Resumen: La cuestión que se plantea es la relativa a determinar el importe a recuperar en aplicación de la Decisión de la Comisión Europea de 17/7/2023, relativa a la ayuda estatal SA 2123 C/2011, sobre determinados contratos de arrendamiento financiero, ayuda estatal, en la parte en que se consideraba ayuda de estado incompatible con el art 107 TFUE. Por aplicación de la STJUE lo procedente es la anulación del " art 1 de la Decisión controvertida, en la medida en que designa a las AEI y sus inversores como únicos beneficiarios de la ayuda contemplada en dicha Decisión, y el artículo 4, apartado 1, de la misma, en la medida en que ordena al Reino de España que recupere la totalidad del importe de la ayuda en cuestión de los inversores de las AIE que se beneficiaran de ella. Allanamiento del AE poor ser ejecución de una STJUE.
Resumen: Remisión a la sentencia de 6 de mayo de 2024, rec. cas. 6520/2022. Las condiciones exigidas por el artículo 1.3 de la decisión de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, para reconocer la protección que otorga el principio de confianza legítima, resumidas en el apartado 170 de la citada decisión, esto es, haber convenido una obligación irrevocable antes del 21 de diciembre de 2007, por parte de una empresa española adquirente, de poseer directa o indirectamente derechos en empresas extranjeras; en segundo lugar, que el contrato contuviera una condición suspensiva relacionada con el hecho de que la transacción en cuestión esté sujeta a la autorización imperativa de una autoridad reguladora y, en tercer lugar, que la transacción se hubiera notificado antes del 21 de diciembre de 2007, es posible apreciarlas -y por tanto reconocer dicha confianza legítima- cuando han intervenido una empresa matriz con domicilio en el extranjero y su sucursal en España y se han firmado varios contratos por distintas sociedades del grupo.
Resumen: Las delegaciones comerciales situadas en territorio común realizan labores de comercialización, disponen de medios humanos y materiales para ello y añaden valor a las operaciones de comercialización, lo que implica que el punto de conexión de las ventas que gestionan tales delegaciones estará situado en territorio común, sin que la eventual centralización de algunas funciones de gestión en la sede de territorio foral desplace la relevancia y funcionalidad de tales delegaciones territoriales pues, si así fuera, no tendría sentido la existencia y coste económico de dichas sedes comerciales en territorio común., lo que implica que el punto de conexión de las ventas que gestionan tales delegaciones estará situado en territorio común, sin que la eventual centralización de algunas funciones de gestión en la sede de territorio foral desplace la relevancia y funcionalidad de tales delegaciones territoriales pues, si así fuera, no tendría sentido la existencia y coste económico de dichas sedes comerciales en territorio común.
Resumen: La sentencia resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad dominante de un grupo contra una resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico que reconoció la competencia para exaccionar las retenciones del IRPF a la Diputación Foral de Gipuzkoa en proporción al volumen de operaciones del grupo. La cuestión jurídica controvertida reside en determinar la competencia de las diferentes Administraciones tributarias (en el caso las del Estado y de Gipuzkoa) para exaccionar las retenciones del IRPF pagadas por una sociedad que (i) forma parte de un grupo de sociedades, tributando en IS en régimen consolidado y (ii) individualmente considerada su volumen de operaciones no supera los 10 millones de euros. La Junta Arbitral concluye que "la única interpretación posible de los arts. 7.Uno.c) y 9.Uno.Primera.a) del Concierto Económico, para el supuesto de que el retenedor esté integrado en un grupo, es que hay que atender a la tributación del grupo (sujeto pasivo) para saber si la retención debe ingresarse en proporción". La sentencia confirma el criterio de la resolución de la Junta Arbitral en el sentido de que, en estos casos, para determinar la competencia de exacción ha de atenderse al volumen de operaciones del grupo.
Resumen: Solicitud de devolución de la liquidación presentada en ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2 de febrero de 2023, dictada en los asuntos acumulados C-649/20 (1) P, C-658/20 (2) P y C-662/20 (3) P, que anula parcialmente el contenido de la Decisión 2014/200/UE, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06). Se anula puesto que designa a las agrupaciones de interés económico y sus inversores como únicos beneficiarios de la ayuda contemplada en dicha Decisión, como el artículo 4, apartado 1, de dicha Decisión, en cuanto que ordena al Reino de España que recupere íntegramente el importe de la ayuda contemplada en esa misma Decisión de los inversores de las agrupaciones de interés económico que se beneficiaron de ella. Allanamiento del Abogado del Estado.
Resumen: Los gastos relativos a la retribución que perciba un socio mayoritario no administrador, como consecuencia de los servicios prestados en favor de la actividad empresarial de la sociedad, constituyen gastos fiscalmente deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades, cuando observando las condiciones legalmente establecidas a efectos mercantiles y laborales, dicho gasto acredite la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental. El rechazo de la deducción sobre la base de la ausencia de ajenidad en la relación entre el socio mayoritario no administrador y la recurrente, circunstancia que, conforme hemos apuntado, por sí misma, resulta ineficaz, tanto para excluir la específica correlación con la actividad empresarial como para armar, desde la mera abstracción de una operación de calificación jurídica, su consideración como liberalidad o, incluso, como retribución de los fondos propios.
Resumen: Se plantea la cuestión del importe a recuperar como ayudas de estado en aplicación de la Decisión de la Comisión Europea de 17/7/2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006), sobre determinados contratos de arrendamiento financiero. Se aplica la sentencia del TJUE que anula tanto el artículo 1 de la Decisión 2014/200/UE de la Comisión (13) , en la medida en que designa a las agrupaciones de interés económico y sus inversores como únicos beneficiarios de la ayuda contemplada en dicha Decisión, así como el artículo 4, apartado 1, de dicha Decisión, en cuanto que ordena al Reino de España que recupere íntegramente el importe de la ayuda contemplada en esa misma Decisión de los inversores de las agrupaciones de interés económico que se beneficiaron de ella. Allanamiento del Abogado del Estado.
Resumen: La Sala asume el planteamiento del TEARA y de la Abogacía del Estado, sobre la base de que fue la Sala de Sevilla del TEARA -y no la de Málaga- la que anuló la liquidación, por lo que difícilmente podría haberse detectado el dictado de dicha resolución antes de resolverse la reclamación contra la medida cautelar. Apunta a continuación que, de haber comunicado la reclamante dicha circunstancia al órgano revisor, la solución correcta habría sido la de archivar la reclamación, no comprendiéndose que haya formulado el presente recurso que -prosigue- carece de objeto real o pretensión o interés legítimo que satisfacer. Distinto es que, al haberse estimado íntegramente la reclamación contra la liquidación del IS y anulado esta por el TEARA en su sede de Sevilla, la cual constituía presupuesto necesario de la sanción cuyo cobro se pretendía asegurar con el embargo preventivo de las fincas, dicha sanción, de haberse llegado a adoptar, lo que ni siquiera consta en el expediente administrativo, habría de quedar igualmente invalidada y, en consecuencia, la medida cautelar debiera alzarse por la Administración tributaria ex art. 81.7.b) de la LGT que prevé que los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción, salvo «que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción».
Resumen: Autoliquidado el impuesto del caso y solicitado por la entidad contribuyente determinado aplazamiento con exención de garantías, ocurriría que, habiéndose desatendido por la contribuyente el requerimiento para que aportara determinada documentación, se dio así lugar a que se archivara dicha solicitud de aplazamiento, siendo ello regularmente notificado. Puestas así las cosas, transcurrido el período voluntario de pago sin ingresar la deuda, se dictó la providencia de apremio, basándose ahora la impugnación en sede jurisdiccional en que se intentó abonar la deuda o depositarla en una entidad colaboradora, pero se rechazó por querer hacerlo en efectivo, con lo que se esgrime indefensión por no haber podido pagar la deuda en plazo y por no existir una Caja de Depósitos donde aportar el importe de la deuda. Pues bien, la sentencia desestima el recurso, y ello una vez apreciado que no se basaba la demanda en ninguno de los motivos de oposición a la providencia de apremio normativamente tasados, y por no caber tampoco apreciar la experiencia de indefensión invocada por la denegación bancaria de la entrega de dinero en efectivo en la cuantía pretendida debido a que bien pudo haberse utilizado cualquier otra fórmula de pago admitida en Derecho.
Resumen: Rechazada la extemporaneidad del recurso y la desviación procesal promovidas por el Abogado del Estado, la sentencia comienza recordando que el derecho a la tutela judicial efectiva protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los tribunales, en un proceso seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una sentencia y en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquéllas un relación de estricta dependencia. Pues bien, con ese ineludible punto de partida, la sentencia confirma la regularización impugnada en el caso, esto es, el incremento de la base imponible declarada por el contribuyente. A esa conclusión llega la sentencia al considerar que se había producido la deducción de una perdida en concepto de deterioro y enajenación del inmovilizado por importe superior al que se considera fiscalmente deducible. Al respecto, la sentencia se atiene completamente al contenido de dos sentencias anteriores que habían examidado la misma cuestión por cuanto eran referentes al mismo contribuyente y mismo concepto tributario, pero correspondientes a los ejercicios 2017 y 2019.
