• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1517/2018
  • Fecha: 30/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones el actor impugna la sanción por falta muy grave impuesta por la empresa. La sentencia de instancia estimó caducada la acción, decisión revocada por la sala de suplicación, que desestima tal excepción. Recurre la demandada en casación unificadora planteando dos motivos de recurso. En primer lugar, alega la irecurribilidad de la sentencia de instancia. La sala IV, teniendo en cuenta que la sentencia impugnada desestimó la excepción de caducidad y que, por tanto la sanción impuesta no fue confirmada judicialmente, se plantea si la empresa está legitimada para recurrir en casación unificadora, cuestión vinculada al examen de la cuestión competencial, por lo que la sala es competente para su examen de oficio y con independencia del cumplimiento de la exigencia de contradicción entre sentencias. Y se razona que la apreciación de la caducidad equivale a la firmeza de la sanción, lo que abre la vía de recurso con arreglo a lo recogido en el art. 193.3.f de la LRJS. Concluye la sentencia analizada indicando que el recurso basado en infracciones procesales no podrá extenderse al examen de infracciones de normas sustantivas, a tenor de lo recogido en el art. 193.e de la LRJS, por lo que se desestima el recurso formulado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4746/2019
  • Fecha: 25/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV, en Pleno, ha declarado que la relación existente entre un repartidor, rider, y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal rechaza elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por no existir dudas razonables en relación con la aplicación del Derecho de la Unión. En cuanto a la calificación de la relación, tras una profusa e interesante labor argumental, sostiene que no concurren las condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA para tener la condición de TRADE y si, por el contrario, las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. La empresa presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, estando sujetos a las directrices organizativas fijadas por la empresa. La forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo, que ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo. El 2º motivo- incongruencia de la sentencia- se desestima por falta de contradicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1152/2018
  • Fecha: 24/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda formulada por la trabajadora en materia de "reclamación de derechos y nulidad", a fin de obtener el reconocimiento de la condición fija discontinua, que el juzgado tramitó como modificación sustancial de las condiciones de trabajo con vulneración de derechos fundamentales, atendido que el escrito de demanda indicaba que la firma había sido bajo amenaza de despido. La Sala de suplicación declaraba la incompetencia funcional al tener en cuenta que es una demanda individual de condiciones laborales formulada contra la decisión empresarial de modificar jornada y salario de la actora, al margen de que el empresario entendiera que se trataba de una regularización del contrato. Y el TS da a tal cuestión una respuesta positiva. Recuerda al efecto que puede examinar de oficio la competencia funcional aunque no concurra la contradicción entre sentencias. Y falla manteniendo el criterio sentado en anteriores resoluciones, entre otras, de Pleno de 10-3-2016 (R. 1887/2014) y 22-6-2016 (R. 399/2015), declarando que aunque no exista un mandato constitucional que asegure el acceso a los recursos en materia de derechos fundamentales, una vez que el legislador ha previsto la suplicación, no cabe interpretar que la remisión del legislador a las modalidades procesales correspondientes del conocimiento de las demandas que allí se citan, sin dar acceso al recurso pueda dar como resultado una menor garantía jurisdiccional de un mismo derecho fundamental.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 815/2018
  • Fecha: 16/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras reclamar la empresa Gas Natural cantidades relacionadas con los suministros eléctricos en aplicación del convenio de empresa (importe del IVA e impuesto especial eléctrico que la empresa entiende debió abonar el trabajador y consumos una vez decaída la tarifa especial de la que venía disfrutando), por sentencia de instancia se estimó parcialmente la demanda, sentencia revocada en suplicación para desestimar ésta, declarándose la incompetencia del orden jurisdiccional social al ser competencia del orden civil, además de prescripción del derecho de la empresa a reclamar los tributos devengados al superarse el plazo de 1 años del art. 59 ET. Ante la cuestión de que la acción no está prescrita porque se trata de una mejora voluntaria de Seguridad Social con plazo de prescripción de 4 años, la Sala 4ª, reiterando abundante jurisprudencia anterior, confirma la sentencia de suplicación, por entender que el suministro de energía eléctrica no es una mejora de pensión de jubilación, siendo de aplicación el plazo de prescripción del art. 59 ET, ya que se disfruta por el trabajador como consecuencia del trabajo prestado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA MARIA MOLINA GUTIERREZ
  • Nº Recurso: 184/2020
  • Fecha: 14/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conflicto colectivo. Se pide la declaracion de que las medidas de reestructuración iniciadas por BRITISH AIRWAYS y en otras empresas del GRUPO IAG tienen la consideración de transnacionales en los términos definidos en el Acuerdo de constitución del COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO y en consecuencia, está obligada a realizar los trámites de información y consulta con el Comité de empresa Europeo conforme con lo establecido en el acuerdo de constitución de este órgano; y se condene a IAG a realizar los trámites de información y consulta al comité de empresa Europeo dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de constitución acordado la paralización de las medidas anunciadas por las distintas compañías operadoras y de los procesos de consulta iniciados en Reino Unido; así como se adoptara también medida cautelar consistente en la paralización de las medidas anunciadas por las distintas compañías operadoras y de los procesos de consulta iniciados en Reino Unido hasta que se dictase Sentencia por la Sala. Considera la Sala que hemos de apreciar de oficio nuestra falta de competencia objetiva para conocer de la pretensión y declarar la competencia de los Juzgados de lo Social de Madrid a tal fin, por encontrarse allí el domicilio de la demandante y coincidir tal circunscripción con el ámbito del conflicto propuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3905/2017
  • Fecha: 09/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la adquirente de la unidad productiva de una concursada resulta responsable de las obligaciones que la cedente tenía frente a personas despedidas con anterioridad. El recurso de casación unificadora solicita que se declare la inexistencia de sucesión de empresa y la ausencia de responsabilidad respecto de las deudas salariales e indemnizatorias anteriores a la adjudicación de la unidad productiva. La cuestión ha sido afrontada ya por la Sala Cuarta que explica que el art. 44 ET es plenamente aplicable y que la adquirente de la unidad productiva debe hacerse cargo de la responsabilidad derivada del despido respecto a los trabajadores cuyos contratos de trabajo ya se habían extinguido previamente, porque con la adjudicación en realidad se había producido el cambio de titularidad de una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, y porque el artículo 44 ET es una norma de carácter imperativo y el apartado 4 del art. 148 LC conduce a la conclusión de que la norma no ha excluido que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de empresa sino, al contrario, de forma indirecta está admitiendo que en dicho supuesto se produce sucesión de empresa, al remitir al artículo 64 LC los supuestos en los que las operaciones previstas en el plan de liquidación implicasen modificaciones sustanciales colectivas, traslados colectivos, suspensiones o extinciones colectivas de contratos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
  • Nº Recurso: 9/2020
  • Fecha: 31/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Despido colectivo. los umbrales cuantitativos establecidos en el artículo 51 del ET conforman un elemento indisponible a la hora de determinar la las que deben aplicarse para las tripulación de las extinciones motivadas por causas Económicas, organizativas o productivas, quedando fuera de la competencia y decisión empresarial la selección del procedimiento de tramitación fijada en la norma estatutaria ya sea mediante el artículo 52 del ET o del artículo 51 .En el presente caso, considerando que las causas alegadas traen motivo en la finalización de contratos de servicios diferenciados que se ejecutan desde distintos centros de trabajo, y que la intensidad de la afectación en los distintos centros es claramente desigual, no cabe atender a una mera lógica cronológica sobre la concurrencia simultánea de dos causas productivas, como plantea la empresa, para justificar la selección de un procedimiento unitario por el que encauzar extinciones derivadas de marcos de correspondencia no asimilables.(Tanto en orden a su causa como a su intensidad). La selección empresarial del ámbito incurre en un supuesto de fraude de ley conforme al artículo 6.4 del CC y abuso de derecho
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA MARIA MOLINA GUTIERREZ
  • Nº Recurso: 261/2020
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Asociación Independiente de Fiscales solicita la adopción de medidas cautelarísimas contra la Fiscalía General del Estado, relativa a los Integrantes de la 58 promoción de fiscales sobre un Acuerdo del fiscal jefe de 17-7- 2020 en el que se recoge que cuando tomen posesión del cargo, como Abogados Fiscales en las fiscalías donde vayan destinados, ostentaran el derecho a disfrutar vacaciones la parte proporcional de 22 días respecto del tiempo que ejerzan el cargo de fiscal durante 2020 desde la fecha de la toma de posesión. Se presentó demanda ante un juzgado de lo social a efectos de que se compute para el devengo de las vacaciones, el tiempo de funcionario en prácticas, Demanda que se haya en trámite sobre la competencia. Se solicita que se adopten medidas cautelares y que se suspenda temporalmente el acuerdo del fiscal jefe de 17-7-2020 determinando que los fiscales de la 58 promoción tienen derecho a disfrutar de los 22 días hábiles de vacaciones ordinarios en el año 2020 .La AN declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de las medidas cautelares y pudiendo acudir las partes ante los tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo. El acuerdo del fiscal inspector que se impugna en materia de vacaciones en una resolución adoptada en materia de personal se incardina en la competencia propia de la dirección general para servicio público de justicia cuya competencia es propia de La Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1338/2018
  • Fecha: 24/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión objeto de debate en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la acción de despido está caducada y, en concreto, si el plazo de caducidad se encuentra suspendido por la presentación de una reclamación previa frente a la Administración Pública empleadora sin que la misma fuera exigible. La Sala de lo Social, en lo que ahora interesa, dejó sin efecto la excepción de caducidad apreciada en la instancia porque, atendiendo a lo que dispone el art. 69 de la LRJS y la doctrina constitucional sobre la incidencia de la reclamación previa en las acciones sujetas a plazos de caducidad, considera que al incurrir el acto de notificación del despido de defectos formales, ya que no señalaba si aquella decisión era definitiva o que recursos podían interponerse y en que plazos, ello permite que la reclamación previa, aunque no era exigible, despliegue el efecto de suspensión del plazo de caducidad. La Sala IV concluye que el plazo de caducidad no se inicia hasta que el trabajador actúa mediante actos que vengan a poner de manifiesto que conoce no solo el contenido de la decisión sino cómo actuar frente a ella que es lo que ha entendido la sentencia de contraste. En el supuesto analizado, al no haberse indicado el modo de combatir la decisión de despedir se mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que la persona afectada "interponga cualquier recurso que proceda" y la desaparecida vía de reclamación previa ya no cumple ese requisito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 4299/2017
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar si procede el acceso al recurso de suplicación contra una sentencia de instancia dictada en un proceso en el que la Mutua demandante cuestiona haber sido declarada responsable del pago prestación por lesiones permanentes no invalidantes por importe de 1.800 €, pretendiendo que el abono de dicha prestación corra a cargo del INSS. La SJS estimó la demanda, condenando al INSS al pago; el TSJ declaró la improcedencia del recurso de suplicación interpuesto. El TS, con remisión a lo recogido en la STS de 19/2/2019 (rec. 4378/2017), concluye que en el caso no cabía recurso de suplicación contra la sentencia de instancia dado que el objeto inicial de la pretensión no iba encaminada a la obtención de reconocimiento de la prestación de lesiones permanentes no invalidantes, la que no se cuestiona, ni en su procedencia ni en su cualificación, sino que la pretensión actora iba dirigida a la determinación de la entidad responsable del abono; y como esta imputación de responsabilidad no excede de 3.000 €, no alcanza el límite cuantitativo de acceso a al recurso de suplicación (art. 191.2.g LRJS). Tampoco concurre la afectación general pues, aparte de que no en la sentencia de instancia se hace referencia a la misma, a la Sala IV no le consta que sea un hecho notorio ni que existan un alto número de letigios de contenido similar.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.