse los trabajadores a través del incidente concursal en materia laboral. Corresponde conocer del asunto, en consecuencia, a los órganos del orden social.