• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: CARMEN BRAVO DIAZ
  • Nº Recurso: 387/2023
  • Fecha: 25/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional que desestima las reclamaciones acumuladas interpuestas contra acuerdo de liquidación por el IRPF y contra los Acuerdos de imposición de sanción, se invocaba que se había acreditado la existencia de las operaciones realizadas cuyo IVA se pretende deducir, en la medida en la que ha aportado facturas y los abonos realizados, así como se reconocen los ingresos procedentes de la venta y que no se es responsable de que la empresa que emitió las facturas no haya podido acreditar que dispone que medios materiales y personales suficientes para prestar dichos servicios, pero la Sala concluye que si bien la deducción y su realidad corresponde acreditarla a la recurrente y en principio es cierto que con la factura y con la transferencia, así como el dato contable formalmente prueba al menos inicialmente esa deducción, pero también lo es que la mayoría de las facturas discutidas recogen conceptos que no están suficientemente concretados, no existe prueba contractual de la que deriven las mismas y tampoco existe prueba de ordenes, partes o lugares de trabajo, por lo que las cuotas no eran deducibles, en cuanto que no han quedado desvirtuados todos los extremos de los Acuerdos de Liquidación y respecto de la sanción resulta motivada la culpabilidad por la falta de diligencia de la recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 3236/2023
  • Fecha: 24/01/2024
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Las cuestiones con interés casacional consiste en: 1.) Determinar si la Administración tributaria, al amparo del artículo 13 de la Ley General Tributaria, puede directamente recalificar como una reducción de capital con devolución de aportaciones a los efectos del artículo 33.3.a) de la Ley del IRPF un conjunto de operaciones consistentes en la adquisición en autocartera de determinados valores representativos del capital de una sociedad y, subsiguientemente, una reducción de capital con amortización de aquellos valores; o si, por el contrario, tal recalificación exige la previa tramitación de un procedimiento de declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria previsto en el artículo 15 de la Ley General Tributaria. 2.) Reforzar, completar o matizar la jurisprudencia de esta Sala, determinando si, de conformidad con el artículo 99.5 LIRPF, un contribuyente del IRPF que percibe unos ingresos de una persona o entidad que está obligada a practicar la correspondiente retención y el ingreso en la Hacienda Pública, puede deducirse las cantidades que debieron ser retenidas e ingresadas cuando, no habiéndose acreditado la práctica de la retención o el ingreso, el perceptor de la renta ni es socio ni forma parte del órgano de administración de la entidad retenedora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN NUÑEZ FIAÑO
  • Nº Recurso: 15284/2023
  • Fecha: 24/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Promovido recurso de anulación frente a resolución que estimó parcialmente las reclamaciones económico-administrativas sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2015 y 2016, y sanción dimanante de estas, se inadmite el recurso de anulación, rechazandose con ello la anulación pretendida ya que, al apreciar un vicio formal, al resolverse la reclamación formulada se consideró que lo procedente era la retroacción de actuaciones para su subsanación, siendo la deficiente motivación uno de esos vicios formales. Pues bien, la sentencia confirma la apreciación de la Administración y desestima el recurso. Al respecto, la sentencia observa como claramente indicativo que en la resolución de la reclamación economico-administrativa ya se advirtió que a la Administración tributaria actuante le había faltado una crítica suficientemente detallada de la prueba aportada, lo que había generado indefensión a la contribuyente, de modo que, tratyandose de un defecto formal, lo procedente era acordar la anulación , con retroacción de actuaciones apara que se subsanase el defecto observado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ZATARAIN VALDEMORO
  • Nº Recurso: 335/2021
  • Fecha: 23/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: IRPF. Actuaciones propias de un procedimiento inspector y no de uno de comprobación limitada. En fin, la oficina gestora no debió iniciar el procedimiento de comprobación limitada y, en todo caso, pudo y debió concluirlo mediante el inicio de un procedimiento inspector que incluyera el objeto de aquél, en lugar de dictar la liquidación impugnada, consideraciones todas ellas que nos llevan, como ya se anticipó, a la estimación íntegra de la demanda por nulidad de pleno derecho de la liquidación al haberse adoptado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, con el corolario en este caso de prescripción de la deuda tributaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MARIA JESUS OLIVEROS ROSSELLO
  • Nº Recurso: 84/2023
  • Fecha: 23/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuestionada en el caso la trasmisión de una parcela, la sentencia destaca que la contribuyente del caso no había satisfecho la carga de la prueba que le incumbía para la acreditación de que la traditio tuviera lugar en determinada fecha. Al respecto se precisa que si bien en contrato privado se indicó que la compradora hacía posesión de la finca,ello no era suficiente si no iba acompañado de un soporte probatoiro sustantivo que objetivase dicha realidad. A dichos efectos, la sentencia observa que no era suficiente aportar unos documentos de la Comunidad de propietarios donde se insertaba la parcela, en los que no obraba la firma de la contribuyente del caso. De ahí que la valoración conjunta de los elementos probatorios conducía a la desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MARIA JESUS OLIVEROS ROSSELLO
  • Nº Recurso: 104/2023
  • Fecha: 23/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión radicaba en si el contribuyente había acreditado el coste de las obras de construcción del inmueble enajenado a los efectos de determinar el valor de adquisición de la ganancia patrimonial.Para calcular el importe del valor de adquisición, el importe real de la adquisición o en este caso el coste real de la construcción, es el coste de la obra, sin que el valor de la declaración de obra nueva en escritura pueda considerarse medio de prueba suficiente, ya que es meramente declarativo.Por otra parte, procedía minorar el valor de adquisición ya que el inmueble transmitido se hallaba destinado al arrendamiento.La Ley establece que el valor de adquisición se minorará en el importe de las amortizaciones en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, habiéndose dispuesto que el valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos se minorará en el importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima, con independencia de la efectiva consideración de ésta como gasto. A estos efectos, se considera como amortización mínima la resultante del período máximo de amortización o el porcentaje fijo que corresponda, según cada caso. Pues bien, descontado del valor de adquisición la amortización y a la vista del valor de transmisión, resultaba una ganancia patrimonial reducida no exenta. Ahora bien, observado que la valoración de la Administración era incorrecta, la sentencia estima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: BEGOÑA GARCIA MELENDEZ
  • Nº Recurso: 38/2023
  • Fecha: 23/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La norma dispone que las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, que realizan una actividad por cuenta propia o ajena por la cual están dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, pueden minorar la cuota diferencial del Impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años.La finalidad de esa deducción es incorporación de la mujer al mercado laboral, esto es, compensar los costes sociales y laborales derivados de la maternidad.En el caso, la Administración descartó que la contribuyente concurriera a la actividad económica en que trabajaba con su marido, pese a estar dada de alta como autónoma colaboradora desde 2015, al considerar que no había aportado prueba alguna que acreditase el ejercicio de actividad profesional. Pues bien, la sentencia observa que el criterio de la Administración no podía tacharse de arbitrario o manifiestamente irrazonable, pero le objetaba que el hecho de no acreditar ingresos propios no supone, sin más, el no realizar actividad laboral, máxime cuando en constaban declaraciones juradas de distintos clientes en las que manifestaban que la contribuyente realizaba labores administrativas. Por lo tanto, la sentencia concluye estimando el recurso al apreciar que la contribuyente aportaba servicios asimilables a los de un empleado laboral o los que corresponden al trabajador autónomo colaborador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: INMACULADA DONATE VALERA
  • Nº Recurso: 347/2020
  • Fecha: 22/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la Resolución del TEAR que desestima las reclamaciones económicas administrativas relativas a las liquidaciones y sanciones por el IRPF de dos ejercicios, se invocaba la discrepancia con los módulos empleados y con la determinación del rendimiento neto y la imputación de una ganancia patrimonial. Siendo la cuestión litigiosa la de determinar cómo debe computarse el módulo de personal no asalariado en el régimen simplificado del IVA, para lo cual debe examinarse la dedicación de los comuneros a la actividad para la determinación de dicho módulo, trascendente para la fijación del rendimiento neto de la actividad empresarial en estimación objetiva que haya de imputarse a la persona integrada en la comunidad de bienes, pero se concluye que en el presente caso no ha quedado acreditado el hecho de que el demandante dedique menos de 1800 horas/año a la actividad cuyo rendimiento se determina mediante el régimen de estimación objetiva. En cuanto a la ganancia patrimonial no justificada, que no se ha aportado una prueba indubitada que permita concluir que el origen de la ganancia patrimonial no justificada, si bien la Sala estima el recurso respecto de la discrepancia con los módulos aplicados, ya que no es suficiente prueba del ejercicio de la actividad económica durante unos periodos en que se interrumpió la misma, además de que debe aplicarse la doctrina de los actos propios de la Administración al respecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
  • Nº Recurso: 1117/2021
  • Fecha: 22/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión jurídica controvertida consiste en determinar si resulta procedente la exención de los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos realizados en el extranjero como empleado de una empresa para otras empresas no residentes, unas pertenecientes al propio grupo de su empresa empleadora y otras clientes finales no vinculadas al grupo empresarial. En primer lugar, para que proceda la exención es necesario que se trate de un rendimiento derivado de un trabajo realizado para una empresa o entidad no residente en España, es decir, que el destinatario o beneficiario del trabajo prestado por el trabajador desplazado sea la empresa residente o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. En segundo lugar, para entender que el trabajo se ha prestado de manera efectiva en el extranjero, se requiere tanto un desplazamiento del trabajador fuera del territorio español, como que el centro de trabajo se ubique, al menos de forma temporal, fuera de España; No exige la existencia de dos compañías distintas: la empleadora residente, y la extranjera a cuyo favor se realiza una prestación. Y tercero ha de acreditarse que la actividad desempeñada en favor de la entidad no residente suponga un interés económico o comercial, de manera que la empresa no residente hubiera estado dispuesta a pagar a otra empresa independiente por el servicio prestado por implicar para la misma una ventaja o utilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
  • Nº Recurso: 743/2021
  • Fecha: 22/01/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión controvertida consiste en determinar si se cumplen los requisitos para la aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual en particular, si el inmueble declarado como vivienda habitual realmente lo era. Señala la Sala que para la aplicación de la deducción pretendida el sujeto pasivo debe acreditar que ocupa la vivienda como residencia habitual, a título de dueño, de manera efectiva y permanente y, al tratarse de un beneficio fiscal, sobre el mismo recae la carga de la prueba. En el caso no ha existido esa prueba suficiente, al contrario, pues resulta sumamente revelador el hecho de que en dicha vivienda tuviera un consumo de energía eléctrica anual bajísimo durante el año, lo implica que la vivienda se encontraba prácticamente deshabitada y en desuso. Además concluye la Sala, delimitando la doctrina de los actos propios, el hecho de que la Administración no haya regularizado la situación del contribuyente con anterioridad, o no haya iniciado en relación con la correspondiente deducción por adquisición de vivienda habitual en ejercicios fiscales anteriores, procedimiento alguno no determina ineluctablemente que exista un acto tácito de reconocimiento del derecho del sujeto pasivo, pues tal ausencia de regularización no constituye, si no va acompañada de otros actos concluyentes, un acto propio que provoque en el interesado la confianza en que su conducta es respaldada por el órgano competente de la Administración.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.