Resumen: Acción de nulidad de la adquisición de acciones de Bankia y restitución de lo pagado más intereses por vicio del consentimiento. La suscripción se pagó con un depósito que el adquirente había entregado en prenda al banco en garantía de un préstamo anterior, por lo cual la prenda se extendió a las acciones adquiridas. En las instancias se declaró que la restitución de prestaciones derivada de la nulidad del negocio de suscripción de las acciones debía suponer que el importe pagado por las acciones volviera al banco, para seguir como prenda de la devolución del préstamo. Incongruencia al pronunciarse la AP sobre una cuestión no controvertida en apelación como que la restitución comprendiera que la prenda afectara también a los intereses del precio pagado para la suscripción (pues la de primera instancia había considerado afecta a la prenda únicamente el principal). En lo demás, la decisión de la AP fue correcta y se confirma en casación. Dado que el negocio de suscripción de acciones llevaba consigo que se usaran para esa suscripción el depósito entregado en prenda de un préstamo anterior, la nulidad del negocio de suscripción, y la restitución recíproca de las prestaciones debe en este caso suponer que devolver la suma invertida en las mismas condiciones, esto es, con el gravamen a favor del banco que garantizaba la devolución de aquel préstamo anterior.
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que acogió una acción principal de resolución de los contratos de adquisición de deuda subordinada y preferentes, por incumplimiento del deber de información precontractual. La sala reitera su doctrina. El incumplimiento de las obligaciones de información podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento, pero lo que no procede es una acción de resolución del contrato, ex art. 1124 CC, dado que el incumplimiento resolutorio debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Asunción de la instancia y estimación de la acción subsidiaria de indemnización del daño por el negligente cumplimiento por la entidad de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información, ya que no consta que ofreciera información suficiente sobre los productos adquiridos, que entrañaban un elevado riesgo, ni que advirtiera de la verdadera naturaleza del producto y de sus riesgos. Determinación del daño por la diferencia entre lo invertido y lo recuperado tras el canje, más los rendimientos obtenidos a determinar en ejecución de sentencia por su falta de concreción en el procedimiento.
Resumen: Demanda instando el cumplimiento del pacto de recompra existente en el contrato de adquisición de activos financieros suscrito, subsidiariamente, de anulación por error vicio y, subsidiariamente, de resolución por incumplimiento contractual. El demandante alegaba que había adquirido a Bankpime unos bonos, con pacto de recompra y sin haber sido informado de los riesgos que conllevaba el producto adquirido. El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Caixabank, desestimó la acción de cumplimiento del pacto de recompra por no estar probada su existencia, declaró caducada la acción de anulación por error vicio y estimó la acción de resolución contractual interpuesta por el demandante con carácter subsidiario. La Audiencia estimó el recurso de la demandada y absolvió al banco demandado, pues apreció la excepción de falta de legitimación pasiva. Interpuesto recurso de casación por el demandante sobre el traspaso de la relación comercial de Bankpime a Caixabank, la sala lo estima y analiza la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario, la legitimación pasiva de Caixabak en las acciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad bancaria en los contratos de adquisición de productos financieros comercializados por dichas entidades y la cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario reiterando lo expuesto en anteriores ocasiones
Resumen: Demanda solicitando la nulidad de varios contratos financieros por error derivado de la falta de información proporcionada por la entidad bancaria, así como la nulidad de varios contratos de préstamo concertados para financiar las correspondientes contrataciones. El Juzgado y la Audiencia estiman la demanda respecto de varios contratos, pero la desestiman respecto de otros por entender, en un caso, que la acción se había interpuesto pasado el plazo de 4 años del ar. 1301 CC y, en otro, que es el que interesa efectos del presente recurso, que el contrato fue válidamente confirmado. En el recurso de casación se plantea si la acción de nulidad por error vicio del consentimiento en la contratación de un producto financiero quedó extinguida por haber sido confirmado el contrato tácitamente por el cliente al ejercer los derechos de suscripción preferente. La sala, tras definir lo que entiende por confirmación y su forma expresa y tácita, estima que, en el presente caso, el recurrente recibió las acciones del banco como consecuencia de la liquidación del contrato que se impugna, por lo que al menos en ese momento ya cesó el error que pudo padecer al contratar el producto litigioso precisamente porque fruto del contrato que impugna devino accionista, pudo concurrir a la ampliación de capital mediante el ejercicio de los derechos de suscripción preferente, de lo que infiere que hubo confirmación tácita del contrato y su acción de impugnación no puede prosperar.
Resumen: Demanda ejercitando acción de anulabilidad por error en el consentimiento respecto de la adquisición de aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor así como de la contratación de depósito y administración de valores consiguiente. En primera instancia se estimó íntegramente la demanda, tras rechazar las excepciones de falta de legitimación pasiva y de caducidad de la acción. Apreció la existencia de error en el consentimiento al haberse incumplido por la entidad bancaria con los deberes de información sobre la naturaleza del producto y sus riesgos. Recurrida por la demandada, la Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda, pues consideró que pese a no haberse evidenciado claramente que el demandante recibiera la suficiente documentación informativa, escrita y comprensible, éste contó en la práctica con la información precisa y suficiente para saber lo que contrataba y apercibirse de la naturaleza y alcance de los productos financieros de riesgo que contrató. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal se desestima al negar que haya habido infracción de las normas de la carga probatoria o error en la valoración de la prueba. Se estima el recurso de casación al concluir, en consideración a las circunstancias personales del cliente, que este no se hallaba suficientemente informado acerca de la naturaleza compleja de los productos financieros contratados y los riesgos que contraía.
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de un contrato marco de operaciones financieras y un contrato de swap asociado al mismo por concurrir error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la AP confirmó la desestimación. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la demandante y la sala estima ambos recursos. En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, la sala estima el mismo al entender que ha existido una ilógica valoración de la prueba, pues la Audiencia valoró una prueba testifical que nunca se practicó y presumió que un empleado de la sociedad demandante había participado en la firma del swap, asesorando al administrador, cuando este extremo no se ha acreditado. Al asumir la instancia, la sala estima el recurso de casación; declara la ausencia de información suficiente por parte de la entidad bancaria, que no consta que la sociedad demandante fuera conocedora de productos financieros complejos y que la redacción del contrato era opaca para un lego en la materia. La falta de información sobre los concretos riesgos incide en el error, pues este se produce por la falta de conocimiento del producto y de sus riesgos asociados; del mismo modo, la falta de información adecuada hace que el error sea excusable al cliente. La estimación de la casación determina la estimación de la demanda y la nulidad del swap contratado.
Resumen: La infracción de las normas que establecen los deberes de información de las entidades bancarias no determina la nulidad radical de los contratos que estas celebren, sino sanciones administrativas. Esta doctrina es aplicable también al incumplimiento de obligaciones distintas de la mera obligación de información al cliente. En caso de incumplimiento del deber de evaluar, en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, qué le era más favorable, lo relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista, como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de sus riesgos. En el caso, son datos muy relevantes la elevada cuantía de las inversiones y que los contratos se hicieron con apalancamiento. Está probado que los demandantes eran conscientes de que se trataba de contratos de naturaleza aleatoria en los que existía el riesgo de pérdidas importantes. El hecho de que una inversión sea desfavorable no convierte el producto financiero en inadecuado ni presupone el error en el consentimiento, al haber consciencia de qué se estaba contratando y qué riesgos se asumían. No hay incumplimiento del banco que haya generado un daño indemnizable. El principio de intangibilidad de las sentencias afecta a los pronunciamientos que contienen, pero no impide que el auto de complemento añada nuevos razonamientos. Se desestiman los recursos
Resumen: Contratación de un derivado implícito en un contrato de préstamo hipotecario, para calcular el interés aplicable. En cuanto el derivado implícito sea parte inescindible e inseparable del contrato de préstamo, como es el caso, el incumplimiento de los deberes de información no puede justificar, como se pretende, la nulidad parcial del contrato por error vicio, sino, en su caso, la de todo el contrato. En la medida en que el interés del préstamo pactado, elemento esencial del contrato, debía fijarse de acuerdo con el derivado implícito y este formaba parte inescindible del préstamo, el error en cuanto a sus riesgos, que repercutiría sobre el "precio" del préstamo, en cuanto fuera relevante, además de excusable, podría dar lugar a la nulidad de la totalidad del contrato, pero no a la nulidad parcial, mediante la supresión del derivado implícito y la integración del contrato mediante la inclusión de un interés variable referenciado al Euribor sin diferencial. Aunque el incumplimiento de los deberes de información respecto del derivado implícito podría tener incidencia en la apreciación del error vicio, la nulidad por este vicio del consentimiento debía en su caso afectar a la totalidad del contrato y no sólo a la cláusula que contiene un derivado implícito. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Las obligaciones subordinadas son productos financieros complejos: suelen ofrecer una rentabilidad mayor que otros activos de deuda, pero pierden capacidad de cobro en caso de insolvencia o de liquidación del emisor y el capital no está garantizado ni protegido por el FGD. En el caso, la sentencia recurrida se opone a la doctrina de la Sala 1ª: no considera probado que el banco cumpliera el deber legal de información, pero imputa a la negligencia de la actora no haber conocido la verdadera naturaleza del contrato y considera que el documento que firmó, que habla de obligaciones subordinadas y no de imposición a plazo, era claro. La falta de información adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero permite presumirlo. La obligación de información es una obligación activa que obliga al banco, no una obligación de mera disponibilidad. Es reiterada la doctrina sobre la insuficiencia informativa del propio contenido del contrato y la excusabilidad del error pese a que no se lea el contrato o se firme un documento predispuesto declarando conocer y aceptar el riesgo. Se estima el recurso de casación y se asume la instancia. Ni las circunstancias personales de la actora ni su alegada experiencia inversora la convierten en experta financiera ni permiten negar la protección propia de los clientes minoristas. No ha quedado probada la información precontractual necesaria, ni la entrega del folleto de la emisión, que aparece sin firmar. El error es esencial y excusable.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Aplica su reiterada doctrina relativa al plazo de ejercicio de la acción, que establece que, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato. La aplicación de dicha doctrina lleva a la estimación del recurso de casación, pues el vencimiento del contrato se produjo el 14 de enero de 2011 y la demanda se presentó el 13 de enero de 2015, antes de que transcurriera el plazo de cuatro años previsto en el art. 1301 CC. La consecuencia de la estimación del recurso de casación es la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial y la asunción de la instancia. La Sala aplica la doctrina y normativa relativa al error vicio del consentimiento y considera que la prueba practicada permite afirmar que la entidad financiera incumplió sus obligaciones legales de información y ello indujo a error al cliente sobre un extremo esencial: la verdadera naturaleza del producto y sus riesgos en caso de bajada de los tipos de interés. El deber de información no cabe entenderlo suplido por el propio contenido del contrato de swap. Asimismo, considera que el administrador de la sociedad demandante no puede ser considerado como experto en productos como el litigioso, lo que comporta que el error de la demandante sea excusable. Por tanto, desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera instancia.